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Rojas: "El Estado sólo aporta el 20% de la financiación para la atención a la Dependencia"

La consejera de Políticas Sociales hizo hoy en sesión parlamentaria una valoración sobre los datos del Dictamen que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

«Hay que recordar que la ley obliga al Estado a financiar el 50 % del coste de la ley, y sin embargo en la práctica tan solo lo hace en un 20 %, y después de los recortes que ha venido aplicando, su aportación es aún más baja», afirmó la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en relación a la valoración que hace el Gobierno sobre los datos que para Canarias que contiene el último Dictamen del Observatorio estatal de la Dependencia que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales periódicamente.

Rojas, quien explicó que se trata de «un sistema de financiación, sobre el que hemos venido informando en esta Cámara, con el que todas las Comunidades autónomas, casi sin excepción, hemos mostrado nuestro desacuerdo en los diferentes Consejos Territoriales de la Dependencia, en los que se pone de manifiesto la insuficiencia financiera, ya que la Ley estipula que el Estado debe colaborar con el 50 % del gasto, pero no se tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia, por lo que las Comunidades sufragamos en algunos casos más del 80 % del coste real de los servicios».

«Entiendo la preocupación por las estadísticas, pero de lo que estamos hablando es de personas. Personas que, a tenor de las estadísticas del informe, tal y como ha sucedido anteriormente, no quedan contemplas las que anterior a la implantación de la Ley mantenían sus prestaciones asistenciales pero sin incorporarse a la base de datos estadística que reflejan estos informes estatales», afirmó la consejera de Políticas Sociales.

«Esta situación que año tras año ha supuesto el castigo estadístico que sufre Canarias, sin embargo, tiene un mensaje de optimismo, ya que se están visualizando los resultados de incorporar la totalidad de las prestaciones asistenciales al sistema de dependencia. De hecho, los trabajos conjuntos entre las diferentes Administraciones Públicas hace que para este 2013 los convenios establecidos con los Cabildos Insulares contemplan un incremento de los recursos públicos que rozan el 100%, además de la incorporación de recursos conveniados o concertados, así como el Servicio Ayuda a Domicilio», indicó Rojas.

Por otro lado, Rojas recordó que «los dictámenes que realiza la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales hacen una valoración sesgada en la que no podemos estar de acuerdo porque Canarias ya contaba con un sistema propio de atención a personas en situación de dependencia que tuvo que desmantelar para dar cabida a la ley estatal de Dependencia, es decir, nuestra Comunidad cuenta con un sistema diferente al resto del país que no es contemplado en este dictamen».

En este sentido, manifestó «el Gobierno ya ha fijado su posición en repetidas oportunidades en esta Cámara con respecto a los que, como he explicado, no reconoce el sistema descentralizado de atención a la dependencia que tenemos en Canarias en colaboración con los Cabildos Insulares, sino que sólo hace referencia a una parte, la que se contempla exclusivamente la Ley de Dependencia, por tanto, no incorpora nuestro sistema de atención a las personas en situación de Dependencia que financiamos en colaboración con los Cabildos Insulares».

Sin embargo, concluyó la consejera, «sí estamos de acuerdo en otro aspecto: la cada vez mayor distanciamiento financiero entre el Estado y las comunidades autónomas en la aplicación de esta Ley».

Rivero: "El Gobierno garantiza la atención a las personas mayores y personas con discapacidad de Gran Canaria"

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«Este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables», aseguró el presidente del Gobierno de Canarias

* Gran Canaria cuenta con un total de 3.468 plazas, de las cuales 1.397 son para atender a personas mayores y otras 2.071 para personas con discapacidad

* El convenio contempla una financiación de más de 42,5 millones de euros para el mantenimiento de centros y servicios de personas en situación de Dependencia

«Este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas mayores y con discapacidad», aseguró hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno canario y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

«La firma de este convenio que, próximamente se harán extensibles a todas las islas, constituye un ejemplo de colaboración administrativa, tan necesaria siempre pero aún más en los tiempos en que vivimos, marcados por una situación económica muy difícil», afirmó Rivero en un acto en el que estuvieron presentes el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y la consejeras de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria explicó que «la firma de este acuerdo garantiza la financiación de un total de 3.468 plazas en la isla para atender a personas en situación de Dependencia». De estas plazas, un total de 1.397 plazas de atención a personas mayores y 2.071 plazas atención personas con discapacidad.

Bravo de Laguna destacó la importancia para Gran Canaria de un convenio «con un marcado carácter social y con un presupuesto importante ya que asciende a 42 millones y medio de euros, de los que el Gobierno aporta 28, 5 y el Cabildo 13 millones, con lo que aumentamos en cuatro millones con respecto a 2012, básicamente por un aumento de plazas».

«Mediante este convenio, -aclaró la consejera de Política Sociales- el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social».

«Cabe señalar ¿apuntó Rojas- que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que ofrece atención sanitario en los centros de mayores y de personas con discapacidad lo que demuestra nuestra apuesta por los servicios de calidad aún en tiempos de crisis».

Más de 42,5 millones de euros para la atención de personas dependientes de Gran Canaria

Según contempla el convenio que el Gobierno de Canarias establece con el Cabildo de Gran Canaria, una aportación económica en la cofinanciación de las plazas para la atención de personas en situación de dependencia reconocida que asciende a un total 28.034.851,5 euros, de los cuales la Consejería de Políticas Sociales aporta 18.794.840,25 euros y el Cabildo de Gran Canaria, 9.240.011,25 euros.

En cuanto a la aportación máxima para financiar las plazas de las personas que no tengan reconocida la situación de dependencia, asciende a 14.518.899,5 euros, de las que 9.857.716,75 euros son aportados por el Gobierno de Canarias. Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria aporta 4.661.182,75 euros.

De esta forma, el presupuesto para la financiación de plazas en 2013 para la isla de Gran Canaria asciende a 42.553.751 euros.

Rojas informa en el Parlamento sobre los cambios en la Ley de Dependencia

Se elimina la línea del mínimo acordado que ascendía a 200 millones de euros y que para Canarias suponía alrededor de 8 millones de euros

Destaca una rebaja del 15 % en la cuantía de la prestación por cuidado en el entorno familias así como que el Estado ya no abonará la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, además se endurecen los requisitos para acceder a la prestación

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, informó hoy en comisión parlamentaria sobre los cambios sufridos en el ámbito de la Ley de Dependencia debido a la entrada en vigor de los Reales-Decretos Ley de 30 de diciembre, en el que se establecen medidas para corrección del déficit público.

En este sentido, aclaró que esta Real-Decreto, contiene una modificación del calendario de aplicación previsto en la Ley, y el 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, que »establece, entre otras cosas, una reducción de un 15% de las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar».

‘Además, -aclaró- se incluye una minoración de las cuantías correspondientes al Nivel Mínimo de protección garantizado, que en 2012 ascendían a 200 millones de euros; la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, y la demora hasta julio de 2015 de la incorporación al Sistema de Dependencia de nuevos dependientes moderados (Grado I)».

‘Por otro lado, se elimina la partida correspondiente al nivel acordado, que es de otros 200 millones de euros y que para Canarias se establecía en trono a los ocho millones de euros», indicó la consejera.

Rojas señaló que «en el marco Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado el pasado 16 de enero en Madrid, el Estado ha vuelto a endurecer para 2013 los requisitos que tienen que cumplir las personas en situación de dependencia para acceder a la prestación económica por cuidado en el entorno familiar de tal forma que prácticamente es imposible acceder a esta prestación».

Los nuevos requisitos, además de la rebaja del 15 % y el no pago de la Seguridad Social, son que a partir de este año, se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él. Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.

En cuanto al efecto retroactivo de la prestación, el Estado establece que ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario que ya se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.

«Otro punto importante es que la eliminación de los niveles va aparejado a una rebaja en las horas máximas de ayuda a domicilio. Esto implica que tendremos que volver a modificar nuestro Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia. Un decreto que ha sido fruto de un trabajo técnico pero también político, porque hemos alcanzado un amplio consenso con los Cabildos Insulares y las Organizaciones del Tercer Sector, a las que les fue sometida la norma, en su fase de proyecto», apuntó Rojas

«Nuestro decreto establecía para el Grado III entre 55 y 90 horas al mes y la Resolución del Estado entre 46 y 70; para Grado II, nosotros lo establecíamos entre 30 y 55 y ahora se rebaja entre 21 y 45 horas al mes y, por último, los de Grado I – que no entrará en vigor hasta 2015- , nosotros determinamos entre 12 y 30 horas y el Estado lo reduce a un máximo de 20 horas al mes», concluyó la consejera.

El Estado endurece los requisitos para acceder a las prestaciones económicas de Dependencia

Se exigirá que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él

El Estado vuelve a endurecer para 2013 los requisitos que tienen que cumplir las personas en situación de dependencia para acceder a la prestación económica por cuidado en el entorno familiar. Estas medidas se dieron a conocer en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado el pasado 16 de enero en Madrid.

En 2012, el Estado aplicó una modificación de la Ley y se rebajó en un 15% el importe de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar así como eliminó su aportación a la Seguridad Social. En el presente año, se vuelven a restringir el acceso a esta prestación que la Ley en su artículo 14 ya prevé como excepcional.

Hay que recordar que las ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar son aquellas que se designan a sufragar las atenciones prestadas a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, y que no están vinculadas a un servicio de atención profesionalizada

De esta forma, a partir de este año, se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él. Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.

En cuanto al efecto retroactivo de la prestación, el Estado establece que ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario que ya se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.

En este sentido, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el abuso en la prestación económica por cuidado en el entorno familiar ha desvirtuado la Ley y apuesta por los servicios que ofrecen mayor calidad, previenen el incremento de la dependencia y crean más empleo, que ha sido precisamente, la postura que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Canarias.

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, recordó que las Comunidades autónomas han estado otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, «que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley, ya que tal y como recoge en su artículo14, la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, constituye una excepcionalidad a la norma que prima los servicios».

Según explica Rojas, la Ley de Dependencia estipula la colaboración del Estado con el 50 % del gasto, «pero no tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia, y ese es uno de los motivos por el que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que, recordemos, la propia Ley establece como una excepción, ya que aquí el Estado sí aporta el 50 %».

Más recortes en las partidas dirigidas a la atención a la Dependencia

Estas medidas se suman a los continuos recortes de las partidas que el Estado aporta a las Comunidades Autónomas para financiar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, se han reducido considerablemente en los últimos años.

Esta reducción, que en Canarias ha sido de 8 millones de euros menos en 2012, ha impedido ampliar el número de personas que tienen derecho a estas ayudas. Además, ha supuesto el bloqueo en la incorporación de nuevos beneficiarios de tal forma que, salvo en caso de bajas de usuarios, no se producirán nuevas incorporaciones a las ayudas.

Por su parte, Canarias ha hecho un considerable esfuerzo para continuar atendiendo las 13.000 plazas residenciales y de estancia diurna para personas dependientes, mayores o con discapacidad y alrededor de 12.000 prestaciones económicas, así como evitar el cierre de los recursos de atención a personas mayores ni a personas con discapacidad en la Comunidad autónoma.

«Para ello, el Gobierno de Canarias ha firmado con cada uno de los siete Cabildos convenios de colaboración para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con el fin de garantizar el mantenimiento y la financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas en situación de dependencia», afirma la consejera de Políticas Sociales.

La firma de convenios de colaboración con los siete Cabildos, no sólo establece un mapa de recursos, centros y servicios dirigidos a la atención de este colectivo, sino que garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a los mismos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

Las Comunidades Autónomas creen que el Estado pretende dejar a cero su aportación a los servicios sociales esenciales

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Rojas asistió ayer en Madrid al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, asistió ayer miércoles, 16 de enero, al Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Entre los asuntos abordados en este Consejo, Rojas destacó la propuesta de distribución de los créditos Plan Concertado de Prestaciones Básicas. «De acuerdo a la propuesta, Canarias recibirá un montante de 1.198.443,78 euros para 2013, que supone una reducción con respecto a 2012 de 861.693,22 euros, un 41,8% menos que el pasado año, en el que la aportación estatal fue 2.060.137 euros». Rojas también recordó que el recorte de este año se suma al recorte de otro 40 % en el año 2012.

Las Comunidades autónomas, en el marco del Consejo Territorial, instaron al Gobierno del Estado a que declare con transparencia que lo que pretende es dejar a cero su aportación al Plan Concertado de Prestaciones Básicos y por tanto a los servicios sociales esenciales, ya que en 2012 se produjo un recorte del 40 % y este año vuelve a disminuir en otro 40 %, cantidades «abiertamente insuficiente para atender a las personas en épocas sin crisis y mucho menos en los tiempos en los que vivimos».

Rojas apuntó que «el Gobierno de Canarias ha mantenido para 2013 la financiación del Plan Concertado en los presupuestos de la Comunidad autónoma, con un montante que asciende a 9.034.607 euros, exactamente igual que el año pasado en cuanto a la aportación económica de la Comunidad Canaria».

En este sentido, aclaró que «Canarias ha mantenido el presupuesto destinado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas ya que es el instrumento que garantiza las prestaciones para prevenir la marginalidad, la exclusión social y proporcionar a los ciudadanos servicios sociales de calidad, adecuados a sus necesidades, ya que nuestro objetivo es garantizar la red de equipamiento de los servicios sociales comunitarios que atiende alrededor de 480.000 personas».

La consejera de Políticas Sociales recordó que el Plan Concertado tiene como fin el mantener y desarrollar una Red de Servicios Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, así como apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. De esta forma, sus objetivos son proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas, y dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias.

Prestación económica por cuidado en el entorno familiar de la ley de dependencia

El Estado vuelve a endurecer el acceso a la prestación económica por cuidado en el entorno familiar. Si ya en el pasado año se produjo una modificación de la ley y se rebajó en un 15 % el importe de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar y el Estado eliminó su aportación a la Seguridad Social, en 2013 se vuelven a restringir el acceso a esta prestación que la ley ya prevé como excepcional.

Se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él. Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.

En cuanto al efecto retroactivo de la prestación ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario que ya se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.

En este sentido, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el abuso en la prestación económica por cuidado en el entorno familiar ha desvirtuado la Ley y apuesta por los servicios que ofrecen mayor calidad, previenen el incremento de la dependencia y crean más empleo.

«Cabe señalar que ésta ha sido siempre la postura de Canarias» apuntó la consejera.

Por otra parte, en el seno del Consejo, se dio a conocer el Catálogo Básico de Referencia de Servicios Sociales.

Según explicó Rojas, «este catálogo incluirá un listado de servicios sociales, además de establecer unos criterios comunes de calidad, y unos criterios de buen uso de los servicios y criterios de valoración de la dependencia».

«El objetivo de este Catálogo es reunir en un mismo documento aquellas prestaciones y servicios de referencia a los que pueden acceder los ciudadanos en el conjunto del territorio nacional, asegurando asimismo que estos se presten con unos criterios de calidad y buen uso comunes».

Rojas: "Canarias financia en un 80% el sistema de Atención a las Personas en situación de Dependencia"

La consejera de Políticas Sociales informó hoy en sesión parlamentaria sobre las consecuencias de los PGE en los servicios sociales así como por los cambios previstos en la Ley de Atención a las personas en situación de Dependencia

El Estado reduce las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, por lo que alrededor de 11.000 personas cobrarán un 15 % menos

«Cada vez es mayor la diferencia en la financiación entre las Comunidades autónomas que destinamos el 80% de la financiación a mantener el sistema de Atención a las Personas en situación de Dependencia, ya que el Estado sólo aporta el 20%, cuando la Ley es clara y obliga a un 50 a 50», explicó hoy en sede parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, donde compareció para informar para informar sobre las consecuencias para las políticas de servicios sociales y Dependencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Rojas explicó que, en relación al Sistema de atención a las Personas Dependientes, «el Gobierno del Estado suprimió en 2012 el llamado nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros y por el que Canarias recibía en torno a 7 millones y medio de euros. Este año también lo ha eliminado. Por lo que el Estado incumple el artículo 32 de la Ley, el artículo que dispone la financiación del sistema».

La consejera recordó que «ya las Comunidades autónomas habíamos denunciado que el Sistema de financiación era injusto porque no acometía el coste real de los servicios sino el estimado».

«El Estado garantiza una financiación mínima a través de lo que ha dado en llamar el ‘nivel mínimo’. Esa financiación global se estipula en los presupuestos generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas en base al número de personas dependientes, su grado y nivel. Estos datos no corresponden al coste real de los servicios, sino al número de personas dependientes. De esta forma, por una persona gran dependiente grado 3 nivel II, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, cuando una plaza para un gran dependiente cuesta en Canarias alrededor de 2.000 euros. En aplicación de este nivel, las Islas han ingresado por parte del Estado unos 22.750.000 euros por los 117.000.000 que aporta», aclaró.

«Con este presupuesto, Canarias mantendrá todos los centros de atención a las personas dependientes. Y estamos hablando de 13.000 plazas. Este Gobierno se compromete a no cerrar los centros de atención a mayores, personas con discapacidad y personas dependientes y además pagará las 11.000 prestaciones económicas tanto las vinculadas al servicio como de cuidados en el entorno familiar. Por lo tanto, cada vez es mayor la diferencia en la financiación entre las Comunidades autónomas que destinamos el 80% de la financiación a mantener el sistema de Atención a las Personas en situación de Dependencia, el Estado aporta el 20% cuando la ley es clara y obliga a un 50 a 50».

En relación a la aportación al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, Rojas recordó que «en 2012, el Estado aportaba a la red de servicios sociales comunitarios, la cantidad de 49.9143.000 euros, para todas las Comunidades autónomas mientras que para 2013 se rebaja en un 39,8 % quedándose en 30 millones de euros. Si comparamos presupuesto inicial 2012 para Canarias, con presupuesto inicial 2013 el descenso es de nada más y nada menos que un 68,15 %».

«También se ha rebajado sustancialmente el presupuesto para la atención a menores extranjeros no acompañados. Si en 2011 el Estado aportaba 10.000.000 millones de euros, en la actualidad su aportación es de tan solo 1.300.000 euros por lo que los niños africanos dejan de ser una competencia del Estado para volver a ser casi exclusivamente de Canarias».

Rojas hizo mención a una partida presupuestaria «que no es significativa económicamente hablando pero que si lo es ideológicamente y es la desaparición de la partida para los programas contra el maltrato infantil y el de atención a los jóvenes bajo medidas judiciales. No olvidemos que Canarias eleva en un 8 % su partida de atención a la infancia en protección y riesgo».

11.000 personas dependientes canarias cobrarán un 15%

Por otro lado, Rojas recordó que «el Estado reduce las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, por lo que alrededor de 11.000 personas cobrarán un 15 % menos. Eso significa que entrará una menor aportación del Estado a Canarias», en su comparecencia para informar sobre los cambios previstos por el Gobierno de España en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Según explicó la consejera de Políticas Sociales, «a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, ya no es obligatorio para los nuevos cuidadores no profesionales suscribir el convenio especial con la Seguridad Social, y se establece con carácter voluntario. Si optan por suscribir este convenio, las cuotas son íntegramente a su cargo».

«Para los cuidadores que ya estuvieran en la Seguridad Social pueden optar hasta por abonar el 85 % de las cotizaciones desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2012. Después de esa fecha, si quieren suscribir convenio con la Seguridad Social lo pagarán íntegramente. Esto significa que la reducción real es bastante más de un 15 %», matizó Rojas quien indicó que «el Estado empezó a aplicar estas medida desde el pasado mes de agosto».

«Además, el Estado suprime completamente, o sea se elimina la partida correspondiente al nivel acordado, que es de otros 200 millones de euros y que para Canarias se establecía en trono a los siete millones y medio de euros», aclaró.

Asimismo, la consejera indicó que entre los cambios contemplados, se incluyen la eliminación de los niveles, de tal forma que, tan sólo habrá grados y se rebajan las horas máximas de ayuda a domicilio.

«Esto implica que tendremos que volver a modificar nuestro Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia. Un decreto que ha sido fruto de un trabajo técnico pero también político, porque hemos alcanzado un amplio consenso con los Cabildos Insulares y las Organizaciones del Tercer Sector, a las que les fue sometida la norma, en su fase de proyecto»

«En este sentido, el Decreto establecía para el Grado III entre 55 y 90 horas al mes y la Resolución del Estado entre 46 y 70; para Grado II, nosotros lo establecíamos entre 30 y 55 y ahora se rebaja entre 21 y 45 horas al mes y, por último, los de Grado I – que no entrará en vigor hasta 2015- , nosotros determinamos entre 12 y 30 horas y el Estado lo reduce a un máximo de 20 horas al mes», aclaró.

«En estas medidas, que son fruto de la evaluación del sistema, también se incluye que el Sistema de aquí en adelante, primará la prestación de servicios a la de prestaciones económicas porque entiende que esta segunda medida era la excepcionalidad de la ley y que, sin embargo, se ha convertido en la prestación más común», manifestó.

«Igualmente, a partir de la entrada en vigor del RD-L, o sea el pasado agosto, será la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales, la que determine si al beneficiario le corresponde la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, no dependiendo por tanto, de la elección del propio beneficiario, familiares o representante», explicó la consejera de Políticas Sociales.

Por otro lado, las modificaciones exigen que se trate de forma prioritaria a las personas de mayor grado de dependencia y sobre todo los grandes dependientes y de forma progresiva al resto ya que hasta ahora se atendía por estricto orden de entrada.

«En definitiva, las últimas modificaciones introducidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, mediante Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, así como el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 10 de julio de 2012, para la mejora del SAAD hacen necesario, volver a adaptar de prácticamente toda nuestra normativa reglamentaria en la materia», dijo.

«Por tanto, ese decreto tiene efectos normativos y efectos económicos que en este último caso no benefician sino todo lo contrario a las Comunidades Autónomas y que entendemos que significan un cambio significativo en la Ley», concluyó Rojas.

Rojas: "El nuevo Decreto agiliza la autorización y registro de centros para personas dependientes"

La consejera de Políticas Sociales informó hoy en sesión parlamentaria sobre las iniciativas desarrolladas por el Gobierno canario para eliminar la burocracia en los recursos de Dependencia

«El Gobierno ha aprobado un decreto precisamente para agilizar y eliminar la burocracia en los recursos de Dependencia. Se trata del decreto que regula el Reglamento de Autorización, Acreditación, Registro e Inspección de Centros y Servicios, que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía Personal y la Atención a Personas en situación de Dependencia en Canarias», indicó en sede parlamentaria la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, para informar sobre las iniciativas desarrolladas por el Gobierno canario para eliminar la burocracia en los recursos de Dependencia.

«A través de este reglamento, lo que busca el Gobierno es agilizar los procedimientos de tipo administrativo necesarios para acceder a la autorización de puesta en marcha de centros y servicios en el ámbito de la atención a la dependencia», aclaró Rojas.

Según la consejera de Políticas Sociales, «el objetivo ha sido no sólo garantizar la existencia de más plazas públicas y privadas disponibles para las personas dependientes, facilitando la puesta en marcha de recursos y servicios, sino de establecer unos estándares de calidad adecuados en la prestación de servicios específicos a este colectivo, mediante la evaluación periódica de la calidad en la prestación de los servicios para los centros o servicios relacionados con la dependencia que han obtenido la acreditación».

«Para ello, esta nueva normativa establece de forma clara y específica los requisitos relativos a la acreditación de los centros y servicios, el régimen de autorización, comunicación previa, los requisitos generales en materia de recursos humanos, las condiciones técnicas y materiales que deben reunir los centros, la actuación de la inspección de centros y la creación del Registro de centros y servicios en este ámbito», manifestó.

Más en concreto, el Reglamento regula el Régimen de autorización y comunicación (declaración), el Funcionamiento de los centros y servicios, la Acreditación de los centros y servicios, los Regímenes especiales de autorización y acreditación, así como el Registro de centros y servicios que actúen en el ámbito de la dependencia y la Inspección de los mismos.

Asimismo, la normativa establece de forma específica la tipología de centros y un catálogo de servicios que tienen que ofrecer los mismos.

«Se trata, en definitiva, de una normativa que, repito, lo que ha pretendido es no sólo facilitar y agilizar la puesta en marcha de recursos y servicios de atención a las personas dependientes sino que estos servicios cuenten con unos parámetros de calidad adecuados para la atención de este colectivo», concluyó Rojas.

Rojas: "El Gobierno garantiza la financiación para los centros de personas dependientes "

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«En un momento de continuos recortes, este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables», aseguró Inés Rojas

«En un momento en el que se anuncian continuos recortes, este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas en situación de dependencia», aseguró hoy la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, durante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno canario y el Cabildo Insular de Lanzarote para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

«Canarias cuenta con un total de 12.850 plazas residenciales y de estancia diurna para atender a personas en situación de Dependencia, cuya financiación hoy está garantizada», aseguró Rojas, quien manifestó que estos convenios se han hecho extensibles a todas las islas, «lo que constituye un ejemplo de colaboración administrativa tan necesaria siempre y más si cabe en estos difíciles momentos económicos».

En la firma del convenio estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro San Ginés, y la consejera de Políticas Sociales y Sanidad, Inés Rojas.

«Mediante este convenio, -aclaró la consejera de Política Sociales- el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social».

Más de 6 millones de euros para financiar el mantenimiento de plazas en 2012

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, explicó que «la firma de este acuerdo garantiza la financiación de un total de 534 plazas en la isla para atender a personas en situación de Dependencia». De estas plazas, un total de 180 plazas de atención a personas mayores y 354 plazas atención personas con discapacidad.

Según contempla el convenio que el Gobierno de Canarias establece con el Cabildo de Lanzarote, una aportación económica en la cofinanciación de las plazas para la atención de personas en situación de dependencia reconocida, por parte del Gobierno canario, será de 2.911.610,32 euros, de los cuales el departamento de Políticas Sociales aporta 2.143.665,07 euros y el de Sanidad, 767.945,25 euros. Por su parte, la aportación máxima del Cabildo de Lanzarote ascenderá a 1.553.534,25 euros.

En cuanto a la aportación máxima para financiar las plazas de las personas que no tengan reconocida la situación de dependencia, asciende a 1.474.881,52 euros, de las que 714.555,02 euros son aportados por el área de Políticas Sociales y 255.981,75 euros por el departamento de Sanidad. Por su parte, el Cabildo de Lanzarote aporta 504.344,75 euros.

De esta forma, el presupuesto para la financiación de plazas en 2012 para la isla de Lanzarote asciende a 5.940.026,09 euros.

«Además, -según matizó la consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Inés Rojas-, el Gobierno de Canarias financia 218 plazas más en diferentes centros de la isla, al margen de este convenio, para lo cual destina una partida que asciende a 196.905,19 euros con lo cual estamos hablando de un total de 752 plazas residenciales y de estancia diurna, lo que significa que estamos ofreciendo una amplia cobertura pública».

Casi 13.000 plazas para la atención a la dependencia en Canarias

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Inés Rojas, aseguró que del global de plazas para la atención a las personas en situación de dependencia en el Archipiélago, 12.850, «un total de 9.317 están incluidas dentro de los recursos contemplados en cada uno de los Convenios de Colaboración suscritos entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia».

«La firma de convenios de colaboración con los siete Cabildos, no sólo establece un mapa de recursos, centros y servicios dirigidos a la atención de este colectivo, sino que garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a los mismos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz», manifestó Rojas.

Rojas: "El Gobierno garantiza la financiación para los centros de personas dependientes"

«En un momento de continuos recortes, este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables», aseguró Inés Rojas

Tenerife cuenta con un total de 3.115 plazas para la atención a personas en situación de Dependencia

«En un momento en el que se anuncian continuos recortes, este convenio pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables, garantizando el mantenimiento y financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas en situación de dependencia», aseguró hoy la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, durante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno canario y el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

«Canarias cuenta con un total de 12.850 plazas residenciales y de estancia diurna para atender a personas en situación de Dependencia, cuya financiación hoy está garantizada», aseguró Rojas, quien manifestó que estos convenios se han hecho extensibles a todas las islas, «lo que constituye un ejemplo de colaboración administrativa tan necesaria siempre y más si cabe en estos difíciles momentos económicos».

En la firma del convenio estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchor las consejeras de Políticas Sociales y Sanidad, Inés Rojas y Brígida Mendoza, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu y la consejera insular, Margarita Pena

«Mediante este convenio, -aclaró la consejera de Política Sociales- el Gobierno de Canarias mantiene los servicios públicos esenciales como acción directa para proteger, desde lo público, a aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad social».

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, explicó que «la firma de este acuerdo garantiza la financiación de un total de 3.115 plazas en la isla para atender a personas en situación de Dependencia». De estas plazas, un total de 1.011 plazas de atención a personas mayores y 2.104 plazas atención personas con discapacidad.

Según contempla el convenio que el Gobierno de Canarias establece con el Cabildo de Tenerife, una aportación económica en la cofinanciación de las plazas para la atención de personas en situación de dependencia reconocida será de 18.624.521 euros. La aportación del Cabildo de Tenerife ascenderá a 10.371.768,38 euros. De esta forma, el presupuesto para la financiación de plazas en 2012 supera los 35 millones de euros.

«Además, -según matizó la consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Inés Rojas-, el Gobierno de Canarias financia 2.323 plazas más en diferentes centros de la isla, al margen de este de este convenio, para lo cual destina una partida que asciende a 3.456.429,15 euros con lo cual estamos hablando de alrededor de 5.500 plazas residenciales y de estancia diurna, lo que significa que estamos ofreciendo una amplia cobertura pública».

La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza también firmó el convenio que vincula las plazas residenciales y de estancia diurna al concepto no solo de atención a la dependencia, sino también al concepto sociosanitario, Mendoza puso en valor «que Canarias es una comunidad en la que se ofrece atención sanitaria pública en los centros de estancia diurna y residenciales tanto para las personas mayores como para las personas dependientes».

«Vamos a seguir manteniendo estas buenas prácticas a pesar de la crisis, aunque no las recoja la ley de dependencia y en eso Canarias es una comunidad única».

El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, destaco la buena colaboración administrativa para llevar a cabo este convenio que mejora la vida de muchas familias tinerfeñas.

Casi 13.000 plazas para la atención a la dependencia en Canarias

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno canario, Inés Rojas, aseguró que del global de plazas para la atención a las personas en situación de dependencia en el Archipiélago, 12.850, «un total de 9.317 están incluidas dentro de los recursos contemplados en cada uno de los Convenios de Colaboración suscritos entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia».

«La firma de convenios de colaboración con los siete Cabildos, no sólo establece un mapa de recursos, centros y servicios dirigidos a la atención de este colectivo, sino que garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a los mismos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz», manifestó Rojas.

El Gobierno garantiza el mantenimiento de plazas residenciales para personas dependientes en Gran Canaria

Inés Rojas explica que «son plazas en centros propiedad de las administraciones locales que a pesar de quedar al margen de los convenios de dependencia, el ejecutivo garantiza su financiación»

El Gobierno de Canarias subvencionará con un montante global de 1.503.401,18 euros distintas plazas residenciales y de atención diurna dependientes del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde, Santa Lucía, Agüimes y Gáldar. La responsable canaria de Políticas Sociales, Inés Rojas, explica que «a pesar de la situación de recorte actual, el Gobierno de Canarias garantiza el dinero que aporta para financiar las plazas en residencias y centros de día que las administraciones locales y las asociaciones desarrollan en la isla para prestar servicios a personas en situación de dependencia». Inés Rojas explica que «son plazas en centros propiedad de las administraciones locales que a pesar de quedar al margen de los convenios de dependencia, el ejecutivo garantiza su financiación» «Hasta que se configure definitivamente el Sistema para la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Canarias ¿añade Rojas- nos resulta indispensable contar con todos los medios personales y recursos consolidados en el tiempo por las administraciones locales y las entidades sin fin de lucro, denominadas por Ley de dependencia, como tercer sector de acción social». En sus últimas sesiones, el Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda conceder estas subvenciones nominadas que permitirán mantener distintas plazas de atención a mayores y personas con discapacidad de las administraciones locales y que no entrarán dentro del convenio de atención a la dependencia que el Gobierno de Canarias está firmando con todos los cabildos insulares. En concreto, se concederá una subvención de 625.018,20 euros al Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria para el mantenimiento de las residencias de la Aldea de San Nicolás, Valleseco, Ingenio y Moya (579.597 euros), y el Centro de Día de alzheimer del centro sociosanitario El Sabinal (45.421,20 euros). En cuanto al Ayuntamiento de Telde, el Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención de 173.230,68 euros para financiar el transporte de usuarios del centro ocupacional del municipio (62.883 euros) y el Centro de Estancias Diurnas para enfermos de alzheimer y otras demencias (63.589,68 euros) y el Centro de Día de rehabilitación psicosocial (46.758 euros). El Gobierno también subvencionará al Ayuntamiento de Gáldar con 251.453,41 euros para cubrir parte de los gastos derivados de la Residencia de Mayores Genoveva Pérez (203.761,25 euros), centro de Día de la tercera edad (26.190,16 euros) y la ampliación del programa de vivienda tutelada a los fines de semana y festivos (19.502 euros). En cuanto al Ayuntamiento de Agüimes, el Gobierno invertirá un importe de 234.317,17 euros para sufragar parte de los gastos derivados de la ejecución de varios programas en las áreas de discapacidad y mayores. Esta cantidad cubrirá parte de los gastos derivados de la ejecución de los programas de Respiro familiar para menores y discapacitados físicos y psíquicos con necesidades educativas especiales, 7.268,92 euros y el mantenimiento de la Residencia de Mayores Villa de Agüimes, 227.048,25 euros. En el Ayuntamiento de Santa Lucía se invertirá 219.381,72 euros con lo que sufragará parte de los gastos derivados de la ejecución de los programas que se desarrollan en el Centro de Día para Enfermos de Alzheimer Juan Alvarado, que recibirá del Gobierno 113.553 euros; Centro de Día para Pacientes con Trastornos Mentales Crónicos, 48.399,41 euros y el Centro de Día para Personas con Discapacidad de Vecindario Sardina, 57.429,31 euros.