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Canarias reduce un 76% los plazos para la obtención de la ayuda a la dependencia hasta los 184 días de espera

La Consejería de Bienestar Social prevé que el plazo medio baje hasta los 152 días en noviembre

Las personas con teleasistencia avanzada ya ascienden a 18.732, frente al poco más de 2.000 que había en 2023

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias continúa acelerando la tramitación de la dependencia y consolidando la transformación de un sistema que durante años estuvo marcado por las largas listas de espera. Según las últimas estadísticas oficiales del IMSERSO, correspondientes al mes de octubre de 2026, el tiempo medio de tramitación se ha reducido hasta los 184 días, una cifra que, de acuerdo con las previsiones de la Dirección General de Dependencia, podría situarse en 152 días en noviembre y que supone más de un 76% de reducción desde el inicio de la legislatura.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó este avance en su intervención durante el Pleno del Parlamento de Canarias y subrayó que “los resultados de la gestión actual son todavía más significativos si se tiene en cuenta que las nuevas solicitudes se están resolviendo en una media de 62 días”. Delgado explicó que la diferencia entre este plazo y la media que reflejan las estadísticas oficiales “responde a que la Administración está resolviendo también expedientes históricos, algunos de los cuales acumulaban años de espera. La antigüedad de estos procedimientos continúa incorporándose al cálculo estadístico, aunque los tiempos de resolución de las nuevas solicitudes sean ya sustancialmente inferiores”.

Delgado destacó el incremento de cobertura de la teleasistencia avanzada, que ya asciendo a 18.372 personas atendidas, frente a las poco más de 2.000 del inicio de la legislatura. “Una cobertura que permite atender a personas con una dependencia en su propio entorno, evitando el desarraigo”, aseguró.

La consejera recordó también un dato relevante dado a conocer ayer, que Canarias es la única Comunidad Autónoma que tiene ya una cobertura del 100% de la asistencia a las personas con Grado III+.

La consejera ha insistido en que el objetivo del Gobierno de Canarias es continuar reduciendo los tiempos de espera, resolver los expedientes históricos pendientes y consolidar un modelo de atención más ágil, eficaz y centrado en las personas y sus necesidades. “Nuestro compromiso es seguir trabajando hasta que esta transformación se refleje plenamente en las estadísticas oficiales y, sobre todo, en la vida de las personas que necesitan estos servicios”, explicó.

Más del doble de prestaciones reconocidas

La mejora de los tiempos de tramitación viene acompañada de un importante incremento de la actividad del sistema. Los datos del IMSERSO reflejan que Canarias ha pasado de 45.957 prestaciones reconocidas al cierre de 2023 a 104.091 en octubre de 2026, lo que supone más que duplicar el volumen de prestaciones.

La consejera de Bienestar Social también atribuyó esta evolución a una reorganización profunda del sistema impulsada mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, la simplificación administrativa y el refuerzo de los equipos profesionales.

 

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Canarias, única autonomía con el 100% de cobertura de la ayuda de Grado III+ frente al 49% de media nacional

parte de abajo de una silla de ruedas con una persona y pies de otra que está empujando la silla

El esfuerzo realizado por el Archipiélago para mejorar la cobertura de dependencia también se ve reflejado en la reducción de los tiempos de espera, que oficialmente se sitúan a 31 de octubre en 184 días, frente a los 782 del comienzo de la legislatura

Canarias es la única comunidad autónoma de España que alcanza el 100 % de cobertura de prestaciones de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio para las personas reconocidas con Grado III+, según los datos del informe correspondiente al 31 de octubre de 2026.

En concreto, las 17 personas con Grado III+ contabilizadas en Canarias disponen de una de estas prestaciones, lo que sitúa al Archipiélago a la cabeza del conjunto de comunidades autónomas en este indicador. Además, 16 de estas 17 personas perciben una prestación efectiva con una cuantía igual o superior a 3.200 euros, lo que representa el 94,12 % del total.

Los datos contrastan con los del conjunto del país, donde existen 807 personas con Grado III+. De ellas, 401 cuentan con una prestación de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio, lo que representa una cobertura del 49,69 %. Asimismo, 307 personas reciben una prestación efectiva de al menos 3.200 euros, un 38,04 % del total.

Canarias alcanza una cobertura del 100 % en el indicador de prestaciones de asistencia personal o vinculadas al servicio, frente a la media estatal del 49,69 %, y se convierte en la única comunidad autónoma que garantiza esta cobertura para todas las personas contabilizadas con Grado III+.

Estos resultados reflejan el esfuerzo realizado para adaptar el sistema canario de dependencia a las nuevas necesidades de atención y avanzar hacia un modelo de cuidados que garantice los apoyos intensivos que precisan las personas con situaciones de dependencia extrema. Esfuerzo que también se ve reflejado en los datos del Imserso que revelan que los tiempos de espera para la concesión de una ayuda a la dependencia se sitúan, a 31 de octubre, en los 184 días oficiales, frente a los 782 días que figuraban en las estadísticas del Imserso al inicio de la legislatura.

El Grado III+ de dependencia extrema se incorporó al sistema estatal mediante el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, en desarrollo de las obligaciones establecidas por la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La nueva regulación establece una respuesta específica para las personas con necesidades de apoyo especialmente intensas, que requieren atención continuada y supervisión especializada durante las 24 horas. Para ello, contempla el acceso a una prestación económica de asistencia personal o a una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, con el objetivo de garantizar los cuidados necesarios en el entorno habitual.

La implantación de este nuevo grado supuso un importante esfuerzo de adaptación para las comunidades autónomas, responsables de gestionar el sistema de dependencia. Los gobiernos autonómicos debían adecuar sus procedimientos de reconocimiento, articular los recursos asistenciales necesarios y garantizar el acceso efectivo a las nuevas prestaciones, además de asumir parte de su financiación.

El modelo de financiación establecido inicialmente fijó una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales para estas prestaciones. De esta cantidad, la Administración General del Estado asumiría el 50 %, mediante el nivel mínimo de protección garantizado, mientras que el 50 % restante correspondería a las comunidades autónomas.

En Canarias, la adaptación normativa se materializó mediante el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, que incorporó el Grado III+ al sistema autonómico y reguló las prestaciones correspondientes. La norma fue convalidada por el Parlamento de Canarias el 24 de marzo y las solicitudes para acceder a esta nueva categoría pudieron presentarse desde el 11 de mayo de 2026.

La regulación autonómica permite optar entre la prestación económica de asistencia personal y la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, de acuerdo con las necesidades de cada persona y los requisitos establecidos en su Programa Individual de Atención.

Los resultados del informe de octubre muestran que Canarias ha conseguido garantizar la cobertura de todas las personas reconocidas con Grado III+ a través de alguna de estas dos modalidades.

 

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Canarias inyecta 1.035 millones de euros para políticas sociales y consolida así el mayor escudo social

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias supera, por primera vez, la barrera de los mil millones, lo que supone un incremento de 391 millones de euros de recursos estructurales desde el inicio de la legislatura

Canarias contará en 2027, por primera vez en su historia, con un presupuesto inicial superior a los 1.000 millones de euros para políticas sociales. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dispondrá de 1.034,98 millones de euros, lo que representa un incremento del 23,5 % respecto al presupuesto inicial de 2026, con 197,24 millones de euros adicionales para reforzar la protección social, la atención a las personas y la garantía de derechos.

Estas cuentas suponen un hito en la financiación de las políticas sociales del Archipiélago y consolidan una apuesta por dotar de recursos estables a los servicios públicos y a las prestaciones dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a las personas y familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destacó en comparecencia parlamentaria que esta evolución permite consolidar en el presupuesto ordinario servicios y prestaciones que afectan directamente a las condiciones de vida de cientos de miles de personas. “Canarias contará con el mayor presupuesto social de su historia, pero la importancia de estas cuentas no se encuentra únicamente en superar los 1.000 millones. Lo fundamental es que ese crecimiento se traduce en más derechos reconocidos, más prestaciones y una red pública con mayor capacidad para atender a las personas que necesitan apoyo”, afirmó.

El crecimiento presupuestario adquiere todavía mayor relevancia si se observa su evolución a lo largo de la legislatura. Excluyendo los fondos europeos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los recursos ordinarios y estructurales de la Consejería han pasado de 642,51 millones de euros en 2023 a 1.033,98 millones en 2027. Esto supone un incremento de 391,17 millones de euros, un 60,9 % más de financiación estable para las políticas sociales.

La evolución de estas cuentas se acompaña, además, de una capacidad de gestión que ha mantenido la ejecución presupuestaria por encima del 90 %. En el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2025, la Consejería ejecutó 914,49 millones de euros, una cifra que superó en más de 200 millones el presupuesto inicial de aquel año. Asimismo, hasta octubre de 2026 se habían incorporado más de 390 millones de euros mediante modificaciones presupuestarias, lo que refleja la capacidad del departamento para ampliar los recursos disponibles y dar respuesta a las necesidades de las distintas áreas. Candelaria Delgado subrayó que “los fondos externos no se quedan en una cifra contable, sino que se transforman en prestaciones, servicios, profesionales e inversiones dirigidas a la ciudadanía”.

Uno de los ámbitos que experimenta un mayor impulso es el de la atención a la dependencia. La Dirección General de Dependencia contará en 2027 con 567,15 millones de euros, lo que representa un incremento de 177,65 millones respecto al ejercicio anterior y un crecimiento del 120,8 % en comparación con el inicio de la legislatura.

Este refuerzo económico se suma a las mejoras introducidas en la gestión administrativa del sistema, entre ellas la implantación del procedimiento monofásico, que ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de tramitación e incorporar a más personas y más ayudas a las familias.

La mejora de los procedimientos y el incremento de los recursos económicos constituyen dos elementos fundamentales para avanzar hacia un sistema de dependencia con mayor capacidad de respuesta y una atención más ágil a las personas que necesitan apoyos.

Más recursos para garantizar la protección social

El área de Servicios Sociales contará con 113,33 millones de euros destinados a la Renta Canaria de Ciudadanía, que experimenta un incremento del 30 % en su cuantía acumulada. A ello se suma la continuidad, mediante su incorporación al articulado de la ley presupuestaria, del pago de oficio del complemento anual de 400 euros para las 43.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas.

En el ámbito de Infancia y Familias, el presupuesto asciende a 125,52 millones de euros, un 20,04 % más que en el ejercicio anterior. Este incremento permitirá reforzar las políticas de prevención e intervención sociofamiliar, con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes y favorecer que puedan permanecer en su entorno familiar siempre que sea posible y adecuado.

Por su parte, las políticas dirigidas a las personas mayores consolidan su estructura específica a través de la Dirección General de Mayores, que dispondrá de 20,94 millones de euros para desarrollar el marco de envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada mediante la estrategia Maresía.

El Instituto Canario de Igualdad mantendrá una dotación ordinaria de 14,75 millones de euros. Además, el presupuesto incorpora una garantía especialmente relevante para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista: las ayudas económicas destinadas a este colectivo tendrán la consideración de créditos ampliables.

Esta medida permitirá que ninguna mujer que reúna los requisitos establecidos se quede sin protección por falta de disponibilidad presupuestaria, reforzando la capacidad de respuesta de la Administración ante situaciones de violencia machista.

Con estas cuentas, el Gobierno de Canarias consolida el crecimiento de las políticas sociales y refuerza la financiación de ámbitos esenciales como la dependencia, la atención a la infancia, la protección económica de las familias, el envejecimiento activo y la igualdad. Un presupuesto que sitúa por primera vez a la Consejería por encima de los 1.000 millones de euros iniciales y que representa un incremento sustancial de los recursos estructurales destinados a garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía canaria.

“Queda trabajo por hacer. Debemos continuar reduciendo los tiempos de espera, mejorar la atención territorial, culminar el Espacio de Datos de los Servicios sociales de Canarias y desplegar el concierto social. Pero la evolución de esta legislatura demuestra que las políticas sociales se han situado entre las principales prioridades del Gobierno de Canarias y que los derechos reconocidos cuentan hoy con una financiación muy superior a la de 2023”, concluyó la consejera.

 

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Canarias reclama al Ministerio de Derechos Sociales el fin de las deducciones en las ayudas por dependencia

Candelaria Delgado ha enviado una carta al ministro Pablo Bustinduy en la que solicita la modificación de la ley para que las personas más vulnerables no sufran recortes en sus prestaciones cuando reciben otros apoyos

El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una modificación clave en la Ley de Dependencia. A través de una carta oficial enviada al ministro Pablo Bustinduy, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reclamado la eliminación definitiva de las deducciones automáticas que sufren los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).

El artículo 31 de la normativa actual establece que percibir una ayuda de dependencia obliga a restar el importe de cualquier otra prestación de similar naturaleza que el ciudadano reciba de otros regímenes públicos. Este mecanismo de absorción económica afecta a complementos esenciales como la gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75%, el complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas y el subsidio de ayuda a tercera persona.

 

El impacto real en las personas

Delgado detalla en la misiva el impacto negativo que este sistema tiene en el día a día de los ciudadanos afectados. «Cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce por la percepción previa de alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo de la persona beneficiaria».

En la práctica, estas deducciones provocan una neutralización del derecho y cronifican la insuficiencia de recursos en los hogares, especialmente porque las familias acumulan diferentes situaciones complejas de discapacidad y dependencia.

“Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación, y necesitan atención personal, supervisión, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento, movilidad, permanencia en el domicilio y otros gastos directamente vinculados a su autonomía y calidad de vida», asegura la consejera.

 

Exigencia de una financiación estatal justa

El debate normativo sobre lo descrito en el escrito se encuentra actualmente en el Senado; no obstante, el texto que se tramita solo contempla eliminar estas deducciones automáticas para las situaciones de dependencia extrema (el nuevo Grado III+). “Canarias valora este paso, pero considera injusto limitar la mejora y exige extender la compatibilidad total a las personas reconocidas con los Grados I y II, quienes también soportan costes muy elevados”, explica.

Asimismo, el Ejecutivo canario advierte en la carta de que esta ampliación de derechos debe contar con el respaldo económico del Gobierno de España para no ahogar a las arcas regionales: «Consideramos igualmente necesario que su incorporación vaya acompañada de la correspondiente evaluación económica y de una previsión suficiente de financiación, de forma que la ampliación de derechos pueda hacerse efectiva sin trasladar de manera exclusiva a las comunidades autónomas el coste derivado de la modificación».

Con esta propuesta, Canarias busca liderar un avance hacia un modelo basado en los derechos humanos y la dignidad, simplificando la gestión administrativa y garantizando que las ayudas cumplan su verdadera función de apoyo real a las familias.

 

Modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias

Por otra parte, el BOC publica hoy el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales, para adaptar su regulación al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La reforma permitirá iniciar el cambio para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en funcionamiento de centros y servicios, mediante la presentación de una declaración responsable.

De esta manera, se conseguirá reforzar la capacidad del sistema para disponer de los recursos necesarios para atender las prestaciones reconocidas, de manera que la Administración autonómica pueda actuar cuando existan insuficiencias de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a las prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial, cohesión social o desequilibrios territoriales.

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En los primeros seis meses de 2026, Canarias resolvió más prestaciones que en toda la legislatura pasada

El viceconsejero y la directora en rueda de prensa

En total, hay 54.584 ayudas resueltas desde agosto de 2023, frente a las 20.073 que se resolvieron en el periodo de julio de 2019 a julio de 2023. La nómina ha pasado de los casi 8 millones de julio de 2023 a los cerca de 18 en el último mes de junio

Canarias ha reconocido en los primeros seis meses de este año 22.850 prestaciones de dependencia, lo que hace un total de 54.584 prestaciones concedidas en la legislatura actual, frente a las 20.073 concedidas durante toda la pasada legislatura, tal y como informó hoy en rueda de prensa el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, en la que hicieron balance de la gestión realizada y de los retos que afronta el sistema.

“Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura», afirmó Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia y el incremento de los recursos destinados a la atención de las personas en situación de dependencia.Gráficas Dependencia

Uno de los principales indicadores de esta evolución es la reducción de los tiempos de tramitación. La entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días. No obstante, la directora general señaló que “el tiempo real de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, aunque este dato todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual”.

«El avance que se ha logrado es evidente en cuanto a las resoluciones de grado, resoluciones de PIA, las prestaciones y las personas incorporadas al sistema” destacó Concepción Ramírez. Una muestra de ello es que “la nómina mensual destinada a dependencia se ha triplicado durante la legislatura, pasando de 7 millones de euros en julio de 2023 a 18 millones en junio de 2026”, reveló.

Asimismo, Canarias ha puesto en marcha por primera vez, tras 18 años de vigencia de la Ley de Dependencia, la prestación económica de asistente personal, de la que ya se benefician 498 personas.

Sin embargo, según explicó la directora general, la Comunidad Autónoma asume actualmente el 78 % del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22 %, porcentaje que continúa por debajo del 50 % previsto en la Ley de Dependencia.

A ello se suma la actualización de los convenios de dependencia suscritos con los cabildos, que incorporan una financiación de 1.132 millones de euros durante cuatro años y actualizan por primera vez el precio de las plazas a valores de mercado.

“Pero”, ha señalado “el incremento de resoluciones ha traído consigo un nuevo desafío: ampliar la capacidad del sistema para atender a todas las personas con derecho reconocido”, afirmó. Para ello, el Gobierno de Canarias ha impulsado distintas medidas dirigidas a incrementar la oferta de servicios y profesionales.

Entre estas medidas, figura la acreditación de 39 profesionales autónomos —logopedas, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales— para prestar servicios de promoción de la autonomía personal, o 18 autónomos para el servicio de ayuda a domicilio. Paralelamente, se trabaja en la modificación del decreto de acreditación de centros y servicios para simplificar los procedimientos administrativos.

Otra de las mejoras implementadas corresponde a la teleasistencia. Desde la puesta en funcionamiento del nuevo contrato, en octubre de 2025, el número de usuarios ha pasado de 4.200 a 15.000 personas, mientras que el nuevo servicio de ayuda a domicilio, iniciado en mayo, ya ha incorporado a 623 personas en La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

“Como decimos, este crecimiento de derechos de las personas hace necesario ampliar tanto los recursos como los profesionales disponibles. En la actualidad existen 349 empresas y entidades acreditadas, de las cuales 131 se han incorporado desde 2023”, al tiempo que la Viceconsejería y la Dirección General han iniciado procedimientos específicos para evaluar la calidad de los servicios e intensificar las labores de inspección.

El viceconsejero recordó además que Canarias “afronta un importante reto demográfico: la población mayor de 80 años pasará de 101.000 personas en 2024 a más de 137.000 en 2032, circunstancia que obligará a seguir reforzando el sistema de atención a la dependencia”. En este ámbito, se informó de que el Ejecutivo autonómico prepara el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que prevé la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas residenciales y de centros de día durante el periodo 2026-2032.

No obstante, Candil subrayó que el futuro del sistema, como hemos manifestado, no pasa únicamente por construir nuevas plazas. «Insistimos en que tenemos que potenciar ante todo los servicios que favorezcan la autonomía personal y la permanencia de las personas mayores en sus propios domicilios y en su entorno social», afirmó, señalando a la teleasistencia y la atención domiciliaria especializada anteriormente mencionadas como pilares del nuevo modelo.

Durante la comparecencia también se rechazó que Canarias mantenga servicios de dependencia con financiación inferior a otras comunidades autónomas. Ramírez explicó que el Archipiélago ocupa la tercera posición en financiación del servicio de ayuda a domicilio y del servicio de promoción de la autonomía personal, la sexta en centros de día y la séptima en atención residencial.

Respecto a la aplicación de la Ley ELA, Ramírez recordó que Canarias ya ha incorporado el reconocimiento del Grado 3+ en su normativa autonómica. “Actualmente existen 29 solicitudes registradas. Sin embargo, ninguna ha podido resolverse porque la normativa estatal exige que el usuario presente previamente el contrato y la facturación del servicio o del asistente personal, lo que está ralentizando la resolución en positivo de los expedientes”.

 

 

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Bienestar Social lanza la app Alisio de atención biopsicosocial de personas cuidadoras no profesionales

Se trata de un servicio de apoyo integral a personas cuidadoras no profesionales basado en el uso de las nuevas tecnologías que pretende llegar a 20.000 personas en 2028

«Con este programa, el Gobierno de Canarias reconoce el valor del trabajo invisible de las personas cuidadoras», afirma la consejera del área, Candelaria Delgado

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias pone en marcha la app Alisio, un servicio de apoyo integral a personas cuidadoras no profesionales basado en el uso de las nuevas tecnologías. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste, y el CEO de Okencasa, Iñigo Kortabitarte, presentaron hoy (martes 16) esta nueva herramienta que pretende llegar a 20.000 personas cuidadoras en 2028.

Delgado indicó que los objetivos de Alisio “son apoyar a las personas cuidadoras a mejorar su calidad de vida, reforzar su capacidad para cuidar y contribuir a que las personas mayores puedan permanecer más tiempo en su entorno habitual con mayor bienestar y dignidad. En Canarias, como en el resto del país, la mayor parte de la atención a las personas mayores dependientes recae en el ámbito familiar, y dentro de él, de forma mayoritaria, en mujeres cuidadoras. Son personas que cuidan con entrega, responsabilidad y compromiso, pero que, con demasiada frecuencia, lo hacen en soledad, sin apoyo suficiente y a costa de su propio bienestar físico, emocional y social”.

“Esto genera desgaste y termina teniendo un impacto negativo tanto en las personas cuidadoras como en las personas cuidadas y en el propio sistema público», afirmó Delgado, quien enfatizó que con la puesta en marcha de Alisio «se busca responder no cuando el problema ya es grave, sino anticiparse al mismo, prevenir y acompañar, desde una visión moderna y responsable de las políticas públicas de cuidados».

Juan Martínez Doreste aseguró que “Alisio es un servicio pionero e innovador de apoyo psicoeducativo a personas cuidadoras familiares, que sitúa a Canarias a la vanguardia en la atención a este colectivo, lo que implica un cambio de paradigma. Por primera vez, el Gobierno de Canarias impulsa un servicio público que utiliza la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bienestar, capaz de llegar a las personas cuidadoras allí donde están, adaptándose a sus necesidades, ritmos y circunstancias». Según explicó el viceconsejero de Igualdad, el Ejecutivo canario ha puesto en marcha un programa piloto del servicio en La Palma y Lanzarote, «a través del cual, en este momento, se están atendiendo a 150 familias».

«Con esta actuación, se pone en marcha una aplicación accesible y segura que ofrece acompañamiento profesional, formación personalizada, herramientas para organizar mejor los cuidados, espacios de apoyo entre iguales y mecanismos de seguimiento que permiten detectar situaciones de riesgo antes de que se cronifiquen», explicó el CEO de Okencasa, Iñigo Kortabitarte, quien indicó que el nuevo servicio «posibilita no sólo trabajar la cohesión y la corresponsabilidad sino facilitar la desinstitucionalización de los cuidados».

El objetivo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias es desplegar el servicio al largo de los próximos años, para que en el 2028 ya está totalmente integrado entre las personas dependientes que reciben la ayuda de Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF). La previsión es alcanzar los 10.000 usuarios del servicio a lo largo de 2027 y los 20.000, a partir de 2028.

«Con este servicio, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con una sociedad que cuida, que reconoce el valor del trabajo invisible de las personas cuidadoras y que avanza hacia un modelo más justo, corresponsable y solidario. Alisio no es solo una herramienta; es una declaración de principios: en Canarias, nadie que cuida debe sentirse solo», concluyó la consejera de Bienestar Social.

Un servicio integral para personas cuidadoras no profesionales

El programa Alisio constituye un servicio integral apoyado en varios ámbitos de actuación. Por un lado, un equipo de cuidados, que tiene forma de una aplicación o app cuyo objetivo es aglutinar a las personas de la familia que intervienen en el cuidado, a lo que hay que sumar la evaluación biopsicosocial, al inicio del proceso, para la fijación del contexto de cuidados y la personalización del plan de apoyo para cada persona cuidadora.

El programa establece, además, un itinerario formativo individualizado de 15 píldoras en forma de vídeos sobre cuidado y autocuidado, así como un plan personalizado de entre 3 y 5 entrenamientos de habilidades para el desarrollo de capacidades para el día a día del cuidado. La iniciativa incluye también la celebración de dos sesiones de apoyo psicosocial, con una duración de 45 minutos cada una, por videoconferencia con una especialista de referencia en cuidado familiar, así como el acceso ilimitado de las personas cuidadoras a una comunidad online de apoyo entre personas cuidadoras y a contenidos útiles y prácticos que son actualizados diariamente desde el inicio hasta el final de la intervención.

De esta forma, con el programa Alisio se contribuye a la sostenibilidad del sistema de cuidados, reduciendo situaciones de urgencia, retrasando institucionalizaciones no deseadas y optimizando el uso de los recursos públicos.

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Canarias lidera el avance del sistema de dependencia y reduce de forma significativa los tiempos de espera

Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, el Archipiélago es la comunidad autónoma que más aumenta el número de personas beneficiarias con prestación con un crecimiento del 22 %

Las Islas han logrado reducir la lista de espera en un 20,7 % gracias a las medidas adoptadas desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia publicado hoy, 15 de junio, sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas que más han mejorado la gestión del sistema durante 2026, liderando el incremento de personas beneficiarias con prestación y registrando una de las mayores reducciones de listas de espera y tiempos de tramitación del país.

Según el informe, Canarias es la comunidad autónoma que más aumenta el número de personas beneficiarias con prestación, con un crecimiento del 22% respecto al cierre de 2025. Además, figura entre las regiones que más incrementan el número de personas con derecho reconocido, con una subida del 9,1%.

El Observatorio también destaca a Canarias como el territorio que más ha reducido los tiempos de tramitación en los primeros meses del año, con una disminución de 95 días, así como una de las comunidades que más ha logrado reducir la lista de espera, con un descenso del 20,7%.

Estos datos confirman la aceleración experimentada por el sistema canario de dependencia durante el último año y reflejan una tendencia de mejora sostenida en la incorporación de nuevas personas beneficiarias y en la resolución de expedientes. Aunque el sistema continúa afrontando importantes desafíos derivados de una situación estructural acumulada durante años, Canarias ya no figura entre las comunidades con peor evolución.

El informe recoge una espera media de 335 días en Canarias, lo que supone una reducción de 90 días en apenas cinco meses. Aunque este dato sigue situándose por encima de la media estatal, fijada en 320 días, y lejos aún del plazo legal de 180 días, la realidad del sistema actual muestra una evolución más favorable. El tiempo medio entre una nueva solicitud y su resolución se sitúa en torno a los 152 días, mientras que la estadística global continúa condicionada por expedientes antiguos especialmente complejos que siguen en proceso de resolución.

Asimismo, conviene recordar que en dependencia no existe una única lista de espera, sino distintas fases sucesivas dentro del procedimiento administrativo. El balance más reciente confirma una reducción global del 20,7% en el número de personas pendientes. También es fundamental resaltar que un altísimo porcentaje de las personas que se encuentran en el limbo de la dependencia figuran en esta situación por causas ajenas a la Administración, según reconoce específicamente el Imserso.

 

Más rápido reconocer derechos y más eficaz garantizar apoyos

El reto actual de Canarias no se limita a reconocer derechos con mayor rapidez, sino a conseguir que esos derechos se traduzcan cuanto antes en servicios efectivos, prestaciones adecuadas y apoyos reales para las personas dependientes y sus familias. Precisamente en esa línea, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un conjunto de medidas estructurales destinadas a reducir el denominado limbo de la dependencia.

Entre las actuaciones más relevantes se encuentra la puesta en marcha, el pasado 1 de mayo, del nuevo sistema público territorializado del servicio de ayuda a domicilio especializado (SAD). Esta prestación responde a una de las principales necesidades del sistema: convertir de forma efectiva el derecho reconocido en atención real dentro del hogar.

La ayuda a domicilio especializada ofrece apoyos adaptados a las necesidades concretas de cada persona dependiente y constituye una actuación de carácter estructural que incrementa, en todas las islas, la capacidad de atención en el ámbito donde se concentra una parte importante de la demanda. Además de mejorar la calidad asistencial, esta medida contribuye a aliviar la presión sobre otros recursos, especialmente los residenciales, y facilita que muchas personas puedan continuar viviendo en su entorno habitual.

Asimismo, Canarias ha implantado un nuevo servicio de teleasistencia avanzada, acompañado del suministro de dispositivos tecnológicos para su despliegue en los hogares. Este modelo supera la teleasistencia tradicional basada únicamente en un botón de emergencia e incorpora sensores inteligentes, dispositivos domiciliarios, tecnología móvil, monitorización de hábitos y capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La teleasistencia avanzada permite mejorar la seguridad, la autonomía y la calidad de vida de las personas dependientes en su entorno habitual, al tiempo que amplía la capacidad de respuesta del sistema mediante una prestación efectiva, escalable y accesible en todo el territorio. Además, contribuye a la estrategia de desinstitucionalización impulsada por Canarias, favoreciendo la permanencia de las personas en sus hogares con apoyos tecnológicos y seguimiento profesional.

A estas actuaciones se suma la reciente reforma normativa aprobada por el Gobierno de Canarias para completar el sistema de prestaciones, regular la prestación económica de asistencia personal (con la que se ha impulsado la formación de casi 400 profesionales acreditados) y actualizar el régimen de compatibilidades e incompatibilidades.

Las modificaciones introducen una mayor flexibilidad en la combinación de apoyos y prestaciones, permitiendo respuestas más adaptadas a las necesidades individuales y mejorando la capacidad del sistema para atender situaciones complejas. Asimismo, la regulación de la asistencia personal y la actualización de las cuantías máximas autonómicas refuerzan la atención domiciliaria, especialmente en los casos de mayor dependencia.

 

Descenso continuado de los fallecimientos en lista de espera

El informe también refleja una evolución positiva en uno de los indicadores más sensibles del sistema: los fallecimientos de personas pendientes de atención. Aunque cada fallecimiento representa una situación dolorosa, los datos muestran una reducción significativa respecto a años anteriores. Mientras que en 2022 se registraron aproximadamente 6.700 fallecimientos y en 2023 alrededor de 6.500, la cifra descendió a 2.489 en 2024 y a 2.202 durante 2025.

En los cinco primeros meses de 2026 se contabilizan 360 fallecimientos, lo que significa que, si anualizamos el dato, se alcanzarían 864 personas, una evolución que evidencia la mejora progresiva en la capacidad de respuesta del sistema y pone de manifiesto que la reducción de los tiempos de acceso a las prestaciones y servicios repercute directamente sobre los datos de fallecimientos.

El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia confirma que Canarias está avanzando de forma decidida en la transformación de su sistema de atención a la dependencia. El objetivo ahora es consolidar esta tendencia, seguir reduciendo los tiempos de espera y garantizar que cada derecho reconocido se convierta cuanto antes en una atención efectiva para las personas que más lo necesitan.

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El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura reducen a 130 días la espera media en dependencia

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca la agilización de los expedientes, la ampliación de los servicios y el refuerzo a la atención sociosanitaria gracias a la colaboración institucional

El Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventura han reducido a 130 días la espera media para acceder al sistema de dependencia, una cifra que se encuentra por debajo de los 180 días establecido por ley. Así lo expuso hoy (viernes 22), la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, durante la comisión parlamentaria de Bienestar Social.

Delgado ha destacado que la coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo “ha permitido agilizar expedientes, ampliar servicios y reforzar la red de atención sociosanitaria en la isla. Este avance responde a una nueva dinámica de trabajo entre ambas administraciones, basada en una coordinación más directa y centrada en la gestión real de los expedientes. El convenio suscrito entre el Gobierno autonómico y el Cabildo ha permitido ordenar objetivos comunes, compartir prioridades y actuar sobre toda la cadena de atención: valoración, resolución, citación y prestación efectiva de servicios”.

En estos momentos, Fuerteventura cuenta con 85 expedientes iniciales en gestión de cita, 65 revisiones de grado y 32 revisiones de Programa Individual de Atención (PIA). La mayoría de ellos se encuentran ya en fase de citación inmediata, lo que significa que más del 85 % de los expedientes pendientes están preparados para pasar al siguiente paso sin demora.

La consejera de Bienestar Social aseguró que “la ciudadanía de Fuerteventura también se está beneficiando de nuevos recursos asistenciales incorporados recientemente a la isla, como el nuevo sistema de teleasistencia avanzada y el Servicio de Ayuda a Domicilio Especializada, operativo desde comienzos de este mes y gestionado directamente por el Gobierno de Canarias. Estas prestaciones permitirán ampliar la capacidad de atención y ofrecer servicios que hasta ahora no estaban disponibles en la isla”.

El seguimiento permanente entre ambas administraciones se realiza a través de una comisión técnica que revisa incidencias, ajusta procedimientos y detecta necesidades antes de que se conviertan en problemas estructurales. Además, se está desarrollando una planificación conjunta de plazas y recursos sociosanitarios para garantizar que las resoluciones administrativas tengan una respuesta efectiva en la red de atención.

Candelaria Delgado también destacó el nuevo Convenio de Dependencia y Discapacidad 2025-2028 firmado con el Cabildo de Fuerteventura, que permitirá consolidar una red estable de servicios y recursos sociosanitarios en la isla. El convenio contempla una financiación total de 35.730.311,81 euros, de los que el 74,12 % será aportado por el Gobierno de Canarias y el 25,88 % por el Cabildo. “Gracias a este acuerdo se financiarán 308 plazas sociosanitarias, de las cuales 162 son plazas diurnas y 146 residenciales, incorporándose además 31 nuevas plazas”, señaló.

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Bienestar Social presenta en Fuerteventura sus innovaciones en materia de Servicios Sociales

La jornada de trabajo también ha permitido dar a conocer a los agentes sociales de la Isla el Diagnóstico aprobado en Consejo de Gobierno, que ha contado con la participación de técnicas y usuarias de los servicios

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha participado hoy en Fuerteventura en la jornada sobre los Servicios Sociales en Canarias. Situación actual y perspectivas de futuro, a la que han acudido medio centenar de personas relacionadas con los servicios sociales en la Isla. Delgado ha querido destacar que Fuerteventura, al igual que el resto de islas no capitalinas, “ya no tiene listas de espera en Discapacidad o Dependencia, gracias a las diversas acciones llevadas a cabo para modernizar y adaptar los servicios a las necesidades de la ciudadanía en pleno siglo XXI”. Asimismo, recordó que el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias, paso previo al Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias, que se presentó también esta mañana y fue aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, fue realizado a través de un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna y que contó con las valoraciones y percepciones de casi 1000 personas, entre usuarias, profesionales y personas expertas.

«Se trata de la primera vez que Canarias cuenta con una herramienta como esta, un hito que nos permitirá  acercarnos a la realidad del Sistema Público de Servicios Sociales en el conjunto del territorio autonómico, ya que nos permite contar con información sobre la percepción y valoración del sistema de servicios sociales, que nos han otorgado más de un seis y medio, las demandas y los grados de satisfacción de las personas usuarias, los servicios y coordinación técnica de los servicios y el clima laboral técnico», explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.

El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, agradeció a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias por traer ese debate a Fuerteventura, y reconoció el trabajo de todas las personas, profesionales, entidades y colectivos que trabajan durante todo el año en el ámbito social.

La consejera acudió a Fuerteventura acompañada por el viceconsejero de Igualdad y Diversidad, Juan Martínez Doreste, a quien dio paso para explicar “los retos a los que nos enfrentamos en un contexto en el que la Sanidad u otras áreas han ido modernizándose, mientras que los servicios sociales están desanclados de la realidad”.

Doreste aseguró que “el objetivo tiene que ser mejorar la atención a la ciudadanía y, para ello, hemos de mejorar el sistema y hacerlo más integrado y global”. En este sentido, el viceconsejero explicó que la Consejería ha usado todas las herramientas a su disposición, tanto los fondos propios como los fondos europeos, para poder aplicar la IA y la robótica, entre otras cosas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, lo que, junto a otras herramientas, como los nuevos ha derivado en una reducción de burocracia y tiempos de respuesta”.

Precisamente, entre las propuestas de trabajo para la mejora del Sistema de Servicios Sociales en Canarias, este primer Diagnóstico propone mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social para reducir las barreras de acceso, y la necesidad de modernizar la organización interna y los procesos de gestión. “Nuestro trabajo está precisamente centrado en hacer realidad el sistema canario de servicios sociales, un sistema más integrado, que permita observar a cualquier ciudadano o ciudadana desde una perspectiva 360, con su historia previa y reciente, que facilite a la administración la toma de decisiones más personalizadas y efectivas”.

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Dependencia ha reducido a un tercio el número de fallecimientos con respecto a la anterior legislatura

·         El Dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recoge que, en 2025, en Canarias fallecieron 2.200 personas en la lista de espera

·         Canarias sigue trabajando para reducir el tiempo en que se recibe una ayuda que, actualmente está en los 152 días, aunque en el acumulado de expedientes arroja una media de 391 días

 

“El fallecimiento de cualquier persona mientras espera es una tragedia y merece respeto”, aseguró hace unas semanas, en sede parlamentaria la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien achacó los 2.200 fallecimientos en la lista de espera de 2025 a varios factores. “Primero, hablamos de población muy frágil, a menudo de edad avanzada, que entra tarde al sistema”. Según los datos que figuran en el IMSERSO, el 41,34% de las solicitudes recibidas es de personas mayores de 80 años; mayores de 65 y hasta 79 el 24,7% y población entre 0 y 64 años el 34,39% restante.

Con ser preocupantes, tal y como señaló hoy el Dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estas cifras son un tercio de las que arrojaba la legislatura anterior, cuando el número de fallecimientos se elevó a unos 23.400 canarios, con datos como las 6.700 muertes en 2022 y las 6.500 en 2023.

No obstante, se sigue trabajando principalmente para conseguir ofrecer servicios a quien ya tiene reconocido el derecho y, por otro lado, por rebajar drásticamente el tiempo que se tarda en conseguir el derecho desde la solicitud hasta su obtención que, actualmente, de media está en 391 días (430 en diciembre, fecha de los datos del Dictamen), aunque la realidad es que, en todas las islas, cualquier persona que solicite la ayuda tendrá su resolución en menos de 152 días.

Con todo, el informe ratifica lo ya explicado anteriormente, con un gran crecimiento de personas con prestación en 2025, con Canarias como una de las comunidades en las que más aumenta, y un incremento del 30,5%; y otro 30% de incremento en aquellas con derecho reconocido, situándose como una de las comunidades con mayor incremento de beneficiarios del sistema durante el último año.

También hay que señalar la falta de rigurosidad en algunos aspectos. No se contempla el esfuerzo financiero de cabildos y Gobierno en la firma de los convenios, con 1.630 millones de euros; y se compara comunidades autónomas que reciben el 50% de financiación frente a esta que no llega al 20%.

El dictamen subraya que existen personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación o servicio, lo que significa que el sistema no logra atender a todas las personas con derecho reconocido. Si bien es cierto que existe una falta de personal en el sector de cuidados, un problema importante en todo el sistema, la recién presentada Estrategia Sociosanitaria también establece mecanismos para la mejora de este aspecto; así como para paliar la falta de camas residenciales.

Es reseñable también que esa lista de espera, como bien reseña el IMSERSO, no es achacable a la administración, pero que, aun así, la Consejería trabaja para incrementar los servicios disponibles con otras medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado; la implantación universal de la teleasistencia avanzada, o la acreditación de personas autónomas para los servicios de promoción de la autonomía personal.

Cabe recordar, igualmente, que Canarias acaba de aprobar la modificación normativa que completa todo el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia, y contempla ayudas de hasta 900 euros para la figura del asistente personal, muy por encima de los máximos establecidos por el Estado, (700€ para Grado III).

Además, el acuerdo contempla la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en cuanto al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia en Canarias. Esto permitirá a muchas familias poder acceder a distintas prestaciones para mejorar la atención en determinados perfiles. Por ejemplo, a partir de la publicación de este decreto, se podrá disfrutar de una asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para la asistencia personal.

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