Logo del Gobierno de Canarias

Canarias optimiza el seguimiento y evaluación de los servicios a través de la inspección de centros

Policía, Fiscalía, Dirección General de Dependencia y Viceconsejería de Bienestar Social mantienen una reunión de coordinación para compartir experiencias y propuestas de mejora

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias continúa mejorando la coordinación entre los distintos actores que intervienen en el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros con el objetivo de incrementar la capacidad seguimiento y evaluación de los resultados del control establecido tanto en centros públicos como privados del Archipiélago.

A tal efecto, esta semana ha tenido lugar una reunión en la que han participado tanto los servicios de inspección de la propia Consejería como miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, Fiscalía, el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez.

Esta reunión, además, sirvió como lanzamiento de las propuestas para el Plan Anual de Inspección, que se pondrá en marcha el próximo 1 de enero, y que exigirá la coordinación y planificación de al menos 400 inspecciones anuales. La reunión se produce en un contexto de intensa actividad inspectora en toda la comunidad autónoma, con actuaciones que se desarrollan de forma continuada y visitas periódicas a centros residenciales, centros de día y otros recursos sociales destinados a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

“Queremos consolidar un modelo de inspección más sistemático, con mayor capacidad de análisis, seguimiento y verificación de las condiciones reales de atención que reciben las personas usuarias”, señaló Candil, quien también aseguró que “apostamos por una inspección orientada no solo a verificar el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, sino también a evaluar la calidad real de la atención que reciben las personas”. En la reunión se ha verificado el funcionamiento de un sistema con indicadores comparables, seguimiento de planes de mejora y una mayor capacidad de evaluación de los resultados tras la puesta en marcha del servicio de apoyo técnico a la inspección que ha permitido mejorar la calidad de las actuaciones, reforzar la verificación de estándares organizativos y disponer de información más completa para la toma de decisiones. Este apoyo se ha centrado en tareas complementarias como la revisión documental, la asistencia en visitas, el análisis de indicadores, el seguimiento de planes de mejora y la organización de la información derivada de las actuaciones inspectoras. Asimismo, se han puesto en común los datos aportados por la empresa que vigila indicadores como higiene o grado de satisfacción de los usuarios y familiares, de tal manera que cualquier demanda o denuncia se traslada al servicio de Inspección. “La potestad inspectora la sigue teniendo la Administración autonómica, y la propuesta de medidas correctoras o sancionadoras siguen siendo su competencia”, asegura el viceconsejero. “Estos contratos están permitiendo aumentar la capacidad técnica de la Administración para realizar inspecciones, evaluar el funcionamiento de los recursos y asegurar que los centros y servicios del SAAD mantienen los niveles de calidad exigidos por la normativa, contribuyendo así a proteger los derechos de las personas usuarias y a consolidar un sistema de atención más eficiente, transparente y orientado a la mejora continua”.

Con estas actuaciones, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias continúa avanzando en el fortalecimiento del sistema público de dependencia, incorporando herramientas que mejoran la capacidad de supervisión, evaluación y seguimiento de los recursos financiados por la Administración.

La actividad inspectora se desarrolla en coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito en marzo de 2024, así como con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, reforzando así los mecanismos de protección de los derechos de las personas atendidas en los centros sociales.

 

Etiquetas