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Canarias apoya la necesidad de recuperar el fondo estatal para la acogida e integración de migrantes

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Con la presencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí  ha tenido lugar el Pleno del Foro Canario de la Inmigración. Su presidenta, Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha analizado las políticas migratorias del Gobierno de Canarias con motivo del repunte de la llegada de pateras a las islas.

El Foro Canario de la Inmigración que se reúne por primera vez desde 2012 acuerda la creación de una Comisión permanente que trabaje en un fénomeno “con el que Canarias debe convivir con normalidad” subraya Cristina Valido responsable del área

El Foro, compuesto por las asociaciones del tercer sector especializadas en la materia, representantes de ayuntamientos y cabildos insulares, sindicatos, empresarios y la delegación del Gobierno abogó por la necesidad de recuperar el fondo estatal para la acogida e integración de las personas migrantes, creado precisamente bajo la dirección de Consuelo Rumí cuando ostentaba la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Cristina Valido trasladó la satisfacción de todos los componentes del Foro, incluido el propio Gobierno por la convocatoria y la renovación de sus miembros ya que «el Foro no ser reunía desde hace ya seis años» y la aprobación de la estructura de una Comisión Permanente que se emplazará para el mes de enero, con el objetivo de trabajar de forma asidua y frecuente para que el Pleno, tal y como establece su decreto vuelva a convocarse en el primer semestre del próximo años». «Incluso» -apuntó la consejera- «se abre la posibilidad de crear comisiones específicas vinculadas a la sanidad, educación, seguridad o los asuntos que se estimen desde la Permanente».

«Canarias, a apenas 97 kilómetros de distancia de un continente empobrecido, va a tener que convivir con un fenómeno que ya no lo es y que se convierte en algo normal por lo que tenemos que trabajar no solo con las personas que llegan sino con las que viven ya aquí, de ahí la necesidad de recuperar los Fondos Estatales para la acogida e integración que desaparecieron con la crisis y con los que se trabajaba desde el territorio y a través de las administraciones locales «.

Entre otros temas también se habló de la necesidad de organizar algún tipo de jornadas con los medios de comunicación para tratar desde un lenguaje inclusivo el tratamiento de las noticias sobre la materia.

Por su parte Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones realizó una valoración positiva su visita a Canarias y conminó a «trabajar desde todas las administraciones para buscar soluciones a situaciones complejas, evitando la confrontación en temas tan importantes y tan sensibles y que la inmigración no sea objeto de manipulación que fomente discursos de odio al extranjero y el rechazo a la persona migrante».

La secretaría de Estado para las Migraciones puso en valor la reactivación del Foro y expresó la necesidad de su continuidad con comisiones de trabajo y anunció la voluntad de activar el Fondo para la acogida e integración además del refuerzo educativo, destinada «tanto a las personas migrantes como a las españolas trabajando desde el conocimiento y el reconocimiento del otro».

Después de su visita a las islas Rumí manifestó se lleva «en la cartera algunas propuestas para mejorar tanto en proyectos como en recursos».

Políticas Sociales subvenciona 177 proyectos sin ánimo de lucro con casi cinco millones de euros

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La Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración ha publicado hoy, en el Boletín Oficial de Canarias, la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para el año 2018 con un presupuesto global de 4.891.800 euros. Las áreas a subvencionar son las de atención a personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social.

Esta convocatoria permite a las entidades e instituciones seguir desarrollando su labor de apoyo a las personas vulnerables además de promocionar a programas novedosos, que se espera que en los próximos se vayan consolidando

En concreto, la resolución contempla la concesión de ayudas a un total de 177 proyectos, de los que 74 son del área de integración social; 58 del área de mayores; 20 de itinerarios para personas mayores; 12 para el desarrollo de programas experimentales; 8 para voluntariado y 5 para la atención a la inmigración. También por áreas el presupuesto se reparte de la siguiente forma: inclusión social de personas mayores a un total de 1.550.000 euros; de 50.000 euros para el programa de Servicios de Atención a Inmigración; para promoción de voluntariado, se destina una partida de 100.000 euros y para el área de Acción social institucional para Integración Social, un global de 3.191.800 euros.

A esta convocatoria podían presentarse las Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de municipios, Cabildos y Entidades Públicas vinculadas o dependientes de éstas, Universidades Públicas, Fundaciones y así como las entidades privadas sin fin de lucro, que legalmente constituidas, desarrollen sus actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre y cuando el destino de la subvención sea para contribuir a actividades relacionadas con la prestación de servicios y/o actuaciones en las distintas áreas objeto de estas ayudas.

Para la directora general de Políticas Sociales Reyes Henríquez esta convocatoria «permite a las entidades y a las instituciones seguir desarrollando su labor de apoyo a las personas vulnerables y otras, que se han convocado por primera vez, como es es el caso de la atención domiciliaria para personas mayores que se encuentren con problemas de soledad en los núcleos rurales, da comienzo a programas novedosos, que en los próximos años esperamos que se vayan consolidando y animarán a los municipios y a las entidades a programar en esta línea que entendemos que es importante para el apoyo de las personas mayores».

Henríquez también apuntó que todavía están previstas dos convocatorias de gran calado como son la asignación tributaria el 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el año 2018 «que ahora se gestionan desde las comunidades autónomas» y aquellas que se otorgan en el ámbito de los fondos de lucha contra la pobreza», por lo que «animo a las entidades e instituciones a presentar proyectos que se baremarán desde la competencia competitiva.

Políticas Sociales subvenciona 177 proyectos sin ánimo de lucro con casi cinco millones de euros

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La Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración ha publicado hoy, en el Boletín Oficial de Canarias, la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para el año 2018 con un presupuesto global de 4.891.800 euros. Las áreas a subvencionar son las de atención a personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social.

Esta convocatoria permite a las entidades e instituciones seguir desarrollando su labor de apoyo a las personas vulnerables además de promocionar a programas novedosos, que se espera que en los próximos se vayan consolidando

En concreto, la resolución contempla la concesión de ayudas a un total de 177 proyectos, de los que 74 son del área de integración social; 58 del área de mayores; 20 de itinerarios para personas mayores; 12 para el desarrollo de programas experimentales; 8 para voluntariado y 5 para la atención a la inmigración. También por áreas el presupuesto se reparte de la siguiente forma: inclusión social de personas mayores a un total de 1.550.000 euros; de 50.000 euros para el programa de Servicios de Atención a Inmigración; para promoción de voluntariado, se destina una partida de 100.000 euros y para el área de Acción social institucional para Integración Social, un global de 3.191.800 euros.

A esta convocatoria podían presentarse las Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de municipios, Cabildos y Entidades Públicas vinculadas o dependientes de éstas, Universidades Públicas, Fundaciones y así como las entidades privadas sin fin de lucro, que legalmente constituidas, desarrollen sus actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias, siempre y cuando el destino de la subvención sea para contribuir a actividades relacionadas con la prestación de servicios y/o actuaciones en las distintas áreas objeto de estas ayudas.

Para la directora general de Políticas Sociales Reyes Henríquez esta convocatoria «permite a las entidades y a las instituciones seguir desarrollando su labor de apoyo a las personas vulnerables y otras, que se han convocado por primera vez, como es es el caso de la atención domiciliaria para personas mayores que se encuentren con problemas de soledad en los núcleos rurales, da comienzo a programas novedosos, que en los próximos años esperamos que se vayan consolidando y animarán a los municipios y a las entidades a programar en esta línea que entendemos que es importante para el apoyo de las personas mayores».

Henríquez también apuntó que todavía están previstas dos convocatorias de gran calado como son la asignación tributaria el 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el año 2018 «que ahora se gestionan desde las comunidades autónomas» y aquellas que se otorgan en el ámbito de los fondos de lucha contra la pobreza», por lo que «animo a las entidades e instituciones a presentar proyectos que se baremarán desde la competencia competitiva.

Jóvenes extutelados por el Gobierno accederán a un novedoso programa de acceso a la vida independiente

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha presentado hoy dos nuevos programas de emancipación para jóvenes extutelados por el Gobierno. El objetivo será que aquellos jóvenes que han pasado por lo centros de acogida del Gobierno y que no cuenten con una red de apoyo propia puedan afrontar con mejores garantías la vida independiente. En la actualidad se estima que 110 jóvenes extutelados podrán acogerse a este programa.

Estos servicios alcanzarán un coste de 743,323,93 euros y serán gestionados por dos entidades especializadas, SUM+S y Mensajeros de la Paz

Acompañada por la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, el director de SUMA+S, Francisco Figueroa y el presidente de Mensajeros de La Paz, José Manuel Alfonso, Valido expuso las líneas a seguir y anunció que el programa tendrá cobertura en todo el Archipiélago.

La nueva Ley de de Protección a la Infancia y la Adolescencia permite que los jóvenes que han sido tutelados por el Gobierno sigan contando con recursos de las administraciones públicas hasta los 21 años y la Ley de Prestación Canaria de Inserción recoge entre las personas que pueden cobrar una PCI a los jóvenes extutelados menores de 25 años, sin embargo, «es cierto que la mayoría de edad es una etapa complicada en la que hay que sumar la necesidad de buscar un piso o compartirlo con otros jóvenes, buscar y mantener un empleo, seguir estudiando ya sin la tutela de nadie, manejar su propia economía, esforzarse por mantener un grupo de amigos y en en muchos casos comprender su propia historia, conviviendo con su pasado para construir su presente» argumentó la consejera de Políticas Sociales poniendo en valor la necesidad de este tipo de programas.

SUMA+S y Mensajeros de La Paz, serán las entidades del Tercer Sector encargadas de llevar a cabo estos dos programas, el primero destinado a jóvenes extutelados con algún tipo de discapacidad o trastorno de conducta y el segundo para el resto de los jóvenes. Los programas, cuyo presupuesto para los próximos doce meses ascienden a 743,323,93 euros, está financiado en un 85 % por el Fondo Social Europeo y enmarcado en el en el Plan Operativo 2014-2020.

Las entidades pondrán a disposición de los chicos los recursos y servicios de los que disponen como oficinas o centros de día y les ayudarán a emprender su emancipación desde un punto de vista integral, tanto laboral, social como desde un punto de vista educativo. También dispondrán de becas económicas si fuera necesario y siempre que cumplan con los objetivos propuestos como la asistencia a la educación o formación para la inserción laboral.

«Hay que tener en cuenta que son jóvenes que han agotado todas sus posibilidades con sus familias» apuntó Valido por lo que los programas supondrán un acompañamiento desde todos los puntos de vista: laboral, tanto en lo que se refiere a la búsqueda de empleo como a la formación para el empleo o la mejora y adaptabilidad continua de formación para su mantenimiento, social de manera que puedan desenvolverse de forma eficaz en la sociedad desde la independencia; personal, asumiendo la responsabilidad de su propia vida; educativa, favoreciendo el acceso a estudios superiores e incluso familiar mejorando las relaciones con su familia o su familia extensa si eso fuera posible.

La derivación hacia estos programas se realizará desde los propios centros de acogida, cuando el menor esté cercano a cumplir la mayoría de edad y una vez enviado el informa a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Comienza entonces un periodo de estudio que dura alrededor de un mes en el que se emiten dos tipos de diagnóstico uno mediante un Plan individual de preparación para la vida independiente y otro sobre Itinerario de inserción formativo y laboral.

En cuanto a la formación académica uno de los puntos fuertes del programa es la continuidad educativa, siendo prioritario que ninguno de los jóvenes que formen parte de él abandonen sus estudios si tienen la capacidad y la voluntad necesaria acuciados por la necesidad de obtener ingresos para tener una vida independiente.

Jóvenes extutelados por el Gobierno accederán a un novedoso programa de acceso a la vida independiente

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha presentado hoy dos nuevos programas de emancipación para jóvenes extutelados por el Gobierno. El objetivo será que aquellos jóvenes que han pasado por lo centros de acogida del Gobierno y que no cuenten con una red de apoyo propia puedan afrontar con mejores garantías la vida independiente. En la actualidad se estima que 110 jóvenes extutelados podrán acogerse a este programa.

Estos servicios alcanzarán un coste de 743,323,93 euros y serán gestionados por dos entidades especializadas, SUM+S y Mensajeros de la Paz

Acompañada por la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, el director de SUMA+S, Francisco Figueroa y el presidente de Mensajeros de La Paz, José Manuel Alfonso, Valido expuso las líneas a seguir y anunció que el programa tendrá cobertura en todo el Archipiélago.

La nueva Ley de de Protección a la Infancia y la Adolescencia permite que los jóvenes que han sido tutelados por el Gobierno sigan contando con recursos de las administraciones públicas hasta los 21 años y la Ley de Prestación Canaria de Inserción recoge entre las personas que pueden cobrar una PCI a los jóvenes extutelados menores de 25 años, sin embargo, «es cierto que la mayoría de edad es una etapa complicada en la que hay que sumar la necesidad de buscar un piso o compartirlo con otros jóvenes, buscar y mantener un empleo, seguir estudiando ya sin la tutela de nadie, manejar su propia economía, esforzarse por mantener un grupo de amigos y en en muchos casos comprender su propia historia, conviviendo con su pasado para construir su presente» argumentó la consejera de Políticas Sociales poniendo en valor la necesidad de este tipo de programas.

SUMA+S y Mensajeros de La Paz, serán las entidades del Tercer Sector encargadas de llevar a cabo estos dos programas, el primero destinado a jóvenes extutelados con algún tipo de discapacidad o trastorno de conducta y el segundo para el resto de los jóvenes. Los programas, cuyo presupuesto para los próximos doce meses ascienden a 743,323,93 euros, está financiado en un 85 % por el Fondo Social Europeo y enmarcado en el en el Plan Operativo 2014-2020.

Las entidades pondrán a disposición de los chicos los recursos y servicios de los que disponen como oficinas o centros de día y les ayudarán a emprender su emancipación desde un punto de vista integral, tanto laboral, social como desde un punto de vista educativo. También dispondrán de becas económicas si fuera necesario y siempre que cumplan con los objetivos propuestos como la asistencia a la educación o formación para la inserción laboral.

«Hay que tener en cuenta que son jóvenes que han agotado todas sus posibilidades con sus familias» apuntó Valido por lo que los programas supondrán un acompañamiento desde todos los puntos de vista: laboral, tanto en lo que se refiere a la búsqueda de empleo como a la formación para el empleo o la mejora y adaptabilidad continua de formación para su mantenimiento, social de manera que puedan desenvolverse de forma eficaz en la sociedad desde la independencia; personal, asumiendo la responsabilidad de su propia vida; educativa, favoreciendo el acceso a estudios superiores e incluso familiar mejorando las relaciones con su familia o su familia extensa si eso fuera posible.

La derivación hacia estos programas se realizará desde los propios centros de acogida, cuando el menor esté cercano a cumplir la mayoría de edad y una vez enviado el informa a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Comienza entonces un periodo de estudio que dura alrededor de un mes en el que se emiten dos tipos de diagnóstico uno mediante un Plan individual de preparación para la vida independiente y otro sobre Itinerario de inserción formativo y laboral.

En cuanto a la formación académica uno de los puntos fuertes del programa es la continuidad educativa, siendo prioritario que ninguno de los jóvenes que formen parte de él abandonen sus estudios si tienen la capacidad y la voluntad necesaria acuciados por la necesidad de obtener ingresos para tener una vida independiente.

La Prestación Canaria de Inserción llegó a 25. 374 personas de los que 6.237 eran menores de edad

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La Prestación Canaria de Inserción consta de una ayuda económica y un apoyo a la integración social y laboral mediante actividades de inserción. La ayuda económica depende del tipo de hogar: con un solo miembro la cantidad a percibir es de 476,88; de dos miembros, 539,63; 88, de tres miembros, 589,83; y así hasta 665,13 € para una familia de seis miembros.

En 2017, la media mensual de nóminas ascendió a 9.024 familias, mientras que en 2016 fue de 8.841.

La Prestación Canaria de Inserción llegó a 25.374 personas en el pasado año, de las cuales 6.237 eran menores de edad, de los que 677 son menores de tres años, según el balance elaborado por el departamento de Políticas Sociales al cierre del año 2017.

El presupuesto ejecutado ascendió a 53.040.962,27 euros, lo que significa más de medio millón más con respecto a 2.016.

La Prestación Canaria de Inserción consta de una ayuda económica y un apoyo a la integración social y laboral mediante actividades de inserción. La ayuda económica depende del tipo de hogar: con un solo miembro la cantidad a percibir es de 476,88; de dos miembros, 539,63; 88, de tres miembros, 589,83; y así hasta 665,13 € para una familia de seis miembros. La media el pasado año ascendió a 489,81 euros ya que el 47,05 % de los tipos de hogares protegidos son unipersonales y el 30,62 % se trata de hogares de familias monoparentales con hijos a cargo, siendo la mayor parte una mujer con un hijo, siendo la media de edad de 47 años por parte del beneficiario solicitante.

En cuanto a la inserción, esta puede ser de tipo social o laboral y también escolar o ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa, o desajustes personales. En el ámbito de la inserción laboral, 14,9% de los beneficiarios potencialmente activos ha conseguido trabajo durante el 2017.

Según Reyes Henríquez, directora general de Políticas Sociales, que es el departamento encargado de la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, «aunque no toda la inserción es de tipo laboral ya que en muchos casos primero hemos de conseguir la normalización de situaciones muy complejas, sí que en 2018 vamos a intensificar actuaciones conjuntas entre el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Políticas Sociales para impulsar un proyecto integrado de gestión integrada en el marco del Plan Integral de Empleo de Canarias y el Plan de Empleo social que lidera el SCE».

En 2015 se modificó la Ley de Prestación Canaria de Inserción ampliando el colectivo a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social y aminorando los tiempos de gestión para garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la PCI a las personas que lo solicitan.

Valido y Plasencia firman el Acuerdo Marco de reparto para la financiación de los servicios sociales comunitarios

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido y el presidente de la Federación canaria de Municipios, Fecam, Ramón Plasencia, han firmado el Acuerdo Marco de reparto para la financiación de los servicios sociales comunitarios que asciende a más de 18 millones de euros. En la firma estuvo presente José Manuel Molina, presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Fecam.

El crédito, que asciende 18.152.327,19 euros se abonará, por primera vez, en su totalidad de forma anticipada y no solo el 75% como se venía haciendo hasta ahora.

Como gran novedad, por primera vez, el Gobierno abonará de forma anticipada la totalidad del crédito a los ayuntamientos y no solo el 75 % primero, y el otro 25 % una vez justificados los primeros, con lo que «se mejorará notablemente la eficacia en la gestión, facilitando el trabajo administrativo y no habrá que esperar a final de año para poder pagar a los ayuntamientos, lo que también repercute en la estabilidad de los trabajadores y en los tiempos de espera de las personas que necesitan un servicio», apunta Valido.

Ramón Trujillo, presidente de la Fecam, expresó su satisfacción por esta firma, porque «se está haciendo un esfuerzo importante para intentar paliar la situación económica que viven todavía muchas familias y tenemos que seguir trabajando coordinadamente en solucionar estos problemas».

Concretamente Gobierno y Fecam han firmado dos protocolos, el primero de ellos tiene que ver con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, por un importe de 13.231.170,48 para el mantenimiento del nivel primario del sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tiene por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándolas cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado; una segunda línea de apoyo a la Ley Canaria de Inserción, para la contratación por parte de los ayuntamientos del personal encargado de la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción y por último las prestaciones básicas a la ciudadanía.

Por lo que respecta al segundo protocolo de atención a la infancia y la familia, se destinan 4,921,232,19 euros para dar continuidad y estabilidad a los Equipos Municipales Especializados de Atención a la Infancia y a la Familia que son recursos técnicos y profesionales de naturaleza interdisciplinar y de ámbito municipal o comarcal, destinados a la atención integral de menores y familias en condiciones de exclusión o dificultad social, y cuyo objetivo es eliminar/reducir las causas que condujeron o mantienen dicha situación.

El crédito también se destina al mantenimiento de los Centros y Servicios de Día de atención a la infancia, cuyo objetivo es apoyar a las unidades familiares que por diversas circunstancias necesitan, durante el horario extraescolar y vacaciones escolares, ser auxiliados en sus tareas parentales de protección y educación.

Abono anticipado

Una vez firmados estos dos acuerdos, para que se produzca la materialización de la aportación, es preciso que cada corporación local remita a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración o de Infancia y Familia, según proceda, la solicitud de aportación dineraria suscrita por el alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento, así como la ficha de presentación de proyectos.

La aportación dineraria se abonará de forma anticipada total, de conformidad con el Acuerdo de fecha 20 de febrero de 2017 por el que se modifica el Acuerdo de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueban los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, que dispone que «se podrá establecer el abono anticipado de aportacionesdinerarias y de encomiendas de gestión, siempre que no dispongan de recursos suficientes para financiar transitoriamente la ejecución de la actividad, siendo el plazo máximo para la aplicación de los fondos anticipados el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en que se concede».

El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales ha recibido 208 alegaciones

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La Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, analizó hoy con la Asociación «Plena Inclusión» las alegaciones que esta asociación ha presentado al anteproyecto de Ley de Servicios Sociales que el Gobierno ha elevado ya al Consejo Económico y Social para su dictamen.

Valido se reúne con la Asociación «Nueva Inclusión» para analizar las aportaciones al texto del cuerpo normativo que ya se encuentra en el Consejo Económico y Social

Valido tiene como objetivo que el Gobierno envíe el texto como proyecto de Ley al Parlamento antes del verano, para lo cual está trabajando en paralelo tanto la incorporación de las alegaciones de los agentes sociales, económicos e institucionales, como los informes preceptivos necesarios para su total cumplimentación, por lo que se está reuniendo con todas aquellas organizaciones y asociaciones que tienen que ver con el ámbito social y han querido participar en este proceso de redacción «porque estoy convencida que todas las aportaciones suman y enriquecerán una ley tan importante y que tiene vocación de perdurar en el tiempo».

El CEPA de Santa Cruz coordina un proyecto europeo para facilitar la reinserción sociolaboral de personas reclusas

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El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Santa Cruz de Tenerife participa como entidad coordinadora en el proyecto europeo Calypsos, cuyo objetivo principal es proponer una estrategia de intervención socioeducativa a las instituciones regionales y nacionales europeas responsables de la educación en los centros penitenciarios, en la que se contemplen situaciones de aprendizaje innovadoras que posibiliten el incremento de las tasas de éxito escolar entre las personas reclusas.

El viceconsejero canario de Educación y Universidades, Juan Manuel Santana, subrayó que “la educación en prisiones forma parte de la educación en la diversidad y la lucha contra la discriminación”

La iniciativa, denominada Calypsos: Apoyo a la inclusión social, a las necesidades específicas de apoyo educativo y la mejora de competencias básicas para personas reclusas de Europa, se enmarca en la convocatoria del año 2016 del programa Erasmus +. En este contexto, Calypsos se configura como una asociación estratégica de desarrollo e innovación que tiene como socios a tres países: España, Italia y Portugal.

El viceconsejero de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, fue el encargado este mañana de inaugurar el seminario de presentación del proyecto que se celebra entre hoy y mañana en el Hotel Taburiente de Santa Cruz de Tenerife, y en el que participan ocho entidades europeas, entre ellas, la Universidad de La Laguna (ULL), así como la universidades de Almería, Do Minho, en Portugal, y La Sapienza, en Roma, además de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través del Centro Penitenciario de Santa Cruz de Tenerife, y otras tres entidades como son Plena Inclusión Canarias, ADIS Meridianos de Sevilla y el Instituto degli Innocenti de Florencia.

Santana estuvo acompañado por los directores generales de Formación Profesional y Educación de Adultos y de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del departamento autonómico de Educación, Manuel Jorge y Juan Rafael Bailón, respectivamente, así como por la vicerrectora de Internacionalización de la ULL, María del Carmen Rubio, y por el director del Establecimiento Penitenciario de Tenerife, Juan José Martínez. En su intervención, el viceconsejero de Educación y Universidades subrayó la relevancia del proyecto Calyspos, «lo que viene avalado por el gran número de socios participantes, entre los que destacó la importante labor de coordinación que desempeña el CEPA de Santa Cruz de Tenerife y la participación también de la Universidad de La Laguna, junto a otras universidades europeas».

Canarias, en la internacionalización del conocimiento

En este sentido, Santana aseveró que el programa Erasmus + «ha favorecido enormemente la colaboración internacional, tanto entre los docentes, entre el alumnado, y entre las propias instituciones de diferentes partes de Europa, con el fin de potenciar el conocimiento compartido que es clave para lograr la consecución de los objetivos». Así, recordó cómo Canarias ha ido incrementando en los últimos años su participación en este programa europeo, «convirtiéndose en 2016 en la quinta Comunidad Autónoma de España con más proyectos adscritos al programa Eramsus +, según el informe publicado por el Servicio Español para la Internacionalización Educativa (SEPIE). De esta forma, argumentó, con 103 proyectos seleccionados, el Archipiélago se coloca entre las comunidades con más participación en este programa con un presupuesto global de 8.279.883 euros que permite desarrollar los citados proyectos».

En concreto, señaló Juan Manuel Santana, «este proyecto que hoy presentamos y que apoyamos decididamente desde el Gobierno de Canarias, permitirá facilitar la reinserción laboral de la población reclusa, desde un ámbito experimental y de conocimiento científico, con estrategias educativas novedosas que tengan aplicabilidad también en otras instituciones de Europa y con la creación de itinerarios educativos coherentes con las necesidades específicas de estas personas».

Pero, además, aseveró el viceconsejero, «el proyecto implica una necesaria innovación en los postulados sobre la educación en prisiones, en la medida en que la considera una faceta más de la educación en la diversidad y la lucha contra la discriminación y la segregación de las personas reclusas».

Por su parte, la vicerrectora de Internacionalización de la ULL, María del Carmen Rubio, manifestó que para la institución académica supone «un orgullo participar en un proyecto de colaboración del que se van a beneficiar, tanto la población reclusa, como los docentes y las propias instituciones, pues cuanto más multidisciplinares sean los equipos de trabajo, más enriquecedores serán los resultados».

Asimismo, el director del Establecimiento Penitenciario de Tenerife, Juan José Martínez, hizo hincapié en que el fin de la Administración Penitenciaria «no es únicamente la custodia y retención de los reclusos sino también su reinserción social, por lo que la educación es una herramienta primordial». En ese sentido, destacó «el trabajo realizado por los profesionales del propio centro penitenciario, de los CEPA y de la Universidad. Ellos han comenzado el camino y con proyectos como éste podremos contribuir a detectar las necesidades específicas de formación que presenta esta población», concluyó.

Nuevas estrategias socioeducativas

El proyecto Calypsos trata de comprometer a los llamados stakeeholders, es decir a los profesionales vinculados a la educación en prisiones de los países comunitarios, a través de actividades de alto impacto y visibilidad que generen sensibilización, con el fin de incrementar esta tasa de éxito escolar entre las personas reclusas y de facilitar la inserción social y laboral del alumnado recluso, a través de estrategias educativas que mejoren su éxito escolar.

Otro de los factores innovadores del proyecto es la integración de la investigación científica en materia de neurociencia con la investigación, acción educativa para elaborar un producto que, de un lado, dé una sólida validez científica a los argumentos empleados y, de otra, ofrezca alternativas a los stakeholders vinculados a la educación en prisiones para mejorar el éxito escolar.

Además, se trata de dar visibilidad al proyecto y transferirlo a otros países europeos para lograr el mayor impacto y difusión de sus resultados. Para ello es necesario sensibilizar, concienciar y comprometer a los responsables de la intervención educativa en los centros penintenciarios de los países de la UE. Ello tendrá como consecuencia una mejora adaptación del currículo y del aprendizaje de competencias clave entre la población reclusa de los países europeos, lo que revertirá en una mejora de los resultados académicos y del éxito escolar. Este factor será esencial para que muchas personas que hayan cumplido su condena y salgan en libertad tengan más oportunidades de reinserción social e integración laboral.

Como resultado del proyecto, que tendrá una duración de 27 meses, se prevé obtener un documento titulado «Orientaciones y estrategias de intervención e innovación socioeducativa para incrementar las tasas de éxito escolar entre personas reclusas en los países de la UE».

Beneficiarios del proyecto

El primer grupo beneficiario al que va dirigido el proyecto de la asociación estratégica Calypsos es el de las reclusas y reclusos de los centros penitenciarios europeos que se forman, a través de los CEPA, para obtener una titulación equivalente al Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO) que les permita insertarse social y laboralmente. En este colectivo, se presta especial interés a las mujeres reclusas y los jóvenes con medidas de Justicia Juvenil, por lo que se tienen en cuenta las políticas de igualdad establecidas por la UE.

El segundo grupo beneficiario al que va dirigido el proyecto es del del personal docente, agentes educativos, expertos y profesionales y técnicos de instituciones penitenciarias. Este personal apoya, forma y orienta a las reclusas y reclusos de los centros penitenciarios europeos para que obtengan una titulación que les permita insertarse social y laboralmente.

El tercer grupo beneficiario es el de las instituciones regionales, nacionales y comunitarias que tienen responsabilidades en la formación y educación de la población reclusa. Éstas instituciones, junto con las ONG, han mostrado su interés y compromiso con los objetivos planteados, lo que permitió la puesta en marcha de la asociación estratégica Calypsos.

Políticas Sociales apoya el sostenimiento de un proyecto para cubrir necesidades básicas en Jinámar

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige la también vicepresidenta Patricia Hernández, ha concedido una subvención de 5.000 euros al proyecto «Cobertura Social Básica en Jinámar», con el objetivo de hacer frente a gastos imprescindibles para cubrir necesidades básicas de las familias en esa zona de la isla de Gran Canaria.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda otorga una subvención a la Asociación de Ayuda Guaxaira Aguax para un proyecto que da cobertura a necesidades básicas, evitando situaciones de exclusión social en las familias

El programa, que lidera la Asociación de Ayuda Guaxaira Aguax, se lleva a cabo para atender situaciones de extrema necesidad de familias que se encuentran en situación de urgencia social y que carecen de medios suficientes para hacer frente a los gastos imprescindibles para cubrir necesidades esenciales, tales como alimentos, productos básicos o sanitarios, entre otras.

Al mismo tiempo, esta asociación trabaja con la comunidad para poner en marcha medidas preventivas que eviten la cronificación de esas situaciones de exclusión social, dando cobertura a un total de 1.200 personas.