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El CGPC investiga en Tenerife a tres personas de un núcleo familiar por la presunta sustracción de un menor

El CGPC investiga en Tenerife a tres personas de un núcleo familiar por la presunta sustracción de un menor

El servicio se inició por requerimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la gravedad de los hechos

Ya el año pasado, la Unidad Operativa de Menores y Familia de la Policía Autonómica actuó con esta misma familia y la intervención policial derivó en la asunción de la tutela por parte del Gobierno de Canarias

Tras solicitar los agentes a la autoridad judicial una entrada domiciliaria, con la única finalidad de extraer al menor del círculo familiar, por la negativa de los miembros de la familia a entregarlo, este fue reintegrado al centro

Miembros de la Unidad Operativa de Menores y Familia (UOMF) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) investigan en Tenerife a tres personas de una misma familia por la presunta sustracción de un menor, tras haber realizado diferentes actuaciones policiales con dicha familia, sin que se llegara a un resultado satisfactorio.

Así, en la mañana de ayer, los miembros de dicha unidad procedieron a la imputación de tres personas, concretamente, la madre del niño, así como los abuelos maternos de este; todos, por un presunto delito de sustracción de menores, al haberlo retenido incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución administrativa.

El menor afectado ha sido reintegrado al centro de protección que tiene encomendada su guarda, tras solicitar los agentes a la autoridad judicial una entrada domiciliaria con la única finalidad de extraerlo del círculo familiar, y ante la negativa a entregar el menor de los miembros de la familia.

Según fuentes policiales, el servicio se inició por requerimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la gravedad de los hechos.

Dichas fuentes han afirmado que los hechos ponen de manifiesto conductas por parte de la familia indiciarias de un delito de sustracción de menores, quedado policialmente acreditado que la familia, aprovechando que el menor tenía un permiso de estancia con aquella, no procedió al reingreso de aquel al centro de protección que tenía encomendada su guarda.

Cabe destacar que el año pasado, ya dicha unidad actuó con esta misma familia, y la actuación policial derivó en la asunción de la tutela por parte del Gobierno de Canarias, la cual sigue manteniendo, y por la cual el menor debía ser reintegrado.

Las diligencias policiales han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción conocedor de la causa.

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El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

Esta acreditación sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los ocho centros de España que pueden impartir esta formación lo que facilita que los médicos forenses continúen después en las islas

También se ha anunciado la habilitación, dentro del IMLCF Las Palmas, de un espacio dedicado a víctimas especialmente vulnerables como los menores, a los que se proporciona un espacio amigable adaptado al niño, niña o adolescente, denominado Casa de la Infancia

Esta actuación forma parte del proceso de humanización de la justicia promovido por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de esta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado este viernes, junto con su homólogo de Sanidad, Blas Trujillo; y la directora y subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, María José Melián y Eva Bajo, respectivamente, la acreditación del IMLCF de Las Palmas como unidad docente responsable del programa de Médico Interno Residente (MIR) para la formación de los médicos especializados en Medicina Forense.

Esta acreditación, que se ha logrado tras un proceso complejo, que ha requerido un importante trabajo, sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los 8 centros dentro de España donde se puede impartir esta formación MIR, (Barcelona, Murcia, Zaragoza, Albacete, Burgos, Bilbao y Cáceres), al poder acoger a un residente por año.

La Medicina Forense es una especialidad médica creada en 2020, que requiere que los IMLCF, para poder impartir esa formación a los MIR, se acrediten frente a Sanidad aportando un proyecto formativo y acreditando el cumplimiento de una serie de estándares de calidad.

Además, esta acreditación sitúa a estos centros no solo como unidades de apoyo fundamental a la actividad judicial, con la elaboración de pruebas periciales, sino como centros de formación e investigación, lo que redunda en la calidad y excelencia de su labor.

Julio Pérez ha explicado que el hecho de poder formar a los MIR es una señal importante sobre la calidad formativa de las instalaciones del IMLCF de Las Palmas, similar a las grandes instalaciones hospitalarias, que es donde habitualmente se lleva a cabo, y ha agradecido al Ministerio de Sanidad la acreditación.

Blas Trujillo ha destacado el esfuerzo del IMLCF de Las Palmas para acreditar la formación MIR de especialistas en Medicina Forense, lo que ha permitido que este IMLCF sea uno de los ocho que existen en España con acreditación del Ministerio de Sanidad. Para ello, ha dicho, se ha firmado un convenio con el SCS para la rotación de los MIR en los hospitales del Servicio Canario de Salud (SCS) durante su periodo formativo de cuatro años.

La directora del IMLCF de Las Palmas ha agradecido al equipo de la Consejería de Sanidad los logros de esta legislatura y se ha referido a la sala de autopsias nivel de bioseguridad, a la colaboración con los centros sanitarios y a la acreditación presentada hoy, que va a permitir el relevo generacional con médicos especialistas formados en el propio IMLCF de Las Palmas. A su juicio, la unión entre Sanidad y Justicia debe estar siempre. Por su parte, Eva Bajo, ha hecho hincapié en que esta acreditación supone un impulso para el IMLCF de Las Palmas.

Casa de la Infancia

Julio Pérez ha mostrado también, a través de una visita a sus instalaciones, la finalización de la obra de la Casa de la Infancia del IMLCF de Las Palmas, una iniciativa promovida desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro de su labor de humanización de la justicia como vía de mejora de su calidad y con el objetivo de aportar más valor y alcanzar la excelencia, que se sustenta en la eficiencia y eficacia de todos los procesos.

Dentro de ese proceso de humanización de la justicia se encuentra la adaptación de los espacios judiciales en los que se trata con víctimas vulnerables a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos.

Sin duda, cuando una persona ha sido víctima de una grave agresión afloran unos sentimientos de vulnerabilidad extrema, casi imposible de soportar. Ese daño se revive durante todo el proceso judicial de manera reiterada. Por ello, necesitamos de toda nuestra capacidad para que el resultado de este proceso judicial sea un éxito compartido para todas las personas implicadas, que van desde las víctimas y sus familiares, hasta los profesionales que trabajan en este ámbito. Y muy especialmente en el caso de menores.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estas instalaciones deben ser un ejemplo, un faro que ilumine el camino a seguir por otros juzgados, como han hecho recientemente en Valencia, al copiar las que hay en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha resaltado, además, que se ha hecho con unos presupuestos modestos, muy manejables.

Blas Trujillo ha valorado el trabajo de todos los que han hecho posible este espacio amigable, un proyecto referente, en su opinión, calificativo que ha compartido María José Melián, que lo ha puesto como ejemplo para la atención de la infancia en toda España.

La subdirectora del IMLCF de Las Palmas ha señalado que la Casa de la Infancia es un modelo público en el que está todo integrado, una actuación innovadora, donde las instalaciones llevan aparejado un proyecto de investigación y atenciones. Se trata de una experiencia novedosa de la que está pendiente mucha gente fuera.

Tanto en la presentación de la acreditación docente como en la visita de las instalaciones de la Casa de la Infancia han estado presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y el director del IMLCF de Tenerife, Jesús Vega.

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El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

Establecen los protocolos a seguir para continuar realizando autopsias y otros servicios mediante el uso de las instalaciones del centro sanitario palmero

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, subraya el interés por alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurando el desarrollo básico de las tareas y la reducción de los tiempos

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, destaca la importancia de la medida, pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, ha visitado esta semana, junto con el director de Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, las instalaciones del Hospital Universitario de La Palma que el Servicio Canario de la Salud viene cediendo, para el desarrollo de actividades propias del Servicio de Patología Forense, colaboración que ahora se ha formalizado a través de una resolución conjunta suscrita por la propia Ceballos y la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández.

Esta resolución establece el procedimiento de actuación entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (IMLCF-TF), adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma del Servicio Canario de la Salud, para formalizar la cooperación que viene prestando el Hospital Universitario de La Palma a la realización de autopsias, autorizando a dicho instituto el uso de zonas de autopsias y servicios asociados.

En ella se plasma también que, en los supuestos excepcionales en los que no pueda desplazarse a La Palma personal auxiliar adscrito al IMLCF-TF, para realizar autopsias con el médico forense, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma facilita la disposición de una persona técnica en anatomía patológica que realice las funciones de auxiliar de autopsias con disponibilidad horaria para la práctica de las autopsias judiciales, lo que permite reducir los tiempos.

Durante la visita al centro sanitario de La Palma, Ceballos ha apuntado el interés, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de “alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurándose el desarrollo básico de las tareas”.

En este sentido, y con el fin de adecuar las instalaciones del hospital a las nuevas necesidades, se ha comprometido a iniciar el procedimiento para adquirir cuatro cámaras de conservación de cadáveres, así como una campana extractora para manipulación de formol, que serán instaladas en el Hospital Universitario de La Palma, y que, junto a las cuatro cámaras existentes actualmente, serán de uso compartido por parte de dicho hospital y el servicio de patología forense del IMLCF-TF.

Asimismo, Ceballos se ha referido al protocolo de recogida, entrada y salida de cadáveres, así como su custodia, en el IMLCF-TF en la isla de La Palma, que refuerza las garantías legales en la práctica de las autopsias.

Por su parte, el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha resaltado la importancia de esta resolución conjunta, “pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla, tanto por las mejoras en equipamiento técnico como por el apoyo que los profesionales sanitarios de La Palma prestarán a los trabajadores del Instituto de Medicina Legal cuando no se puedan desplazar a la isla”.

A la visita al Hospital Universitario de La Palma han asistido también el director del IMLCF-TF, Jesús Vega; la directora de Gestión y Recursos Generales del Área de Salud de La Palma, Raquel Alonso; la directora médica de Atención Hospitalaria, Diheva Fernández; y el director de enfermería de Atención Hospitalaria, Javier Jerónimo.

 

Conviene recordar, por último, que el IMLCF-TF tiene como misión asesorar y auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil de los partidos judiciales de su ámbito de actuación, mediante la práctica de pruebas periciales, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio. En esta línea, el Servicio de Patología Forense, como órgano de funcionamiento del IMLCF-TF, tiene encomendadas las funciones de investigación médico-legal, y efectuó 46 autopsias en La Palma en 2022, con un tiempo medio de realización de 24 horas.

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Julio Pérez: “La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias trata de cumplir la ley: con rigor y sin rencor”

Julio Pérez: “La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias trata de cumplir la ley: con rigor y sin rencor”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que cumple los mandatos de la ley canaria de Memoria Histórica y la estatal de Memoria Democrática para lograr los fines fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición

Señala que es un plan con un conjunto ordenado de 33 proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, con una metodología que trata de asegurar la corrección técnica y con propuestas concretas que tienen definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento

Confía en que sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido y odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este lunes en el Parlamento de Canarias que la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es un conjunto ordenado de proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, para cumplir los mandatos de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática, y para alcanzar, con rigor y sin rencor, los fines y propósitos fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición.

 

Julio Pérez, que ha presentado este documento en la Cámara autonómica, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha resaltado que las actuaciones del Gobierno de Canarias en esta materia, en aplicación de las leyes, podrían ser resumidas en un breve lema “con rigor y sin rencor”, pues, en su opinión, de no ser así, no podrían alcanzarse ni buscarse los objetivos de verdad y de justicia, especialmente.

Durante su intervención se ha referido al marco legal que sustenta esta Estrategia –Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista y Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática–, y a alguna de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la presente legislatura, cono la aprobación del reglamento y la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, el protocolo de fosas, el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife y el inicio de otros catálogos.

Ha insistido en la metodología utilizada para elaborar este plan, que trata de asegurar la corrección técnica, como queda constatado en sus páginas 8, 9 y 23, el análisis que se ha desarrollado de los trabajos realizados en otras comunidades autónomas, para identificar sus buenas prácticas y tendencias, y que el documento recoge propuestas concretas de proyectos concretos, con definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento, ya que, tal y como establece la ley, la estrategia requiere una evaluación bianual.

Se ha referido, igualmente, a su la naturaleza ordenada y sistemática de las actuaciones, enmarcadas dentro de tres objetivos, siete líneas estratégicas, dieciséis líneas operativas y 33 proyectos, y ha hecho hincapié en la atención pormenorizada que se presta a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano, como la comunidad LGTBIQA+.

Julio Pérez ha enumerado alguno de los 33 proyectos que recoge la estrategia, destacando el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha mostrado su confianza en que este documento sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido ni de odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia. Para ello, ha considerado que la educación y la divulgación deben constituir el eje fundamental.

 

En respuesta a alguno de los diputados que han participado en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, ha aclarado que esta no es una estrategia para este Gobierno, pues su periodo de aplicación son los dos próximos años, ni tampoco se trata de una política de una ideología determinada pues parte de la neutralidad y es fruto de la participación de muchas personas, más de 400 solo en el periodo abierto en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

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El Gobierno incluye en las OEP extraordinarias de estabilización las 24 plazas de Justicia excluidas

El Ejecutivo canario estima los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tras el informe del Comité Jurídico Asesor

Entiende que se dan los presupuestos para la estabilización de dichas plazas dentro de la Administración General de la CAC

Salvo un caso, todas estas plazas llevan ocupadas por la misma persona desde hace 15, 17, 18 o 22 años

Se trata de 23 plazas de larga duración –tres del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, seis del Cuerpo Administrativo y catorce del Cuerpo Auxiliar–, y una de corta duración del Cuerpo Auxiliar

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tras el informe del Comité Jurídico Asesor, dos decretos por los que se estiman los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se incluyen, en las ofertas extraordinarias de empleo público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 24 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes y que habían quedado excluidas.

En el primero de los decretos, el Gobierno de Canarias estima el recurso interpuesto por una trabajadora contra el Decreto 114/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incorpore en esta oferta extraordinaria una plaza del Cuerpo Auxiliar.

La recurrente viene prestando servicios como funcionaria interina y con una antigüedad desde el 3 de octubre de 2016, ejerciendo las funciones propias del Cuerpo Auxiliar en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que se consideraría de corta duración.

A través del segundo decreto, el Ejecutivo estima los recursos interpuestos por personal temporal al servicio de la Administración de Justicia contra el Decreto 115/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal de larga duración en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incluyan 23 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes: tres del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General; seis del Cuerpo Administrativo; y catorce del Cuerpo Auxiliar.

Este personal viene prestando servicios como funcionarios interinos y con una antigüedad anterior al 1 de enero de 2016 en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que serían calificados de larga duración. Todos ellos desde hace 15, 17, 18, 19 o 22 años.

A juicio de los recurrentes, de conformidad con una interpretación material y no formal de la Ley 20/2021, en función de la cual se interpreta el concepto plaza como aquellas relativas a funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria, y del normal funcionamiento de la Administración de que se trate, y concurriendo el resto de requisitos establecidos en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 2.1, se darían los presupuestos para la estabilización de dichas plazas dentro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que viene precedido de informes emitidos por parte de las direcciones generales de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Función Pública, las viceconsejerías del Servicio Jurídico y de Justicia, y del Consejo Jurídico Asesor, se sustancia en que la Ley 20/2021 establece la obligación de ofertar las plazas que sean de naturaleza estructural, estén dentro o fuera de las relaciones de puestos de trabajo, y si no se estimasen los recursos se estaría incumpliendo el mandato legal de la Ley 20/2021.

Según el Gobierno canario, cuando dictó los decretos 114/2022 y 115/2022, de 20 de mayo, se desconocía que las plazas objeto de recurso no se ofertarían en la OEP de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo), al entenderse que los mismos no realizan funciones estructurales ni recurrentes dentro de la Administración de Justicia.

En su opinión, no hay duda de que tanto la primera recurrente ha estado ocupando y ocupa plaza con carácter temporal de forma ininterrumpida, desde el 3 de octubre de 2016, como que el resto lo hace con anterioridad a 1 de enero de 2016 (disposición adicional sexta) o que han estado ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016 (disposición adicional octava).

Además, las plazas señaladas están dotadas presupuestariamente en las cuentas del ejercicio 2022 aprobado por la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, en el Capítulo 1 del Personal de la Administración de Justicia gestionado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, según consta en el certificado de la jefa de Sección de Control de Gasto de Personal de la Administración de Justicia de Canarias de la citada dirección general.

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Julio Pérez impulsa la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Justicia para analizar la propuesta elevada desde Canarias, que tiene el apoyo de los dos municipios, los operadores jurídicos públicos y privados y el informe favorable del TSJC

El objetivo, según Julio Pérez, es lograr que la Administración de Justicia sea un servicio público más accesible y ágil a través de estructuras organizativas más eficientes, flexibles e innovadoras

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, con el propósito de dar un impulso a la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. Ambos han analizado la propuesta elevada desde Canarias para alcanzar este objetivo, que cuenta con el apoyo tanto de estos dos municipios como los de la mayoría del norte de la isla de Tenerife y de los operadores judiciales públicos y privados, además del informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En la citada propuesta, se insta al Ministerio de Justicia a modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, al objeto de unificar los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. En la actualidad, el partido judicial de la Orotava, que abarca un total de seis municipios –La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la Rambla–, está integrado por cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 tiene asumida, además, la competencia de violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.

Por su parte, el partido judicial de Puerto de la Cruz, que cuenta con un solo municipio, el que le da nombre y constituido conforme a su carácter turístico, se compone de tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El número 3 tiene asumida la competencia de violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.

La conveniencia de unificar ambos partidos judiciales, iniciativa promovida por los decanos de ambos partidos y que cuenta con el amplio respaldo de los operadores jurídicos públicos y privados, resulta de numerosas razones, según ha explicado Julio Pérez. Entre ellas, los beneficios logísticos y económicos que se derivarían de concentrar en un mismo edificio judicial los cuatro edificios existentes actualmente, y cuyas sedes se sitúan a siete kilómetros de distancia; optimizar la prestación de los servicios policiales; mejorar la tramitación procesal de los procedimientos judiciales y la posibilidad de constituir un juzgado exclusivo de Violencia de Género, que abarcaría la mayor parte del norte de la isla de Tenerife, necesario por el volumen de asuntos de esta naturaleza que proliferan en ambos partidos judiciales, y la posibilidad de una atención más adecuada y especializada a las víctimas de los delitos ubicados en dicho ámbito.

Analizando la carga de trabajo de cada uno de los partidos judiciales y teniendo en cuenta que la Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, dispone que, para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción el módulo de entrada sería de 680 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 1.000 anotaciones penales por órgano y año.

Conforme a este baremo, desde el año 2019 la evolución de la carga de trabajo ha sido, en los cinco juzgados del partido judicial de La Orotava, 739 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 988,80 asuntos penales. Destaca la jurisdicción civil, donde existe una patente superación del módulo en más de un 8%.

Similares datos ofrece el ejercicio 2020 (con las particularidades que el mismo presente por el Covid-19), en el que los cinco juzgados del partido judicial de La Orotava ingresaron 784,80 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 825,60 asuntos penales.

Los tres juzgados del partido judicial de Puerto de la Cruz ingresaron, en el ejercicio 2019, 459 asuntos civiles, incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 938,67 asuntos penales. En el año 2020, ingresó cada juzgado 526 asuntos civiles (superior al anterior año) y 637 asuntos penales (inferiores al ejercicio anterior probablemente por excepcionales circunstancias derivadas del Covid-19).

En el 2021, el partido judicial de Puerto de la Cruz ingresó 663,67 asuntos civiles y 804,67 asuntos penales, y el partido judicial de La Orotava, 1044,80 asuntos civiles y 1499,80 asuntos penales (incluidos los asuntos de violencia sobre la mujer en ambos casos).

El consejero ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Administración de Justicia y en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia de “informar sobre la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales de Canarias, así como su capitalidad en los términos que fije la legislación estatal. A tal efecto, se tendrán en cuenta, entre otros criterios, las peculiares características geográficas de Canarias derivadas de la insularidad, así como la densidad poblacional y la cercanía a los municipios de especial actividad turística”.

En este sentido, ha detallado que nuestra norma estatutaria dispone en el artículo 91, en relación con la demarcación y planta judiciales, que “el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, al menos cada cinco años, previo informe del Consejo de Justicia de Canarias, podrá proponer al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judiciales en Canarias. Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales. Igualmente, informará sobre la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales, así como de su capitalidad, en los términos establecidos en la legislación del Estado”.

Igualmente, establece que “las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Por último, señala que “la capitalidad de las demarcaciones judiciales se fija mediante ley del Parlamento de Canarias”.

El consejero ha advertido, no obstante, de que, teniendo en cuenta la legislación reseñada, al objeto de concretar el procedimiento a seguir y los trámites necesarios para concretar la propuesta de unificación o fusión planteada, esta no implica la creación en sentido estricto de un partido judicial, sino la supresión de un partido judicial y la consiguiente ampliación de la circunscripción territorial de otro partido judicial que ya tiene fijada su capitalidad en el municipio de La Orotava, del que adopta su denominación.

Por ello, en aras de la agilidad y economía procesal, bastaría la modificación del anexo I de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de Relación de términos municipales agrupados por partidos judiciales.

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Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

El órgano de gobierno de los jueces otorga a este juzgado uno de los X Premios Calidad de la Justicia, por garantizar de forma más eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños y adolescentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su satisfacción porque se reconoce la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha trasladado su felicitación al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, y al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, por el galardón concedido a este órgano judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Julio Pérez ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento del CGPJ a la labor llevada a cabo a través de este proyecto, puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento, en lo que se refiere a medios humanos y materiales, y de forma especial a través del trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, como apuntó recientemente el propio Tomás Martín, con motivo de la presentación de la Guía de actuación del propio Juzgado.

El galardón del CGPJ, uno de los Premios Calidad de la Justicia de esta edición, en concreto a la Justicia más accesible, distingue al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de la capital grancanaria por constituir “una iniciativa pionera que ha logrado garantizar de forma eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños, niñas y adolescentes”. Para ello, según explica el jurado, se han dedicado instrumentos y recursos que “facilitan el acceso a la justicia de los y las menores víctimas de violencia, generando espacios de tranquilidad, confianza y seguridad en la realización de las actuaciones judiciales que evita su victimización secundaria”.

Entre los principales hitos de este proyecto figuran la creación de una sala Gesell telemática, la creación de una unidad de valoración forense integral, la incorporación de un dispositivo móvil de video grabación para la práctica de pruebas constituidas, protocolos de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado o la puesta en marcha del programa “Vente con tu mascota”, junto con el uso del “kit de bienvenida” para la práctica de citaciones judiciales.

Julio Pérez ha insistido en la importancia de esta iniciativa, cuyas actuaciones han permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes a lo largo del último año, porque ha demostrado, en opinión del consejero, que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho.

A su vez, ha hecho hincapié, citando el texto de la Memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”, y ha defendido que, como proyecto ejemplar, en el sentido literal de la palabra, “debemos proponernos, entre todos, extender el modelo a otros partidos judiciales”.

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Gobierno y TSJC analizan sus líneas de cooperación y colaboración

Gobierno y TSJC analizan sus líneas de cooperación y colaboración

Ambas instituciones repasan la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas

De igual modo, revisan los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados

El Palacio de Congresos de Fuerteventura ha acogido esta semana la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), encuentro que ha estado encabezado por el titular de este departamento, Julio Pérez, y el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo.

En la reunión, en la que se ha examinado la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año, para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas, y se han revisado los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados, han participado, por parte del Gobierno canario, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano; y la jefa de servicio de la Dirección General de Relaciones con la Justicia, Socorro Robador.

Por parte del TSJC han estado presentes también el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Hernández; el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya; la magistrada-jueza decana del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado; la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Mónica García; la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo; y la titular del Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, Raquel Alejano.

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Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados de Puerto del Rosario es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que, de este modo, “las raíces en la isla de los jueces y juezas y de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales pueden ser más profundas”

Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se trata de una “reivindicación histórica”, ya que desde el año 2009 no se había realizado esta acción en ningún partido judicial

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, considera que se trata del primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura

Sergio Lloret, presidente del Cabildo majorero, indica que con esta medida se da un gran paso en la isla, pues se proporciona estabilidad al personal de Justicia, lo que se va a traducir en un funcionamiento más ágil

El nuevo edificio judicial, señala Julio Pérez, es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.

Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.

Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura. En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente. “Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.

En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias. Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.

El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.

Una medida justificada

El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.

Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.

Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial. Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.

El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.

El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”. A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.

Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”. Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.

“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.

Todos los esfuerzos posibles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.

De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura. Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas. En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense. Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.

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Julio Pérez: “Más dinero –406 millones en 2023– es también más responsabilidad y gestionarlo, un mayor reto”

Julio Pérez: “Más dinero –406 millones en 2023– es también más responsabilidad y gestionarlo, un mayor reto”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pone el acento en la importante responsabilidad de su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía

El presupuesto de esta consejería para el próximo año aumenta un 12,6% respecto a 2022 y un 33,5% en relación a 2019

Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, con el objetivo de ser un servicio público más accesible y eficiente

En el área de Administraciones Públicas y Transparencia, con 122.108.729 euros, destaca la estabilización del empleo público, la mejora de la atención a la ciudadanía y de la conectividad de los centros públicos, así como la simplificación de los procedimientos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado esta semana, en el Parlamento de Canarias, el proyecto de presupuestos elaborado por su departamento para 2023, unas cuentas que ascienden a 405.958.640 euros, un 12,6% más que el año pasado, y que, en su opinión, suponen “una mayor responsabilidad –más dinero, más responsabilidad–, y un desafío, porque cada vez es más importante ser capaz de cumplimentar las aspiraciones de los presupuestos y producir resultados que sean tangibles, apreciables, duraderos y no reversibles”.

Durante su intervención en la comisión de Presupuestos de Hacienda, Julio Pérez ha puesto el acento en la enorme responsabilidad que tiene su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía, que es mayor más en los actuales momentos de incertidumbre por falta de confianza en el futuro, situación a la que han tratado de hacer frente los empleados y las administraciones públicas.

Según ha explicado, estas cuentas, que registran un incremento del 33,5%, con respecto a las consignaciones de 2019, tratan de consolidar los grandes ejes que se marcó la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al inicio de la legislatura: transformación digital, evaluación de los servicios públicos basada en datos, estabilidad del empleo público, dirección por objetivos, transparencia y participación ciudadana, además de la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la acción política y presupuestaria.

Julio Pérez ha indicado que el área de Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, un 5,85% más que en 2022 y un 15% más que en 2019, con el objetivo principal de que sea más accesible y eficiente. Con este propósito, sus programas presupuestarios responden al desafío de lograr una tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica, además de ofrecer unos servicios de calidad en la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita.

En este sentido, ha destacado la consolidación del incremento del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, con una partida de más de 23 millones de euros; el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, con casi 150.000 euros y el crédito que se generará por la transferencia del Consejo Territorial de Memoria Democrática; los Puntos de Encuentro Familiar, 920.000 euros, completados con fondos adicionales aportados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; el plan de infraestructuras, con más de seis millones de euros, para nuevos órganos judiciales y la mejora y ampliación de los actuales; y la estrategia de transformación digital para la modernización de la Administración de Justicia, que junto a las aportaciones propias de casi tres millones de euros incorpora tres millones y medio de euros más de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Administraciones Públicas y Transparencia

El área de Administraciones Públicas y Transparencia, cuyo presupuesto asciende a 122.108.729 euros, un 24,74% más que en 2022 y un 61,9% más que en 2019, tiene, entre otros objetivos, la estabilización del empleo público y la reducción del exceso de temporalidad, para lo cual en 2023 se desarrollarán los procesos de selección de personal funcionario en ejecución de las OEP 2019, 2020, 2021 y 2022, y las dos OEP extraordinarias para la estabilización de empleo temporal –3.499 puestos de trabajo–, el impulso del Gobierno Abierto y el buen gobierno y la mejora de la ciberseguridad en la Administración Pública.

El consejero ha destacado partidas como el Sistema Integral de Atención No Presencial al Ciudadano, el muy conocido y utilizado servicio telefónico 012, con 23.663.388 euros, que incorpora nuevas funciones; la mejora de la conectividad de 500 centros públicos de referencia, incluidos centros educativos y de salud, con 7.350.902; y la simplificación y racionalización de procedimientos, financiado con fondos MRR.

Igualmente, ha advertido del incremento registrado en Transparencia y Participación Ciudadana, debido a los gastos ocasionados por el proceso electoral del próximo año, que ascienden a más de seis millones de euros, y ha llamado la atención sobre el incremento del 22,74% de la partida del Fondo Canario de Financiación Municipal, hasta alcanzar los 358.805.079 euros.

Mención especial ha tenido para Seguridad y Emergencias, con un presupuesto de más de 53 millones de euros, un 20,79% que en 2022 y un 75,3% más que en 2019, y con un buen número de actuaciones financiadas con fondos propios, el alquiler de helicópteros multifuncionales, por ejemplo, y fondos Next Generation REACT-EU, la adquisición de vehículos contraincendios.

El proyecto de presupuestos recoge también el despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias a la incorporación de nuevos efectivos, el perfeccionamiento del programa HIPATIA, dentro del área de Relaciones con el Parlamento, la culminación de la implantación del expediente electrónico en los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y un incremento de más de un 11% de los fondos destinados a la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos  a través del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP).

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