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Turismo precisa que el informe de la CNMC no cuestiona la Ley del Uso Turístico de Viviendas

La Ley 6/2025, que regula el uso turístico de viviendas, mantiene hasta el 31 de julio de 2027 el plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada en los supuestos contemplados por la norma

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias considera necesario aclarar las informaciones difundidas en relación con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la regulación de las viviendas vacacionales en Canarias.

En este sentido, la CNMC no cuestiona ni va en contra de la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. El régimen establecido por la nueva norma está amparado por la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), también en lo relativo a la declaración responsable y a los plazos establecidos para el ejercicio de la actividad.

La Consejería recuerda que las viviendas vacacionales que ya venían ejerciendo la actividad y se encuentran en los supuestos previstos por la normativa vigente disponen hasta el 31 de julio de 2027 para presentar la comunicación previa de actividad clasificada en los supuestos contemplados por la norma.

La Consejería continuará facilitando información actualizada sobre la aplicación de la normativa y sobre los procedimientos y plazos previstos para las viviendas vacacionales.

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Turismo lidera reuniones con los ayuntamientos canarios para ayudarles a implantar la Ley del vacacional

La Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística ha celebrado hoy un encuentro técnico-político con los ayuntamientos de Fuerteventura para analizar los criterios y herramientas de ordenación de las viviendas vacacionales

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, continúa con su hoja de ruta para facilitar la implementación de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda. En este contexto, hoy se ha celebrado en Fuerteventura, a petición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, una reunión política y técnica coordinada con los seis municipios de la isla para resolver dudas y establecer los criterios básicos de la nueva normativa.

Durante el encuentro, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que, al haber sido siempre una competencia municipal la ordenación urbanística, son las administraciones locales las que tienen autoridad para decidir dónde y cómo se ubican las viviendas vacacionales dentro de su término municipal. «En esta reunión hemos expuesto los criterios básicos para que las corporaciones tengan las herramientas que les permitan tomar las decisiones necesarias de manera que puedan completar la ordenación del vacacional», destacó Rodríguez.

Para ello, la Consejería ha diseñado una estrategia de acompañamiento que permite a los ayuntamientos ejercer su responsabilidad de manera ágil. Rodríguez explicó que aquellas corporaciones que opten por un modelo moderado, limitando las viviendas vacacionales a un máximo del 10% de su parque total, dispondrán de herramientas simplificadas como las ordenanzas provisionales municipales.

En cambio, los municipios que decidan superar ese umbral deberán realizar un análisis más exhaustivo. «Aquellos ayuntamientos que deseen habilitar más del diez por ciento tendrán que utilizar instrumentos más complejos y, sobre todo, realizar un estudio de capacidad de carga», aseguró el director general.

Rodríguez recordó que los consistorios no están obligados a ordenar todo su territorio de forma simultánea. De hecho, la Consejería recomienda empezar por las zonas prioritarias, definiendo primero el modelo de desarrollo social y económico. «Los ayuntamientos pueden ordenar parcialmente su término municipal, empezando por aquellas zonas donde esa ordenación sea prioritaria o menos compleja para, sucesivamente, ir ordenando el resto», aseguró.

Para el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, esta reunión nace de la voluntad de los ayuntamientos por «coordinar criterios en la isla de Fuerteventura sobre la aplicación de la ley que afecta a la vivienda vacacional. Agradecemos la predisposición de la Consejería de Turismo y Empleo, a través de su director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, así como de todos los ayuntamientos a través de sus representantes técnicos y públicos para marcar esos criterios de unidad y aplicar de forma directa toda aquella regulación que afecta a la vivienda vacacional».

El objetivo final es garantizar que el crecimiento turístico no vulnere el derecho a una vivienda digna y a precio asequible. Por eso, la intención de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias es asistir a la totalidad de las administraciones locales en este proceso de transición. De hecho, este ciclo de reuniones, que ya ha pasado por Tenerife y Gran Canaria, pretende alcanzar a los 88 ayuntamientos del archipiélago.

Labores de control

Además de la planificación, otro de los puntos del orden del día que se está tratando en las reuniones con las administraciones locales tiene que ver con las labores de comprobación, control e inspección de las viviendas vacacionales. Son labores que los ayuntamientos deben liderar como responsables de la inspección en las actividades clasificadas, para asegurar la calidad de la oferta alojativa.

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El Parlamento de Canarias aprueba la primera ley que regulará la vivienda vacacional en las islas

 «Hoy comienza una nueva etapa de planificación y gestión urbanística que busca equilibrar el derecho a la vivienda de los 2,2 millones de canarios con una actividad económica que ha llegado para quedarse, pero que debe desarrollarse con orden, mesura y equilibrio en el territorio», aseguró la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León

«Esta ley define la sostenibilidad como la garantía de una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras y defiende un territorio habitable y equilibrado», señaló el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, 12 de noviembre, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015 y que regulará la vivienda vacacional en las islas.

«Por primera vez, Canarias contará con una ley que regula el alquiler vacacional, tras diez años de vigencia de un decreto que carecía de normas claras para propietarios, administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias. Hoy damos un paso importante, pero no el último, aún queda camino por recorrer en la aplicación y desarrollo de esta ley», aseguró la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

«Hoy se inicia un camino hacia la planificación, la gestión, la ordenación y la disciplina urbanística, entendiendo que el derecho a la vivienda, la función social de la vivienda a la que tienen derecho 2,2 millones de canarios, hay que equilibrarla con una actividad económica que ha venido para quedarse y que defendemos, pero con orden, con mesura y con equilibrio en el territorio», señaló De León.

«Se trata de una regulación», añadió, «que busca compatibilizar el legítimo ejercicio de esta actividad con el interés general. La ley aborda cuestiones que la ciudadanía nos ha pedido reflexionar, como los límites del territorio y de esta modalidad turística, que hasta ahora no contaba con topes cuantitativos ni cualitativos».

La consejera precisó que el articulado de la norma establece que los pequeños propietarios que cumplen con el decreto vigente podrán continuar desarrollando su actividad con normalidad, e hizo un llamamiento a todos los propietarios de viviendas vacacionales para que continúen presentando la actividad clasificada.

«Es un trámite necesario dentro del marco legal, pero perfectamente asumible en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Cumplir con este procedimiento garantiza que puedan seguir desarrollando su actividad con plena seguridad jurídica y contribuye, además, a reforzar la transparencia y la profesionalidad del sector. Con ello, avanzamos juntos hacia un modelo de turismo más sostenible, responsable y respetuoso con la convivencia en Canarias», subrayó.

En Canarias, el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,3% de ellas y el 55,5 % de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, y no por pequeños propietarios locales.

De León recordó que «no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente, y estos podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o núcleos, garantizando siempre que estas decisiones no afecten la calidad de vida de los residentes».

Con la nueva legislación, el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras que solo el 10% podrán ser de uso vacacional, y los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para poner en marcha el plan de inspección correspondiente.

Por su parte, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, indicó que «el Ejecutivo autonómico les facilitará, si así lo requieren, una ordenanza provisional estándar que permitirá agilizar este trabajo. «La norma ordena y regula, no limita, y, además, atiende a la realidad y diversidad insular», aclaró.

Miguel Ángel Rodríguez hizo hincapié en que esta ley «define la sostenibilidad como la garantía de una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras, defiende un territorio habitable y equilibrado y pone freno a la gentrificación y a la turistificación, que expulsa a los residentes y erosiona el pequeño comercio». Además, Rodríguez quiso transmitir tranquilidad a los miles de propietarias y propietarios que cumplen a día de hoy y pueden seguir operando con normalidad.

A partir de ahora, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no podrán destinarse al uso turístico. Otra de las grandes novedades de la nueva ley autonómica es que prohibirá los pseudohoteles, edificios en los que todas las viviendas son vacacionales de un gran tenedor. Además, la norma también establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran diez años desde su construcción. «Con esto se pretende garantizar el destino residencial para el que fueron concebidas evitando la especulación», afirmó Rodríguez.

La Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

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