Logo del Gobierno de Canarias

Jéssica de León: “El Gobierno de España no tiene competencias para retirar viviendas del mercado turístico”

“Ni son viviendas ilegales ni el Gobierno puede decidir si lo son o no”, subrayó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, quien hizo alusión al contenido de la carta dirigida por la ministra de Vivienda a las comunidades autónomas

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, afirmó hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que “el Gobierno de España no tiene competencias para retirar viviendas del mercado turístico, puesto que en materia de ordenación del territorio, urbanismo y turismo las tenemos las comunidades autónomas”.

Jéssica de León respondió así a una pregunta parlamentaria relacionada con el anuncio del Ministerio de Vivienda acerca de la retirada de 53.000 pisos turísticos ilegales, de los cuales 8.698 estarían en Canarias.

A este respecto, fue tajante al afirmar que “el anuncio realizado por el Gobierno de España carece de fundamento”, y subrayó que “no se ha retirado ni una sola vivienda del mercado turístico”. “Lo que ha ocurrido es que, al no obtener el número de registro en la ventanilla única digital, esas viviendas no pueden publicitarse en determinadas plataformas como Airbnb o Booking”, y puntualizó, además, que “eso no implica que dejen de ejercer su actividad turística, ni que sean ilegales”.

La consejera explicó que “afirmar que estas viviendas se incorporan automáticamente al mercado residencial o que están fuera de la legalidad es, sencillamente, engañar a la ciudadanía” y relató que esas viviendas se podrán comercializar por otras vías como páginas web propias, redes sociales, portales inmobiliarios o incluso a través del boca a boca. “Es decir, la actividad turística puede continuar, aunque con restricciones en la visibilidad digital”, indicó.

De León fue crítica con el Gobierno de España, “que ha vuelto a actuar en solitario, sin consenso con las comunidades autónomas” y señaló que “desde esta Consejería, hemos solicitado formalmente la relación completa de los 8.698 pisos detectados en Canarias a partir de las revocaciones en el registro único estatal, para poder verificar si realmente son ilegales, si han sido dados de baja voluntariamente o si, simplemente, no han completado el proceso registral”, añadió.

Carta de la ministra de Vivienda

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias hizo publica una carta recibida por parte de la ministra de Vivienda en relación con este asunto donde leyó textualmente: “Desde el Gobierno de España ponemos a vuestra disposición todos los datos para que, en el marco de vuestras competencias, podáis inspeccionar y clausurar estas viviendas”.

Jéssica de León recalcó que “el Estado está reconociendo en esta comunicación que no ha clausurado ninguna vivienda y no ha incorporado ninguna al mercado residencial”.

La consejera se refirió a un documento Excel adjunto que incluye la relación de pisos turísticos ilegales y criticó el incumplimiento flagrante del Real Decreto por parte del Estado que especifica que “las altas, suspensiones y bajas de los números de registro se notificarán de forma telemática por la Ventanilla Única Digital a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan ejercer las funciones de inspección y control establecidas en sus respectivas normativas”.

Además, la responsable de Turismo indicó que el pasado mes de julio el Gobierno de Canarias solicitó formalmente la adhesión a la Ventanilla Única Digital para la gestión telemática de altas, suspensiones y bajas del registro de viviendas turísticas, cumpliendo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto correspondiente. A pesar de esta petición, la respuesta recibida por parte del Ministerio este mes de septiembre ha sido insuficiente y se han detectado errores técnicos que han dificultado la integración efectiva.

De León dedicó a la bancada del partido socialista otro extracto de la carta donde el Gobierno de España pide “valentía para regular una actividad que colisiona con la función social de la vivienda. Os insto a que actuéis para afrontar este fenómeno”, reza el texto.

En este sentido recordó que el Partido Socialista en Canarias solicitó dos prórrogas para retrasar la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, “¿dónde está entonces su compromiso con la regulación?”, sentenció.

Además, criticó la Ley de Vivienda estatal por ser “un verdadero efecto llamada para la proliferación de pisos turísticos”.

Etiquetas

Canarias insta al Estado a modificar la Ley Estatal de Vivienda

Canarias recuerda que el Gobierno de España no es competente para regular los pisos turísticos, pero sí para modificar la Ley Estatal de Vivienda que ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, asistieron este viernes a la conferencia sectorial convocada en Madrid para abordar el auge de los pisos turísticos en el territorio nacional, una materia en la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Una de esas competencias clave que sí está en manos del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal, que desde que se aprobó en abril de 2023 ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial, debido a la inseguridad que ha generado a los propietarios.

Además, el Estado debe acometer la reforma de la Ley del Suelo que, precisamente este jueves, 23 de mayo, fue retirada en el Congreso de los Diputados por carecer de apoyos parlamentarios suficientes, un hecho que impide avanzar al país en asuntos trascendentales como el derecho a la vivienda.

Según detalló Rodríguez, desde el área de Ordenación Turística, se han presentado propuestas en positivo al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas hacen referencia, especialmente, a la propia naturaleza habitacional del suelo residencial y de la vivienda, a la necesidad de recuperar el orden natural de las cosas y el equilibrio entre el uso residencial y el eventual uso turístico.

“Lo que queremos es que se defina mejor cuál es la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve fundamentalmente a un fin habitacional”, explicó Rodríguez, agregando que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El director general señaló que más allá de las fotos y los titulares que surjan tras la reunión de hoy, espera que el Gobierno de España trabaje dentro de su marco competencial en beneficio de la ciudadanía, especialmente en aquellos lugares donde el mercado se encuentra tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, apuntando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad alojativa”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional, o la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez subrayó que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

“Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Antonio Ortega declaró que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”

En este sentido, llamó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.

Etiquetas

Canarias insta al Estado a modificar la Ley Estatal de Vivienda

Canarias recuerda que el Gobierno de España no es competente para regular los pisos turísticos, pero sí para modificar la Ley Estatal de Vivienda que ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, asistieron este viernes a la conferencia sectorial convocada en Madrid para abordar el auge de los pisos turísticos en el territorio nacional, una materia en la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Una de esas competencias clave que sí está en manos del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal, que desde que se aprobó en abril de 2023 ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial, debido a la inseguridad que ha generado a los propietarios.

Además, el Estado debe acometer la reforma de la Ley del Suelo que, precisamente este jueves, 23 de mayo, fue retirada en el Congreso de los Diputados por carecer de apoyos parlamentarios suficientes, un hecho que impide avanzar al país en asuntos trascendentales como el derecho a la vivienda.

Según detalló Rodríguez, desde el área de Ordenación Turística, se han presentado propuestas en positivo al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas hacen referencia, especialmente, a la propia naturaleza habitacional del suelo residencial y de la vivienda, a la necesidad de recuperar el orden natural de las cosas y el equilibrio entre el uso residencial y el eventual uso turístico.

“Lo que queremos es que se defina mejor cuál es la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve fundamentalmente a un fin habitacional”, explicó Rodríguez, agregando que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El director general señaló que más allá de las fotos y los titulares que surjan tras la reunión de hoy, espera que el Gobierno de España trabaje dentro de su marco competencial en beneficio de la ciudadanía, especialmente en aquellos lugares donde el mercado se encuentra tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, apuntando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad alojativa”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional, o la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez subrayó que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

“Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Antonio Ortega declaró que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”

En este sentido, llamó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.

Etiquetas