Logo del Gobierno de Canarias

Sanidad destinará 44,5 M€ al servicio de limpieza y retirada de residuos del Hospital Universitario Dr. Negrín

El servicio se contratará por un período de 48 meses y abarcará a todos los centros dependientes del complejo hospitalario

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto de 44.580.946,02 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación del servicio de limpieza y otros servicios auxiliares de los centros dependientes del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

La contratación se realizará por la Dirección Gerencia mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada, para cubrir las necesidades de limpieza integral y otros servicios auxiliares durante un período de cuarenta y ocho meses, distribuidos entre los años 2026 y 2030.

El servicio a contratar incluye la limpieza, desinfección e higienización de todos los centros dependientes del complejo hospitalario: el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, el Hospital Juan Carlos I y su anexo, el hospital polivalente; el Hospital San Roque de Guía, los centros de asistencia especializada (CAE) de Arucas, Gáldar y Casa del Mar, y las unidades de salud mental (USM) de Canalejas y Costa Ayala.

Además de las tareas indicadas de limpieza, desinfección e higienización, el servicio incluirá la retirada de residuos, el suministro y distribución interna de artículos de reposición, el arreglo de áreas del personal y la retirada, transporte y distribución de ropa hospitalaria.

La limpieza integral debe garantizar la higienización de las instalaciones sanitarias que utilizan diariamente centenares de usuarios; evitar y minimizar la transmisión de agentes infecciosos y adaptarse al desarrollo de la actividad asistencial, motivos por los que precisa el empleo de sistemas, procedimientos y programaciones muy rigurosas y específicas.

El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo que coordinará el uso de drones durante las emergencias

Prevé la creación de la Unidad de Coordinación de Medios Aéreos y la elaboración de un catálogo de medios y recursos

Manuel Miranda explica que la medida obedece a “la progresiva implantación de esta herramienta, que permite obtener información en tiempo real y mejorar la respuesta durante la emergencia”

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una modificación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATECA) para incorporar un protocolo que ordene el uso de aeronaves no tripuladas durante la gestión de las emergencias.

El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, responde a “la progresiva implantación de esta útil herramienta por parte de los diferentes agentes intervinientes, lo que hace necesario ordenar su uso en estas situaciones”, ha explicado el titular del área, Manuel Miranda.

Entre otras medidas, el protocolo prevé la creación de una Unidad de Coordinación de Medios Aéreos y un catálogo de recursos y medios.

La incorporación de esta herramienta se ha consolidado en la gestión de las emergencias como un elemento de gran utilidad, “por ejemplo en el caso de incendios, erupciones volcánicas, rescates, situaciones de emergencias en el mar y otro tipo de intervenciones, durante las que las aeronaves permiten obtener información en tiempo real y el acceso a zonas de difícil o peligroso alcance para los equipos de intervención”. Ello permite, continúa Miranda, “la evaluación rápida de riesgos y la mejora en la capacidad de toma de decisiones por parte de los responsables de la emergencia”.

El protocolo incorporado al PLATECA mejora el uso de estas aeronaves pilotadas por control remoto en situaciones en las que la Comunidad Autónoma dirija y coordine un Plan de Protección Civil activado. El documento detalla asuntos como el control de los vuelos, su autorización y condiciones, todo ello para mejorar la seguridad de las operaciones y la coordinación con el uso de otros medios aéreos tripulados.

Dice la normativa aprobada hoy que los servicios de este tipo podrán ser movilizados a solicitud de la dirección del Plan activado y que los medios públicos tendrán preferencia sobre los operadores privados habilitados. Además, el documento prevé la elaboración de un catálogo de medios y recursos que será integrado en el PLATECA para posibilitar su rápida movilización en caso de que sea necesario.

La coordinación de los vuelos siempre dependerá de la dirección del operativo de emergencias y se contempla también su relación con vuelos tripulados que pudiesen estar operando en el mismo espacio. Los gestores autorizados de los drones deberán poner a disposición de la dirección de la emergencia la información generada (imágenes, videos, entre otra) para contribuir a la mejor información sobre la gestión del riesgo y la toma de decisiones.

El protocolo también regula vuelos de aeronaves ajenas a la emergencia, cuya operatividad dependerá de la persona al frente del puesto de mando avanzado (PMA), tanto el permiso de vuelo como el espacio que podrá utilizar. Así mismo, prevé la creación en el futuro de una Unidad de Coordinación de Medios Aéreos (CMA) que se integrará en la estructura del Plan de Emergencias.

El documento propone, por último, que para cada emergencia se distribuyan espacios de vuelo, estableciendo zonas de aterrizaje, vuelo, entradas y salidas, y con carácter flexible en función de la progresión de la emergencia y del uso de otros medios aéreos tripulados.

Clavijo pide a Sánchez que impulse una cumbre en defensa de las RUP durante el próximo Consejo Europeo

El presidente de Canarias reitera la importancia de elevar una posición firme y coordinada ante Bruselas sobre el encaje de las regiones ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual

El Gobierno autonómico lidera otro gran encuentro con los productores del sector primario que tendrá lugar el 16 de marzo y al que ya ha confirmado su asistencia la ministra francesa de Ultramar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que impulse la celebración de una reunión de alto nivel entre las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y sus tres países, aprovechando la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo en Bruselas.

El pasado 11 de febrero, Pedro Sánchez trasladó por carta al presidente Clavijo su compromiso de participar en una cumbre destinada a defender el blindaje del estatus RUP en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE). Sin embargo, desde entonces el Ejecutivo canario no ha recibido ninguna información adicional sobre la organización de dicho encuentro, lo que preocupa al Ejecutivo canario, según ha explicado este lunes el portavoz Alfonso Cabello tras el Consejo de Gobierno.

Ante la relevancia estratégica de esta cuestión, Clavijo remitió el pasado viernes una nueva carta al presidente del Gobierno español en la que le solicita que “dé el impulso necesario” para movilizar con suficiente antelación al resto de autoridades nacionales y regionales y garantizar la celebración de esta reunión de alto nivel en Bruselas. El presidente de Canarias recuerda que esta cumbre entre las RUP y sus tres Estados es clave para elevar una posición firme y coordinada ante las instituciones europeas sobre el encaje de las regiones ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual.

De forma paralela, el titular del Ejecutivo autonómico también ha enviado una misiva a la actual presidente de las RUP para reiterarle la importancia de que se celebre una cumbre en Bruselas con la presencia de los jefes de Estado aprovechando el Consejo Europeo. El liderazgo de las nueve regiones ultraperiféricas es rotatorio y en estos momentos está en manos de la presidente de Guadalupe, Ary Chalus.

Clavijo recuerda a Chalus en su carta la “delicada situación” que atraviesa el estatus RUP y “el futuro incierto que se vislumbra para nuestras regiones en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034”. Ante esta situación, considera “fundamental organizar una reunión a la mayor brevedad, que nos permita alzar una voz unida y firme ante las instituciones europeas y seguir reclamando la defensa del estatus diferenciado que históricamente se ha concedido a las regiones ultraperiféricas”.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz subrayó que Canarias espera que el presidente de las RUP impulse la celebración de esta cumbre, porque el tiempo juega en contra de los intereses de las regiones ultraperiféricas. El objetivo es dar la batalla en Bruselas para revertir la “peligrosa” propuesta de Marco Financiero 2028-2034 elevada por la Comisión Europea, un texto que acaba con los fondos directos para las RUP y deja en manos de los Estados el reparto de recursos que son “vitales para nuestro sector primario y para toda Canarias”.

El portavoz, explicó que para Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas es “fundamental” que Bruselas escuche con claridad esta defensa del estatus RUP y, especialmente, que los máximos representantes de España, Francia y Portugal se sumen a esta posición, dado que tienen capacidad de veto en el Consejo Europeo sobre un Marco Financiero que pudiera vulnerar el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y poner en riesgo las medidas específicas destinadas a garantizar la cohesión de las nueve regiones más alejadas de la UE.

Cumbre liderada por Canarias

A la espera de que se pueda celebrar esa cumbre en defensa del estatus RUP en el marco del próximo Consejo Europeo, Cabello ha anunciado que el próximo 16 de marzo se celebrará en Tenerife un gran encuentro con la participación de productores del sector primario y representantes institucionales de las regiones ultraperiféricas.

El objetivo de esta nueva cita de movilización, liderada por el Ejecutivo canario, es reforzar la visibilidad de la importancia vital que tiene para agricultores, ganaderos y pescadores la existencia de una ficha financiera propia en los fondos europeos.

Con el apoyo de los gobiernos de todas las RUP, y como ya ocurrió en Bruselas hace unos meses, los gobiernos y productores de los nueve territorios ultraperiféricos volverán a alzar la voz en defensa del blindaje del POSEI y de unos recursos imprescindibles para garantizar la supervivencia del sector primario en estos territorios.

En esta reunión está confirmada la asistencia de la ministra francesa de Ultramar, Naïma Moutchou, y se espera la participación de representantes de los gobiernos de España y Portugal. También contará con los máximos representantes canarios y nacionales de las organizaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, sectores que se han unido al Gobierno de Canarias en su estrategia para lograr la continuidad de los fondos RUP.

Canarias experimenta la mayor subida porcentual de ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años

El grado de ejecución presupuestaria para 2025 asciende al 92,6% hasta alcanzar los 12.145 millones de euros

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha presentado en el Consejo de Gobierno, celebrado en el día de hoy, un avance de la ejecución presupuestaria de 2025. En base a los datos comunicados por la Intervención General de la CAC al Ministerio de Hacienda, y a falta de los ajustes definitivos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), el Gobierno de Canarias se ha ajustado a las previsiones, lo que ha permitido aprovechar los recursos disponibles ajustándose a los objetivos fijados y la normativa vigente.

Con un crédito definitivo ajustado para 2025 de 13.814 millones de euros, y teniendo como prioridad el mantenimiento del estado del bienestar, las obligaciones no financieras han pasado de 11.350 millones a 12.145 millones de euros, con un nivel de ejecución al cierre del ejercicio 2025 del 92,6% de obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo frente al 89,8% del 2024. Este incremento porcentual es el mayor de los últimos cuatro años.

En términos absolutos, por capítulos, descontando el efecto del MRR, las operaciones no financieras crecen 673,7 millones de euros con respecto a 2024. En cuanto a las obligaciones corrientes, con MRR, se mantiene el ritmo de ejecución alrededor del 97% anual. Por su parte, el porcentaje de ejecución de las operaciones de capital es del 68,6%, lo que supone una mejora significativa sobre el nivel de 2024, situándose también ligeramente por encima de los años 2022 y 2023.

Gastos consolidados por capítulos

Al desglosarlo sin MRR, se observa que las operaciones corrientes crecen 555 millones hasta alcanzar los 10.596,4 millones de euros. Esto se debe al crecimiento de 293,4 millones del capítulo de gastos de personal, que asciende hasta los 4.778,6 millones de euros; al incremento de 160 millones que experimentan los gastos corrientes en bienes y servicios hasta reconocerse un total de 2.056,3 millones de euros; la subida en los gastos financieros de 4,3 millones hasta los 107,5 millones de euros, y al crecimiento del capítulo de transferencias corrientes, que aumenta 97,4 millones, hasta alcanzar los 3.653,9 millones de euros.

Por su parte, también sin MRR, las operaciones de capital crecen en 118,7 millones, lo que da una cifra total de 1.235,2 millones de euros. Este incremento se explica por el crecimiento de 77,9 millones en inversiones reales (hasta los 585,2 millones), motivado por el incremento inversor del Servicio Canario de la Salud y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Las transferencias de capital también crecen en 40,8 millones hasta alcanzar los 650 millones de euros por el incremento del FDCAN (en la sección de Diversas Consejerías) y por el incremento de las transferencias en Transición Ecológica y Energía.

En términos porcentuales, sin MRR, el mayor incremento de las operaciones no financieras se da en el capítulo VI (15,3%), seguido del capítulo II (8,4%), capítulo VII (6,7%), capítulo I (6,5%), capítulo III (4,1%) y capítulo IV (2,7%).

Efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el gasto en operaciones no financieras se ve incrementado en un 6% frente al 7% que se desprende al contar el efecto del MRR.

Por secciones, en términos cuantitativos, el gasto en operaciones no financieras, descontando el MRR, creció en 673,7 millones de euros. Las que presentaron un mayor crecimiento fueron el Servicio Canario de Salud, con 369,8 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con 112,5 millones; Diversas consejerías con un crecimiento de 72 millones, y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, con 71 millones de euros.

En cuantías globales, las mayores ejecuciones las presentó el Servicio Canario de Salud con 4.909 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes con 2.197 millones y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias con 914 millones de euros.

Ingresos

Con respecto a la previsión de ingresos en 2025, se han reconocido derechos netos por importe de 11.936 millones de euros, lo que supone un incremento en 198,2 millones de euros y representa un 1,7% adicional a la previsión realizada en la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria para 2026.

Si se comparan los derechos reconocidos netos del ejercicio 2024-2025, se observa que crecen en 37,3 millones de euros, lo que supone un incremento de un 0,29% sobre los derechos reconocidos en el ejercicio anterior 2024.

La disminución de los derechos reconocidos en las transferencias de capital se corresponde con el convenio de carreteras, que pasó de 282 a 176 millones de euros, y a una menor certificación de fondos europeos al final del ejercicio, tanto en lo que respecta a las previsiones iniciales como a las realizadas en el último trimestre, donde redujo en 84,7 millones de euros. Este importe se certificará en 2026.

Resultado presupuestario

Vistos los gastos e ingresos, y como resumen en relación con la última estimación realizada de cierre del ejercicio 2025 para el presupuesto 2026, los ingresos superaron en un 1,1% la estimación realizada y los gastos lo hicieron en un 0,9%. El efecto conjunto de estas variaciones provoca que la estimación de saldo presupuestario realizado por importe negativo de -224,4 millones de euros, finalmente, se situara en -209 millones de euros.

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, y pendientes de la publicación de los datos oficiales del Banco de España, la estimación a cierre de 2025 del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, se situará en 6.625 millones de euros, lo que implica una mejora en la ratio de deuda pública sobre PIB con respecto al cierre de 2024, de 11,3 a 10,8 por ciento; es decir, por debajo del 13% que marca como referencia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En términos de deuda por habitante, Canarias presenta la mejor métrica respecto al resto de comunidades autónomas, 2.923,9 euros, frente a una media de 6.907,1 euros sobre el PIB. Asimismo, el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes de la CAC al tercer trimestre del ejercicio 2025 es de 61,5 por ciento, muy por debajo del nivel de 175 por ciento que las agencias de rating consideran como una situación de sobreendeudamiento, nivel que sobrepasan comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia.

El Gobierno inicia la elaboración del proyecto de ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias 

La iniciativa permitirá adaptar la normativa básica estatal a las singularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas del archipiélago

La futura norma reforzará la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral, garantizando el equilibrio entre desarrollo y protección ambiental

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno, se inicia formalmente el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno sobre los objetivos y los principios generales que inspiran la iniciativa legislativa que está impulsando su departamento, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, para contar con una norma que regule la gestión territorial costera.

La propuesta se enmarca en el Programa Legislativo de la XI Legislatura (2023-2027) y responde al mandato recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa tiene como finalidad adaptar el marco estatal básico en materia de costas a las singularidades del archipiélago, tras el traspaso efectivo de medios y servicios en 2023. Hasta ahora, la gestión se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a la realidad territorial, ambiental y socioeconómica de las islas. Con esta futura ley, el Ejecutivo pretende dotarse de un instrumento jurídico propio que armonice el desarrollo económico y social con la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas marinos, garantizando niveles de presión compatibles con la salud ambiental del litoral.

El litoral canario, que se extiende a lo largo de 1.126 kilómetros y presenta una configuración discontinua propia de un territorio archipielágico, concentra una parte esencial de la población residente y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo. Al mismo tiempo, alberga una biodiversidad marina de gran valor y fragilidad, lo que exige una gestión diferenciada y cercana al territorio.

El objetivo de la futura norma es concretar y adaptar las determinaciones de la legislación básica estatal a la realidad insular, integrar plenamente la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias y establecer un marco competencial y procedimental claro que refuerce la seguridad jurídica. Todo ello desde la premisa de alcanzar un equilibrio efectivo entre la protección ambiental y el mantenimiento de las actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa, en un contexto insular donde no resulta viable desplazar de forma generalizada dichas actividades hacia el interior.

La ley se inspirará en los principios de desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático, participación ciudadana y consideración de la mejor evidencia científica disponible. Asimismo, atenderá al adecuado reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, garantizando una ordenación coherente de un espacio territorial que, aun siendo insular y discontinuo, requiere una visión integral y coordinada.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno, se inicia formalmente el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley, con el objetivo de que Canarias disponga de un marco normativo propio que permita ejercer plenamente sus competencias en materia de ordenación y gestión del litoral desde la cercanía institucional y la responsabilidad ambiental.

El Gobierno canario legaliza cuatro explotaciones con un total de 2.446 cabezas de ganado

El Consejo de Gobierno ha acordado conceder autorización a la actividad y las correspondientes edificaciones de una instalación en Antigua (Fuerteventura), otra en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), y de dos fincas en Teguise (Lanzarote)

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 23 de febrero, la legalización territorial de cuatro explotaciones, que suman en total 2.446 cabezas de ganado, en los municipios de Antigua (Fuerteventura), San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y Teguise (Lanzarote). De acuerdo a la aplicación del procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

Esta medida supone un nuevo avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a cuatro instalaciones dedicadas principalmente a la producción de leche para la elaboración de lácteos, pero también a la cría y reproducción, con un censo que, en el conjunto de las cuatro explotaciones autorizadas, abarca 2.416 cabras, catorce caballos, doce vacas, tres ovejas y un burro.

Tal y como recoge el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cuatro instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Según recoge la normativa, el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medioambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Además, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Las referidas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización del Ejecutivo canario para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Pino de León, nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda

La nueva responsable ya dirigió el organismo entre los años 2017 y 2019

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en la sesión de este lunes, 23 de febrero, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el nombramiento de Pino de León como nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

De León asume la dirección del organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, del que ya fue responsable en el periodo 2017-2019, con el objetivo de reforzar la gestión del parque público, impulsar las promociones en marcha y consolidar la ejecución de los programas vinculados al Plan de Vivienda de Canarias.

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, cuenta con un máster universitario en Urbanismo y Ordenación Territorial por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con el Diploma de Técnica Urbanista del Instituto Nacional de Administración Pública.

Desde agosto de 2023, ejercía como directora del Instituto Canario de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia. Con anterioridad, desempeñó el cargo de directora adjunta del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre abril de 2022 y agosto de 2023. Entre enero de 2017 y septiembre de 2019 ya estuvo al frente del Instituto Canario de la Vivienda, etapa en la que impulsó distintas actuaciones en materia de promoción pública y gestión del parque público de vivienda.

Su experiencia institucional se completa con responsabilidades políticas en el Cabildo Insular de Tenerife, donde fue consejera del Área de Planificación Territorial entre 2007 y 2015 y consejera del Área de Cooperación Municipal y Vivienda entre 2003 y 2007.

Funcionaria de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales, Subgrupo A1, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad técnica, entre ellos la jefatura del Servicio de Patrimonio y Parque Móvil de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, jefa del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. También asumió responsabilidades como jefa de Servicio de la Dirección General de Juventud de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, jefa de sección de Planificación en la Dirección General de Infraestructura Turística, así como jefa de sección de Coordinación presupuestaria de la Dirección General de Industria y Energía, y asumió diferentes responsabilidades en la Dirección General de Vivienda, tanto como jefa de sección en la unidad de apoyo al director general como en etapas anteriores de su carrera administrativa.

Inició su trayectoria profesional como funcionaria interina en el Servicio de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal del Cabildo Insular de Tenerife.

Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias refuerza la dirección del ICAVI con un perfil de acreditada solvencia técnica, conocimiento institucional y experiencia directa en la gestión de políticas de vivienda.

El Consejo de Gobierno nombra a Gustavo Pérez nuevo director del ICAP

Sustituye en el cargo a Pino de León, que pasa a ocuparse de la dirección del Instituto Canario de la Vivienda

El Consejo de Gobierno ha nombrado este lunes a Gustavo Pérez Martín como nuevo director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) en sustitución de Pino de León Hernández, que pasa a ocupar la dirección del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), nombramiento que también se ha hecho efectivo.

Gustavo Pérez es técnico especialista en Formación Profesional de Segundo Grado en Comercio Exterior y técnico en Marketing. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como docente, gerente comercial y gestor sociocultural. Entre los años 2013 y 2021 fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Güímar y, de julio de 2021 a agosto de 2025, alcalde de este municipio tinerfeño.

Obras Públicas destina 400 M€ en licitaciones estratégicas en carreteras y vivienda en el último mes

El Consejo de Gobierno da su visto bueno a la puesta en marcha de obras en carreteras por más de 299 millones en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria

Pablo Rodríguez informa al Consejo de Gobierno de que el área de Vivienda impulsa 1.161 casas entre nueva construcción y rehabilitación gracias a la inversión de 86 millones

Puertos adjudica la ampliación del contradique del puerto de Tazacorte con una inversión superior a 5,8 millones de euros

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno de las licitaciones que ha tramitado el departamento en el último mes los meses por un importe total de 385.668.938,95 euros en actuaciones vinculadas a infraestructuras viarias, construcción y rehabilitación de vivienda en distintas islas. En concreto, el departamento en pocas semanas ha sacado a licitación 299.411.408,28 euros en infraestructuras viarias, 58.244.400,28 euros en construcción de vivienda protegida y 28.013.130,39 euros en rehabilitación de vivienda, inversiones que darán un fuerte impulso a políticas prioritarias del Ejecutivo canario.

En carreteras, la Consejería ha impulsado actuaciones estratégicas para la movilidad en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Entre ellas se encuentra el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, que ha salido a licitación por 66.401.344,71 euros. También se ha licitado el tramo Aeropuerto–Pozo Negro de la autovía Norte-Sur de Fuerteventura, por 215.924.834,98 euros, así como la ampliación de capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas, en Telde, por 9.439.864,65 euros.

A estas obras se han sumado los contratos de control y vigilancia asociados a su ejecución. Para el seguimiento del tercer carril de la TF-5 se ha licitado un contrato por 2.662.116,34 euros; para el control de la obra del tramo Aeropuerto–Pozo Negro en Fuerteventura, un contrato por 4.245.333,66 euros; y para el control de las actuaciones en la GC-1, un contrato por 737.913,94 euros.

Impulso a la vivienda asequible

El Gobierno también ha dado un fuerte impulso en el último mes a sus políticas para mejorar el acceso a la vivienda en el archipiélago, con la inversión de más de 85 millones de euros en la construcción y rehabilitación de 1.161 casas.

En construcción de vivienda protegida, el departamento ha activado promociones a través del Instituto Canario de la Vivienda y VISOCAN. Se han impulsado 24 viviendas protegidas en Frontera por 5.160.417,73 euros; 51 viviendas en Adeje por 8.326.335,84 euros; 59 viviendas en Arona por 11.409.610,47 euros; 24 viviendas en Guía de Isora por 4.148.036,24 euros; y 168 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria por 29.200.000 euros.

En rehabilitación, la Consejería ha distribuido intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del parque público de vivienda. Las actuaciones han alcanzado a 50 inmuebles en Puerto del Rosario por 1.449.153 euros; 20 viviendas en Valsequillo por 400.154,90 euros; 108 inmuebles en Candelaria por 5.518.031,27 euros; 10 viviendas en Valleseco por 237.937,14 euros; 42 viviendas en Mogán por 2.027.800,07 euros; 416 viviendas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife por 11.865.384,16 euros; 80 viviendas en Adeje por 3.274.668,77 euros; 73 inmuebles en Santa Lucía de Tirajana por 2.116.975,04 euros; y 36 inmuebles en El Rosario por 940.845,08 euros.

Infraestructuras portuarias

Asimismo, en el ámbito portuario, la Consejería ha adjudicado, en este mismo periodo, la ejecución de las obras del proyecto para la ampliación del contradique del puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, a la entidad ACCIONA, por un importe de 5.838.000,06 euros, excluido IGIC. Esta actuación estará destinada a reforzar la protección y la operatividad de esta infraestructura portuaria estratégica para la isla.

El Gobierno autoriza 31,8 M€ para construir un nuevo edificio para terapias avanzadas en el Hospital Doctor Negrín

El nuevo edificio albergará un equipo de protonterapia y un ciclotrón, indispensables para mejorar la atención a los pacientes oncológicos y dejar de depender del exterior para disponer de radiofármacos

Los tratamientos de protonterapia han demostrado su eficacia contra el cáncer y están especialmente indicados en pacientes con larga supervivencia, en especial en la edad pediátrica.

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 31.803.838,55 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación de las obras de construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará tanto un equipo de protonterapia como un ciclotrón, para la producción de radiofármacos.

El expediente del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario Doctor Negrín cuenta con proyecto aprobado desde finales de 2025 y se contratará mediante procedimiento abierto de adjudicación y regulación armonizada, para su ejecución en tres anualidades, con la siguiente distribución del presupuesto de licitación: 4.093.275,68 euros, en 2026; 15.979.168,38, en 2027 y 11.731.394,49 euros, en 2028.

La construcción de este nuevo edificio es indispensable para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia, que no se ofertan actualmente en ningún hospital público del país, y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de Canarias de centros peninsulares.

La protonterapia figura entre los tratamientos que han demostrado su eficacia contra el cáncer porque utiliza protones, en vez de rayos X o electrones, y permite una liberación más localizada de la radiación, lo que adquiere especial relevancia en pacientes con larga supervivencia, especialmente en la edad pediátrica.

Actualmente, en España no existe ningún equipo de protonterapia en la sanidad pública y solo se dispone de dos en la sanidad privada, lo que hace que el número de pacientes que se benefician de este tratamiento sea muy limitado.

En respuesta a esta situación, y de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas inmersas en la actualidad en la implantación de esta tecnología, la Consejería de Sanidad ha previsto la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Doctor Negrín.

En cuanto al ciclotrón, se trata de una avanzada tecnología que desempeña un papel vital en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Los isótopos que produce, carbono-11 y yodo-124, se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, lo que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes y lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz.

La incorporación de esta infraestructura sitúa al centro hospitalario como un referente en medicina nuclear y diagnóstico avanzado a nivel nacional.