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El Consejo autoriza la participación de Canarias en INECO para avanzar en los proyectos de los trenes

La sociedad mercantil estatal prestará sus servicios como medio propio del Ejecutivo en el proceso de estudio, planificación e implantación de los sistemas ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, asume la representación de las islas en la Junta General y en el Consejo de Administración de la sociedad

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, la suscripción por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de una acción de la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. (INECO), con el objetivo de convertir a esta en medio propio del Ejecutivo para poder avanzar en la planificación e implantación de los proyectos ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

En el mismo acuerdo, el Gobierno de Canarias ha designado al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Junta General y en el Consejo de Administración de INECO, garantizando así la presencia directa del Ejecutivo canario en el máximo órgano de decisión de la entidad.

La aprobación de esta iniciativa ha respondido al interés del Gobierno de Canarias en reforzar la cooperación institucional con una entidad pública de amplia experiencia y solvencia técnica en el ámbito de las infraestructuras y los sistemas de transporte terrestre, especialmente en el contexto de los trabajos de estudio de los futuros sistemas ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El Gobierno de Canarias podrá realizar con INECO trabajos específicos para el desarrollo de proyectos de ingeniería y consultoría, para que tanto el Ejecutivo como los Cabildos puedan disponer del apoyo técnico que necesitan para afrontar proyectos complejos y estratégicos.

Del mismo modo, el acuerdo ha manifestado expresamente la conformidad del Gobierno de Canarias para que INECO sea declarada medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez se materialice la suscripción y el desembolso total de la acción, lo que permitirá agilizar encargos y reforzar la capacidad técnica de la Administración autonómica en proyectos estratégicos de movilidad.

El acuerdo ha permitido a Canarias incorporarse al capital social de INECO mediante la adquisición de una acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, en el marco de la ampliación de capital aprobada por la propia sociedad. Esta operación dota a Canarias de los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las acciones actualmente en circulación.

Canarias prorroga la declaración de excepcionalidad de la atención a menores migrantes no acompañados

Esta declaración permitirá dar continuidad, hasta 2028, a los 19 profesionales de trabajo social y 20 administrativos que tramitan la documentación relativa a la atención de menores migrantes

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha aprobado en Consejo de Gobierno la prórroga de la declaración del carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias, lo que permitirá dar continuidad hasta 2028, a los 19 profesionales de trabajo social y 20 técnicos administrativos que tramitan la documentación relativa a la atención de menores migrantes. El montante del contrato programa de carácter temporal asciende a 1.706.186,97 euros.

La decisión de reforzar el personal se ha adoptado para continuar agilizando la tramitación de documentación, un esfuerzo que se ha hecho precisamente para cumplir, entre otras cosas, con los envíos de expedientes a las delegaciones de gobierno, donde ya tienen 755 completos, de los que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias solo ha recibido 331 resoluciones de traslado. Desde la Consejería de Bienestar Social considera importante reseñar que de estos expedientes se han archivado 135 (por diversas circunstancias, como la mayoría de edad), mientras132 menores han sido reubicados en otras comunidades, y 14 de ellos se negaron a viajar y permanecerán en las Islas.

Además, también es personal que está gestionando las 228 resoluciones de traslado recibidas desde las delegaciones de Gobierno, de las 572 nuevas llegadas de menores a Canarias, niños y niñas que permanecen en centros del Ejecutivo autonómico desde que arriban al archipiélago.

Este personal, entre otras cosas, ha gestionado las 173 reubicaciones de estas nuevas llegadas (77 han cumplido la mayoría de edad). El esfuerzo en el refuerzo del departamento también afecta a las diversas gestiones que hay que realizar con otras comunidades autónomas, las comunicaciones a la Fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, así como el traslado a la Península u otros territorios de la Unión Europea y la gestión de la protección internacional de estos chicos y chicas.

El Gobierno de Canarias declaró el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a las islas en acuerdo adoptado en julio de 2024 a fin de realizar el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de un programa de carácter temporal de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

La situación determinante de la declaración de su carácter excepcional en 2024, se mantiene en la actualidad en los mismos términos en cuanto al volumen de expedientes a tramitar, a la cantidad de documentación pendiente de gestionar así como al aumento de la carga de trabajo que suponen las derivaciones a otras Comunidades autónomas y las previsiones de llegadas futuras, por lo que se prorroga la declaración de excepcionalidad al no poder ser atendidos por los recursos personales ordinarios de la Consejería.

El Gobierno de Canarias califica el enoturismo como actividad turística reglada

El acuerdo permite inscribir el enoturismo en el Registro General Turístico de Canarias, al igual que otras actividades del sector

La medida fomentará el empleo local y la conservación de paisajes agrícolas

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, la calificación del enoturismo como actividad turística reglada en Canarias, de acuerdo con el artículo 2.2.i) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Con esta decisión se reconoce formalmente una actividad organizada y planificada que ofrece experiencias turísticas vinculadas al vino y su entorno, le otorga reconocimiento institucional y seguridad jurídica a las empresas y profesionales, y permite su incorporación al Registro General Turístico.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que esta medida “impulsará el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales” y destaca que “el enoturismo tiene un gran potencial para generar empleo local, contribuir a la conservación de nuestros paisajes agrícolas y fijar población en los municipios rurales”. La calificación del enoturismo como actividad turística reglada permitirá, además, favorecer la profesionalización del sector vitivinícola y el fortalecimiento de una oferta turística diferenciada y de calidad, alineada con los principios de sostenibilidad, diversificación y cohesión territorial del modelo turístico del archipiélago.

De León explica que “esta decisión además de lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que permite al Gobierno reconocer como turísticas aquellas actividades relacionadas con el turismo, se ampara en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contempla la compatibilidad del uso turístico con la actividad agraria y vitivinícola, facilitando así el desarrollo del enoturismo en el medio rural”.

El acuerdo cuenta también con el respaldo técnico y académico de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, adscrita al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y a la Universidad de La Laguna (ULL), que valora la calificación del enoturismo como una medida adecuada y proporcionada para garantizar la seguridad jurídica del sector vitivinícola y reforzar el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales.

Asimismo, esta actividad dispone de un reconocimiento específico en el ámbito formativo y profesional a través del Real Decreto 1128/2025, de 11 de diciembre, por el que se establece el Certificado Profesional en Enoturismo, lo que refuerza su consolidación como ámbito especializado dentro del sector turístico y vitivinícola.

A partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Consejería de Turismo y Empleo pondrá a disposición de los interesados el modelo de comunicación previa para inscribir la actividad de enoturismo en el Registro General Turístico, estableciéndose un plazo máximo de un mes para realizar dicho trámite.

El Gobierno declara de interés público de Canarias a la Asociación Canaria de Salud Mental Espiral

Su finalidad primordial es la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas de enfermedad mental, sus allegados y familiares

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se declara de interés público de Canarias a la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por entender que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el beneficio que para la sociedad canaria reporta la actividad de la Asociación.

La Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral tiene como finalidad primordial la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por diagnóstico de la enfermedad, de sus allegados y familiares. Figura inscrita desde el año 2011 en el Registro de Asociaciones de Canarias, teniendo como ámbito territorial el de la Comunidad Autónoma de Canarias y presentó la solicitud de declaración el 6 de agosto de 2025.

De conformidad con la documentación aportada, la asociación colabora con profesionales de salud mental en Canarias; participa en el Consejo psicosocial y Acción comunitaria para enfermos mentales; tiene presencia en todos los eventos que tengan que ver con la salud mental en los niveles autonómicos, estatales y supranacionales. Además, declara ser punto de referencia e innovación para la integración sociolaboral, jurídica y sanitaria del discapacitado psíquico, contando con asesoramiento jurídico, social y de formación para favorecer la integración sociolaboral, todo ello encaminado a su independencia, autonomía y felicidad. La asociación contribuye, también, a la creación de puestos de trabajo para discapacitados psíquicos y promueve actividades culturales y artísticas, así como jornadas y congresos.

Entre sus fines sociales está la asistencia, rehabilitación, reinserción social y laboral de las personas con diagnóstico de enfermedad mental; representar, defender y apoyar a sus asociados, sus familiares y allegados antes instituciones y organizaciones públicas y privadas; reivindicar la creación de servicios alternativos públicos especializados y exigir la adecuada atención en los ámbitos sanitario, social, de empleo, educación y justicia y contribuir a la mejora de los servicios de salud mental, cuando estos sean deficitarios.

Además, promueve el principio de solidaridad entre la asociación, las personas que la componen y la sociedad y defiende los derechos de las personas con discapacidad, en especial aquellas que son víctimas de violencia, atendiendo a sus necesidades.

Como en otras declaraciones de interés público de Canarias, se ha constatado que su actividad no está restringida a sus asociados exclusivamente; que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hacen con cargo a fondos subvenciones públicas, y que disponen de medios materiales y personales adecuadas para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos. Además, la asociación ha demostrado que está en funcionamiento efectivo y realizando actividades de forma ininterrumpidas al menos durante los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.

El Gobierno aprueba un convenio para mejorar el cultivo de platanera con riego de alta eficiencia en Hermigua

El Ejecutivo canario destina 190.000 euros a esta actuación acordada con todas las instituciones implicadas y que busca implantar fincas piloto donde evaluar el desempeño en el terreno de nuevas tecnologías

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 26 de enero, un convenio de cooperación para la implantación de fincas piloto de platanera con riego de alta eficiencia en el Valle de Hermigua (La Gomera), dotado con importe de 190.000 euros para las anualidades 2026 y 2027, y dirigido a desarrollar un modelo de gestión de recursos hídricos replicable en otras explotaciones del mismo ámbito geográfico.

El acuerdo suscrito entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional, el Cabildo Insular, el Ayuntamiento, la Sociedad Cooperativa Agrícola Insular de La Gomera y la Comunidad de Regantes de Hermigua permitirá analizar en el territorio distintos sistemas para maximizar el aprovechamiento integral de los recursos hídricos, entre ellos el riego localizado por goteo, la microaspersión, la sensorización del suelo o la automatización.

Ante los efectos del cambio climático como la escasa pluviometría que provoca periodos de sequía más frecuentes, la gestión eficiente del agua es uno de los retos más importantes que afronta el sector agrícola en La Gomera y en el resto de las Islas, especialmente en el ámbito de cultivos estratégicos como la platanera, que precisa para su desarrollo de grandes cantidades de agua.

Con todo, actualmente en el Valle de Hermigua no existen explotaciones plataneras equipadas con sistemas de riego por goteo mientras que el uso de otras técnicas, como el riego de aspersión de alto caudal, que conllevan un elevado consumo de agua, pérdidas por escorrentía y evaporación, desigual distribución del agua, encharcamientos puntuales, riesgo de enfermedades y necesidad de mayor mano de obra para manejo y supervisión.

En este sentido, la implantación de las fincas piloto en el Valle de Hermigua permitirá evaluar la viabilidad técnica, agronómica y económica del sistema de riego por goteo aplicado a platanera en condiciones locales así como fomentar la transferencia de conocimiento y la innovación tecnológica al sector agrícola insular por medio de visitas de agricultores y agricultoras para conocer el modelo implantado en estas explotaciones. Como complemento a esta actuación, la Consejería está redactando el proyecto para la automatización y telecontrol de la Red de riego de Liria, en Hermigua.

Asimismo, junto a las actuaciones para la modernización del regadío, el departamento desarrolla acciones complementarias para incrementar el agua de riego a disposición del sector agrícola de la isla, entre las que destaca especialmente la instalación de un desaladora de agua de mar en Hermigua, que supone una contribución decisiva para aliviar los periodos de déficit hídrico y garantizar el mantenimiento de las producciones agrícolas.

Obras Públicas cierra cuatro convenios para promover el acceso a la vivienda en Tenerife

Los acuerdos impulsan la construcción de nuevas viviendas protegidas de promoción pública y refuerzan el parque público de alquiler en distintos municipios de la isla

El Gobierno de Canarias refuerza la cooperación con el Cabildo y los ayuntamientos para activar suelo público y dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional en Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a petición del consejero Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, en la sesión del Consejo de Gobierno, de la firma de cuatro convenios de cooperación y una adenda entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el Cabildo Insular de Tenerife y distintos ayuntamientos de la isla, destinados a impulsar la construcción y puesta a disposición de vivienda protegida de promoción pública en distintos municipios de la isla.
Los acuerdos se enmarcan dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Tenerife.

Con estos acuerdos, el Ejecutivo refuerza la cooperación entre administraciones para dar una respuesta eficaz a la emergencia habitacional y activar suelo público, promover nuevas viviendas protegidas y ampliar el parque público residencial en la isla.

En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha sido informado del convenio específico de cooperación entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife para canalizar fondos insulares a las convocatorias autonómicas de ayudas al alquiler de vivienda habitual y, en su caso, al Bono Alquiler Joven. En virtud de este acuerdo, la institución insular realiza una aportación económica de 1,9 millones de euros, destinada a atender de forma específica a personas residentes en la isla de Tenerife que cumplan los requisitos establecidos en dichas convocatorias.

Asimismo, se ha dado cuenta del convenio interadministrativo entre el ICAVI, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el incremento de la oferta pública de vivienda, mediante la construcción de 37 viviendas protegidas de promoción pública en María Jiménez y 226 viviendas en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán al parque público del Instituto Canario de la Vivienda una vez finalizadas. La actuación cuenta con una inversión total estimada de 41,7 millones de euros con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en la capital tinerfeña.

Por otra parte, se ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Arafo que permitirá la construcción de 24 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio, sobre suelo aportado por el Consistorio. El presupuesto global de la actuación asciende a 4.794.769,55 euros.

En la misma línea, la Consejería ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo que posibilitará la edificación de 21 viviendas protegidas de promoción pública, en un solar adquirido por el ayuntamiento, con financiación del Programa Insular Activa Suelo. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 4.482.175,37 euros,

Finalmente, la Consejería ha trasladado al Consejo de Gobierno la adenda al convenio específico de cooperación que se ha suscrito el 26 de diciembre de 2024 entre el ICAVI y el Cabildo Insular de Tenerife, destinado a la ejecución de siete promociones de inmuebles protegidos de promoción pública en distintos municipios de la isla.

La adenda incrementa el presupuesto inicial del convenio en 5.246.197,03 euros, elevando la inversión total hasta 50.246.197,03 euros, con el objetivo de garantizar la viabilidad técnica y económica de las actuaciones previstas y dar respuesta a la evolución de los costes de construcción.

Con estos acuerdos, el Gobierno de Canarias avanza en su política de vivienda pública en Tenerife, basada en la cooperación institucional, la activación de suelo público y el incremento del parque de vivienda protegida para garantizar el acceso a una vivienda digna.

El vicepresidente de la UE confirma su visita a Canarias y su compromiso de elaborar en 2026 una estrategia RUP

Raffaele Fitto anuncia al presidente Clavijo que viajará al archipiélago durante el primer semestre de este año para conocer de primera mano sus necesidades como región ultraperiférica

El responsable de políticas de Cohesión y Reformas trabaja en un paquete de simplificación legislativa que elimine los principales cuellos de botella a los que se enfrentan las RUP

El vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha confirmado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que viajará al archipiélago durante el primer semestre de este año para conocer de primera mano las dificultades a las que se enfrentan las islas como región ultraperiférica (RUP). Esta visita tendrá lugar en plena negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE y en plena ofensiva de las nueve regiones europeas y sus tres Estados en defensa de la continuidad de los fondos específicos de las RUP.

En respuesta a la invitación de Clavijo del pasado 24 de noviembre, Fitto asegura que su gabinete ya está trabajando para cerrar las fechas concretas de este viaje “como parte del trabajo preparatorio” de las iniciativas a favor de las regiones ultraperiféricas que quiere lanzar su departamento en 2026.

El máximo responsable de la política de Cohesión del equipo de Ursula Von der Leyen confirma en este sentido en una carta enviada al presidente canario que está ultimando “una nueva estrategia” para las RUP “que irá acompañada de un paquete de simplificación regulatoria destinado a abordar los principales cuellos de botella a los que se enfrentan estas regiones”.

De cara a esa propuesta, Raffaele Fitto dice que su viaje al archipiélago tendrá como objetivo “obtener una comprensión más profunda de los desafíos y necesidades” de Canarias como región ultraperiférica. amparada por el artículo 349 del Tratado europeo.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea se comprometió por primera vez con las nueve regiones ultraperiféricas a aprobar esta estrategia en la cumbre RUP celebrada en Reunión el pasado mes de abril. También lo ratificó en la reunión de alto nivel que tuvo lugar en Bruselas el pasado noviembre, donde volvió a adelantar que esta reforma legislativa específica para las RUP se sustentará en cinco pilates: defensa, agua, energía, competitividad y vivienda.

Raffaele Fitto, en su carta al presidente Clavijo, asegura que, pese a su propuesta de Marco Financiero Plurianual, la Comisión Europea mantiene vivo su compromiso de trato diferenciado con las RUP, “tal como se describe en el artículo 349 del Tratado” europeo. Sin embargo, el responsable de Cohesión considera positiva la creación de fondos nacionales y que los recursos económicos para las regiones ultraperiféricas queden en manos de sus Estados.

Compromiso RUP

A su juicio, el enfoque de la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 “está diseñado para mejorar la capacidad de la Unión para abordar las necesidades específicas de las regiones más alejadas garantizando un uso más coherente, flexible y coordinado de los recursos de la UE en todas las políticas cubiertas por los planes”.

En este sentido, Fitto considera que el texto que está sobre la mesa “preserva el trato diferenciado a las RUP, “ya que requiere que Francia, España y Portugal incorporen medidas específicas para apoyar a sus regiones más alejadas dentro de sus planes, con la opción de presentar un capítulo específico para cada” territorio ultraperiférico.

Las regiones ultraperiféricas “mantendrán la plena responsabilidad de la aplicación de dichos capítulos y seguirán en contacto directo con la Comisión Europea”, sostiene el vicepresidente de la Comisión en su misiva al presidente de Canarias. Al respecto, concreta que “las medidas” que tendrán que incluir los Estados en sus planes con fondos comunitarios “pueden abarcar inversiones estructurales y apoyo compensatorio a través de la cohesión y las políticas comunes de agricultura y pesca”.

Raffaele Fitto subraya que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas “pueden seguir confiando en un marco de apoyo sólido y adaptado que fortalezca su integración en el proyecto europeo, al tiempo que abordan los desafíos específicos que plantean su situación geográfica”. Se compromete a garantizar en este sentido que los planes estatales “mantengan el trato diferenciado” de las RUP y que “se les proporcione el apoyo necesario, reflejando sus circunstancias únicas”.

El Gobierno destina un millón de euros para los Puntos de Encuentros Familiar en el segundo semestre de 2025

Corresponden a las subvenciones concedidas por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Gobierno de Canarias ha concedido 975.455 euros a los Puntos de Encuentros Familiar (PEF) en el segundo semestre de 2025 destinadas a favorecer el funcionamiento de la Administración de Justicia y la protección de las personas vulnerables. Según ha informado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, durante el año 2025 la cantidad ha ascendido a 1.572.110 euros, incluyendo al presupuesto de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Las subvenciones a las entidades beneficiarias han permitido el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro y del municipio de Santa Lucía de Tirajana, así como el programa ‘Coordinación de la parentalidad y asistencia a encuentros familiares’ del Centro de Orientación Familiar de Canarias.

Además, se han otorgado subvenciones para el coste de los programas específicos de Violencia de Género en Gran Canaria, Tenerife Norte; Santa Cruz de Tenerife; Fuerteventura; El Hierro, La Gomera y en el Punto de Encuentro Familiar Viogensur 2025, además de para la implementación de la perspectiva de Género en el PEF de Lanzarote.

Los Puntos de Encuentro Familiar son recursos sociales especializados que ofrecen un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada.

Estos recursos están llamados a cumplir una función esencial en materia de asistencia y protección de las personas menores de edad, actuando como espacios de intervención familiar y psicosocial destinados a garantizar que niños, niñas y adolescentes viven y se desarrollan en un ambiente seguro, estable y libre de violencia. La existencia de estos espacios resulta especialmente necesaria en supuestos de crisis y conflictividad familiar, o cuando se aprecie una potencial situación de riesgo para las personas menores que aconseje la intervención de profesional.

En los puntos de encuentro familiar se atienden tanto las derivaciones judiciales como las provenientes de órganos administrativos que tengan dentro de su competencia la tutela, protección y asistencia de las personas menores de edad, sea Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares o Administraciones Municipales. También prestan particular atención a aquellos supuestos en los que se derive un caso de violencia de género y para el que los puntos de encuentro familiar cuentan con un protocolo específico de actuación, que atiende especialmente a la condición de víctimas que tienen las personas menores y sus madres, orientando su actuación a su asistencia y recuperación.

También se consideran los puntos de encuentro familiar de interés público porque favorecen el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia al constituir un instrumento para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por los Tribunales respecto del ejercicio del derecho de visita, evitando además situaciones que puedan derivar en violencia de género.

El Gobierno garantiza la atención jurídica gratuita y turno de oficio con 16,7 M€ en el segundo semestre de 2025

Corresponde a las subvenciones concedidas a los Colegios de Abogacía y Procuraduría, que durante el año ha rozado los 30,4 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha otorgado 16,7 millones de euros en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el segundo semestre de 2025. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de estas concesiones para este servicio, que en todo el año 2025 ha ascendido a 30.398.244 euros.

Según información facilitada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la finalidad es el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio.

Entre los beneficiarios están los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, además de los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Son estos colegios los que pagan a los profesionales del turno de oficio que atienden a las personas que carecen de recursos y necesitan una defensa jurídica.

En el gasto del año 2025 se ha contemplado también la subida de un 15% en los baremos por los que se retribuyen los servicios a estos profesionales. En el 2026 el incremento será del 7% y en el 2027 de un 8%, hasta alcanzar el 30% en los módulos acordado en tres ejercicios presupuestarios con los colegios en función de sus demandas de actualización del IPC.

En el coste de la justicia gratuita se incluye también la atención a las personas migrantes que llegan por mar a las costas canarias y que sigue sin ser abonada por el Estado.

El Gobierno aprueba la estrategia que presentará en el Parlamento para la defensa común del estatus RUP

El Ejecutivo propone cómo se deben mantener las políticas específicas de cohesión, de agricultura y pesca, así como la atención del fenómeno migratorio y el refuerzo de la ultraperiferia en la acción exterior de la UE

Las dotaciones singularizadas no constituyen un privilegio, sino una condición necesaria para garantizar un desarrollo equilibrado y justo del conjunto de la Unión

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la Comunicación que elevará el Parlamento de Canarias sobre los objetivos y prioridades que considera imprescindibles incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener el estatus de Región Ultraperiférica junto a la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martin, Azores y Madeira.

En la propuesta financiera de la Comisión Europea no se garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que, las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas, se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral entre el Estado miembro y la Comisión Europea, lo que no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento

Para el Gobierno, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse desde la unidad de todas las instituciones. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y como ya comentó el presidente Fernando Clavijo, “supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE”.

Por ello, el Ejecutivo plantea en este documento duplicar la dotación financiera del POSEI con objetivo de tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde hace casi dos décadas, lo que supondrían 3.752 millones de euros

Incrementar la partida que compensa los incrementos de los sobrecostes producidos en el sector pesquero de 88 millones de euros a 101 millones de euros.

Se solicita que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que la cantidad destinada por habitante aumente, teniendo en cuenta los datos de población actualizados, que se cuantificarían en, al menos, 773 millones de euros.

Que las adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en un contexto ultraperiférico deben mantenerse expresamente en la normativa europea y no quedar al albur de la programación de los estados.

Que el nuevo marco financiero, que se orienta a la consecución de hitos y objetivos, incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan acomodar instrumentos cuya finalidad principal sea la compensación de sobrecostes estructurales.

Propone mejorar las disposiciones específicas relativas a la RUP incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional

Reiteramos además la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas particularmente en lo que respeta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial.