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El Gobierno destina dos millones de euros a la mejora del abastecimiento en la isla de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a una transferencia al Consejo Insular para la actualización, entre otros, de los sistemas de captación en las desaladoras de Arucas-Moya, Bocabarranco y La Aldea

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas con el fin de habilitar una partida de dos millones de euros, entre otros objetivos, para la mejora en las estaciones desaladoras de agua de mar (EDAM) de Arucas-Moya, Bocabarranco y La Aldea, todas ellas ubicadas en Gran Canaria. Esta partida será transferida al Consejo Insular de Aguas para ejecutar los trabajos que permitirán sustituir bombas de captación de entre 10 y 15 años de antigüedad en dichas instalaciones, que han perdido eficacia en su funcionamiento.

La estación de Arucas-Moya tiene una capacidad de producción de 15.000 metros cúbicos diarios de agua, captada a través de seis pozos. La de Bocabarranco, con una capacidad de producción máxima de 10.000 metros cúbicos por día, lo hace mediante cinco pozos de captación. Por último, la tercera de las desaladoras objeto de esta mejora, la de La Aldea, está formada por dos instalaciones que suman una producción diaria de 7.700 metros cúbicos, a través de un total de cinco pozos.

El proyecto que pretende llevar a cabo el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria tiene como objetivo actualizar dichos pozos para reducir la frecuencia de averías, que suceden a pesar de su correcto mantenimiento, y lograr un mayor rendimiento hidráulico. Los equipos que serán sustituidos son un motor sumergible y una bomba acoplada, que lleva el agua hasta los sistemas de pretratamiento y desalación.

Todo ello, junto a otros trabajos en las mismas plantas, permitirán mejorar la eficacia del sistema de abastecimiento de agua en la isla.

Manuel Miranda, responsable de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha señalado la importancia de la planificación y la cooperación interadministrativa. “Este proyecto cumple ambos fines”, ha añadido, “pues forma parte de la planificación que realiza el Consejo Insular para mantener al día las instalaciones del ciclo del agua en Gran Canaria, y es un ejemplo del apoyo que desde el Gobierno de Canarias aportamos a todos los cabildos para impulsar obras estratégicas”.

El Consejo de Gobierno autoriza la transferencia de la gestión del Parque Nacional del Teide al Cabildo de Tenerife

El Cabildo asume de forma definitiva las competencias del Parque, que actualmente solo estaban delegadas, mientras que el Gobierno mantiene las competencias normativas y de planificación

La transferencia consolida el modelo de gestión insular del Teide y clarifica el reparto de competencias entre administraciones, culminando un proceso normativo en un único marco jurídico

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto por el que se transfieren al Cabildo Insular de Tenerife las funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide.

De este modo, se formaliza definitivamente el traspaso de la gestión ordinaria del Parque Nacional, reforzando el modelo de gestión insular de este espacio natural protegido, dotándolo de mayor agilidad y cercanía a la gestión del espacio protegido más visitado de España, garantizando su conservación.

Esta decisión culmina un proceso administrativo y normativo que permite consolidar en un único marco jurídico la transferencia de competencias que el Cabildo de Tenerife ya venía ejerciendo en régimen de delegación. El decreto aprobado regula también los medios personales, materiales, patrimoniales y económicos adscritos a la transferencia.

En este sentido, se establece que el Cabildo de Tenerife dispondrá de los bienes y derechos necesarios para el ejercicio de las funciones transferidas, conforme a lo detallado en los anexos del decreto. Entre los inmuebles incluidos figura el Centro Administrativo y de Visitantes Telesforo Bravo, cuya cesión abarca tanto los espacios de uso administrativo como la zona expositiva y el salón de actos.

La transferencia se realiza en coherencia con lo dispuesto en la Ley 5/2024, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, que establece que, con efectos desde el 1 de enero de 2025, las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide corresponden al Cabildo Insular de Tenerife.

El Gobierno de Canarias mantiene, no obstante, las competencias relativas a la formulación y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, así como las funciones de desarrollo normativo, tanto legislativas como reglamentarias y la interlocución con la UNESCO para preservar el estatus de Patrimonio de la Humanidad del Teide.

Con esta aprobación, el Gobierno de Canarias avanza en la clarificación competencial y en el fortalecimiento del modelo de gestión del Parque Nacional del Teide, garantizando la continuidad administrativa y la adecuada conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del Archipiélago.

El Gobierno aprueba dos ofertas de empleo público de la Administración General del año 2025 con 556 plazas

En los decretos se recoge que 242 son para personal funcionario de carrera, mientras que 314 son para personal laboral fijo

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, dos ofertas de empleo público (OPE) para la Administración General de la Comunidad Autónoma con un total de 556 plazas correspondientes al año 2025. De ellas, 242 plazas son para personal funcionario de carrera y 314 para personal laboral fijo por acceso libre.

De las plazas ofertadas para funcionarios contempladas en el decreto, 169 plazas corresponden a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera.

La distribución es la siguiente: administradores generales (16); administradores generales especialidad jurídica (4), administradores financieros y tributarios (6); estadísticos superiores (5); ingenieros industriales (1); ingenieros de montes (1); telecomunicaciones (3); técnicos de prevención (1); letrados (1); medicina administración sanitaria (16); veterinaria agricultura (1); veterinaria administración sanitaria (2); veterinaria asistencial (3); tecnologías de la información (3); inspectores médicos (4); administración y gestión del buque (1); gestión general (7); gestión financiera y tributaria (6); archiveros ayudantes (2); bibliotecarios ayudante (1); arquitectos técnicos (2); ingeniero técnico agrícola (6); ingenieros técnicos forestales (2); ingenieros técnicos industriales (1); tecnología de la información (1); técnicos de prevención (1); trabajador social (4); electricidad y automatismos (1); maniobra y navegación (3); administrativo (13); auxiliares de informática (3); auxiliar de biblioteca, archivos y centros de documentación (6); auxiliares (34) y subalternos (8).

Por otra parte, 73 plazas, que representan el 30% del total de la oferta, se corresponderán a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, mediante promoción interna horizontal y vertical, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera, con la distribución que figura en el Anexo II del decreto.

En el ámbito de la promoción interna contenida en esta Oferta de Empleo Público se reservan 19 de las plazas totales ofertadas al Cuerpo Administrativo.

Además, se reservan 25 plazas para personas con discapacidad, que representa un 10% del total de plazas ofertadas, de las cuales, 4 plazas se reservan a favor de personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, y 21 plazas se reservan a personas con discapacidad de otro tipo.

Personal laboral fijo

El Consejo ha aprobado también la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias de personal laboral fijo para el año 2025, que comprende un total de 314 plazas, para su provisión mediante acceso libre.

Los puestos se distribuyen de la siguiente forma, en función de la denominación: educador/educadora (15); educador/educadora infantil (20); auxiliar de autopsias (3); técnico especialista (2); cocinero/cocinera (48); cuidador/cuidadora (29); mantenimiento-guarda (23); auxiliar de laboratorio (1); auxiliar de servicios complementarios (75); analista II (9); ayudante de cocina (29); camarera-limpiadora (28); marinero (2); servicio doméstico (14); limpiadora (7), peón agrario/peona agraria (9).

Del total de plazas ofertadas, se reservan un total del 10%, equivalente a 32 plazas, para personas con discapacidad igual o superior al 33%, de las cuales, el 2%, esto es un total de 6 plazas se reservan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, aplicada al Grupo V, y el resto, esto es, un 8%, que representa un total de 26 plazas, al resto de tipos de discapacidades.

Ambos decretos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias donde podrá consultarse el contenido con sus anexos.

El Ejecutivo impulsa un convenio que permitirá construir 126 viviendas públicas en Gran Canaria

La iniciativa, puesta en marcha entre el ICAVI y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, moviliza 29,5 millones de euros para cinco promociones en Gáldar, Santa Lucía de Tirajana y Santa María de Guía

Esta dación de cuenta coincide con la entrega este lunes de las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social en Ingenio

Todas las iniciativas en materia de vivienda corresponden a una estrategia 360º que contempla diferentes impulsos normativos que buscan un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, durante la sesión del Consejo de Gobierno celebrada esta mañana, del convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para la construcción de 126 viviendas públicas de alquiler asequible en los municipios de Gáldar, Santa lucía de Tirajana y Santa María de Guía.

El acuerdo permitirá activar una inversión total de 29.269.779,14 euros. Las actuaciones se integran en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU.

Del total de la inversión, 14.220.303,14 euros, el 48,59%, será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; 5.049.476 euros, el 17,25%, corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España y, 10 millones de euros, el 34,17%, procede del Consorcio.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa desarrollando su estrategia de ampliación del parque público de vivienda en coordinación con los cabildos y ayuntamientos.

Una estrategia 360º en materia de vivienda

El consejero ha recordado durante la sesión los avances históricos logrados en política de vivienda en los dos últimos años, con más de 2.000 viviendas públicas en distintos procesos de construcción a través del ICAVI y VISOCAN y una inversión superior a los 300 millones de euros, la mayor de la historia del Archipiélago.

Este impulso ha permitido romper una década de parálisis en la construcción y entrega de viviendas en islas como Tenerife y Gran Canaria, y se consolida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que destinan más de 200 millones de euros a políticas de vivienda.

Entre las principales medidas puestas en marcha destacan el refuerzo de las ayudas al alquiler, el Bono Alquiler Joven —que beneficiará a cerca de 4.000 jóvenes—, las nuevas ayudas a la adquisición de vivienda, la futura Hipoteca Joven, una profunda simplificación administrativa a través de dos decretos leyes ya aprobados y la puesta en marcha de instrumentos pioneros como la Vivienda Asequible Incentivada, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a jóvenes y familias con mayores dificultades.

En definitiva, estas iniciativas son fruto de una estrategia 360º, que contempla diferentes impulsos normativos para reducir los trabajos y acelerar procesos, que han permitido reactivar la construcción de vivienda pública con cifras inéditas en los últimos años y movilizar promociones paralizadas desde hace una década. Este esfuerzo, según ha recalcado el consejero, también ha buscado generar un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda, dejando atrás el inmovilismo normativo que había limitado el desarrollo en los últimos años.

Entrega de ocho viviendas en Ingenio

Esta dación de cuenta que se realiza hoy coincide con la entrega de viviendas este lunes de las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en El Sequero, en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.

Estas viviendas se suman al conjunto de actuaciones ya culminadas en distintos municipios de Gran Canaria, reforzando el compromiso del Ejecutivo canario para seguir impulsando nuevas promociones y ampliando el parque público de vivienda en el Archipiélago.

Estas nuevas adjudicaciones se suman a otras tres promociones que suman 75 viviendas en Ingenio, así como a ocho viviendas entregadas en Santa Lucía de Tirajana y a 26 en Agaete.

El Gobierno evita el bloqueo de modificaciones del planeamiento permitiendo la prórroga de los informes ambientales

 El Consejo aprueba un decreto que cambia dos puntos de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales para impedir que la caducidad de los informes ambientales provoque la paralización de procedimientos

El texto legislativo también establece una modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias con el objetivo de ampliar el plazo para que éstas puedan adaptar sus estatutos a esta norma

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un decreto impulsado por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico. El objetivo es, por un lado, modificar puntualmente la Ley del Suelo para dar la posibilidad de prorrogar la vigencia de los informes ambientales. Esta posibilidad evitará a ayuntamientos, cabildos y al propio Gobierno que la pérdida de vigencia de los informes ambientales bloquee la tramitación de modificaciones del planeamiento y de planes generales. Por otro lado, se modifica la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias para ampliar el plazo a estas entidades a adaptar sus estatutos a esta normativa autonómica.

Respecto a la modificación de la Ley del Suelo, cabe destacar que las tramitaciones tanto de nuevos planes generales como de modificaciones menores de los ya existentes requieren de informe ambiental para ser aprobado. La ardua tramitación de este tipo de expedientes, que requieren de informes emitidos por diferentes administraciones, se puede dilatar en el tiempo, provocando que los informes ambientales pierdan la vigencia temporal que tienen reconocida por Ley.

Esta situación provoca que se deba reiniciar el procedimiento, afectando a su seguridad jurídica y al uso eficiente de los recursos humanos y económicos en la administración. Para evitar este bloqueo, el decreto aprobado propone dos modificaciones puntuales de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.

Por un lado, la incorporación de un nuevo apartado al artículo 86 de este texto con el objetivo de permitir la prórroga durante dos años de la vigencia de los informes ambientales estratégicos. Estos documentos, que actualmente son improrrogables, forman parte de las modificaciones menores del planeamiento que impulsan ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias. A petición de cualquiera de estas administraciones, se podrá ampliar la vigencia de estos informes para no bloquear la tramitación del expediente en su totalidad si se cumple la fecha límite. Esta medida ha sido ya adoptada en otras comunidades autónomas con el mismo objetivo.

Por otro lado, se incorpora un nuevo apartado en la disposición transitoria séptima, para ampliar doce meses la caducidad de las memorias ambientales ya aprobadas e incluidas en la tramitación de planes generales. La condición que establece esta segunda medida es que la tramitación del documento haya superado ya el trámite de exposición pública.

En ambos casos se pretende dar viabilidad y seguridad jurídica a los expedientes para que la pérdida de vigencia de los procedimientos ambientales no provoque la suspensión del procedimiento.

Ley de Sociedades Cooperativas

Respecto a la segunda de las modificaciones introducidas por este decreto, tiene como finalidad ampliar el plazo previsto para que las sociedades cooperativas de Canarias adapten sus estatutos a la Ley 4/2022. Con esta reforma, el límite inicialmente fijado para el 10 de enero de 2026 se extiende hasta el 10 de enero de 2027, otorgando a las cooperativas un margen adicional para culminar este proceso de adecuación normativa con las debidas garantías. De este modo, se favorece a las cooperativas y a la economía social, un sector prioritario para la Consejería de Turismo y Empleo.

Bienestar Social destina 302.000 euros a infraestructuras sociosanitarias en La Palma

El Gobierno de Canarias ha aprobado el incremento de la inversión en el marco del convenio para la construcción y reformas de plazas sociosanitarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha elevado a Consejo de Gobierno la ampliación de crédito destinado a financiar la ejecución de plazas de nueva construcción y reforma de las existentes en materia de infraestructura sociosanitaria en la isla de La Palma, por un importe 302.305,26 euros.

Esta ampliación se lleva a cabo en virtud de la Resolución definitiva de la Dirección General de Dependencia, relativa a la justificación del Convenio de Cooperación suscrito entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reformas de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, correspondiente a las anualidades 2023 y 2024, por la que, se destina el importe de 302.305,26 euros.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma mantienen un acuerdo desde hace años para garantizar que las infraestructuras que prestan atención a personas mayores y dependientes están en las mejores condiciones posibles. Dentro de ese acuerdo, se han llevado a cabo distintas actuaciones para mejorar los centros sociosanitarios de La Palma y se ha avanzado en la redacción de proyectos de futuras infraestructuras que permitirán ampliar la respuesta a la demanda de plazas residenciales y diurnas que existe en la isla.

El Gobierno de Canarias aprueba 1.132,4 millones de euros para los convenios de dependencia en el período 2025-2028

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, califica el hecho como histórico al poner la atención a las personas en el centro de la acción del Ejecutivo

Con la aportación de los Cabildos insulares, el total de la inversión en el sistema de la dependencia en el Archipiélago alcanza los 1.602 millones de euros

El Gobierno de Canarias aprobó hoy una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros, aproximadamente, para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en Las Islas durante el período 2025-2028. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los Cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que “estamos cumpliendo uno de los compromisos que nuestro presidente, Fernando Clavijo, fijó al inicio de la legislatura, como es atender a las personas y ponerlas en el centro de nuestra acción. Estamos atendiendo una deuda histórica que tiene también muy en cuenta al tercer sector, asegurando la estabilidad, unas reglas comunes y una financiación cierta para la red de atención a la dependencia y la discapacidad en todas las islas. Además, la cuantía aprobada contempla el compromiso de sostener todos los servicios previstos con precios actualizados y con carácter retroactivo a enero de este año”.

Delgado indicó que “el nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas.

Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del sector y estamos, sin duda, en un día histórico porque cumplimos con los planteamientos que nos habíamos trazado en materia de igualdad territorial, consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible”.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

Además, los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. De igual forma, se incorpora un protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y urgencias sociales, evitando pérdidas de financiación estatal y mejorando la coordinación con el sistema sanitario.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

El Gobierno aprueba nuevo decreto de protección de la atmósfera para modernizar y reforzar el control de emisiones

La nueva norma adapta la prevención y el control de emisiones en Canarias conforme a la legislación estatal y europea con el objetivo de reforzar la protección de la atmósfera, contribuir a la mitigación del cambio climático y reducir riesgos para la salud pública

El decreto moderniza la normativa ambiental actual revisando los procedimientos de autorizaciones, controles inspecciones y obligaciones vinculadas a las emisiones atmosféricas en instalaciones industriales y otras actividades que puedan afectar a la atmósfera

El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba hoy, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía liderada por Mariano H. Zapata, el nuevo Decreto de Protección de la Atmósfera. Una normativa que actualiza por completo el marco regulador vigente y que permitirá aplicar, de forma adecuada en las islas, la legislación estatal en materia de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Su objetivo principal es reforzar la protección de la atmósfera, contribuir a la mitigación del cambio climático y reducir riesgos para la salud pública. Con ello, Canarias adapta plenamente sus procedimientos, moderniza su estructura administrativa y actualiza la normativa relativa a la autorización y notificación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que deberán tramitarse a través de un sistema digitalizado y simplificado.

El nuevo decreto establece el marco necesario para regular autorizaciones, controles, inspecciones y obligaciones vinculadas a las emisiones atmosféricas en instalaciones industriales y otras actividades que puedan afectar al aire.

El texto aprobado no supone un incremento de cargas económicas para las empresas, ya que mantiene las obligaciones establecidas en la normativa estatal y no genera impacto en los ingresos o gastos de la Administración autonómica ni del resto de Administraciones públicas.

De esta manera, el Archipiélago se alinea con la normativa básica estatal y europea, garantizando mayor seguridad jurídica y un control más eficaz sobre las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Simplificación administrativa y buena regulación

El nuevo decreto introduce mejoras orientadas a la simplificación administrativa, como la tramitación íntegramente telemática, la utilización de declaraciones responsables y el intercambio de datos entre administraciones para reducir cargas burocráticas.

Un paso decisivo para reforzar la mejora de la calidad del aire en Canarias

La aprobación del decreto se integra dentro de la estrategia del Gobierno para contribuir a la mejora de la calidad del aire, un ámbito crítico en un contexto marcado por el cambio climático y por episodios cada vez más intensos de calima, incendios forestales o fenómenos atmosféricos extremos.

Ante esta realidad, el Gobierno de Canarias está llevando a cabo una atención prioritaria en la evaluación y gestión de la calidad del aire, de acuerdo con la normativa vigente, aplicando los sistemas de gestión de la calidad necesarios, implementando sistemas avanzados de información y alerta temprana, garantizando una buena medición de la calidad del aire para los ciudadanos e incorporando medidas como las de este decreto en materia de un mayor control sobre las emisiones contaminantes.

 

 

El Gobierno avanza la tramitación de una nueva instalación de emergencia en Tenerife para evitar apagones

El proyecto, financiado íntegramente por el Gobierno de España con 24 millones y con una potencia de 18 MW, es modular, provisional y complementario de otros proyectos en la isla

Esta planta, gestionada por Sampol y ubicada en suelo industrial en el Puerto de Santa Cruz, solo funcionará en momentos críticos para garantizar el suministro, formando parte del plan de emergencia energética para cubrir el déficit de potencia actual de 268 MW en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura

La reciente resolución provisional del concurso ordinario para renovar los grupos de generación en Canarias, publicado por el Ministerio, garantiza que estas plantas sean solo un apoyo temporal mientras llega la nueva generación

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ha acordado avanzar en la tramitación de la tercera planta de generación de emergencia de la isla de Tenerife. Todo ello, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y prevenir posibles apagones, tras la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.

La instalación, que se ubicará en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, será gestionada por la empresa SAMPOL y entrará en funcionamiento solo en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando en todo momento la seguridad de la población. Se trata de una solución provisional, segura y sin coste para Canarias, ya que será financiada de manera íntegra por el Gobierno de España con un presupuesto de 24 millones de euros.

La provisionalidad de las medidas de emergencia se mantendrán hasta que se produzca la renovación del parque de generación de Canarias, una vez que el Ministerio resuelva definitivamente el concurso de concurrencia para ello.

Esta medida se ha diseñado de forma coordinada con el Cabildo de Tenerife para determinar la mejor ubicación posible, así como con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Autoridad Portuaria.

Con esto, el Gobierno de Canarias sigue avanzando en el refuerzo energético de las tres islas con déficit de generación (268 MW): Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Este es un paso más en el trámite administrativo de la instalación, que llevará después a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía y posterior instalación.

Esta planta se suma así a las otras tres instalaciones de generación de emergencia ya autorizadas en Tenerife (La Campana, Los Realejos y Granadilla) y a las dos de la isla de Fuerteventura, ambas en la zona de La Herradura.

Es importante subrayar que el procedimiento ordinario de adjudicación para la nueva generación eléctrica en Canarias continúa su curso con la resolución provisional ya publicada por el Ministerio, garantizando así la transición hacia un sistema renovado y estable en el futuro próximo.

En este contexto, las plantas de emergencia aprobadas se configuran como una solución provisional y acotada en el tiempo, cuyo papel es asegurar la cobertura energética únicamente hasta que las instalaciones definitivas resultantes del concurso entren en funcionamiento.

Unas medidas provisionales y seguras

La instalación se ubicará en el Dique del Este, en una parcela de aproximadamente 4.300 metros cuadrados propiedad de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La infraestructura contará con una potencia total de 18 MW y estará formada por diez grupos de generación de 1,8 MW cada uno. La planta ha sido diseñada específicamente para facilitar su montaje y desmontaje, de acuerdo con su naturaleza excepcional y su carácter temporal.

Para la evacuación de la energía producida, se proyecta una línea subterránea de aproximadamente 800 metros de longitud, que discurrirá íntegramente por el interior de la zona portuaria hasta su conexión con la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Dique del Este.

Además, los grupos de generación cumplirán con la normativa ambiental vigente, incluyendo sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) que garantizan la reducción de emisiones y un funcionamiento dentro de los estándares más exigentes.

Para la isla de Tenerife, donde el déficit actual manifestado por el operador del sistema (REE) es de 80 MW, esta instalación, junto a la de La Campana, Realejos y Granadilla, darán una cobertura de 60 MW de potencia, lo que equivale al 75 % del déficit de la isla, señalado por el operador del sistema (Red Eléctrica). A estas infraestructuras se sumará otra instalación, que permitirá cubrir el 94% del déficit de la isla.

Bienestar Social dotará a Canarias de una nueva ley de Voluntariado acorde a los desafíos y retos del siglo XXI

La nueva norma, que sustituirá a la vigente desde 1998, busca promover y fomentar la participación social de la ciudadanía, regular los requisitos de las entidades de voluntariado y las competencias de entidades y administraciones en esta materia

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha elevado a Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa, sus objetivos y los principios que la inspiran, para su toma en consideración y prestación de conformidad a la iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley del Voluntariado de Canarias.

Además, ha presentado propuesta para que se acuerde en su tramitación la realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la iniciativa legislativa.

Según ha explicado la consejera regional del área, Candelaria Delgado, «con esta herramienta legislativa se pretende que Canarias cuente con una ley que regule y promueva la participación activa de la ciudadanía, adaptándola a la realidad y los desafíos del siglo XXI». La actual de ley de Voluntariado data de 1998.

«Este proceso exige una modificación sustancial de la ley de Voluntariado en nuestra comunidad, como vehículo que promueva y fomente la participación ciudadana y actúe como motor del desarrollo social en nuestras islas», enfatizó Delgado.

Entre los objetivos que se busca alcanzar con esta iniciativa legislativa, se encuentran promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en intervenciones sociales realizadas a través de entidades no lucrativas y voluntariado, dentro y fuera del territorio canario. Se incluye asimismo la definición de la actividad, así como la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción voluntaria en todos sus ámbitos; fijar los requisitos que deben reunir las entidades de voluntariado y el régimen jurídico de sus relaciones con las personas voluntarias y con las personas destinatarias de las actuaciones de voluntariado. Se propone determinar las funciones de la Administración Públicas Canarias en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado, así como regular sus relaciones con las entidades que desarrollen actividades de voluntariado y las personas voluntarias que colaboren en su ejecución.

Los valores y principios que deben inspirar la acción voluntaria son los de la libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios como de las personas destinatarias de la acción voluntaria; la participación como principio democrático de intervención directa y activa en el espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de ciudadanía activa y dimensión comunitaria y la solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes y compromisos cotidianos.

Además, se promueve en esta ley la eliminación de injusticias y desigualdades, además de la complementariedad respecto a las actuaciones de las administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los ámbitos del voluntariado. Al mismo tiempo, se impulsa la autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones, la gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o material, y la eficiencia, que busca la optimización de los recursos.

Todos estos valores se enmarcan en los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad, tal y como ha demostrado ser la canaria. Estos principios contribuyen a la equidad, la justicia, la cohesión social y el desarrollo de la corresponsabilidad y los valores democráticos.