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Canarias impulsa la reforma de la ley de participación de personas mayores vigente desde 1996

La propuesta de reforma busca establecer un marco jurídico integral que dé garantía a la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa del colectivo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha elevado a Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa, sus objetivos y los principios que la inspiran, para su toma en consideración y prestación de conformidad a la iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones. Además, propone la realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas afectadas por la iniciativa legislativa.

«Se hace necesaria una reforma legislativa que tome en consideración no solo los cambios normativos operados en los últimos años sino también la experiencia y buenas prácticas obtenidas desde la entrada de vigor de la ley en Canarias, en otras comunidades autónomas y en otras partes de Europa», explica la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien aclara que «esta modificación legal tiene por objeto establecer un marco jurídico integral que garantice los derechos fundamentales, la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa, la inclusión plena y la protección integral de las personas mayores en Canarias».

La iniciativa incorpora los principios generales básicos de legalidad, de igualdad sustantiva y no discriminación por edad, género, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o cultural, condición socioeconómica o territorial, así como la accesibilidad universal, la equidad interterritorial e insular, la participación activa y deliberativa, la solidaridad intergeneracional, la cohesión social y el enfoque de derechos como principios generales básicos.

Entre sus objetivos, la propuesta contempla reconocer y garantizar el ejercicio efectivo y justiciable de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores; establecer las bases para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas coherentes, inclusivas, accesibles y sostenibles, orientadas al bienestar, la protección y la participación de las personas mayores. Se pretende con esta norma consolidar un modelo de atención centrado en la persona, que promueva la autonomía, el envejecimiento activo en el entorno habitual elegido y los apoyos necesarios para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica. Asimismo, la norma fomentará la corresponsabilidad institucional, comunitaria y social en la atención y acompañamiento, así como el reconocimiento recíproco y la solidaridad entre generaciones como eje vertebrador de la cohesión social.

Por otra parte, se busca garantizar condiciones de accesibilidad universal, equidad territorial, calidad, seguridad y calidez en la provisión de servicios, centros y recursos, públicos o concertados, destinados a la atención, cuidado o inclusión social de las personas mayores; prevenir, detectar y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación por edad, violencia institucional, soledad no deseada, exclusión social, abuso económico o patrimonial, mediante medidas jurídicas, sociales y comunitarias específicas y regular un sistema público de evaluación, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas de las políticas, servicios, recursos y resultados dirigidos a las personas mayores, con participación efectiva de estas y de sus organizaciones representativas.

El Gobierno canario amplía en 400.000 euros la financiación de las ayudas de la renta ciudadana

En la actualidad, en torno a unos 13.000 hogares son perceptores de esta ayuda, con una inversión de más de 106,1 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, realizar una modificación de líneas de crédito que supone ampliar la partida financiera correspondiente a las Ayudas de integración social-Renta ciudadana, por un importe de 400.000 euros.

La modificación de la línea de crédito se realiza desde el Plan Concertado de Prestaciones Sociales, dentro de la subvención nominativa concedida a la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destinada al desarrollo del Programa de lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales, a la línea de financiación de la Renta de ciudadanía.

En la actualidad, Canarias atiende a través de la Renta Canaria de ciudadanía a casi 13.000 hogares, para lo que se ha destinado en 2025 una partida de más de 106,1 millones de euros.

La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias.

El Gobierno declara de interés general la parcela anexa al Hospital Dr. Negrín que albergará la protonterapia

El objetivo es construir un edificio de Terapias Avanzadas en el que ubicará dos equipamientos estratégicos para la atención al cáncer, como son la protonterapia y el ciclotrón y sus laboratorios

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la Declaración de Interés General para la parcela anexa al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín en la que se ha previsto la construcción de un edificio que permitirá la ampliación del centro hospitalario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

Se trata de una parcela que albergará el edificio de Terapias Avanzadas, en el que se instalarán dos de los equipamientos estratégicos para el Servicio Canario de la Salud, como son la instalación de un equipo de protonterapia y de un ciclotrón y sus laboratorios asociados.

La Prontonterapia es una tecnología de última generación, inexistente actualmente en las islas, que se utiliza para el tratamiento de determindos tipos de cáncer y que solo está disponible en dos centros privados de España. Canarias dispondrá de este equipamiento como una de las siete comunidades autónomas beneficiarias del convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y la Fundación Amancio Ortega Gaona lo que nos permitirá disponer de equipos de radioterapia de protones para el tratamiento de determinados tipos de cáncer. En total, la Fundación Amancio Ortega ha donado diez equipos de Protonterapia a siete CCAA y Canarias es una de ellas.

En coordinación con la Fundación Amancio Ortega Gaona, el Servicio Canario de la Salud ha dado los pasos necesarios para disponer de la protonterapia en Canarias. Para ello, se está ya en fase de redacción del proyecto para poder licitar la construcción del edificio, entre otras actuaciones prioritarias.

El Gobierno eleva al Parlamento el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual

El Ejecutivo cumple su compromiso de redactar un nuevo texto legislativo tras un proceso de escucha de más de año y medio que concluye con informes favorables del CES y del Consejo Consultivo

El proyecto de Ley tiene como objeto regular la asunción del servicio público por la comunidad autónoma, la atribución de su prestación al ente público RTVC y a la sociedad prestadora del servicio

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la reunión celebrada este miércoles el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias. El texto normativo será elevado ahora al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación definitiva en los próximos meses.

El proyecto de ley tiene por objeto regular la asunción, atribución, prestación y control del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se estructura en cuatro títulos, cuarenta y cuatro artículos, nueve disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Su aprobación supone el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a principios de la legislatura, cuando anunció la redacción de un nuevo marco normativo que otorgara mayor solidez y garantías de operatividad al servicio público audiovisual que prestan la televisión y la radio autonómica.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias tras un largo proceso de escucha y cumpliendo todo el proceso reglado. La tramitación de esta iniciativa legislativa comenzó el 4 marzo 2024, cuando el Ejecutivo dio luz verde al Informe sobre su oportunidad, objetivos y principios generales. Tras recabar los informes departamentales, el pasado 20 de enero se sometió al trámite de exposición pública con un plazo para presentar alegaciones que finalizó el pasado 14 de febrero.

El texto legislativo cuenta asimismo con el preceptivo informe favorable del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) emitido el 29 de septiembre y del Consejo Consultivo que aprobó su dictamen el 25 de noviembre.

Además, el Gobierno mantuvo una reunión este martes con representantes del sindicato mayoritario de la Televisión Pública en la que se acordaron dos cambios no sustanciales en el proyecto de ley en respuesta las demandas expresadas por los trabajadores. En primer lugar, el apartado 3 del artículo 35 del proyecto de Ley indica que “no podrá cederse a terceros la producción y edición de programas informativos”.

También se ha modificado la redacción de la disposición adicional séptima de manera que indica que “la subrogación del personal operada al amparo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre mantendrá su vigencia a menos que, con ocasión de futuras licitaciones de contratación, se opere, en su caso, la subrogación obligatoria, por el/los adjudicatario/s de tales licitaciones, en todas o parte de las relaciones laborales objeto de aquella subrogación provisional, y siempre y cuando tal previsión de subrogación del adjudicatario o adjudicatarios”.

Según explicó el portavoz del Gobierno en rueda de prensa, el proyecto de Ley tiene como objeto regular la asunción del servicio público por la Comunidad Autónoma de Canarias, la atribución de su prestación al ente público RTVC y a la sociedad prestadora del servicio, además de establecer las líneas básicas de prestación del servicio y asegurar su control externo, conforme a lo que establece la normativa europea a través del Reglamento (UE) 2024/1083, de 11 de abril (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación), y la normativa básica estatal aplicable, esto es, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Alfonso Cabello indicó en este sentido que el Gobierno ha adaptado el texto legislativo al nuevo marco regulatorio estatal y europeo y a la transformación experimentada en estos años por el sector audiovisual.

Superar la parálisis

Además, el portavoz destacó la necesidad de suplir los defectos que la Ley 13/2014 en vigor “ha evidenciado desde su aprobación” para “articular un sistema regular de gestión del servicio público y su control parlamentario”. Con la nueva norma se pretende superar la situación de bloqueo institucional por la inoperatividad de la actual ley a la hora de fijar los mecanismos de elección de los órganos directivos y de fijación de las directrices de prestación del servicio.

Cabello recordó que la Ley que ahora se propone actualizar ha sido objeto de siete modificaciones legislativas, además de obligar al Gobierno a aprobar cuatro decretos ley en un intervalo de 4 años a fin de suplir con carácter transitorio la situación de bloqueo institucional que su redacción ha originado.

Tras once años de vida, ningunos de los órganos previstos en la actual normativa han sido aprobados por el Parlamento, dejando al ente público “despojado de los más elementales elementos operativos”, una situación que Cabello dijo que es preciso resolver. Tampoco en diez años, la Cámara autonómica ha sido capaz de aprobar un Mandato Marco que ordene los criterios generales y la toma de decisiones determinantes para la prestación del servicio.

A la vista de esta parálisis, el Gobierno de Canarias considera necesaria la aprobación de una nueva regulación que permita garantizar, de forma ordinaria y permanente, la prestación del servicio público y el ejercicio de derechos fundamentales imbricados en dicha prestación.

Según explicó el portavoz del Gobierno, la Ley de 2014 “no ha cumplido ni con las expectativas ni con las necesidades”, por lo que es necesario contar con un nuevo texto legislativo. “Un servicio público tan importante como es el de la comunicación pública no puede estar dependiendo de constantes parches para salvar los distintos obstáculos que surgen a causa de la ausencia de Mandato Marco o porque no están contemplados por la ley”, manifestó tras subrayar que la Radio Televisión Canaria necesita una ley que le proporcione seguridad jurídica y operatividad para afrontar los retos que la evolución tecnológica trae consigo.

Alfonso Cabello ha recodado además que “otros medios de comunicación públicos autonómicos también han acometido o están en proceso de aprobación de nuevas normas”, para adaptarse a lo que requiere la actualidad. Por ejemplo, así lo ha hecho el Estado con la modificación en Consejo de Ministros de la norma para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, alegando la mejora de su operatividad y la situación de interinidad.

El Gobierno refuerza la innovación en Emergencias con dos millones para el Parque Tecnológico de Fuerteventura

El Consejo da el visto bueno a una ampliación presupuestaria apoyar el desarrollo de plataformas áreas no tripuladas que mejoran la prevención, detección y soporte de la gestión de las Emergencias

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una ampliación del presupuesto para conceder una subvención de dos millones de euros al Parque Tecnológico de Fuerteventura con el objetivo de apoyar proyectos innovadores relacionados con la gestión de las Emergencias. El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, pretende dar cobertura tanto a parte del material necesario para el Edificio Polivalente, como a alguno de los proyectos que éste alberga, según ha explicado el responsable de la citada área autonómica, Manuel Miranda.

El Parque Tecnológico de Fuerteventura, de carácter público y propiedad del Cabildo Insular de esta isla, tiene en marcha diferentes proyectos para el desarrollo de plataformas aéreas no tripuladas que, combinadas con otras fuentes de datos, posibiliten a las instituciones públicas con competencia en materia de emergencias, mejorar su gestión en todas sus fases: prevención, detección, soporte durante el desarrollo y evaluación de daños.

Estos proyectos también pueden mejorar la gestión en ámbitos como el del medio ambiente (control de masas forestales, de corrientes o episodios de contaminación en el océano…) o la seguridad de las personas, en fenómenos como la inmigración.

Manuel Miranda ha destacado el trabajo que se realiza en este Parque Tecnológico en dos sentidos. El primero, porque “refuerza la apuesta del Gobierno de Canarias por aplicar nuevos modelos tecnológicos e innovadores a la gestión de emergencias”. “La combinación de los mejores profesionales, con las soluciones innovadoras de última generación”, ha añadido, “son la base de un sistema público de emergencias de primer nivel, como es el de nuestro Archipiélago”.

Por otro lado, el consejero ha querido destacar el valor del trabajo que se realiza en dicho espacio, recientemente avalado por la directora general de Emergencias del Estado, Virginia Barcones, durante una visita realizada a sus instalaciones. “El trabajo que allí se realiza”, ha dicho Miranda, “sitúa a Fuerteventura y Canarias a la cabeza de la innovación y la ciencia que se hace en España en el ámbito aeroespacial”. Las soluciones que se desarrollan en este Parque Tecnológico “no solo contribuyen a mejorar el sistema público de protección civil de Canarias, sino que cooperan ya con el impulso de los mismos sistemas en otras comunidades autónomas del país, como son los casos, entre otros, de Castilla y León o Galicia”, ha concluido.

El Gobierno refuerza con un millón de euros la ayuda a los Planes de Movilidad Urbana Sostenible

Esta iniciativa permitirá incrementar la financiación de proyectos municipales orientados a una movilidad más sostenible y eficiente

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha autorizado, durante la sesión celebrada esta tarde, la declaración de razones de coyuntura económica para tramitar una ampliación de crédito de un millón de euros destinada a reforzar las subvenciones a los planes de movilidad urbana sostenible en el archipiélago.

Esta ampliación se articula mediante una baja en créditos del estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, con el objetivo de incrementar la dotación de la aplicación presupuestaria correspondiente al proyecto de inversión “Subvenciones planes de movilidad urbana sostenible”. La medida permitirá atender un mayor número de actuaciones orientadas a transformar el modelo de movilidad en los municipios de Canarias, apostando por desplazamientos más eficientes, seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Con esta decisión, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con una movilidad sostenible, accesible y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía, impulsando proyectos que favorezcan la reducción de emisiones, la mejora del espacio público y el fomento del transporte alternativo al vehículo privado.

Esta ampliación de crédito se enmarca en la misma iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias en los últimos meses, que incluye la aprobación de las bases reguladoras para que los cabildos insulares desarrollen infraestructuras de transporte intermodal sostenibles y la puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con cerca de 15 millones de euros para promover proyectos de movilidad intermodal en el Archipiélago.

Desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad se subraya que estas políticas públicas son fundamentales para avanzar hacia un modelo de movilidad más moderno y alineado con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica que marca Europa.

El Gobierno de Canarias autoriza la transferencia de 90.000 euros para la mejora de la LP-1 entre Amagar y Tijarafe

El Ejecutivo autonómico incrementa el crédito destinado al Cabildo de La Palma para reforzar esta infraestructura viaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha autorizado, durante la sesión celebrada esta tarde, la transferencia de crédito por un importe de 90.000 euros para incrementar la dotación presupuestaria destinada a la mejora de la carretera LP-1, en el tramo comprendido entre Amagar y Tijarafe, en la isla de La Palma.

Esta autorización permitirá, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, reforzar la financiación destinada al Cabildo de La Palma para avanzar en la redacción del proyecto técnico, un paso imprescindible para garantizar la correcta ejecución de esta actuación estratégica.

La necesidad de este proyecto responde a las características singulares de este tramo de vía, que discurre por una pequeña urbe integrada en una carretera de montaña, estrecha y con importantes limitaciones, lo que hace imprescindible intervenir en aspectos clave como la mejora del radio de giro de curvas, la estabilización y contención de taludes, así como la ejecución de obras de drenaje, necesarias ante la elevada frecuencia de desprendimientos que se registran en la zona.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras viarias de La Palma, contribuyendo a una mayor seguridad en la circulación, a una movilidad más eficiente y al fortalecimiento de la conectividad entre los municipios del noroeste de la isla, en una vía clave para la cohesión territorial y el desarrollo socioeconómico de esta comarca.

El Gobierno destina 100.000 € al sector pesquero de Tazacorte para compensar las pérdidas por la erupción volcánica

El Consejo acuerda la declaración de coyuntura económica para reforzar las medidas de apoyo a la flota costera artesanal del municipio palmero y paliar la pérdida de caladeros tras la llegada de coladas al mar

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy miércoles, 10 de diciembre, la declaración de coyuntura económica para la concesión de ayudas directas al sector pesquero de Tazacorte por importe 100.501 euros con el objetivo de compensar las pérdidas de caladeros derivadas de la erupción volcánica iniciada el 19 de septiembre de 2021, que produjo una alteración profunda y localizada de los ecosistemas costeros en el litoral occidental de La Palma.

Antes de la erupción, la flota costera artesanal con puerto base en Tazacorte explotaba un mosaico de caladeros de alto valor ecológico y económico, sustentado en pelágicos costeros, tales como sardinas, caballas, chicharros; especies demersales de fondos rocosos como viejas, samas, bocinegros, meros, cabrillas; y cefalópodos e invertebrados litorales como el pulpo, chocos, lapas o burgados.

Esta desaparición o degradación de parte de estos caladeros, unida a las restricciones de seguridad, determinó la paralización de la actividad de dicha flota en la zona directamente afectada, así como la necesidad de desplazar el esfuerzo pesquero a áreas más alejadas, con incremento de costes e incertidumbre en los rendimientos.

Los seguimientos científicos posteriores han puesto de manifiesto una recuperación ecológica relativamente rápida pero aún incompleta en las nuevas fajanas, con procesos de recolonización en curso y una estructura de recursos que sigue siendo frágil, especialmente en el caso de especies de crecimiento lento.

En este contexto, la situación de los recursos pesqueros y de los caladeros tradicionales de Tazacorte continúa marcada por los efectos de la erupción, lo que justifica el mantenimiento de medidas específicas de apoyo a la flota costera artesanal y a su cofradía, orientadas tanto a la estabilidad socioeconómica del sector como a la gestión sostenible de los recursos marinos afectados.

El Gobierno destina 490.000 euros en ayudas al sector atunero para compensar la reducción en las capturas

El Consejo acuerda la declaración de coyuntura económica para la aprobación del crédito destinado a compensar la disminución de la disponibilidad de atún en las zonas de pesca autorizadas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy miércoles, 10 de diciembre, la declaración de razones de coyuntura económica para la concesión de ayudas directas al sector atunero de Canarias mediante una ampliación de crédito por importe de 490.487 euros con el objetivo de reducir el impacto de la merma de las capturas debido a factores externos a las empresas armadoras.

Entre las razones que explican la disminución de estas capturas hasta situarse en niveles notablemente inferiores a los registros históricos y a la media esperada para esta pesquería destaca, principalmente, las variaciones ambientales y biológicas, como cambios en la temperatura del agua, alteraciones en las corrientes oceánicas y desplazamientos atípicos de los bancos de peces, que han reducido la disponibilidad de atún en las zonas de pesca autorizadas.

Asimismo, el sector se ha enfrentado a limitaciones derivadas de la gestión pesquera, incluidas las restricciones de cuotas existentes y zonas temporalmente cerradas, que han condicionado el acceso a las áreas tradicionalmente más productivas.

Todo ello, además, en un contexto de incremento de los costes operativos, especialmente en combustible y mantenimiento, que no han podido ser compensados con la venta de producto debido al bajo volumen de capturas.

La reducción extraordinaria de las capturas genera un importante impacto económico y social a través de la reducción sustancial en los ingresos de las embarcaciones, lo que dificulta la cobertura de los costes fijos de explotación y genera tensiones de liquidez. Todo ello pone en riesgo la viabilidad de la actividad, afectando directamente al empleo vinculado a la embarcación y a las familias dependientes de estos ingresos.

El Gobierno aprueba el nuevo decreto de prevención y extinción de incendios forestales de Canarias

La nueva norma actualiza la regulación vigente desde 2001, adapta la planificación a los efectos del cambio climático y refuerza la coordinación entre administraciones clave esencial para la lucha contra incendios

El decreto redefine y amplía las épocas de peligro por incendios forestales, regula las zonas de interfaz urbano-forestal y crea el Comité de Lucha contra Incendios Forestales de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 1 de diciembre el decreto por el que se actualiza la normativa de prevención y extinción de incendios forestales en Canarias. La nueva disposición, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía que dirige Mariano H. Zapata, sustituye al decreto vigente desde 2001 y adapta la regulación a la realidad actual de los montes canarios, a la evolución del riesgo de incendios y al marco normativo estatal y autonómico en materia de protección civil, medio ambiente y uso de los montes.

El nuevo decreto regula de forma integral la prevención y extinción de incendios forestales, así como la gestión de las zonas de interfaz urbano-forestal, mediante una planificación coordinada con los cabildos insulares, los ayuntamientos y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Entre las principales novedades, la norma redefine las épocas de peligro por incendios forestales en el Archipiélago, estableciendo tres periodos y ampliando la época de peligro alto. Peligro Alto, del 1 de junio al 30 de septiembre, Peligro Medio, del 1 al 31 de mayo y del 1 al 31 de octubre, y Peligro Bajo, del 1 de noviembre al 30 de abril. Estas épocas pueden modificarse según las previsiones meteorológicas

Además, con este nuevo decreto se revisan, actualizan y desarrollan, de acuerdo con la normativa vigente, las medidas preventivas, el uso del fuego en fincas agrícolas y forestales y las correspondientes limitaciones, prohibiciones y autorizaciones.

También se establece la necesidad de definir los puntos estratégicos de gestión para la prevención de incendios forestales y las Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI), y se incorporan apartados específicos sobre la investigación de causas y la estadística de los incendios.

En esta misma línea, se crea el Comité de Lucha contra Incendios Forestales de Canarias como órgano técnico, consultivo y de asesoramiento para la coordinación interadministrativa en materia de prevención, detección y extinción, y se revisa, actualiza y desarrolla la figura de la Dirección de Extinción y la estructura organizativa para la gestión de un incendio forestal.

La norma incorpora, además, un nuevo capítulo relativo a las zonas de interfaz urbano-forestal, que regula su clasificación en función del riesgo, la zonificación y la ejecución de actuaciones en estas áreas, y añade aspectos específicos sobre la restauración forestal y medioambiental de las zonas afectadas por grandes incendios, agilizando la intervención del Gobierno de Canarias.

Asimismo, refuerza la apuesta por la planificación estratégica tanto en la prevención como en la extinción, integrando los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, e incorporando los planes de defensa insular y los planes de defensa de interfaz, en los que los cabildos insulares y los ayuntamientos se configuran como actores principales por su conocimiento de las singularidades de cada territorio.

Avances en materia forestal: Plan Forestal y Ley de Montes

Paralelamente a esta acción, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, trabaja también en otros dos ejes estratégicos en materia forestal, con la Ley de Montes y el Plan Forestal.

Sobre la futura Ley de Montes, ya ha iniciado los trámites y se cumplimentará y desarrollará en base a la ley forestal nacional, para la que se estima contar con un primer borrador en esta legislatura. Se trata de un texto basado en la protección de las especificidades de las islas en materia forestal y ambiental, adaptados a los nuevos retos de cambio climático e incendios forestales.

En el caso Plan Forestal, tendrá una duración de 21 años y sustituirá al anterior Plan, vigente desde 1999. Su objetivo será el de proteger, potenciar y poner en valor la superficie forestal de las islas. Dicho Plan, que ya ha sido ratificado por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA), será además reforzado en el ámbito legislativo, tras la aprobación de esta Ley de Montes.