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Bienestar Social destina 350.000 € para el proyecto Casa Maday, que apoya a mujeres víctimas de violencia de género

La iniciativa, que desarrolla la Fundación Yrichen, ofrece alojamiento y tratamiento terapéutico para aquellas víctimas que, además, tienen problemas de adicciones y menores a su cargo

La partida económica tiene como fin ayudar a la adquisición de un inmueble para la atención de seis mujeres y hasta siete menores en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias destinará 350.000 euros para financiar el proyecto Casa Maday, una iniciativa impulsada por la Fundación Canaria Yrichen, que ofrece apoyo alojativo y terapéutico para las mujeres víctimas de violencia de género con menores a su cargo y que, además, padecen problemas de adicciones.

En concreto, se ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a destinar esta partida económica para la adquisición de un inmueble ubicado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, para acoger a seis mujeres y hasta siete menores.

Dicho inmueble tiene un coste de 1,4 millones de euros, por lo que la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, prevé conceder la ayuda de 350.000 euros repartidas en cuatro anualidades (de 2025 a 2028). La subvención aprobada hoy en Consejo de Gobierno es la primera de las previstas a otorgar a la Fundación Yrichen para la consecución de este importante proyecto.

Las mujeres atendidas en la Casa Maday cuentan con una situación de doble problemática social. Por un lado, tienen las secuelas de la violencia de género y, por otro, las adicciones que presentan, a lo que hay que sumar la situación de la exclusión social o en riesgo de estarlo, bajos o nulos ingresos económicos, desempleo, entre otros. De esta forma, las condiciones de vulnerabilidad y violencia de género hacen necesarios este tipo de recursos de atención a perfiles sociales y médicos tan específicos. Puesto que Casa Maday tiene como objetivo prestar apoyo alojativo y terapéutico no solo las mujeres sino a sus hijas e hijos, se proporcionará una atención personalizada a nivel social, educativa, psicológica, médica y jurídica.

Canarias refuerza la divulgación científica para reducir el riesgo volcánico con una inversión de 230.224 euros

El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, una modificación presupuestaria para apoyar la Estrategia de Reducción de Riesgos Volcánicos

En dos años, este departamento ha destinado 731.668 euros a difusión y mejora de la red de vigilancia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas que permitirá destinar 230.224 euros a una campaña de sensibilización dirigida a agentes sociales, con el objetivo de reducir el riesgo volcánico en las Islas.

Con esta medida, el departamento que encabeza Manuel Miranda concederá una subvención al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para el desarrollo de actividades de difusión y formación orientadas a ampliar el conocimiento sobre los fenómenos volcánicos entre diversos colectivos ciudadanos.

“El expediente tiene como finalidad dar continuidad al apoyo que venimos prestando a las distintas acciones que impulsa Involcan, enmarcadas en su Estrategia de Reducción de Riesgos”, señaló Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

La estrategia que desarrolla Involcan incluye un proyecto destinado a promover el conocimiento sobre los riesgos asociados a la actividad volcánica en las Islas. Esta iniciativa, de carácter científico y divulgativo, se articula a través de talleres dirigidos a distintos sectores -como los medios de comunicación, la comunidad educativa, representantes políticos, empresariado y otros agentes sociales-. Los talleres, iniciados en mayo de 2025 y con continuidad prevista durante todo 2026, abordan el análisis de los riesgos volcánicos desde la perspectiva específica de cada colectivo participante.

Manuel Miranda recordó la importancia del papel de Involcan “como un organismo fiable, que realiza una tarea de vigilancia, estudio de la actividad volcánica y divulgación” y cuya importancia “se constató en episodios recientes como los ocurridos en El Hiero y La Palma”. Por este motivo, señaló que en los dos últimos años el Gobierno ha aprobado transferencias por valor de 731.668 euros para impulsar su labor de formación y concienciación a la población, así como para contribuir al mantenimiento de la red técnica de vigilancia.

El Gobierno de Canarias acuerda la legalización de cinco explotaciones ganaderas

El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga la autorización de actividad a estas cinco instalaciones de ganado ubicadas en La Gomera, La Palma, Gran Canaria y Tenerife

En el marco del plan de reactivación de regularizaciones del Ejecutivo regional, a lo largo de 2025 se han concedido hasta el momento un total de 23 autorizaciones

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 3 de noviembre, la legalización territorial de cinco explotaciones ganaderas en los municipios de San Sebastián de La Gomera, Garafía (La Palma), Moya (Gran Canaria), Candelaria y El Rosario (Tenerife), que suman un total de 1039 animales, distribuidos en 957 cabezas de caprino, así como 38 de ovino, 29 de bovino, trece de equino y dos de porcino.

En el marco del plan de regularizaciones que está promoviendo el Ejecutivo canario, el Consejo de Gobierno ha concedido la autorización a la actividad y las correspondientes edificaciones e instalaciones a un total de 23 instalaciones de ganado a lo largo de 2025, de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias.

Esta reactivación en la tramitación de autorizaciones, impulsada por la Dirección General de Ganadería, supone un impulso decidido a la consolidación de subsectores estratégicos para el sector primario de Canarias, principalmente la producción de leche y elaboración de quesos, la producción de huevos de gallina, de carne de porcino o de ovino, así como, en menor medida, actividades como la práctica ecuestre.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno determina las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

El Gobierno de Canarias destinará 200.000 euros a la mejora del refugio pesquero de El Cotillo, en Fuerteventura

El Consejo de Gobierno acuerda la declaración de coyuntura económica para la aprobación del crédito destinado a las actuaciones de mejora en los accesos, el asfaltado y las infraestructuras, así como otros equipamientos dependientes de la Cofradía de Pescadores

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 3 de noviembre, la declaración de razones de coyuntura económica para realizar una ampliación de crédito destinada a las obras de mejora en el refugio pesquero de El Cotillo por importe de 200.000 euros, a través del proyecto de inversión “Conservación y mejora de infraestructuras en Fuerteventura”, con el fin de atender las actuaciones prioritarias solicitadas por el sector pesquero de la isla.

Esta propuesta de acuerdo, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, responde a la necesidad urgente de mejorar los accesos, el asfaltado y las infraestructuras, así como otros equipamientos dependientes de la Cofradía de Pescadores.

Las actuaciones, inicialmente no previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025, se financiarán con cargo a una partida presupuestaria de la Viceconsejería de Infraestructuras que no se prevé ejecutar en este ejercicio y, de conformidad con la Ley 5/2024, de 30 de diciembre, se destinará a reforzar la dotación de estas obras prioritarias para la actividad pesquera en Fuerteventura.

En el marco de este procedimiento, la declaración de razones de coyuntura económica por el Consejo de Gobierno constituye el paso previo a la aprobación definitiva de esta inversión, una vez emitida la resolución de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, el Informe de la Oficina Presupuestaria y las memoria justificativa de la Dirección General de Pesca y de la Viceconsejería de Infraestructura, así como los preceptivos documentos contables que conforman el expediente.

Por medio de estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico avanza en la modernización de los refugios pesqueros de Fuerteventura y en la puesta en valor de las infraestructuras que apoyan la actividad económica y social del litoral canario, esenciales para el mantenimiento del tejido productivo insular.

El Gobierno nombra a Erasmo García de León como director del Área de Salud de Lanzarote

García de León, diplomado en Ciencias Empresariales, ha desempeñado distintas funciones dentro de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote y ocupó la Dirección del Área de Salud en los periodos 2011-2015 y 2017-2019

También fue director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada hoy lunes, día 3 de noviembre, ha nombrado a Erasmo García de León como director del Área de Salud de Lanzarote del Servicio Canario de la Salud (SCS), en sustitución de Esther Machín, que cesó en el cargo por decisión propia y a quien el Ejecutivo agradece los servicios prestados.

García de León, diplomado en Ciencias Empresariales en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de La Laguna, cuenta, además, con un máster en Dirección y Administración de Empresas en la Escuela de Negocios MBA y un diplomado en Gestor Tributario y Asesoría Fiscal en Insforcan, así como otra formación en materias presupuestaria, de auditoría operativa y dirección y gestión de centros sanitarios públicos, entre otros.

En el año 1997 Erasmo García se incorpora a la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, prestando sus servicios en la categoría de Grupo de Gestión de Función Administrativa. Además, en los periodos comprendidos entre 2011 y 2015 y entre 2017 y 2019 ocupó el cargo de director del Área de Salud de Lanzarote, mientras que entre 2015 y 2017 desempeñó las funciones de director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

Posteriormente, se incorpora al Grupo de Gestión de la Función Administrativa de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote y hasta la actualidad ocupada el puesto de jefe de Sección de Logística de dicha Gerencia.

El Gobierno aprueba el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública canaria

Este documento marco da cumplimiento a un decreto de 2009, que establece la obligación de adaptar y desarrollar la normativa estatal

Afecta a más de 91.000 empleados públicos, entre Administración General, Justicia, Educación y Sanidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, que afecta a más de 91.000 empleados públicos, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. Su elaboración ha contado con la participación activa de la representación sindical de los ámbitos de Administración General, Justicia, Educación y Sanidad y con el respaldo del Comité Interdepartamental.

El Gobierno de Canarias ha asumido en el actual mandato la obligación de proveer a esta Administración de su propio Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, dando cumplimiento a una obligación legal recogida en el Decreto 188/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley 31/1995, normativa vigente en la materia. Esta medida se suma a la implementación de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales en 2024 en la Administración General y de Justicia, con la finalidad de integrar esta política en todos los niveles.

Impulsado desde la Dirección General de Función Pública, el Plan General constituye el marco a partir del cual se desarrollarán los correspondientes Planes Sectoriales en los ámbitos de Administración General y Justicia, Sanidad y Educación y forma como parte del compromiso del Gobierno de Canarias en materia de prevención de riesgos y planificación preventiva.

El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta mediante la cual se define la política de prevención de Riesgos Laborales de la Administración autonómica y permite integrar la actividad preventiva en la estructura general y en el conjunto de sus actividades y niveles jerárquicos. Es importante para la prestación de los servicios públicos al ciudadano e imprescindible para mejorar su eficacia y eficiencia.

El fin último es eliminar, reducir o minimizar los posibles riesgos laborales a los que puedan estar expuestos los empleados y las empleadas públicos de la Administración autonómica, consolidando una favorable cultura preventiva que garantice el cumplimiento de la legislación en la materia.

El Plan General, además de las medidas concretas de difusión, sensibilización y formación que prevé, será puesto a disposición de la ciudadanía y del personal al servicio de esta Administración en el entorno web de la Dirección General de la Función Pública.

El Gobierno impone una sanción de 12,1 millones de euros a UNELCO por el apagón de La Gomera en 2023

La multa, considerada infracción muy grave, corresponde al expediente sancionador por el cero energético ocurrido entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2023

El Gobierno de Canarias modificó en 2023 la Ley Canaria del Sector Eléctrico precisamente para tramitar con mayores garantías los expedientes sancionadores derivados de los ceros energéticos, como este caso

Con estas actuaciones, el Ejecutivo culmina un proceso que refuerza el control sobre la calidad del suministro eléctrico y la responsabilidad de las empresas operadoras en los sistemas insulares

El Consejo de Gobierno culmina hoy, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, la tramitación del expediente sancionador a la El Consejo de Gobierno culmina hoy, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, la tramitación del expediente sancionador a la entidad Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U. (UNELCO), por el apagón registrado en la isla de La Gomera en julio de 2023., por el apagón registrado en la isla de La Gomera en julio de 2023.

Así, la empresa recibe la imposición de una multa de 12.100.001 euros por cometer una infracción muy grave de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Concretamente, por el cero energético que tuvo lugar el 30 de julio de 2023, en la central térmica de El Palmar, donde se generó un fallo en el cuadro de control de un grupo de generación, afectando a las instalaciones eléctricas, y dando lugar al apagón general, no reestableciéndose el suministro por completo hasta el 1 de agosto, lo que supuso más de 60 horas de corte eléctrico.

El expediente administrativo relativo a este cero de tensión en La Gomera, determinó la existencia de deficiencias en la operación y en la capacidad de respuesta de la central térmica. La Dirección General de Energía tramitó esta sanción al considerarla una infracción administrativa muy grave, por comprometer la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en un sistema aislado.

La modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario, a propuesta de la consejería de Transición Ecológica y Energía al comienzo de la legislatura en 2023, y aprobado por unanimidad en el Parlamento Canario, ha permitido ahora que el Gobierno disponga de plazos más amplios realistas para sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la de La Gomera. Así, se ha pasado de los plazos de 3 meses para tramitar y gestionar estas sanciones a los actuales 18.

Compromiso con la seguridad energética y la emergencia eléctrica

El Gobierno de Canarias mantiene su compromiso firme con la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico insular, reforzado tras la declaración de la emergencia energética en 2024 y tomando medidas para evitar nuevos ceros energéticos.

Así, el Ejecutivo regional ha impulsado acciones inmediatas y proyectos estructurales destinados a reforzar la seguridad del suministro, además de seguir trabajando con el Miteco para la renovación de los grupos de generación convencional, que precisan de renovación desde hace más de una década.

En el caso concreto de La Gomera, avanzan a muy buen ritmo los trabajos del proyecto del cable submarino entre Tenerife y La Gomera, actualmente en fase final de ejecución, cuya puesta en servicio garantizará la interconexión eléctrica entre ambas islas en 2026. Una infraestructura que permitirá reforzar la seguridad del suministro en La Gomera, reducir la dependencia de la generación local y facilitando la integración de energías renovables en el sistema insular.

Por otro lado, la consejería de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Energía ha aprobado la instalación de ocho proyectos de generación de emergencia energética en las islas que actualmente presentan déficit de generación, siendo más vulnerables a apagones, con el objetivo de cubrir puntos críticos del sistema y responder ante eventuales déficits de generación.

Estas actuaciones en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura permitirán cubrir el 90% del déficit total detectado por el operador del sistema (Red Eléctrica), para cubrir el déficit de 268 MW de potencia. En el caso de Tenerife, por ejemplo, ya ha comenzado la instalación de la primera de las plantas en Granadilla, a cargo de la empresa Disa, y recientemente se han aprobado las autorizaciones administrativas para instalar varias de ellas.

El Gobierno aprueba el Decreto de Turismo Activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad

Tras el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias la nueva norma establece el régimen jurídico para su desarrollo

Regula aspectos como los requisitos de las empresas o el profesional especializado, así como los derechos y obligaciones de las personas usuarias y empresarios

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo, tras el dictamen positivo del Consejo Consultivo de Canarias y el diálogo con todos los agentes implicados, que agrupan a 1.200 empresas en las islas y más de 4.000 puestos de trabajo vinculados.

La nueva norma busca actualizar el actual decreto 226/2017, de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos, así como la armonización de la actividad profesional del turismo activo.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que, “con esta nueva regulación, se pretende no solo profesionalizar el sector, incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino además evitar el intrusismo”.

De León hizo hincapié en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.

La modificación del decreto tiene como objetivo regular la autorización de las empresas y profesionales, reconociendo las distintas cualificaciones del personal, como títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren su capacidad para realizar cada servicio. También, se procura que no se creen barreras, requisitos excesivos ni limitaciones que impidan ejercer la profesión.

Además, se ha tenido en cuenta la evolución del sector en nuestro territorio con un volumen de negocio y personas usuarias creciente.

Este crecimiento ha sido fomentado e impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo dentro de la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible (ACDS 2030) que proyecta “un nuevo modelo económico competitivo e inteligente, más diversificado, resiliente, inclusivo y verde”.

De León explicó que “la demanda de nuestros turistas y ciudadanos, requiere una revisión de las actividades que se encuentran en el ámbito de la experiencia activa y el conocimiento participativo del entorno natural y social”.

Para la consejera, “la variedad de actividades del turismo activo requiere una clasificación dinámica que permita el acceso a perfiles profesionales polivalentes”.

Se regula de esta manera la habilitación profesional desde premisas de calidad, y se facilita el acceso al empleo y el desarrollo profesionales tomando como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y el Catálogo de Especialidades Formativas desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Para evitar el intrusismo, la norma establece unos requisitos que garanticen que se pueda realizar la actividad en condiciones de seguridad, cumpliendo con la legalidad y prestando un servicio de calidad.

Canarias destina 6,5 millones al servicio de vigilancia de los centros para menores con medidas judiciales

Se trata de garantizar los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativo ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno la realización del gasto necesario para la segunda prórroga del contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativo para menores de Canarias, por importe de 6.553.272,78 euros.

La autorización de este gasto, que realizará la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, permitirá financiar, durante 12 meses, los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros, el auxilio al personal del mismo, así como el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria.

La prórroga del contrato al que corresponde esta inversión abarca desde el 14 de febrero de 2026 hasta el 13 de febrero de 2027.

 

 

 

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Canarias para 2026

El límite de gasto no financiero para las cuentas autonómicas se sitúa en 12.491 millones de euros, lo que supone un crecimiento porcentual del 7 % respecto a este ejercicio

De esta cifra, más de 8.000 millones se destina a la prestación de servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda se posiciona como una de las preocupaciones prioritarias de este Ejecutivo, que incluye deducciones en IGIC e ITP para la compra de vivienda habitual

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por una cifra global de 12.491 millones de euros para el año 2026. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales.

Al igual que los años anteriores, el presupuesto se ha diseñado a gasto real y con prudencia ante el desconocimiento de las magnitudes necesarias para su elaboración. Con respecto a la disciplina fiscal, la consejera ha explicado que el Gobierno de España no ha aprobado la senda de consolidación fiscal, lo que obliga Canarias a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB de la comunidad autónoma.

El ministerio de Economía tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del producto interior bruto, por lo que el presupuesto se ha elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada, que es del 3,3%. A este respecto, la consejera de Hacienda se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma. “Se trata de un valor del año 2023, por lo que no se adapta a la realidad actual. A pesar de todo, las cuentas públicas de 2026 dan prioridad al gasto social, al destinar la mayor parte del presupuesto a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. También es importante el refuerzo que se hace en transición verde, agricultura, economía, industria y comercio”.

Además, al no haber un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que, como ha explicado la consejera, se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas. El incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.

De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más. Por el contrario, la mayor caída la registra Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con un descenso de, prácticamente, 60 millones, debido a la distribución de los fondos del Convenio de Carreteras.

La comunidad autónoma, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del PIB, cumple con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la consejera ha vuelto a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales. “Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada”, ha recalcado Matilde Asián.

Modificaciones tributarias

En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisión de Patrimonio para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas, así como el importe de adquisición de los inmuebles. “El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas”, aclaró la consejera.

Respecto al IGIC para la adquisición de vivienda habitual, en el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos, la edad de adquiriente sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda, hasta los 200.000 euros aunque aumenta en el caso de familias numerosas. La renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de tributación conjunta. En el caso del ITP, las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.

Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC; es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%. También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas, pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. También se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de entidades de nueva o reciente creación. En estos casos, la deducción es del 20% de inversión con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% con un máximo de 6.000 euros anuales, si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

En cuanto a las medidas relacionadas con la salud, se incrementa el tipo de IGIC del 7 al 15% a las bebidas energéticas y se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos, que oscilará entre 3%, 5% o 7% de IGIC. También pasan a tributar a tipo 0% las camas hospitalarias al ser consideradas aparatos sanitarios.

En línea con la preocupación por la salud, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en cigarrillos y tabaco calentado. También se modifica la tributación de las bolsas de nicotina, que pasa de ad valorem a específico.

Se elimina además el AIEM sobre combustibles, puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0. Y se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC.

Además, la ley de Presupuestos de la CAC para 2026, prevé mantener la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo para las islas no capitalinas.

Plazos

El proyecto de Ley de los PGCAC, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de hoy, se entregará el próximo día 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.