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El Gobierno nombra a Francisco Javier Rodríguez director general de Hemodonación y Hemoterapia del SCS

Diplomado en Enfermería, ocupaba hasta este momento el puesto de coordinador del departamento de gestión de colectas de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia en Las Palmas

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su reunión de este lunes, 13 de octubre, aprobó nombrar a Francisco Javier Rodríguez Sosa como nuevo director general de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), en sustitución de Iván Santiago Falcón, quien cesa en el cargo a petición propia y a quien el ejecutivo regional agradece los servicios prestados.

Diplomado Universitario en Enfermería por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier Rodríguez cuenta además con un máster universitario en Nutrición y Salud por la Universitat Oberta de Catalunya, con un Experto Universitario en Urgencias y Emergencias por la Fundación Salud y Sociedad de la Escuela de Especialización Profesional de Ciencia de la Salud, Universidad Complutense de Madrid y con un certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad Alfonso X El Sabio.

Hasta ahora, Rodríguez Sosa ejercía de coordinador del departamento de Gestión de Colectas de la provincia de Las Palmas en la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia; además, ha sido enfermero del equipo de extracciones del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y, durante su trayectoria, ha trabajado también como enfermero de Urgencias en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y en el servicio de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

El Gobierno de Canarias ultima una Ley de Gobierno Abierto `transformadora’

Unifica en una sola norma la regulación de la participación ciudadana y de la transparencia de las entidades públicas, e incorpora nuevas herramientas digitales

Entre las novedades del anteproyecto está crear un portal de datos abiertos, establecer un régimen sancionador específico, regular los grupos de interés y ampliar competencias del Comisionado

El texto, que saldrá a información pública en las próximas semanas, se ha enriquecido con aportaciones de colectivos y asociaciones que han participado en las rondas informativas celebradas en todas las islas

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ultima la redacción del anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, que unificará la normativa de fomento a la participación ciudadana y de transparencia y acceso a la información pública, de 2010 y 2014, respectivamente.

El texto, que próximamente saldrá a información pública, se ha enriquecido con aportaciones de colectivos y asociaciones que han participado en las dos rondas informativas que se han celebrado por todas las islas.

La intención del Gobierno es que la nueva ley vaya mucho más allá de una refundición de textos y por ello incorpora importantes novedades que la convertirán en una norma transformadora, que la posiciona entre las más avanzadas de todo el país en la materia.

Así, el anteproyecto crea el Portal de Datos Abiertos de Canarias, que se concibe como una plataforma central del ecosistema de datos públicos, proporcionando acceso unificado a conjuntos de datos de todas las administraciones canarias en formatos abiertos, reutilizables e interoperables.

Contempla la creación de la Autoridad Canaria de Participación como institución específica de promoción y garantía de la participación ciudadana, que evaluará la calidad de los procesos participativos y proporcionará apoyo técnico a las administraciones públicas. Y, paralelamente, amplía las competencias del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incluye nuevas funciones en materia de evaluación, formación, promoción y control de la actividad de los grupos de interés.

Respecto a los grupos de interés -también conocidos como lobbies- el anteproyecto de ley incorpora como novedad importante una regulación específica para la actividad de influencia sobre las decisiones públicas. Esta regulación responde a la creciente complejidad de los procesos de toma de decisiones públicas y a la necesidad de garantizar que la influencia de intereses organizados se ejerza de manera transparente, íntegra y respetuosa con el interés general.

Así, por ejemplo, la futura ley establece el registro obligatorio de los grupos de interés; la implantación de un código de conducta con estándares éticos específicos para la actividad de influencia y el concepto de huella normativa, que es la obligación de documentar públicamente qué contactos e influencias se han ejercido durante la elaboración de disposiciones normativas, proporcionando trazabilidad a los procesos normativos y permitiendo la evaluación ciudadana de la influencia ejercida por diferentes actores.

Este anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno de Canarias también establece, por primera vez, un régimen sancionador específico. En este sentido, en materia de transparencia se mantiene y perfecciona el régimen sancionador establecido en la legislación vigente, incorporando nuevas tipificaciones que respondan a las obligaciones ampliadas que establece la nueva ley.

En materia de participación ciudadana se tipifican como infracciones las conductas que obstaculicen, distorsionen o manipulen los procesos participativos, así como el incumplimiento de las obligaciones de promover y facilitar la participación ciudadana establecidas en la ley. Mientras que para los grupos de interés, se tipifican infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de registro, transparencia y conducta ética, que incluye desde apercibimientos hasta la exclusión temporal del registro para los casos más graves.

Para alcanzar sus objetivos, la ley incorpora nuevos instrumentos digitales de participación que aprovechan las potencialidades de las tecnologías digitales actuales sin renunciar a los valores y garantías de la participación presencial.

Así, contempla la creación de los Observatorios ciudadanos digitales, que constituyen espacios virtuales permanentes para el seguimiento ciudadano de políticas públicas específicas; los Presupuestos participativos digitales, donde se moderniza un instrumento clásico de participación mediante herramientas tecnológicas que facilitan la propuesta, evaluación y votación de proyectos ciudadanos, incorporando sistemas de geolocalización, evaluación técnica automatizada y seguimiento de la ejecución en tiempo real; y las plataformas de legislación colaborativa, que permiten la participación ciudadana directa en la elaboración de disposiciones normativas mediante sistemas que facilitan la propuesta de enmiendas, el debate temático estructurado y la síntesis de propuestas ciudadanas.

La ley potenciará, paralelamente, la participación presencial mediante instrumentos mixtos que combinan elementos presenciales con herramientas digitales complementarias, como los paneles ciudadanos permanentes o los laboratorios de innovación pública.

El texto normativo saldrá a información pública en las próximas semanas y podrá ser consultado en el portal web del Gobierno, en el apartado de Participación Ciudadana donde asociaciones y entidades podrán hacer sus aportaciones.

Bienestar Social reforzará su plantilla con más de un centenar de profesionales para mejorar la atención ciudadana

El objetivo es reforzar la prestación de los servicios sociales, la inspección de centros, el sistema de información ciudadana y los centro base que reconocen el grado de discapacidad

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, declarar el carácter excepcional en el ámbito de Bienestar Social para la ejecución de un programa de carácter temporal que permita la incorporación de personal funcionario interino de distintos grupos o escalas en diversas unidades administrativas de esta Consejería con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una respuesta más eficaz y efectiva de los sistemas de bienestar social.

En total se prevé la contratación temporal de 113 personas que permitirán mejorar la prestación de los servicios sociales, el desarrollo de la Estrategia canaria de Infancia, Adolescencia y Familia, el refuerzo de Inspección de centros y servicios de Menores, Mayores y Discapacidad, la mejora del sistema de información y atención a la ciudadanía, y el refuerzo de centros base. Este refuerzo de personal supondrá una inversión total de 14.314.483,96 euros.

Las contrataciones tendrán una duración temporal de tres años susceptibles de prórroga, previsiblemente desde el 1 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de octubre de 2028.

Mejora de la calidad de la prestación de los servicios sociales

El refuerzo de personal en este eje supondrá completar la transformación digital y la modernización de la prestación de servicios, facilitando su autogestión; reducir los tiempos de espera en la resolución de los distintos expedientes: Renta Canaria de Ciudadanía, Pensiones no contributivas, subvenciones implementando mejoras de las aplicaciones con la inclusión de automatismos que permitan un avance más ágil en la tramitación; establecer acuerdos con los diferentes agentes implicados para la mejora de la interoperabilidad de los datos necesarios para la gestión de los diferentes procedimientos; reforzar la dimensión local de las políticas sociales y de participación, dando mayor protagonismo a estas entidades locales para la toma de decisiones sobre cuestiones que les afecte, llegando a acuerdos duraderos y continuos en el tiempo que acorten los plazos de tramitación en los expedientes de financiación local; garantizar la Igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios públicos de servicios sociales; mejorar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones; aumentar los niveles de inclusión en todas las actividades o procedimientos; aumentar los niveles de digitalización; mejorar las Hospederías de las Casas del Mar, facilitando el acceso a la población vulnerable que lo necesite o Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Desarrollo de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia

Con el objetivo de garantizar la defensa, promoción y protección efectiva de los derechos de menores en Canarias, mediante el fortalecimiento y modernización del sistema público de atención a la infancia y la adolescencia; reforzar la capacidad operativa del personal para mejorar la atención a menores y familias y reducir cargas de trabajo; adaptar el sistema PLEYONE al Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia contra la Infancia, garantizando el cumplimiento de la LOPIVI y la interoperabilidad de los datos; elevar la calidad de la atención, mediante protocolos actualizados, formación y supervisión técnica; incrementar la visibilidad y accesibilidad institucional; reforzar la coordinación interinstitucional con salud, educación, justicia y administraciones locales, garantizando la integralidad de las intervenciones; fomentar el acogimiento familiar frente al residencial, hasta alcanzar el 70% de las medidas de protección, mediante acciones de sensibilización, captación y acompañamiento a familias acogedoras; o acompañar la actualización normativa autonómica, prestando apoyo técnico a la tramitación e implementación del Anteproyecto de la Ley Canaria de Infancia y Adolescencia.

Refuerzo de Inspección de centros y servicios de Menores, Mayores y Discapacidad

Para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores, mayores y en situación de discapacidad, usuarias de Centros y Servicios del sistema; propiciar un marco normativo actualizado, armonizado y seguro, para operadores, titulares y personas mayores, menores y en situación de discapacidad, usuarias de Centros y Servicios del sistema; o mejorar el conocimiento y la transparencia de los Centros y Servicios del Sistema, facilitando el acceso a la información pública.

Mejora del sistema de información y atención a la ciudadanía

Con la finalidad de mejorar la calidad de la atención ciudadana, garantizando una información clara, precisa y personalizada, reduciendo errores en la tramitación y aumentando la satisfacción de las personas usuarias, en coherencia con los compromisos asumidos en el Decreto 101/2025; acortar los plazos de respuesta en las consultas tanto telefónicas como presenciales reduciendo los tiempos de espera; o facilitar que la ciudadanía pueda acceder a las prestaciones sociales, evitando situaciones de desigualdad o exclusión por falta de orientación e información.

Refuerzo de centros base

Con el objetivo de reducir la lista de espera del reconocimiento y revisión del grado de discapacidad; promoción los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y entorno; o mejora de la supervisión en los servicios de atención residencial y atención diurna para personas con discapacidad.

El Gobierno invierte casi 300.000 euros en el desarrollo de obras hidráulicas de Tenerife y La Gomera

Las ayudas financiarán la mejora de la red de abastecimiento en El Rosario y la construcción de una estación de bombeo con la ampliación del sistema de recogida de aguas residuales en Valle Gran Rey

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy una modificación presupuestaria que permitirá destinar 299.518,82 euros a la ejecución de dos actuaciones hidráulicas en los municipios de El Rosario (Tenerife) y Valle Gran Rey (La Gomera).

La medida, promovida por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se traduce en la concesión de dos subvenciones: una para mejorar la red de abastecimiento en el municipio tinerfeño y otra para construir una nueva estación de bombeo y ampliar la red de recogida de aguas residuales en Arure, en la isla de La Gomera.

El consejero del área, Manuel Miranda, destacó que estas iniciativas son un ejemplo de la relevancia que tiene “la colaboración entre administraciones insulares y municipales con el Gobierno de Canarias para poder seguir impulsando el ciclo del agua en el Archipiélago”.

El primero de los proyectos tiene como objetivo mejorar la red de abastecimiento en la calle Pedro Juan García Hernández y su conexión con el Depósito La Plaza, en El Rosario. La obra contará con una subvención de 168.859,53 euros por parte de la administración autonómica, a la que se sumará una aportación municipal de 27.811 euros, de forma que se cubra así el presupuesto total, que asciende a 196.671 euros. El objetivo es reducir pérdidas en la red y garantizar un mejor servicio a los vecinos de la zona.

El segundo proyecto beneficiado será la instalación de una estación de bombeo y la ampliación de la red de recogida de aguas residuales en Arure (Valle Gran Rey, La Gomera). Con una subvención de 130.659,29 euros, la actuación busca paliar las carencias existentes en depuración y tratamiento de aguas residuales en los núcleos dispersos del municipio, especialmente en Arure.

Planificación hidrológica hasta 2027

Miranda reiteró el compromiso del Ejecutivo regional con el impulso de “proyectos estratégicos que reduzcan pérdidas o mejoren la gestión de las aguas residuales, dos de los principales retos que afronta Canarias en materia de aguas”.

En ese contexto, la Consejería se puso como objetivo prioritario colaborar con los consejos insulares y cabildos para llevar a cabo la actualización de la planificación hidráulica de las siete demarcaciones insulares, que llevaba un retraso de tres años cuando se inició la legislatura y que hoy es ya una realidad gracias a la cual se ha evitado una sanción por parte de la Comisión Europea.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización territorial de cinco explotaciones ganaderas

El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga la autorización a la actividad de cinco instalaciones de ganado en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera, dentro de su plan de regularizaciones

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 6 de octubre, la legalización territorial de cinco explotaciones ganaderas en los municipios de Ingenio, Firgas y Arucas (Gran Canaria); Teguise (Lanzarote) y San Sebastián de La Gomera (La Gomera), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

La medida supone un avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y en este caso afecta a un total de 205 cabezas de ganado en las tres islas, fundamentalmente de bovino, caprino, ovino y equino, reforzando así la actividad ganadera en el archipiélago.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cinco instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno se enmarcan en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno nombra a María Leonor Ferrer, directora de Relaciones con la Administración de Justicia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado hoy a María Leonor Ferrer Sancho directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, cargo dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Sustituye en el cargo a Carmen de León Jiménez, que ha cesado a petición propia.

Leonor Ferrer es licenciada en Derecho por la Universidad de las Illes Balears. Ingresó en la Administración de Justicia en el año 1992 como Oficial de Justicia (actual Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa).

Ha desempeñado el cargo de Letrada de la Administración de Justicia en diversos órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, incluyendo la Audiencia Provincial (Sección Penal), Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Social y Juzgados de Santa María de Guía, Gáldar y Arucas.

Es formadora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) desde el 2020 en protección de datos y herramientas digitales y eficiencia relacionadas con la Administración de Justicia en el ámbito tecnológico.

Desde abril de 2017 ejerce como técnica en el Servicio de Modernización y Organización de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias abre este lunes la convocatoria del Bono Alquiler Joven 2025

Las solicitudes se pueden presentar a partir de hoy, 29 de septiembre, y hasta el 17 de octubre, para acceder a ayudas de hasta 250 euros al mes durante dos años

El programa, dotado con más de 10 millones de euros, incluye una aportación extraordinaria del Cabildo de Lanzarote de 1,4 millones, para ampliar su alcance en la isla

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada hoy, de que el Ejecutivo, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha abierto el plazo para solicitar el Bono de Alquiler Joven 2025, una ayuda dirigida a personas de entre 18 y 35 años con el fin de facilitar el acceso a la vivienda y apoyar los procesos de emancipación. La convocatoria estará disponible entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre de 2025 y permitirá recibir hasta 250 euros mensuales durante un periodo de 24 meses. Además, las personas que ya cuentan con un contrato de arrendamiento desde el 1 de enero de 2024 podrán beneficiarse de la subvención con carácter retroactivo.

La iniciativa, que es gestionada por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), cuenta con un presupuesto global de 10,6 millones de euros procedentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7410

Entre los requisitos básicos para acceder al bono se encuentran la acreditación de residencia legal en España, disponer de ingresos regulares que no superen tres veces el IPREM anual y figurar como titular o cesionario de un contrato de arrendamiento en el Archipiélago. El importe máximo de la renta mensual dependerá del municipio de residencia, con límites fijados en 900, 750 o 600 euros según la zona, mientras que en el caso de alquiler de habitaciones los topes serán de 450, 375 o 300 euros respectivamente.

El abono de la subvención se realizará de manera semestral tras la justificación del pago del alquiler, aunque en aquellos casos en que la solicitud se presente con efectos retroactivos podrá abonarse directamente en el momento de la concesión, siempre que se acrediten los recibos correspondientes.

Convenio con el Cabildo de Lanzarote

En Lanzarote, el convenio firmado entre el ICAVI y el Cabildo insular incluye una aportación de 1,4 millones de euros por parte del Cabildo, que permitirá reforzar la cobertura de la ayuda en la isla y aumentar el número de jóvenes beneficiarios.

La aportación del Cabildo se integrará en la gestión ordinaria que realiza el Instituto Canario de la Vivienda, lo que permitirá optimizar la tramitación, evitar duplicidades administrativas y asegurar una gestión coordinada y transparente de los fondos públicos.

El Gobierno aprueba el proyecto del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte

La obra, con un presupuesto de más de 66 millones de euros, permitirá mejorar la movilidad y la seguridad en uno de los tramos más transitados de la isla

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada hoy, sobre el proyecto de construcción del tercer carril de la autopista TF-5, entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte, sentido Santa Cruz de Tenerife, que ha sido aprobado de manera definitiva. La decisión ha sido adoptada tras un exhaustivo proceso técnico y administrativo que garantiza la viabilidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros, IGIC incluido, forma parte del convenio de cooperación suscrito en 2017 entre la Consejería y el Cabildo de Tenerife para la mejora de la TF-5. Desde entonces, se han seguido todos los procedimientos legales y técnicos, incluyendo informes favorables de supervisión técnica, medioambiental, de expropiaciones y de seguridad y salud, asegurando que la obra cumpla con la normativa vigente en materia de construcción, carreteras, patrimonio cultural y gestión de residuos.

Sobre el proyecto

El tercer carril de la TF-5 permitirá aliviar la congestión en uno de los tramos más transitados de la isla, mejorando la seguridad vial y la fluidez del tráfico, especialmente en sentido Santa Cruz de Tenerife, donde se ampliará la capacidad de la vía. La obra también incorpora estrictos controles de calidad y medidas ambientales para minimizar el impacto durante su ejecución y garantizar la sostenibilidad del entorno.

Con la aprobación definitiva del proyecto, el siguiente paso será el inicio del expediente de contratación y la licitación de las obras.

Tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027

Asimismo, el consejero responsable del área ha informado al Consejo de Gobierno de la firma con el Estado de la tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027, ampliando su vigencia hasta 2030 y permitiendo mayor flexibilidad en la gestión de inversiones. La actualización asegura la finalización de los proyectos en toda la red viaria del Archipiélago, incorpora actuaciones pendientes del convenio de 2006, y autoriza la redistribución de remanentes.

Con esta adenda, se consolida la ejecución de obras en todas las islas, se garantiza la culminación de los proyectos ya adjudicados y se prepara la licitación de las actuaciones restantes antes de final de año. Además, se elimina la cláusula que impedía la firma de nuevas adendas, reforzando la planificación a medio y largo plazo y sentando las bases para el próximo Convenio Canarias-Estado.

En lo que va de 2025, Canarias ha recibido dos libramientos por un total de 73,3 millones de euros, superando el 43% de ejecución y manteniendo comprometido más del 73% del presupuesto total del convenio. Esta actualización refuerza la conectividad, la seguridad y la movilidad en todo el Archipiélago, consolidando la inversión estatal en la infraestructura de transporte en Canarias.

El Gobierno activa en Fuerteventura una instalación provisional en La Herradura para evitar apagones

La planta “Mezque” ubicada en la Herradura, tendrá una potencia de 15 MW y solo funcionará en momentos críticos para garantizar la seguridad del suministro

El proyecto, financiado íntegramente por el Gobierno de España con 24,5 millones, es modular y temporal

Forma parte del plan de emergencia energética en Canarias para cubrir el déficit de potencia actual, que incluye también para esta isla el desmantelamiento de la central de El Charco y el desarrollo de Zurita

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado avanzar en la tramitación de una nueva planta de generación de emergencia en la isla de Fuerteventura, como parte de las medidas extraordinarias ya anunciadas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago y evitar posibles apagones, consecuencia de la declaración de emergencia energética del 2 de octubre de 2023.

La instalación será gestionada por Disa y se activará únicamente en caso de necesidad, ante un riesgo real de apagón, garantizando siempre la seguridad de la población. Una respuesta provisional, segura y sin coste para Canarias.

Esta actuación se ha trabajado de manera coordinada con el Cabildo de Fuerteventura para encontrar la mejor ubicación posible, así como con el ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Este avance se suma a la reciente aprobación de otros dos proyectos, también en Consejo de Gobierno, para la isla de Tenerife, con las plantas que se ubicarán en el polígono industrial de La Campana (9 MW) y el polígono industrial de Granadilla (14,8 MW) a cargo de las empresas Sampol y Disa respectivamente. Todos ellos en el marco de las acciones anunciadas para hacer frente a la emergencia energética actual.

Este es un paso más en su trámite administrativo, que llevará después a su autorización definitiva por parte de la Dirección General de Energía y posterior instalación.

Una respuesta transitoria y segura

La planta ubicada en La Herradura, de nombre “Mezque”, ha sido diseñada como infraestructura modular, móvil y provisional, adaptada a la naturaleza de las soluciones de emergencia energética. Su objetivo es aportar capacidad de respaldo en momentos críticos del sistema, operar solo en situaciones puntuales y garantizar un suministro seguro en la isla de Fuerteventura.

Además, los grupos de generación cumplirán con la normativa ambiental vigente, incluyendo sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) que garantizan la reducción de emisiones y un funcionamiento dentro de los estándares más exigentes.

Para la isla de Fuerteventura, donde el déficit actual manifestado por el operador del sistema (REE) es de 50 MW, esta instalación, junto con otra de características similares, ubicada también en Puerto del Rosario y en la que se está trabajando en su autorización, -como ya se ha anunciado con anterioridad- darán una cobertura de 30 MW de potencia, lo que equivale al 60% del déficit de la isla, señalado por el operador del sistema (Red Eléctrica).

Esta medida de emergencia se suma a otras actuaciones en marcha en Fuerteventura, como el desmantelamiento de la central de El Charco o el desarrollo de Zurita, que permitirán modernizar el sistema eléctrico de la isla, reducir su vulnerabilidad en el futuro y cumplir con reivindicaciones históricas de la isla de Fuerteventura.

El proyecto, en detalle

La planta contará con 8 grupos de generación, con un total de 15 MW, alojados en módulos provisionales y adaptados a los estándares ambientales más estrictos. La inversión, de 24,5 millones de euros, será financiada íntegramente por el Gobierno de España.

La inversión prevista por la empresa DISA, se aplicará a un diseño modular y provisional que permitirá un montaje y desmontaje ágil, de acuerdo con la naturaleza de este tipo de soluciones de emergencia.

Los grupos de generación incorporan un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) para garantizar el cumplimiento de la estricta normativa de emisiones aplicable a este tipo de instalaciones.

La electricidad evacuada se conectará a la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Puerto del Rosario, a través de una línea subterránea de unos 450 metros de longitud.

El Gobierno toma en consideración el proyecto de ley por la que se creará la Agencia Canaria de Salud Pública

La Consejería de Sanidad presentó el informe sobre la oportunidad, objetivos y principios generales de la futura disposición autonómica

El Consejo de Gobierno tomó en consideración y dio su conformidad, este lunes, al informe presentado por la Consejería de Sanidad sobre la oportunidad, objetivos y principios generales del proyecto de ley de Salud Pública de Canarias.

Con la aprobación de este informe preceptivo, se avanza en la tramitación de la citada norma de rango autonómico que contempla la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, con la finalidad de reordenar la estructura del Sistema Canario de la Salud.

Esta reordenación se sustenta en tres motivos de oportunidad: los de potenciar las actuaciones en salud pública en Canarias, alinear su estructura organizativa con los modelos más avanzados del país y simplificar la tramitación administrativa.

El Sistema de Salud Pública de Canarias y la Agencia Canaria de Salud Pública previstos en el proyecto de ley se regirán por el principio de salud en todas las políticas y por un enfoque basado en los determinantes sociales de la salud.

Contempla priorizar la orientación comunitaria de la salud, la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales y fortalecer las funciones esenciales de la salud pública, como son las de prevención y promoción, detección precoz y alerta temprana, vigilancia y respuesta eficaz ante emergencias sanitarias, epidemias y pandemias.

Entre los objetivos del proyecto de ley, se incluyen los de proteger, promover y mejorar la salud de la población de Canarias, tanto en el ámbito individual como en el colectivo; reforzar la gobernanza en salud pública y actuar sobre los determinantes subyacentes de la salud para prevenir enfermedades, lesiones y discapacidades.

Asimismo, prevé dotar a las islas de un Sistema de Salud Pública articulado en red, con capacidad para ofrecer prestaciones y servicios integrales y garantizar la equidad territorial.

En cuanto a la Agencia Canaria de Salud Pública, la define como un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, en la vigilancia, la evaluación y la planificación para la correcta ejecución de las políticas de salud pública por las distintas administraciones, entidades y organismos.

La iniciativa legislativa se fundamenta, entre otros, en los principios de universalidad, equidad e igualdad, gobernanza democrática y transparente, intersectorialidad y coordinación interinstitucional.

La futura ley permitirá dotar a Canarias de un marco normativo moderno y coherente que reforzará la capacidad del sistema canario y de las administraciones públicas para anticiparse y responder a los retos en materia de salud pública.