Logo del Gobierno de Canarias

Acuerdos de gobierno

El Gobierno destina 2,6 millones de euros a los servicios de atención a menores migrantes

A través de la partida se financian los recursos de atención a menores migrantes no acompañados en dispositivos de atención inmediata gestionados por Quorum Social 77

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto derivado del servicio consistente en la atención a personas menores migrantes no acompañadas en dispositivos de atención inmediata  por parte de la Asociación Quorum Social 77, por un importe de 2.682.542 euros.

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados en diversos dispositivos de atención inmediata en las islas de Gran Canaria y Tenerife que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.

Canarias cuenta con un total de 39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, en los que se da acogida y atención a unos 2.100 menores migrantes.

El Gobierno da cumplimiento al último expediente relacionado con la sentencia del TSJC sobre la moratoria turística

El Ejecutivo aprueba el decreto que afecta al expediente de la Parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado este jueves, 30 de marzo de 2023, el decreto para la ejecución del último expediente relacionado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada sobre el procedimiento del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

El decreto, que se refiere a la parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, establece el deber de la referida entidad local de proceder a la modificación del planeamiento general.

Actualmente, se encuentra en trámite la valoración por parte del Servicio de Valoraciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de la incoación paralela del expediente para la fijación de la cuantía de la indemnización que corresponda por los trámites establecidos en la normativa de expropiación forzosa.

Consta en el expediente un informe de valoración de la parcela presentado por la entidad mercantil Centro Helioterápico de Canarias, SA, que establece el valor de la indemnización en 38.275.356,02 euros.

La citada Consejería remitió una orden al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con fecha 20 de enero de 2023, para que, en el plazo de un mes, realizara las consideraciones que estimase convenientes respecto a la modificación del planeamiento general donde se ubica la parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda.

Autorizada una ampliación de crédito para que Vivienda destine 34M€ a pagar las ayudas al alquiler general

Elevada al Consejo de Gobierno una propuesta para ampliar en 13 millones de euros el crédito inicial en esa línea de ayuda, que se va a pagar por primera vez a 8.600 familias vulnerables la mitad de su alquiler durante dos años

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, un incremento del gasto en 13.088.050 euros que se destinarán a ampliar el crédito para pagar la ayuda al alquiler general del periodo 2022-2023, que de esta forma alcanza la cifra récord de 34.460.699 euros, la más alta que el Gobierno de Canarias ha destinado nunca a esta ayuda, casi el doble de la de la anterior convocatoria, 2020-2021, y superior en 20 millones de euros a la última que convocó el anterior Gobierno, en 2018-2019.

Gracias a esta ayuda, 8.651 familias con pocos recursos empezarán a cobrar en las próximas semanas, una vez se publique en el BOC, esta ayuda que también por primera vez cubre la mitad de las mensualidades que pagan estas personas durante los 24 meses de la convocatoria, ya que hasta ahora sólo se les pagaba el 40% del alquiler mensual. Las 8.651 familias beneficiarias suponen también una cifra récord en comparación a convocatorias anteriores (6.700 familias en la 2020-2021 o 4.620 en la 2018-19).

El incremento presupuestario permite que el número de familias beneficiarias también aumente notablemente, ya que con los 21,3 millones de euros presupuestados inicialmente se alcanzaban las 5.705, a las que ahora se suman 2.946 familias más gracias a los 13 millones aprobados hoy por el Consejo.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció en octubre pasado en el Parlamento regional la publicación de una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler general y joven, con un presupuesto de 21.372.649 euros, lo que suponía un incremento del 22% sobre la anterior convocatoria.

Con el incremento presupuestario aprobado hoy ese aumento de fondos asciende hasta el 97%. Canarias fue, en octubre de 2022, una de las primeras comunidades autónomas en sacar la convocatoria de estas ayudas tras firmar el convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en julio de ese mismo año.

Estas ayudas van destinadas a las familias y jóvenes más vulnerables ya que debían demostrar que sus ingresos son 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, igual o menor a 23.724 euros anuales, en la categoría general.

La solicitud de estas ayudas se realizó a través del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) con la colaboración de las cámaras de comercio canarias para agilizar las tramitaciones y resolver dudas a los solicitantes, tras ponerla en marcha en la convocatoria 2020-2021 con notable éxito.

Esta convocatoria contó con varias novedades impulsadas por el Instituto Canario de la Vivienda para aumentar el número de posibles beneficiarios. Entre ellas, por primera vez la convocatoria de la ayuda al alquiler general añadía entre sus requisitos la posibilidad de solicitar la subvención para el arrendamiento de una habitación, mientras que en anteriores convocatorias se contemplaba exclusivamente el alquiler de una vivienda entera. Esta medida se impulsó con el objetivo de llegar a los más jóvenes de Canarias, ya que por segundo año consecutivo la ayuda englobó la subvención destinada a menores de 35 años.

Por otro lado, y como se dijo anteriormente, se incrementó la cuantía de la ayuda, pasando del 40% subvencionable al 50% de la renta, obteniendo así un aumento de la subvención en sus recibos de alquiler dentro del periodo que va desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Como última novedad, esta última convocatoria de la ayuda al alquiler elevó el límite de la renta máxima mensual que pagan los inquilinos por sus casas; es decir, en anteriores convocatorias se daban ayudas a aquellos que pagaban hasta 500 euros de alquiler, y con la convocatoria 2022-2023 ese límite se aumentó hasta los 600 euros.

El Gobierno acuerda la prórroga de la suspensión temporal de las medidas preventivas contra la covid-19

Entrará en vigor a las 00.00 horas del 1 de abril y estará activa hasta las 24.00 horas del 30 de septiembre de 2023, sin perjuicio de la posibilidad de nueva prórroga en función de la situación epidemiológica

El Consejo de Gobierno celebrado este viernes, 31 de marzo, ha acordado prorrogar la suspensión temporal de las medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación de la covid-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria. La prórroga de la suspensión entrará en vigor a las 00:00 horas del 1 de abril y estará activa hasta las 24.00 horas del 30 de septiembre de 2023, sin perjuicio de la posibilidad de nueva prórroga en función de la situación epidemiológica.

Esta medida se toma a la vista del mantenimiento de la situación epidemiológica estable del Archipiélago, que sitúa a todas las islas en riesgo bajo o circulación controlada, según muestra la tendencia recogida en los últimos informes de la Dirección General de Salud Pública.

El acuerdo implica prorrogar en sus propios términos la eficacia del acuerdo de Gobierno del 29 de septiembre de 2022 por el que se suspendían temporalmente las medidas limitativas, cuya vigencia finaliza hoy, día 31 de marzo. Ello ha precisado la adopción de un nuevo Acuerdo de Gobierno con la finalidad de mantener la suspensión temporal de dichas medidas a la vista de la estabilidad en la situación epidemiológica.

El actual acuerdo recoge que, a la vista de los informes semanales, procede continuar con la suspensión de medidas limitativas, si bien con la cautela observada hasta ahora, en términos similares a los planteados en la nueva estrategia nacional, por un periodo limitado y sometida a un estrecho seguimiento de la evolución de los indicadores epidemiológicos dada la incertidumbre que ha caracterizado a esta pandemia y la existencia de factores condicionantes, tales como la aparición de nuevas variantes con perfil más agresivo de morbi-mortalidad o mayor escape inmunitario.

El Gobierno ultima la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia

El proyecto de decreto, elevado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, se somete ahora al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias

El Consejo de Gobierno acordó este viernes, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, pronunciarse a favor del proyecto de decreto para la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes de su debate político y aprobación definitiva en el Parlamento autonómico.

Elevado a consideración del Gobierno por la consejera Elena Máñez, el expediente tramitado asume las nuevas competencias en derecho de la competencia por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2018, tras los necesarios estudios a lo largo del actual mandato.

De hecho, la Ley Orgánica 1/2018 atribuye a la comunidad autónoma, en su artículo 120.1, “la competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias” y, en el 120.2, “la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del archipiélago”.

Y además del reconocimiento legal de las nuevas atribuciones, el reciente Estatuto incluye, en el artículo 120.3, la “creación un órgano especializado de defensa de la competencia con jurisdicción en todo el archipiélago, cuya actividad se coordinará con los previstos en el ámbito estatal y comunitario europeo”.

En este contexto, el proyecto considerado define al Consejo Canario de Defensa de la Competencia como un órgano colegiado de la administración autonómica, adscrito a la consejería competente en política económica, que ejerce sus diversas atribuciones tanto con independencia, objetividad y profesionalidad como sin sujeción a vínculo jerárquico.

En concreto, como fines asignados figuran la promoción y preservación del correcto funcionamiento del mercado canario, con el objetivo fundamental de garantizar su funcionamiento transparente y competitivo en interés general de la comunidad autónoma y beneficio de los personas consumidoras y usuarias en el archipiélago.

Para ello, el texto propuesto también regula la composición y funcionamiento del futuro órgano mediante tres miembros (presidencia y dos vocalías más secretaría) con nombramiento por el Gobierno de Canarias entre profesionales de prestigio con 10 años de ejercicio para un mandato de cinco años con posibilidad de reelección para otro lustro.

Tras incorporar 80 aportaciones de los informes requeridos a las autoridades de la competencia tanto estatal como autonómica y a los diferentes departamentos de la administración canaria, el proyecto de decreto se estructura en cuatro capítulos con 15 artículos, además de cuatro disposiciones adicionales y dos finales.

Canarias coordina a centros de investigación, empresas y sector público en la Estrategia del Microchip

Canarias coordina a centros de investigación, empresas y sector público en la Estrategia del Microchip

El Consejo de Gobierno aprueba la Estrategia CanaryChip, la primera de un Gobierno autonómico para respaldar su ecosistema de innovación ligado a la microelectrónica y a los semiconductores

La Consejería de Economía explica el potencial del sector en Canarias, con varias líneas de investigación, diseño e incluso de fabricación, con las que el archipiélago pretende optar a más de 500 millones de euros del PERTE Chip

El Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia de Microelectrónica y Semiconductores de Canarias 2022-2027, CanaryChip, que tiene como objetivo principal impulsar la coordinación, el desarrollo y el crecimiento del ecosistema canario en esta materia. Durante la presentación de la nueva estrategia, la consejera, Elena Máñez, indicó que “Canarias se constituye como la primera comunidad autónoma que aprueba una estrategia del microchip para respaldar al sector, en un contexto en el que la Unión Europea impulsa incluso una Ley del Microchip, para lograr la soberanía en el diseño, producción y aplicación de estos componentes”.

La consejera explicó cómo la pandemia de covid-19 evidenció la gran dependencia externa de la Unión Europea (UE) en este sector concreto, “de alto valor añadido y clave para el desarrollo tecnológico y la digitalización de la economía”. “De ahí” -continuó- “que hayamos impulsado esta estrategia en un momento clave, en el que se destinarán numerosos recursos para consolidar, fortalecer y ampliar toda la cadena de valor en torno a la microelectrónica y los semiconductores”.

El objetivo último es convertir a Canarias en una plataforma global de inversiones para el sector, desarrollar capacidades de producción en las islas a lo largo de toda la cadena de valor y constituir el archipiélago como un foco de desarrollo, atracción y retención de talento en el ámbito de la microelectrónica.

En este sentido, la Estrategia CanaryChip define cuatro ejes de ejecución, que son la promoción como destino de inversiones en el sector: el impulso a la participación del ecosistema CanaryChip en las actuaciones del PERTE Chip, que, con más de 12.000 millones de euros, es el más cuantioso de los anunciados por el Estado, y fomentar la utilización de los instrumentos de la UE para incentivar inversiones.

Además, se configura un cuarto eje, constituido por las actuaciones complementarias, con las que el Gobierno de Canarias podrá contribuir con fondos propios a las inversiones y recursos financieros externos; fomentará programas de becas, programas específicos en Universidades y Centros de Investigación y también se promoverá e incentivará que el tejido productivo canario dedique fondos a este fin.

La estrategia también contará con un modelo de Gobernanza que mantiene una atención dinámica al mercado y un seguimiento de las actuaciones y del que participan el gobierno, los centros investigadores y todo el ecosistema de la microelectrónica.

PERTE Chip

La primera labor en el seno de la Estrategia será la de coordinar la presentación de proyectos canarios a las licitaciones que realice el Estado a través del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de microelectrónica y semiconductores  (PERTE Chip), que tiene como finalidad principal reducir la dependencia de España del exterior en el diseño y fabricación de estos elementos. Dotado con 12.250 millones de euros, de los que 9.350 se reservan a fábricas, los proyectos se adjudicarán por concurrencia competitiva a las propuestas que muestren mayor capacidad para cumplir los objetivos de los ejes estratégicos del Plan.

Con el resto de fondos, para el refuerzo de la capacidad científica se prevé una inversión de 1.165 millones de euros, para la estrategia de diseño se destinarán 1.330 millones de euros y para la dinamización de la industria de fabricación TIC el presupuesto estimado asciende a 400 millones de euros.

Elena Máñez recordó que Canarias ya ha conseguido la adjudicación de proyectos de vanguardia por un importe en torno a 81 millones de euros en los otros mecanismos extraordinarios implementados por el Estado, con 3 planes complementarios y 4 proyectos RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), y enfatizó que “ha sido determinante la colaboración entre empreesspúblicas y privadas, centros tecnológicos y de investigación y el gobierno autonómico, para lograrlos”. De ahí, la importancia de establecer una estrategia que contribuya a consolidar el ecosistema de la microelectrónica y semiconductores en las Islas, con presencia de los principales centros científicos, como el IUMA, el IAC y el ACTEC, y de empresas punteras en la materia, como Wootpix o Lightbee, con los que Canarias puede aportar experiencia, capacidad y calidad, para ayudar a que España se sitúe a la vanguardia en el diseño y fabricación de microelectrónica y semiconductores.

La Estrategia aprobada por el Gobierno incluye la localización de posibles proyectos a presentar la PERTE, por valor de 49 millones en el eje de desarrollo de la capacidad científica, 118 millones en el área de Diseño, 400 millones en plantas de fabricación y 20 millones en el desarrollo de la industria TIC.

Entre las propuestas de proyectos figuran la fabricación de maquinaria de vanguardia y disruptiva, para etapas clave en la fabricación e inspección de chips; diseño, producción, inspección y test de circuitos; diseño ASIC, RFIC, MMIC, Mixed-Signal, Sensores y FPGA; tecnologías de campo de luz (LFT), LIDAR, fotónica integrada, y comunicación cuántica; y aplicaciones desarrolladas en múltiples campos (comunicaciones y ciberseguridad, sensórica e Internet de las cosas, aeroespacial, marino o astrofísica).

Ecosistema canario

Canarias tiene un ecosistema de la microelectrónica y semiconductores integrado por empresas y centros de conocimiento muy potente. Las Islas tienen empresas que desde hace años diseñan chips o procesos ópticos en la fabricación de chips, que se han constituido en el Clúster Chip Canarias, con 717 puestos de trabajo directos de alta cualificación y un volumen de negocio aproximado de 78 millones de euros. Estas empresas se integraron el pasado verano en lo que se denomina el Ecosistema Canarychip de Microelectrónica y Semiconductores de Canarias (abreviadamente Ecosistema Canarychip), formado por el Clúster Chip Canarias y otras empresas, los centros científicos IUMA-ULPGC e IAC, y otros agentes públicos competentes en el sector en Canarias.

Estos centros punteros en la ciencia de los microprocesadores reúnen a más de 200 investigadores e investigadoras de alto nivel en materia de microelectrónica e instrumentación, con un presupuesto de 17 millones de euros, que dan soporte técnico, de formación y de atracción del talento a la parte privada, “de manera que las Islas se pueden situar entre los primeros cinco puestos de las comunidades autónomas con mayor talento humano para desarrollar los proyectos del PERTE”.

Aprobado el decreto ley que regula las prestaciones económicas vinculadas al cuidado de personas dependientes

Aprobado el decreto ley que regula las prestaciones económicas vinculadas al cuidado de personas dependientes

Se trata de las prestaciones económicas a las que pueden acceder las personas dependientes para contribuir a la financiación del coste del servicio del que se haga
uso o bien para garantizar el cuidado en el entorno familiar

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el decreto ley por el que se aprueban las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, a los cuidados en el entorno familiar y al apoyo a personas cuidadoras no profesionales, las reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Se entiende como prestación económica vinculada al servicio (PEVS) la cuantía económica de periodicidad mensual que tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste del servicio que se determine en el Programa Individual de Atención (PIA) para la persona en situación de dependencia, cuando por inexistencia o insuficiencia de servicios públicos o concertados en la red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias no sea posible el acceso a ellos.

Esta prestación económica es de carácter personal y podrá vincularse a cualquiera de los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El proyecto de decreto ley establece, como requisitos generales para acceder a la PEVS, que las personas beneficiarias sean residentes en Canarias y reúnan los requisitos específicos previstos para el acceso al servicio o servicios de atención, a los que se vincula la prestación; que tengan plaza u acceso a prestación del servicio, en centro o por persona o entidad privada, con o sin ánimo de lucro, debidamente acreditados y que el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona en situación de dependencia determine la adecuación de esta prestación.

En relación con las cuantías máximas de esta prestación económica vinculada al servicio, se aplican las cuantías máximas, en función del grado de dependencia reconocido: 800 euros para Grado III; 477,25 euros, para Grado II, y 336 euros, para Grado I.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Asimismo, el proyecto de decreto ley regula la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), consistente en una cuantía económica cuya finalidad es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención específica prestada en su domicilio a quien se encuentra en situación de dependencia y por una persona de su familia o de su entorno, no vinculada a un servicio de atención profesionalizada. Esta prestación únicamente se podrá conceder cuando no sea posible el acceso a un servicio o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio, debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.

La concesión de esta prestación implica la designación de una persona cuidadora no profesional, que deberá asumir directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de la persona en situación de dependencia.

En cuanto a las cuantías para la prestación PECEF, se establecen las siguientes cantidades máximas: 504 euros, para Grado III; 319,08 euros, para Grado II, y 180 euros, para Grado I.

El Gobierno aprueba la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias de los próximos dos años

Comienza el uso del gestor procesal de Justicia Atlante Web,

El documento recoge los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias relativas a esta materia

Su propósito principal es garantizar, con rigor y sin rencor, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, a través de la verdad y la justicia, para que no se repitan hechos similares

Contiene 33 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un avanzado grado de desarrollo, y presta una atención pormenorizada a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano como la mujer y la comunidad LGTBIQA+

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta de los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, documento que recoge los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, relativas a esta materia, en los próximos dos años.

El propósito principal de la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es garantizar, con rigor y sin rencor, el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, a través de la verdad y la justicia, para que no se repitan hechos similares.

Para ello, establece los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones a realizar por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias relativas a esta materia. El documento contiene 33 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un avanzado grado de desarrollo, y presta una atención pormenorizada a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano como la mujer y la comunidad LGTBIQA+.

La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

Igualmente, se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica.

Se ha analizado, también, la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 33 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Entre esos proyectos se encuentran el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

Antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, este documento ha sido informado de forma favorable por de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, tal y como está previsto en el artículo 11 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica, con el objetivo de lograr una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas. Asimismo, ha sido aprobada por el Parlamento de Canarias, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara.

Autorizado el gasto de diez millones para la contratación del servicio de limpieza de instalaciones judiciales

El contrato incluye 39 sedes, oficinas y órganos judiciales de Canarias, cinco más que el actual, 16 de ellos correspondientes a la provincia de Las Palmas y 23 a la de Santa Cruz de Tenerife

Tendrá un plazo máximo de vigencia de dos años, del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, y podrá prorrogarse por tres años más

El presupuesto total se abonará en tres anualidades, correspondientes a 2023, 2024 y 2025, y se divide en dos lotes, uno por cada provincia

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, autorizar el gasto correspondiente a la contratación del servicio de limpieza de las sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 10.031.809,58 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El contrato incluye 39 sedes, oficinas y órganos judiciales, cinco más que el vigente, dieciséis de ellos situados en la provincia de Las Palmas y 23 en la de Santa Cruz de Tenerife. Su plazo máximo de vigencia son dos años, del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2025, y podrá prorrogarse por tres años más.

El presupuesto total se abonará en tres anualidades, 1.671.968,26 euros entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023; un total de 5.015.904, 79 euros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; y 3.343.936,53 euros entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025.

Además, el contrato está dividido en dos lotes, uno por cada provincia, ascendiendo el de Las Palmas a 6.260.259,20 euros y el de Santa Cruz de Tenerife a 3.771.550,38 euros.

Su objetivo es mantener todos los órganos, sedes y oficinas judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias en un estado de higiene adecuado para su correcto funcionamiento, a satisfacción de los usuarios y cumpliendo los planes de seguridad e higiene en el trabajo desarrollado en los edificios públicos.

Hay que tener en cuenta que la limpieza abarca todo el edificio, no solo las unidades judiciales, lo que incluye zonas comunes, exterior de los edificios, hasta instalaciones que no son unidades judiciales propiamente dichas, cono los institutos de medicina legal, fiscalías, decanatos.

Aprobado el manual de instrucciones para las personas que integren las mesas electorales en los próximos comicios

Se trata de un documento necesario para la correcta actuación de un órgano electoral de tanta importancia como son las mesas, resultando imprescindible que sea común a todos los procesos electorales convocados

Su contenido es consensuado entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Ministerio del Interior, y está supervisado por la Junta Electoral Central

Entre otras cuestiones, recoge los derechos y obligaciones, las funciones durante la jornada electoral, el desarrollo de la votación, el escrutinio y la entrega de la documentación electoral

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el manual de instrucciones para las personas que integren las mesas electorales con motivo de la celebración de los próximos comicios locales y al Parlamento de Canarias.

Se trata de un documento necesario para la correcta actuación, el día de las elecciones, de un órgano electoral de tanta importancia como son las mesas, resultando imprescindible que sea común a todos los procesos electorales convocados (municipales, al Parlamento de Canarias y a los cabildos insulares). Su contenido esta consensuado entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Ministerio del Interior, y ha sido revisado por la Junta Electoral Central.

En el manual se explican tanto los derechos y obligaciones como las funciones durante la jornada electoral, la comprobación de los materiales electorales, la constitución de las mesas, el desarrollo de la votación, el cierre de esta, el escrutinio y la preparación y entrega de la documentación electoral.

El artículo 27.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General dispone que “la designación como presidente y vocal de las mesas electorales debe ser notificada a los interesados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros o de los consejos ejecutivos de las comunidades autónomas”.