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Acuerdos de gobierno

El Gobierno otorga 175.000 euros a Santa Úrsula para la segunda fase de remodelación de la zona comercial abierta

La ayuda al ayuntamiento tinerfeño viene motivada por la necesidad de promover una imagen unitaria y mejorada  de los espacios urbanos de compra

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves una transferencia de  crédito por importe de 175.000 euros de la sección 19 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, denominada Diversas consejerías, a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio que, a su vez, lo destinará en forma de subvención al Ayuntamiento de Santa Úrsula, en Tenerife para culminar la segunda fase de remodelación de un tramo de la zona comercial abierta de este municipio.

Esta acción dará así continuidad a la primera fase de mejora de este espacio urbano, que se viene ejecutando con créditos relativos al ejercicio 2022 de Comercio de Canarias.

Esta ayuda responde a la política de dinamización de las zonas comerciales abiertas que se lleva a cabo desde el área de Comercio del Gobierno con el objetivo de  mejorar la competitividad de los pequeños y medianos comercios que en ellas se asientan y promover una imagen unitaria y mejorada, logrando así una mayor afluencia de visitantes y, por tanto, de la actividad económica.

La Dirección General de Comercio y Consumo tiene la competencia para la ejecución de la política de reforma de estructuras comerciales que desarrolle el Gobierno de Canarias, entre las que destacan las zonas comerciales abiertas.

Sanidad destina 4.426.204 euros a la modernización de la plataforma tecnológica del HUC

Se contratará el suministro de la plataforma de servicios TIC y las obras de adecuación de los dos centros de procesos de datos, necesarios para avanzar en el proyecto de hospital digital

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 20 de abril, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 4.426.204,82 euros en la contratación del suministro de la plataforma de servicios TIC y de las obras de adecuación de los dos centros de procesos de datos (CPD) del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), necesarios para avanzar en el proyecto de hospital digital.

La contratación del suministro de la plataforma de servicios TIC se realizará mediante arrendamiento con opción de compra y las obra de adecuación de los dos CPD se tramitará por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con un período de ejecución del contrato resultante de la licitación de cuatro años.

El complejo hospitalario necesita la renovación de esta infraestructura tecnológica para cumplir varios objetivos estratégicos y operativos, como los de innovación y modernización, seguridad, fiabilidad, mayor respeto y cuidado del medio ambiente.

El suministro de la plataforma de servicios TIC incluye la instalación, gestión, administración, actualización, soporte y supervisión de las infraestructuras que deberán dar soporte a las aplicaciones y usuarios.

Asimismo, la obra de adecuación de los CPD incluye la realización de mejoras e instalaciones, como un  nuevo sistema de climatización, cuadro eléctrico, sistema de protección contra incendios, control de acceso mediante tarjeta y huella y videovigilancia IP. También comprende el suministro y puesta en servicio de la mejora del enlace de fibra óptica (fibra y equipamiento) que une los CPD.

Sanidad destina 6,9 millones de euros a la compra de vacunas para el calendario de Canarias

Se adquirirán 233.850 dosis, que representan una parte de las vacunas necesarias para dar cobertura al calendario

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 6.904.580 euros en la adquisición de 233.850 dosis de vacunas incluidas en el calendario vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias para todas las edades de la vida.

La contratación se deriva del Acuerdo Marco para la selección de compañías suministradoras de vacunas de calendario y otras existente entre la Administración General de Estado, las Ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas, al que Canarias se adhirió en 2021.

Este suministro representa una parte de las dosis de vacunas que integran el calendario vacunal de la CAC; el resto se adquiere fuera del citado Acuerdo Marco, con un gasto total que duplica el importe autorizado hoy en Consejo de Gobierno.

Según este procedimiento, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias adquirir las unidades de vacunas estimadas necesarias exclusivamente a las empresas suministradoras adjudicatarias de dicho Acuerdo Marco, de conformidad con los términos fijados en el mismo, y adjudicar los contratos conforme al procedimiento establecido en el artículo 221.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y lo dispuesto en los pliegos que rigen el procedimiento, así como comunicar al Ministerio de Sanidad el número de vacunas adquirido para cada uno de los lotes.

El número de dosis de vacunas a adquirir por la Dirección General de Salud Pública con este suministro se compone de:

-3.000 dosis de vacuna Hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae tipo B conjugada.

-27.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomielitis inactivada.

-2.000 dosis de vacuna frente  difteria, tétanos, tosferina acelular de contenido antigénico reducido.

-25.000 dosis de vacuna frente a difteria y tétanos de contenido antigénico reducido.

-1.500 dosis de vacuna frente a hepatitis B para edad pediátrica.

-7.000 dosis de vacuna frente a hepatitis B para edad adulta.

-20.000 dosis de vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis.

-25.000 dosis de vacuna frente a varicela.

-15.000 dosis frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela.

-38.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococo de serogrupos A, C, Y, W.

-15.000 dosis de vacuna frente al meningococo serogrupo B.

-50.000 dosis de vacuna frente a virus del papiloma humano (VPH) nonavalente.

-5.000 dosis de vacuna polisacárida frente a neumococo 23-valente.

-350 dosis de vacuna frente a rotavirus.

El Gobierno autoriza a Vivienda a invertir 8,2 millones en la construcción de 65 viviendas protegidas en La Orotava

Consejo de Gobierno de Canarias.

La intención es empezar a licitar las obras de esta nueva promoción de vivienda pública en el mes de mayo próximo

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha aprobado hoy la autorización del gasto de 8.231.979 euros para poner en marcha la contratación de las obras de construcción de 65 nuevas viviendas protegidas, incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, en el barrio de San Antonio, en el municipio tinerfeño de La Orotava. Tras la autorización de hoy, se estima que la licitación de las obras pueda estar publicada en la plataforma de contratación el próximo mes de mayo.

Esta nueva promoción se enmarca dentro de los objetivos del programa de construcción del Plan de Vivienda y se suma a las otras tres obras que ya están en marcha para edificar 124 viviendas protegidas nuevas en las islas, a las que se añadirá en los próximos meses otra promoción de 134 viviendas más en la isla de Lanzarote.

Las nuevas viviendas de la promoción San Antonio I, en el barrio homónimo de La Orotava, se edificarán en una parcela cedida al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), destinada a la construcción de dos promociones de 65 viviendas protegidas de promoción pública, una de las cuales ya se terminó y se entregó a los demandantes de vivienda en 2015. La parcela que albergará esta nueva promoción tiene una superficie de 3.393 metros cuadrados y se localiza en la zona conocida como Urbanización Barbuzano.

La promoción San Antonio I se distribuirá en dos edificios de viviendas de cuatro plantas de altura, organizados en dos portales cada uno, con escaleras y ascensores independientes, distribuyéndose las viviendas en cuatro plantas de altura sobre la rasante de la calle, una planta de garaje en semisótano y una semiplanta de sótano destinada a trastero. Las viviendas tendrán de uno a cuatro dormitorios y se proyectan dos viviendas reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) en la planta baja y una vivienda reservada para piso tutelado es la vivienda compuesta por cinco dormitorios.

Cada edificio contará con un depósito de agua contraincendio, así como dos depósitos de agua para abastecimiento, uno para cada portal, con sus correspondientes hidrocompresores. Se proyecta también un itinerario adaptado hasta las viviendas reservadas a PMR desde cada planta de garaje a través del ascensor.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende 7.483.617 euros, pero se reserva casi un millón más para liquidar las obras cuando estén terminadas y a hacer frente a posibles imprevistos.

Canarias y Estado firmarán por primera vez un convenio estable para la financiación del telescopio Grantecan

El Consejo de Gobierno aprueba dar cobertura al convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma para que la sociedad mercantil Gran Telescopio de Canarias reciba 71.115.089 euros en el periodo 2023-2030

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el gasto plurianual destinado a la tramitación de un convenio entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) para la financiación de la sociedad mercantil Gran Telescopio de Canarias (GRANTECAN) hasta 2030. En el convenio previsto, la Administración General del Estado aportará 47.812.752 euros y la Comunidad Autónoma de Canarias, 23.302.337 euros.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, la tramitación administrativa continuará a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Máñez, y se formalizará el convenio con el Estado, que prevé un incremento anual de la financiación en el periodo 2023-2030. En ese documento, el Gobierno de Canarias se comprometerá a la estabilidad en la financiación de las instalaciones, con una aportación de 23.302.337 euros, repartidos de la siguiente manera:

15.17-463B.700.07.00 Proyecto de Inversión 207G0158 ‘Aportación al Grantecan’
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2.000.000,00 2.210.262,00 2.442.630,00 2.699.427,00 2.938.221,00 3.296.851,00 3.643.453,00 4.026.493,00

 

El GRANTECAN se enmarca dentro del mapa nacional de Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS). La construcción del telescopio se dio por finalizada en el año 2009 y actualmente la actividad de la empresa está centrada en su operación diaria, el mantenimiento de las instalaciones y el permanente desarrollo para aumentar sus capacidades y mantener su atractivo hacia la comunidad científica a la que sirve.

El Gran Telescopio Canarias es un proyecto que culminó con la construcción del mayor telescopio óptico del mundo y tiene tres sedes: el telescopio Gran Telescopio de Canarias, en el Observatorio del Roque de los Muchachos del municipio de Garafía (La Palma); su centro de operaciones, ubicado en el municipio de Breña Baja (La Palma), y sus oficinas y sede social, en el municipio de La Laguna (Tenerife).

Hasta la fecha no se había firmado convenio alguno entre la CAC y la Administración General del Estado en relación con el GRANTECAN. Únicamente han existido actuaciones singulares de apoyo, mediante subvenciones o préstamos, tramitadas por cada administración, de ahí la estabilidad que aportará este convenio para dotar con financiación al GRANTECAN por parte de la Administración General del Estado-Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Canarias en el periodo 2023-2030.

El Consejo aprueba la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027

El acuerdo propuesto por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo incluye la próxima publicación del documento laboral en el Boletín Oficial de Canarias

El Consejo de Gobierno acordó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la aprobación de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 y ordenó su publicación del documento en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Tramitada por la Viceconsejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo, la nueva estrategia se elevó a la consideración del Gobierno por la consejera Elena Máñez, tras su reciente aprobación por unanimidad, tanto en el Pleno del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) como en la Mesa General de la Concertación Social.

Tercer documento fruto del consenso con patronales y sindicatos en la X Legislatura, después del Acuerdo sobre igualdad laboral y brecha salarial en 2021 y la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual 2022-2026, establece seis objetivos fundamentales, 32 operativos y 117 líneas de actuación durante el próximo lustro en las condiciones laborales del archipiélago.

Objetivos estratégicos

Con los referentes superiores del Marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 y la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, el nuevo documento se adapta a las particularidades propias del tejido socioeconómico de la comunidad canaria y actualiza el anterior texto de competencia autonómica tras su positiva conclusión durante el periodo 2015-2020, con vigencia prorrogada hasta el pasado año para concluir sus diversas actuaciones a causa de la interrupción causada por la pandemia de covid-19.

También se alinea con otras estrategias en materias fundamentales como igualdad sexual, salud mental, seguridad vial, cambio climático o la Agenda Canaria 2030 para la consecución progresiva de los Objetivos de Desarrollo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), además de ordenar las diversas actuaciones de los diferentes agentes en la prevención laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Icasel, patronales, sindicatos y mutuas colaboradoras) en una tarea participativa para una mayor eficacia.

Para la finalidad última de conseguir unos entornos de trabajo más seguros y saludables, el texto normativo marca seis objetivos estratégicos:

1) Mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

2) Mejorar las condiciones de seguridad y salud de las personas ante las nuevas formas de trabajo (automatización o teletrabajo), los cambios demográficos y climáticos.

3) Promocionar la gestión de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y micropymes.

4) Promover la salud en el trabajo e introducir la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.

5) Potenciar el papel de las administraciones públicas, los interlocutores sociales y la implicación de las empresas y población trabajadora en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

6) Impulsar la formación y divulgación del conocimiento en prevención de riesgos laborales que permita una mayor cultura preventiva.

Además de los seis principales, la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 establece 32 objetivos operativos y 117 líneas de actuación, que se desarrollarán mediante planes de actuación con carácter anual durante el próximo lustro a través del Icasel, con la participación también de patronales y sindicatos para quienes se ha previsto una aportación anual de un millón de euros (250.000 euros a cada entidad), para la aplicación concreta de las diversas iniciativas.

El Gobierno eleva al Consultivo el nuevo decreto que dará más seguridad a la compra y venta de viajes combinados

El texto de Turismo de Canarias que regula la actividad de intermediación turística se adapta a la normativa europea, aportando mayor protección a los consumidores en sus relaciones con los operadores y evitando el intrusismo profesional

El Gobierno de Canarias aprobó este jueves elevar al Consejo Consultivo la modificación del Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de intermediación turística, en orden a cumplir con las directrices europeas en materia de viajes combinados y servicios de viajes vinculados para dotarla de mayor seguridad jurídica.

El nuevo texto dota de una mayor protección a las personas que adquieren un paquete de viajes frente a las empresas que ejercen como intermediadores turísticos o agencias de viajes y a la vez prevé mecanismos en contra del intrusismo profesionales en el ejercicio de estas actividades.

El decreto de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio en el que se transpone la directiva nacional y europea amplía el alcance del concepto de viaje combinado, dando cabida a muchos productos de viaje que se encontraban en una indefinición jurídica, introduciendo con ello el concepto de servicios de viaje vinculados como modelo empresarial alternativo a los viajes combinados.

Además, con esta modificación se amplían los requisitos de protección frente a la insolvencia de las empresas de intermediación turística y agencias de viajes y se refuerza la información precontractual al viajero y su carácter vinculante, entre otros aspectos.

Entre las nuevas medidas de protección del consumidor el texto prevé la obligatoriedad de las personas físicas o jurídicas que faciliten servicios de viaje  de contar con una póliza de seguro que dé cobertura a las personas que contraten un viaje combinado, garantizando el reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros en la medida en que uno de los servicios de viaje que estén incluidos no se ejecute a consecuencia de su insolvencia. Si dichas personas son la parte responsable del transporte de pasajeros la garantía cubrirá también la repatriación de los viajeros.

El Gobierno incrementa en 180.000 euros el programa dirigido a la integración de jóvenes extutelados

A través de estos fondos, se financian los proyectos dirigidos a procurar la emancipación y la integración sociales de personas jóvenes extuteladas por la Administración autonómica

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha autorizado el incremento en 180.000 euros a la línea de actuación Integración social de jóvenes extutelados y en dificultad social, que gestiona la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

El objetivo es hacer frente a los fines de los Proyectos de Integración Social destinados a personas jóvenes o en riesgo de exclusión social por su condición de extutelados y en dificultad social.

A través de estos programas, se promueve la integración social y emancipación de jóvenes extutelados y extuteladas como menores bajo medida de amparo que, al cumplir la mayoría de edad y revocarse dicha medida, se quedan en situación o riesgo de exclusión social al no tener la posibilidad de integración normalizada en su núcleo familiar, ni autonomía personal y económica suficientes para llevar una vida independiente.

De esta forma, mediante estos programas se busca ofrecer apoyo y acompañamiento socio-educativo a los y las jóvenes en el proceso de obtención de su autonomía personal, social y económica; favorecer su formación e inserción laboral para lograr su promoción personal y emancipación; promover su participación activa en la elaboración y consecución de los objetivos planteados en sus Planes Individuales de Emancipación y potenciar la capacidad de sus usuarios para gerenciar sus sentimientos, relaciones y conductas.

El Gobierno destina 2,2M€ al concierto social para la atención de personas en situación de alta exclusión social

La concertación contempla la realización de actividades de inclusión social con personas en situación de alta exclusión que son o han sido beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, la Renta Ciudadana o el Ingreso Mínimo Vital

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha autorizado el gasto relativo a la suscripción del concierto social para la realización de acciones dentro del Programa Integra, destinado a la integración de personas en situación de alta exclusión y con 2.281.246,63 euros.

El concierto social es una fórmula prevista en la Ley de Servicios Sociales de Canarias y regulada por decreto que permite la prestación de servicios sociales de manera reservada a entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con carácter plurianual, con lo cual se garantiza la estabilidad de las plantillas de dichas entidades y la continuidad de la intervención social con las personas usuarias.

El objeto del concierto que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud sacará a concurso, al que podrán optar entidades sociales que cumplan los requisitos establecidos en los pliegos, contempla la realización de actividades de inclusión social con personas en situación de alta exclusión que son o han sido beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la Renta Ciudadana, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los programas que los sustituyan o completen en el futuro.

De esta forma, el concierto social contempla el acuerdo de financiación con carácter plurianual, estableciéndose las siguientes cuantías por anualidades: 277.467,13 euros en 2023; 987.667,98 euros en 2024 y 1.016.111,52 euros en 2025.

El concierto contempla un periodo de ejecución del 1 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2025, existiendo la posibilidad de dos años de prórroga.

El Gobierno declara de interés público de Canarias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria

La asociación tiene, entre otros fines, impulsar el progreso de la educación pública y de la cultura, la producción, promoción y difusión de las actividades culturales, el fomento de la riqueza en la isla y la preservación de su medioambiente

Para ello, desarrolla distintas actividades como ciclos de conferencias o entrevistas, debates, seminarios, foros culturales y jornadas sobre asuntos de actualidad

En estos momentos, la RSEAPGC está integrada por más de 370 socios, aunque sus actividades no se restringen al ámbito particular de sus asociados, sino que participan terceras personas ajenas a la entidad

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el decreto por el que se declara de interés público de Canarias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC), institución cívica sin fines de lucro, fundada, durante el reinado de Carlos III, el 5 de febrero de 1776, en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta asociación, que figura inscrita desde el año 1967 en el Registro de Asociaciones de Canarias, tiene como ámbito territorial de actuación la Comunidad Autónoma de Canarias y su objeto es impulsar el progreso de la educación pública y de la cultura, la producción, promoción y difusión de las actividades culturales, el fomento de la riqueza de la isla de Gran Canaria, la preservación de su medio ambiente, la cooperación nacional e internacional para el desarrollo y el mayor bienestar moral y material de sus habitantes.

Según el artículo 38.1 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, podrán ser declaradas de interés público de Canarias las asociaciones de ámbito territorial autonómico inscritas en el Registro de Asociaciones de Canarias en las que concurran una serie de circunstancias.

En primer lugar, y así lo señala el artículo 38.1.a) de la citada norma, se exige que, para ello, los fines estatutarios deben promover el interés general de la Comunidad Autónoma, requisito que está plasmado en el artículo 2 de los Estatutos Sociales de la RSEAPGC, que señalan que su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de Canarias, y también queda constatado en la relación de actividades desarrolladas en los últimos años.

En segundo lugar, artículo 38.1.b), que las actuaciones realizadas no se restrinjan al ámbito particular de sus asociados, en el caso de la RSEAPGC más de 370, sino que participen terceras personas ajenas a la misma. Una circunstancia que cumple esta asociación, tal y como se desprende de la Memoria de los años 2020 y 2021, donde ser recogen los distintos tipos de actividades –ciclos de conferencias o entrevistas, debates, seminarios, foros culturales y jornadas sobre asuntos de actualidad, entre otros– desarrollados para alcanzar sus fines.

Otros requisitos son, artículo 38.1.c), que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas; artículo 38.1 d), que la asociación disponga de los medios materiales y personales adecuados, así como de la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos; y, por último, artículo 38.1.e), que se encuentren constituidas, en funcionamiento efectivo y hayan realizado actividades ininterrumpidamente al menos durante los dos años inmediatamente precedentes a la presentación de la solicitud. Todas estas cuestiones están acreditadas por parte de la RSEAPGC mediante certificado de su Secretaría y el visto bueno de su director.

Según consta en el artículo 39 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, las asociaciones declaradas de interés público de Canarias tienen reconocidos los siguientes derechos: utilizar la mención “declarada de interés público de Canarias” en todos sus documentos; disfrutar de los beneficios fiscales que las leyes reguladoras de los tributos de la Comunidad Autónoma reconozcan a su favor; disfrutar de las compensaciones que procedan por los impuestos estatales y locales que recaigan sobre las mismas, si no estuviesen exentas y en los términos que establezcan las leyes de la Comunidad Autónoma; acceder con preferencia a las líneas de ayudas y subvenciones cuyos objetivos sean coincidentes con sus fines estatutarios de acuerdo con las correspondientes convocatorias; percibir transferencias de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para su funcionamiento, en los términos establecidos para cada ejercicio en las leyes de presupuestos; disponer de espacios gratuitos en los medios de comunicación social dependientes de los organismos e instituciones públicas de la Comunidad Autónoma y de las corporaciones locales de Canarias, en los términos que se determinen reglamentariamente; y asistencia jurídica gratuita, en los términos establecidos en la legislación específica.