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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Inspección del Transporte por Carretera 2023

El Consejo da el visto bueno a un documento que promueve el cumplimiento de las normas y evita el fraude en el sector, incluyendo como novedad el control del transporte sanitario

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera para 2023 para fomentar el cumplimiento de la normativa en el sector.

Este plan, elaborado con el consenso de los cabildos insulares, persigue importantes beneficios que repercuten no solo a las empresas del sector, sino de todos aquellos usuarios relacionados con la actividad del transporte por carretera sobre la conducción, el fraude en el transporte de mercancías o pasajeros, la ordenación del transporte por carretera y la competencia desleal, entre otros aspectos.

Este plan establece las directrices generales para unificar criterios entre las diversas administraciones regionales con el objetivo de homogeneizar la actividad inspectora del transporte por carretera que corresponde a los cabildos insulares del archipiélago durante el año 2023, y que éstos ejercen en colaboración de la Guardia Civil y las policías locales correspondientes. Para este año, y a petición de algunos cabildos, se ha añadido el control del transporte sanitario entre las áreas de inspección.

Por tanto, se trata de una acción unitaria que englobará a los ejecutivos insulares y al Gobierno de Canarias para evitar que se produzcan situaciones de fraude en determinadas zonas del territorio insular por falta de control, se realice una mejora de la ordenación del transporte por carretera y la mejora de la calidad del empleo en Canarias.

Entre las actuaciones a llevar a cabo como consecuencia del Plan de Inspección están las siguientes:

  • Control sobre la realización de servicios de transporte público regular al amparo de la correspondiente autorización.
  • Control del transporte de viajeros por las empresas que realizan transporte turístico de ocio y recreo, y arrendamiento de vehículos que circulen formando caravana.
  • Transporte de viajeros en vehículos turismo. Transporte público irregular (taxis en fraude)
  • Control del mantenimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización de transporte público discrecional de mercancías y viajeros.
  • Control de transporte sanitario, un requisito adicional que se suma como novedad durante este 2023 y que supone una mejora en el Plan de Inspección.

El Consejo aprueba incrementar en 124.000 euros las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género sin recursos

Los fondos están dirigidos a garantizar los derechos de las víctimas que, por esas circunstancias, tengan especiales dificultades para acceder a un empleo

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la ampliación de crédito para el programa Ayuda a mujeres víctimas de violencia con especiales dificultades para obtener un empleo, que gestiona el Instituto Canario de Igualdad (ICI), con una partida que asciende a 124.675,58 euros.

Dado que el crédito disponible actualmente es insuficiente para responder a las solicitudes de ayudas pendientes de tramitar por el citado organismo, se propone una ampliación de crédito de 124.675,58 euros. Esos fondos tienen por objetivo garantizar los derechos económicos de las mujeres víctimas de violencia de género y evitar la interrupción en la concesión de los apoyos.

Además, la ayuda pretende facilitar su integración social y autonomía personal, y se concede en aplicación del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

A esa ayuda pueden acceder las mujeres víctimas de violencia de género, durante la vigencia de la orden de protección, que carezcan de rentas que superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, cuenten con especiales dificultades para obtener un empleo, no convivan con el agresor y tengan su residencia en Canarias.

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El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo para la estabilización de 12.146 profesionales del SCS

El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo para la estabilización de 12.146 profesionales del SCS

El documento fue aprobado por mayoría de la Mesa Sectorial de Sanidad la pasada semana

Las convocatorias de los procesos selectivos deben estar publicadas antes del 31 de diciembre de este año y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024

El acuerdo afecta a 12.146 profesionales, de los que cerca de 10.000 podrán optar a la estabilización por el sistema de valoración de méritos y, el resto, por concurso oposición

El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada esta mañana, miércoles 7 de diciembre, ratificó el acuerdo alcanzado por mayoría entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial para la estabilización de los 12.146 profesionales que podrán acogerse a lo dispuesto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El acuerdo relativo a las bases y criterios de las convocatorias de los procesos de estabilización afecta a 75 categorías profesionales y, del total, cerca de 10.000 empleados podrán optar a la estabilización por el sistema de valoración de méritos y, el resto, por concurso oposición.

El documento ratificado por el Consejo de Gobierno establece los criterios y bases de las convocatorias de la Oferta de Empleo Público para el año 2022 del personal estatutario del SCS y la OPE adicional de estabilización del empleo temporal del personal estatutario y laboral del SCS.

Las convocatorias de dichos procesos selectivos deberán publicarse antes del 31 de diciembre de este año y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

El acuerdo, suscrito por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Canarias, UGT, CCOO y Sepca, recoge los criterios que regirán las convocatorias de acceso a la condición de personal estatutario fijo que se convoquen en ejecución de los procesos extraordinarios de estabilización del empleo temporal, tanto en la modalidad de acceso por valoración de méritos (derivado de la disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021) como a través del sistema de concurso oposición (derivado de la artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre). Estos criterios siguen de forma análoga a los suscritos por la administración general pero con las singularidades propias del ámbito sanitario reguladas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Acceso por méritos

El sistema de acceso por méritos al que podrá acogerse las plazas ocupadas en los últimos cinco años, contempla la valoración de méritos profesionales y curriculares, teniendo en cuenta mayoritariamente la experiencia en la categoría en la que se trate y una mayor ponderación en los servicios prestados en el SCS, conforme a las recomendaciones acordadas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, los méritos profesionales supondrán un 70 por ciento de la puntuación máxima y el resto de méritos el 30 por ciento.

Concurso-oposición

El sistema de acceso por concurso oposición, al que podrá acogerse las plazas ocupadas entre tres y cinco años, contempla una valoración en la fase de concurso de un 40 por ciento de la puntuación total en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en la categoría en la que se trate  y una mayor ponderación en los servicios prestados en el SCS.

Los méritos profesionales supondrán un 90 por ciento de la puntuación máxima y el resto de méritos supondrán un 10 por ciento, en el contexto del baremo que se negocie en mesa sectorial. La fase de oposición, que se realizará en primer lugar y que se valorará con un 60 por ciento de la puntuación total, no teniendo carácter eliminatorio y consistirá en la realización obligatoria de un cuestionario tipo test.

Estabilidad y continuidad

Dado el carácter excepcional de este tipo de procesos en ejecución de ofertas extraordinarias de estabilización del empleo temporal, y en aras a garantizar la estabilidad y continuidad en la prestación de la asistencia sanitaria, el acuerdo recoge que a las personas aspirantes seleccionadas que ya tengan la condición de personal estatutario o laboral, temporal o sustituto de la misma categoría y, en su caso, especialidad en el SCS, se les adjudicará directamente el puesto que vienen ocupando. El resto de personas aspirantes seleccionadas adjudicarán según el orden de puntuación obtenida y la preferencia manifestadas.

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El Gobierno autoriza una transferencia de cuatro millones de euros a las universidades públicas canarias

El incremento se repartirá a partes iguales entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna, por lo que cada una recibirá dos millones de euros que destinarán a gastos de inversión, mantenimiento y reposición de las infraestructuras

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, miércoles 7 de diciembre, una transferencia de crédito de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por importe de cuatro millones de euros con la finalidad de que tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria financien gastos de inversión, mantenimiento y reposición de las infraestructuras.

La iniciativa responde a la necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para adecuar los créditos disponibles en el presupuesto, de manera que ambas instituciones puedan hacer frente a inversiones de reposición en infraestructuras, equipamiento e instalaciones, así como de mantenimiento, para lo que cada una solicitó a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes dos millones de euros.

El Gobierno pide al Consultivo el dictamen sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de los Juegos y Apuestas

La nueva norma persigue impedir el juego de los menores de edad, de las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y de los colectivos necesitados de especial protección

Revisa también el régimen sancionador en lo que afecta a la presencia de menores en establecimientos de juego y el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias

Prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y que el ente público RTVC emita publicidad que promueva el juego, tanto presencial como ‘online’

Establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores

El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y remitirlo al Consejo Consultivo de Canarias, para que emita, con carácter de urgencia, su preceptivo dictamen.

La nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego -tanto presencial como online-, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya había presentado al Gobierno, el 22 de abril de 2021, informe y texto articulado del Anteproyecto de Ley. Este, tras quedar enterado, había manifestado su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y había acordado que se continuara con su tramitación.

Con la nueva ley se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

En dicha resolución se instaba al Gobierno, en el ámbito de su competencia, a regular con eficacia la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a estos la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble, sino también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las máquinas de tabaco. Todo ello con el objetivo de impedir el juego a los menores de edad y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, también llamadas autoprohibidas, o a aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

Además, se exhortaba al Ejecutivo canario a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego, hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a impulsar la creación de una mesa de expertos, junto con un proceso de participación ciudadana, para una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como para la puesta en marcha de suficientes campañas de información, prevención y concienciación en los distintos ámbitos que se estimen necesarios.

En cumplimiento de la citada resolución, el Gobierno de Canarias ya aprobó el Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas hasta el 31 de diciembre de 2020. Tras su promulgación, el Parlamento aprobó la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

La disposición transitoria segunda de esta última ley establece que el Gobierno de Canarias impulsará, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la mencionada resolución, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Seguridad y Emergencias gasta 139.178 euros en el incendio forestal registrado en verano en el norte de Tenerife

Las facturas generadas engloban gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino en la extinción entre el 21 y el 27 de julio

Los costes derivados del operativo los asume la administración que en cada momento está llevando a cabo la dirección del plan; en el caso de declararse el nivel 2 deben ser asumidos por la Comunidad Autónoma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno de que el incendio forestal registrado este verano en el norte de Tenerife supuso a la Dirección General de Seguridad y Emergencias unos gastos, tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, de 139.178,90 euros, derivados de las labores de extinción realizadas entre el 21 y el 27 de julio, periodo en el que la Comunidad Autónoma se hizo cargo de la dirección del operativo.

En concreto, Julio Pérez ha dado cuenta de la resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias por la que ser aprueba el abono de las facturas generadas durante las fechas indicadas, que engloban conceptos tales como gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino -incluidos los miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trasladados a petición de la dirección del operativo-, gastos derivados del traslado de dotaciones materiales, y determinados suministros y servicios necesarios para la extinción del incendio forestal declarado en el norte de Tenerife.

El Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca) establece que la organización y respuesta jerárquica de las labores de extinción y dirección en la lucha contra los incendios que tengan lugar en las islas dependerá de los niveles de gravedad, partiendo de que la competencia de la gestión de la extinción de los incendios forestales en Canarias está transferida a los cabildos, lo cuales disponen de medios humanos y materiales para hacer frente a este tipo de emergencia, y aunque tanto el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado aporten diversos recursos (aéreos, terrestres y de coordinación).

En el caso de llegar al nivel de gravedad 2, aquel que implica la movilización de medios del Estado diferentes a los previstos en el plan, como puede ser la Unidad Militar de Emergencia (UME), o que pueda dar lugar a situaciones de emergencia que deriven hacia el interés autonómico o nacional, la dirección del operativo deja de ser insular y pasa a ser autonómica, que es lo que sucedió en el periodo transcurrido del 21 al 27 de julio de este año con el incendio registrado en el norte de Tenerife.

Los costes derivados de la extinción los asume la administración que en cada momento esté al cargo de la dirección del plan, siendo el Gobierno de Canarias, en la persona del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por ser el que tiene las competencias en protección civil y atención de emergencias, quien la lleva en el nivel 2.

Desde el día 21, en el que se declara el nivel de gravedad 2, hasta el día 27, fecha en se pasó a nivel 1, se tuvieron que contratar con carácter de emergencia diversos servicios y suministros, y se toma la decisión de desplazar a diverso personal que colabora en las tareas de extinción y que cuenta con el apoyo de personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencia (Grupo de Emergencias y Salvamento y Cuerpo General de la Policía Canaria), así como de empleados públicos pertenecientes a otras administraciones.

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El Gobierno amplía en 100 plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria

El vigente hasta ahora, aprobado mediante el Decreto 108/2021, de 11 de noviembre, constaba de 376 efectivos

El incremento supone 84 policías, doce oficiales, dos subinspectores y dos inspectores más de la Unidad de Recursos Operativos (URO)

Esta medida pretende facilitar el despliegue del cuerpo por todas las islas y está justificada por lo dispuesto en la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de decreto por el que se amplía en cien plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), que pasa a tener 476 efectivos, en concreto, 84 policías, 12 oficiales, dos subinspectores y dos inspectores más de la Unidad de Recursos Operativos (URO).

Esta ampliación, con la que se pretende facilitar el despliegue del CGPC por todas las islas, está justificada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, y con el artículo 6 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y el artículo 3, apartado f, de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, que establece que el Gobierno de Canarias tiene competencia respecto al CGPC para la aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, previo informe del Consejo de Política de Seguridad.

Una vez aprobado el proyecto de decreto, el catálogo de puestos de trabajo de CGPC queda constituido por un comisario jefe, designado por el procedimiento de libre nombramiento con convocatoria pública, pudiendo ser removido libremente; dos comisarios principales, que accederán a este empleo por concurso de méritos entre los comisarios del CGPC, los mandos equivalentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; un comisario de la Brigada Móvil (Brimo), que será provisto por concurso específico, y tres comisarios de la Unidad de Recursos Operativos (URO), que alcanzarán este cargo por concurso entre los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subcomisarios, tengan un mínimo de dos años de antigüedad en dicho empleo, no hayan sido sancionados por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada la sanción, y cuenten con la titulación exigible.

Además, el catálogo prevé dos subcomisarios de la Brimo y ocho subcomisarios de la URO, los primeros por concurso específico y los segundos por concurso oposición libre, con reserva de hasta el 50% de las plazas para los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de inspector y cumplan las condiciones antes citadas para los comisarios; dos inspectores de la Brimo y diez de la URO, con acceso por concurso específico y de méritos, respectivamente, entre los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subinspector y reúnan los requisitos ya detallados, y cuatro subinspectores de la Brimo y dieciocho de la URO, elegidos bajo el mismo procedimiento que los inspectores, salvo que saldrán de aquellos que tengan el empleo de oficial.

Precisamente, el catálogo incluye ocho oficiales de la Brimo y cuarenta de la URO, designados mediante concurso específico y concurso-oposición de entre los policías con al menos dos años de antigüedad, que no hubieran sido objeto de sanción firme por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada; y sesenta policías de la Brimo y 317 de la URO, que accederán por concurso específico y oposición libre, respectivamente.

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El Gobierno inicia la última fase para la aprobación del currículo de 23 ciclos formativos de grado básico de FP

El Ejecutivo autonómico solicita con carácter urgente el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre este proyecto de decreto

El Consejo de Gobierno tomó en consideración hoy, miércoles 7 de diciembre, a iniciativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el proyecto de decreto por el que se regula y establece el currículo de 23 ciclos formativos de grado básico de Formación Profesional (FP) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, acordó solicitar con carácter urgente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre esta futura norma.

Los ciclos formativos de grado básico constituyen, junto con Primaria y Educación Superior Obligatoria (ESO), la Educación Básica. Son de oferta obligatoria y carácter gratuito. Constan del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, ámbito de Ciencias Aplicadas y ámbito Profesional, y conducen a la obtención del título de graduado o graduada de ESO y el título de técnica o técnico básico en la especialidad correspondiente. Cabe recordar que estos 23 ciclos formativos se suman a los currículos de la FP ya existentes.

En concreto, el borrador de esta normativa abarca el currículo de los ámbitos comunes de Comunicación y Ciencias Sociales, y Ciencias Aplicadas, así como el currículo del ámbito profesional de los 23 ciclos formativos de grado básico en Informática de Oficina, Servicios Administrativos, Actividades Agropecuarias, Agrojardinería y Composiciones Florales, Aprovechamientos Forestales, Artes Gráficas, Servicios Comerciales, Reforma y Mantenimiento de Edificios, Electricidad y Electrónica, Fabricación de Elementos Metálicos, Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica, Fabricación y Montaje, Actividades de Panadería y Pastelería, Alojamiento y Lavandería, Cocina y Restauración, Peluquería y Estética, Industrias Alimentarias, Informática y Comunicaciones, Mantenimiento de Viviendas, Carpintería y Mueble, Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, Tapicería y Cortinaje, y Mantenimiento de Vehículos.

El futuro decreto será de aplicación en los centros educativos, públicos y privados, que impartan dichos ciclos en el archipiélago, los cuales se dirigen preferentemente al alumnado que presenta mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de la ESO en un entorno vinculado al mundo profesional. Su duración será de 2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. El primer curso de los ciclos formativos de grado básico se ha implantado en 2022-2023, y el segundo, se impartirá en el 2023-2024.

Acerca de la futura norma

Estos currículos están en consonancia con la Agenda Canaria 2030 ya que procuran que el alumnado que cursa estos ciclos formativos pueda adquirir las competencias necesarias para desarrollar una vida plena, la eliminación de la segregación escolar y las desigualdades en el ámbito educativo, a la vez que propiciar la igualdad de oportunidades permitiendo que todas las personas puedan desarrollar su potencial, talento, personalidad y capacidades.

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática y pacífica, y permitir su progresión en el sistema educativo, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.

El Gobierno destina 150.000 euros a una campaña de promoción de la sostenibilidad y la industria 4.0

La iniciativa busca la adaptación de los recursos humanos de las empresas industriales al cambio tecnológico e impulsar de forma paralela la sensibilización sobre los procesos sostenibles

El Gobierno de Canarias aprobó hoy en Consejo, a propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, la declaración de razones de coyuntura para la ampliación de crédito con la finalidad de dotar de presupuesto la Campaña de Promoción de la Sostenibilidad y la Industria 4.0, por importe de 150.000 euros.

Se trata de un proyecto promovido por la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) al que la Consejería ha considerado conveniente apoyar, dado que se enmarca dentro de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, EDIC 2022-2027, en la que se sustenta la política industrial que se desarrolla desde el Gobierno.

Esta campaña de promoción de la sostenibilidad y la industria 4.0 en el sector industrial tiene como objetivo la adaptación de los recursos humanos de las empresas industriales al cambio tecnológico, para que se impulse de forma paralela la información y sensibilización sobre sostenibilidad en las industrias canarias, dando respuesta y apoyo a las necesidades y retos del sector.

En esa línea, el Ejecutivo de Canarias ha considerado que la iniciativa, que irá dirigida a las industrias locales de cualquier tamaño y subsector industrial, tiene un fin claro de mejora la capacitación de las industrias para su transición digital y ecológica, por lo que ha considerado oportuno apoyar la realización de acción a través de la patronal Asinca.

El Gobierno argumenta que con la EDIC se pretende impulsar un cambio positivo y relevante en el papel de la industria en el modelo de desarrollo de Canarias, dotando para ello de recursos y capacidades para dinamizar procesos de consolidación del tejido industrial actual y de creación de nuevas empresas, bajo los principios de la sostenibilidad y la resiliencia. Con estos elementos, cumple el proyecto a subvencionar hoy aprobado.

El Gobierno destina 5,1 millones al programa de atención a menores y familias en situación de conflicto social

El programa, gestionado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, interviene con la población menor de edad y sus familias en situación de conflicto social y posible desprotección

El Consejo del Gobierno ha autorizado hoy, miércoles 7 de diciembre, el gasto destinado al servicio de atención a jóvenes, menores de edad, en situación de conflicto social y posible situación de desprotección por un montante de 5.124.798 euros.

El programa, gestionado por la Dirección General de Protección a la Infancia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, tiene como objeto el desarrollo de un conjunto de acciones dirigidas a la prevención y a la atención en situaciones de riesgo que garanticen el amparo y protección de las personas menores.

De esta forma, el programa está dirigido a la atención y el trabajo con la población menor y juvenil y sus familias, cuya problemática esté centrada en conflictos convivenciales, interviniendo con ella y su entorno social y familiar a través de la parentalidad positiva,
orientado a la estabilidad personal, sin prejuicio de que pueda proponerse la adopción de medidas protectoras.