Las ambulancias y recursos aéreos del Servicio de Urgencias Canario dispondrán de una aplicación específica para registrar la información sanitaria de los incidentes

El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de este jueves a incrementar en 100.000 euros el crédito presupuestario del Servicio Canario de la Salud para impulsar en el año 2022 el proyecto de implantación en los recursos móviles y aéreos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) del parte asistencial digital, como sistema informático de registro de la información de los incidentes sanitarios.

Durante 2021, el SUC inició la contratación, por un importe de 200.000 euros, de este aplicativo específico para los recursos sanitarios, que estará integrado con la herramienta de gestión utilizada desde la Sala de Coordinación del 1-1-2.

En una primera fase se ha comenzado la instalación de los equipos en las ambulancias medicalizadas, sanitarizadas y en los recursos aéreos, que constituyen unas 30 unidades. Con la ampliación del crédito presupuestario del SCS aprobado hoy de 100.000 euros y otros 200.000 euros aprobados en una enmienda a los presupuestos de este ejercicio, el parte asistencial digital podrá extender su implantación este año en las ambulancias de soporte vital básico.

El despliegue de una herramienta en todo el parque móvil de recursos vinculados al transporte sanitario de urgencias permitirá incorporar automáticamente la información obtenida de los distintos dispositivos de electromedicina y el registro de la asistencia.

De esta forma, toda la información queda registrada digitalmente, facilitando su estudio, acceso y consulta en caso necesario, con posibilidad de emitir la información recogida en el parte asistencial digital en tiempo real ante una emergencia vital.

Esta aplicación cubrirá las necesidades de documentación, información, notificación y almacenamiento de la información sanitaria registrada durante los incidentes de urgencia/emergencia, coordinados y gestionados por el SUC desde ambas salas de Coordinación (CECOES 1-1-2), con el fin de optimizar y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

El acuerdo tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros dos, y cubrirá todos los hospitales del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de este jueves, 3 de marzo, la realización de un gasto de 3.786.279,08 euros para la contratación de un suministro de lencería con destino a los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La contratación se tramitará mediante acuerdo marco, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del que resultará la formalización de contratos para el aprovisionamiento de lencería por cada uno de los hospitales para un período de dos años, prorrogables por otros dos.

El gasto autorizado se distribuirá entre los hospitales del SCS a razón de:

• 983.839,52 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
• 700.964,24 euros en el Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
• 644.306,20 euros en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.
• 633.077,14 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
• 278.877,65 euros en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote.
• 248.361,84 euros en la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma.
• 60.908,23 euros en la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera.
• 14.814,59 euros en la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro.

El procedimiento de compras centralizadas ha contribuido notablemente a racionalizar y mejorar la eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de los centros sanitarios, al tiempo que produce una reducción de precios derivada de la economía de escala.

Se trata de ofrecer estas ayudas a las familias que perdieron sus casas durante la erupción y opten por esta opción mientras dure el proceso de reconstrucción de la suya

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy la ampliación de una partida presupuestaria que permitirá una posterior modificación de crédito por valor de 1,4 millones de euros para activar este mismo mes la ayuda de alquiler de emergencia para las familias que perdieron sus hogares a causa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el pasado mes de septiembre, en la isla de La Palma.

Se trata de una de las actuaciones que el Gobierno de Canarias ha activado para hacer frente a la emergencia habitacional que sufre gran parte de la ciudadanía del Valle de Aridane y que se complementa con la adquisición y entrega de viviendas que ya se está llevando a cabo.

A la ampliación presupuestaria aprobada hoy, le seguirá la semana viene una modificación de crédito por el mismo valor, es decir, de 1.425.600 euros, lo que permitirá al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) crear la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para alquiler de vivienda habitual para los afectados por la erupción mientras dure el proceso de reconstrucción.

El objetivo es que las familias que hayan optado por esta opción al inscribirse en el Registro Único de Afectados puedan empezar a acogerse a esta nueva línea de ayudas antes de que acabe el mes de marzo.

De los trabajos realizados por el Grupo de Intervención Social, que forman los 27 trabajadores sociales contratados de la Oficina Registro de Personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, se ha determinado que muchas familias afectadas muestran su preferencia por el alquiler, antes que la cesión de una vivienda temporal de una de las viviendas adquiridas.

Además, se ha detectado también que una parte de las personas afectadas que ya viven de alquiler, carecen de recursos para hacer frente al pago de las rentas de las viviendas.

Esta nueva línea de ayudas al alquiler específica para los afectados por el volcán será gestionada a través del Instituto Canario de Vivienda y se prevé que necesite una dotación total de 3,2 millones durante los tres años que se pretende mantener activa.

Los alquileres se pagarán a los afectados que ya estén apuntados en el registro único de damnificados puesto en marcha por el Gobierno de Canarias y que así lo manifiesten en su inscripción. Por tanto, no tendrán que realizar ningún trámite nuevo para solicitarlas.

Tendrán derecho a recibir estas ayudas, durante un período máximo de 36 meses, todas las familias inscritas en el registro único que justifiquen haber perdido su vivienda habitual por la erupción y aporten los justificantes del pago del alquiler.

Podrán solicitar estas ayudas tanto los propietarios de viviendas destruidas o declaradas inhabitables, como los arrendatarios que vivían en una casa que fuera su vivienda habitual y también resultara destruida o declarada en ruinas a causa de la erupción.

En este caso, en el de los que vivían de alquiler antes de la erupción, la ayuda consistirá en el abono de la diferencia entre las rentas del alquiler anterior y de la nueva vivienda, también por un periodo máximo de 36 meses.

También podrán solicitar la nueva ayuda los evacuados que tienen sus casas indemnes pero que aún no pueden volver a ellas al encontrarse aisladas dentro de la colada, por falta de servicios básicos o por residir dentro de la zona de exclusión por gases. En estos casos, se abonará la ayuda hasta el momento en el que puedan retornar a sus hogares con plenas garantías.

Estas ayudas de emergencia al alquiler se pagarán de manera cuatrimestral previa presentación de los justificantes de pago. La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 6,6 euros por metro cuadrado útil y mes por vivienda, de acuerdo a los precios que el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda establece para los municipios afectados por la erupción. De esta forma, queda establecida que la ayuda máxima a pagar a cada familia será hasta un máximo de 594 euros al mes.

Los importes certificados, correspondientes al cuarto trimestre de 2021, incluyen los gastos del Turno Especial de Extranjería, que se han duplicado con respecto al anterior trimestre

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, 3 de marzo, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas. Esta subvención tiene como objetivo abonar las actuaciones de profesionales del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondientes al cuarto trimestre de 2021, por un importe de 2.340.894,45 euros.

El incremento en el número de asuntos del turno de oficio y el consiguiente aumento del importe de dicho servicio, así como el alza del Turno Especial de Extranjería, han repercutido significativamente en los importes facturados por el Colegio de Abogados de Las Palmas en el cuarto trimestre de 2021 y en la correspondiente solicitud de subvención.

Estos factores han hecho que se supere la cantidad de dos millones de euros, lo que hace preceptivo contar con la autorización del Gobierno de Canarias para continuar con la tramitación de la subvención, según dispone la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.

El total de la cuantía certificada está marcada por el número de asuntos del turno de oficio, que ascendió a 6.740, la segunda cifra más elevada en el año 2021, y el importe acreditado en dicho servicio, que fue de 1.245.973,34 euros, mientras que en el trimestre anterior alcanzó los 961.276,20 euros.

El cómputo del importe correspondiente al cuarto trimestre de 2021 también está marcado por el incremento, con respecto al trimestre anterior, de las cifras que se alcanzan en el Turno Especial de Extranjería para la atención adecuada y digna a las 6.672 personas migrantes que llegaron a las costas del Archipiélago, hasta alcanzar los 314.310,11 euros, casi el doble que en el tercer trimestre de 2021 (159.824,52 euros) y la cuantía más alta del conjunto del año.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobó en octubre de 2020 una resolución en relación con el Turno Especial de Extranjería, reduciendo el número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno con el objetivo de prestar una asistencia jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

El resto de los servicios efectuados objeto de la subvención están relacionados con el servicio de guardia (326.667 euros), guardia de enjuiciamiento rápido (260.544 euros), guardia de Violencia de Genero (193.200 euros) y servicios adicionales por incompatibilidad (200 euros).

Pretende dotar de un régimen específico que los configure como un verdadero servicio público de asistencia y orientación, al que puedan ser derivadas las familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo

El Consejo de Gobierno ha tomado este jueves en consideración el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios neutrales que favorecen las relaciones de menores con sus progenitores o familiares en situaciones de conflicto, y ha solicitado al Consejo Consultivo de Canarias su dictamen sobre el mismo.

El proyecto de decreto, propuesta conjunta de las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, pretende dotar a los PEF de un régimen específico. Un régimen que los configure no solo como un instrumento para hacer efectivos los regímenes de visitas establecidos en una resolución judicial, sino como un verdadero servicio público de asistencia y orientación familiar, al que puedan ser derivadas aquellas familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo.

De igual modo, busca conformarlo como un servicio de apoyo a niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la Administración Pública, funcionando como un recurso que permita un contacto seguro y beneficioso con sus familias biológicas y sirva a su vez de apoyo a las mismas en la misión de normalizar sus relaciones familiares.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, se recogen en el Reglamento los derechos y obligaciones de las personas usuarias, garantizando así el respeto a la intimidad y los derechos de ciudadanía, a la vez que se garantizan los objetivos a cumplir por el punto de encuentro.

Son igualmente propósitos de la regulación los tipos de intervención que pueden tener lugar en el punto de encuentro, con expresa mención de los objetivos a cumplir con cada uno de ellos.

Se garantiza también la profesionalidad del servicio, que estará integrado por personal técnico cualificado y con formación específica, desde una perspectiva de género, en materia de familia y menores, la asistencia y protección a víctimas de violencia machista y mediación familiar.

En la actualidad, Canarias cuenta con diez puntos de encuentro familiar, distribuidos por las siete islas, y para garantizar la existencia de este servicio la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incrementado notablemente su presupuesto, al pasar de los 600.000 euros en 2020 a 920.000 en 2022, lo que supone un aumento del 142% en la presente legislatura.

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy incrementar la aportación del Ejecutivo autónomo para la Plataforma Oceánica de Canarias, desde el presente ejercicio, hasta el año 2028. De esta manera, la partida anual se duplica, desde los 750.000 euros, hasta el millón y medio, por lo que se compromete una inversión total de 10,5 millones de euros para el periodo 2022-2028. (más…)

Se trata de ayudas, concedidas de forma directa, a personas, entidades e instituciones de la isla

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno en Consejo de Gobierno a la dación de cuentas de las subvenciones concedidas de forma directa por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de ayudar a paliar los efectos negativos provocados por la erupción volcánica de La Palma.

En concreto, durante el último trimestre del año pasado, se otorgó un total de 2.094.935,09 euros en ayudas de emergencia a numerosas personas, así como a entidades sociales y a ayuntamientos de la isla.

El objetivo de estas ayudas ha sido financiar programas dirigidos a mejorar la capacidad de respuesta en la atención a la infancia y familia ante la situación de emergencia derivada de la erupción volcánica en la isla de La Palma, los gastos derivados del programa Atención a personas sin recursos en el comedor social o proyectos de apoyo a las familias, entre otros programas.

En aplicación de la Ley general de Subvenciones, se dará cuenta al Gobierno de forma trimestal de las ayudas directas concedidas que acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por el titular del departamento respectivo.

Además, de acuerdo al Decreto Ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, durante el último trimestre se ha concedido una subvención directa de 400.000 euros al Ayuntamiento de Tazacorte para cubrir el total de los gastos derivados del programa “Emergencia Volcán Cumbre Vieja 2021 segunda fase”;

Además, se ha concedido otra subvención de 378.448,47 euros al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para cubrir los gastos derivados del proyecto “Ampliación extraordinario para cubrir necesidades de urgencia generada por la erupción volcánica en la isla de La Palma II”; así como una subvención de 400.000 euros al Ayuntamiento de El Paso para hacer frente a los gastos derivados del programa “Continuación programa de refuerzo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso”, por un montante conjunto de 3.273.383,56 euros, por lo que la globalidad de estas subvenciones directas concedidas durante el último trimestre del año 2021, ascendió a 5.368.318,65 euros.

El Gobierno autorizó un gasto de 2.760.000 euros en el arrendamiento de la nave, lo que permitirá liberar espacio en el edificio principal del hospital para ampliar el Servicio de Farmacia

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la realización de un gasto de 2.760.000 euros con destino al arrendamiento de una nave industrial en el Polígono Costa Sur, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para ubicar el almacén central del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

La nave dispone de las dimensiones necesarias para albergar, además del almacén central, otras actividades no sanitarias del complejo hospitalario susceptibles de ser trasladadas.

Con esta reubicación se liberará espacio suficiente en el edificio principal del hospital para acometer la ampliación del Servicio de Farmacia y la colocación de armarios automáticos de dispensación de medicamentos, cuya licitación se iniciará en breve.

El arrendamiento se realizará por un período mínimo de cinco años, susceptible de prórrogas anuales hasta el cumplimiento del plazo máximo legalmente previsto de diez años.

El Consejo autorizó hoy el gasto para la prórroga del contrato por dos anualidades, hasta 2024

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves el gasto relativo a la prórroga del contrato del servicio de cocina del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote, por importe de 2.136.576 euros y un período de dos años.

La prórroga se extenderá entre los ejercicios de 2022 a 2024, a razón de 801.216 euros este año, 1.068.288 euros en 2023 y 267.072 euros en 2024.

El contrato del servicio de cocina del hospital se suscribió el 3 de abril de 2018 con la empresa adjudicataria, EUREST Colectividades, SL, por un plazo de cuatro años y un importe total de 4.273.152 euros.

Terminado este período, se procederá a prorrogar el contrato por otros dos años, tras obtener la conformidad de la empresa y de acuerdo al pliego de cláusulas administrativas particulares y la Ley de Contratos del Sector Público.

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó un gasto de 1,3 millones de euros para la financiación de un proyecto de cooperación al desarrollo y de diversas acciones de apoyo a entidades que atienden a los sectores más castigados por la crisis económica.

La mayor parte del gasto se destinará a proyectos de Cruz Roja y otras ONG del Archipiélago, con 700.000 euros, y al refuerzo de la ayuda humanitaria al pueblo saharaui, con 450.000 euros.