El Consejo autoriza una ampliación de 82.780 euros en el seguro médico de isleños residentes en ese país, cifra que se une a los 501.661 extras entregados en Navidadpara los programas de alimentos y medicamentos

Durante 2021, el presupuesto para estas subvenciones se elevó hasta los 1,95 millones para afrontar con más garantías la difícil situación de las 57.286 personas que,según los datos de enero de 2020, se acogen a esos programas

El Consejo de Gobierno celebrado hoy en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado una transferencia de crédito por valor de 82.780 euros que refuerza la política de incremento de las ayudas a los canarios residentes en Venezuela desarrollada durante esta legislatura.

La medida, impulsada por la Viceconsejería de Acción Exterior, aumenta la dotación del seguro médico de canarios o descendientes de isleños residentes en el país hermano y se dirige a los colectivos del tejido asociativo que atienden las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos de la población en estos momentos de crisis.

La transferencia la efectúa la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y se une a la recarga extraordinaria de las tarjetas de alimentos y medicamentos de canarios en Venezuela efectuada en diciembre pasado, con motivo de las fiestas de Navidad. En esa ocasión, la cantidad añadida fue de 501.661 euros, lo que intensificó la campaña de incremento de las partidas en apoyo a los canarios en el país caribeño, tal y como prueba el hecho de que el presupuesto para este ámbito pasó de 1,5 a 1,95 millones (un 23% más) del año 2020 al 2021.

Esos 1,95 millones del presupuesto global han permitido afrontar con más garantías la difícil situación de las 57.286 personas que, según los datos oficiales de enero de 2020, se acogían a estos programas, reforzando la subida que ya se produjo en 2020 respecto a las partidas de 2019. Esta apuesta posibilitó la incorporación, durante 2021, de 725 canarios como beneficiarios de las ayudas sanitarias a través de la Fundación España Salud, pasando de 845 a 1.570.

En el caso de las de medicamentos, las cifras barajadas se elevan de los 1.800 beneficiarios en 2020 a los 2.240 el año 2021, lo que implica 440 personas más, mientras que, en lo que respecta al programa de alimentos (para diversos grupos de edad), el alza permitió llegar hasta 3.365 personas, lo que supone 365 más que las 3.000 de 2020.

El refuerzo de las tarjetas de alimentos y medicamentos realizado en diciembre pasado se confirmó el día 10 de ese mes, cuando el Consejo de Gobierno decide añadir una cantidad suplementaria de 469.774 euros, tras tramitarse un expediente de modificación de crédito.

A esa cantidad se añadió un remanente de 31.887 euros y se alcanzaron los citados 501.661 para una acción que comenzó a ejecutarse en 2020 y que no tenía precedente hasta entonces.

Ese aumento permitió recargar un total de 3.365 tarjetas de alimentos, a razón de 102,73 euros por cada beneficiario, lo que contrasta con los 16,17 euros mensuales del resto del año. Asimismo, se incrementó la cuantía de 1.564 tarjetas de medicamentos por un importe de 99,6 euros por cada canario en Venezuela acogido a este programa de ayudas, frente a los 17,17 habituales de cada mes.

En 2020, estas ayudas contaron con una partida inicial de 200.000 euros para medicamentos y 600.000 para alimentos. A finales de año, y con otra modificación de crédito, se añadieron 353.000 euros, hasta un total de 1,153 millones. Por el contrario, en 2021 se dispuso de entrada de 250.000 euros para productos de salud y 700.000 para comida. Sin embargo, ese cambio de crédito de 469.774 euros y el remanente de 31.887 permitieron este dinero extra para dos de los programas estrella de Acción Exterior.

El viceconsejero insiste en que estos incrementos sólo confirman “la sensibilidad del Gobierno de Canarias hacia los emigrantes isleños y sus descendientes en Venezuela, que cada vez se les hace más difícil sobrevivir por la situación económica por la que atraviesa el país centroamericano, agravada, encima, por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19”.

El Consejo acordó destinar 680.000 euros al año, hasta 2024, al programa para becas de posdoctorado de la ACIISI, con lo que la convocatoria superará los 2 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves, 10 de febrero, el gasto plurianual de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, con el fin de dar cobertura a la concesión de subvenciones del programa de ayudas ‘Catalina Ruiz’ por importe total de 2.040.000 euros.

En 2021, la dotación del programa, financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma, fue de 368.000 euros: menos de la mitad de la cifra aprobada hoy para cada año. En el ejercicio, pasado, cuando este programa comenzó a andar, se pudo becar a diez personas recién doctoradas.

Ahora, la inversión de nuevos fondos va a permitir elevar esa cifra hasta las diecisiete personas, con una iniciativa que ayuda a formar en el exterior a jóvenes investigadores e investigadoras, para después consolidar su formación en el Archipiélago, con la transferencia de lo aprendido a las entidades de investigación colaboradoras.

En concreto, en el desarrollo de las becas ‘Catalina Ruiz’, las ayudas van destinadas a la formalización de un contrato laboral entre las personas que han terminado su doctorado recientemente y la entidad beneficiaria, durante tres anualidades, a contar desde la fecha de firma del contrato.

Los dos primeros años realizarán una estancia posdoctoral en un centro de I+D de excelencia internacional. Una vez finalizado este periodo, se incorporarán durante un año al centro investigador de referencia en las islas con el que hayan establecido su relación laboral, donde seguirán desarrollando sus proyectos, al tiempo que actúan como enlace entre las investigaciones en las que hayan participado en el extranjero y las que se efectúan en las Islas.

De esta manera, el Gobierno de Canarias potencia la retención, recuperación y atracción del talento para la investigación de Excelencia en Innovación y Desarrollo, a través de la ACIISI.

El programa ‘Catalina Ruiz’ recibe el nombre de una mujer que ha sido referente en el ámbito científico internacional y un ejemplo a seguir por las mujeres investigadoras. De ella, destaca además de su constancia para lograr una Canarias comprometida con la igualdad, el desarrollo de su carrera como catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) y como Premio Canarias de Investigación e Innovación 2017. En la convocatoria 2021 -la primera del programa de becas que lleva su nombre- el 60 por ciento de los expedientes concedidos fue a mujeres.

Ante la reducción sostenida de la Incidencia Acumulada a 7 y 14 días, se acuerda tomar medidas de desescalada progresivas, adaptables y proporcionadas mediante el uso del certificado covid voluntario

Para ello, se solicitará al TSJC la prórroga de la orden del consejero sobre el uso voluntario del documento, por el que los establecimientos que lo apliquen podrán acogerse a las restricciones en vigor en el nivel de alerta inferior al que se encuentren

En esta coyuntura, se acuerda flexibilizar los horarios de cierre, recurriendo a los establecidos antes del incremento de casos de la sexta ola

El Consejo de Gobierno de Canarias, en la sesión ordinaria celebrada este jueves, día 3 de febrero, ratificó la orden del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, por la que, ante el descenso pronunciado de la Incidencia Acumulada experimentado en las últimas semanas, se revoca el uso obligatorio del certificado COVID en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4. De esta forma, el uso de este documento pasaría a ser voluntario en todos los niveles de alerta.

En este sentido, el Consejo de Gobierno aprueba emprender una desescalada progresiva de las medidas, manteniendo la cautela ante la presión asistencial, que continúa en riesgo alto y muy alto aún. Vigilantes con evolución de la situación epidemiológica del Archipiélago, se acuerda por tanto flexibilizar algunas medidas temporales y extraordinarias que se pusieron en marcha en momentos de acusado aumento de los contagios por SARS-CoV-2.

La orden ratificada hoy, que se publicará mañana, viernes, en el BOC, deja sin efecto la obligatoriedad del uso del certificado COVID en las islas en niveles de alerta 3 y 4, medida que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que estaba en vigor hasta el 24 de febrero, tras ratificarse una prórroga el pasado 21 de enero. Esta revocación del certificado obligatorio activa el uso del certificado covid voluntario en todas las islas independientemente del nivel en el que se encuentren.

Ratificación del certificado COVID voluntario

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó solicitar al TSJC la prórroga por un mes más de la orden del consejero de Sanidad relativa al uso voluntario de este certificado, que pasaría a estar en vigor en todas las islas, independientemente del nivel de alerta en el que se encuentre cada una de ellas. El certificado COVID voluntario continúa vigente hasta el próximo día 9 de febrero, por lo que la prórroga se extendería hasta el 9 de marzo.

Flexibilización de horarios

Por otro lado, el Gobierno de Canarias aprobó flexibilizar los horarios de cierre de todos los establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 1, 2 y 3, puesto que el del nivel 4 se mantiene con el mismo horario.

Hasta ahora, en el nivel de alerta 1 el horario de cierre se fijaba en las 3.00 horas y a partir de mañana se establecerá a las 4.00; en nivel de alerta 2 pasa de las 2.00 a las 3.00 horas, y en el nivel 3, que hasta ahora estaba establecido el cierre a la 1.00 pasa a las 2.00.

En en el nivel de alerta 4, el horario de cierre de estos establecimientos y actividades se mantiene, como hasta ahora, en las 00.00 horas.

En el caso de que el TSJC ratifique la prórroga del uso voluntario del certificado COVID, aquellos establecimientos que soliciten la presentación de este documento podrán acogerse a las restricciones en cuanto horario vigentes en el nivel de alerta inferior al que se encuentre su isla.

La Comisión Europea obliga a la elaboración de documentos de este tipo para garantizar que los recursos del MMR se utilicen correctamente

El Plan contiene medidas específicas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy -a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad- un Plan Marco de Medidas Antifraude para garantizar que los fondos del Mecanismo europeo de Reconstrucción y Resiliencia (MRR) se utilicen adecuadamente.  El documento se aplicará a todos los departamentos autonómicos y personal que gestionan fondos del citado instrumento.

El acuerdo obedece al mandato de la Comisión Europea para que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en los planes nacionales de Recuperación disponga de un plan antifraude que permita “garantizar y declarar”, en su respectivo ámbito de actuación, que los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables en lo referido a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El documento aprobado hoy por el Gobierno incluye cuatro tipos diferentes de medidas: de prevención, de detección, de corrección y de persecución.

Entre las primeras, se encuentra la creación de unidades específicas para la prevención del fraude en los departamentos de la Administración autonómica, que deberán llevar a cabo funciones como las evaluaciones periódicas del riesgo, la gestión del canal de denuncias interno o la verificación del cumplimiento de la normativa. También está previsto el desarrollo de mecanismos adecuados de evaluación del riesgo para todas las medidas gestionadas, en busca de las partes del proceso más susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente. Se atenderá particularmente la identificación de medidas que son más susceptibles del fraude, como pueden ser aquellas con alta intensidad, alto presupuesto o muchos requisitos a justificar por el solicitante; y se realizará un análisis de datos, dentro de los límites relativos a la protección de los mismos, que permitan detectar posibles situaciones de alto riesgo incluso antes de la concesión de los fondos.

En cuanto a las medidas de detección, se incluirán herramientas que permitan el uso de bases de datos de subvenciones y de puntuación de riesgo, o el desarrollo de indicadores de fraude y comunicación de los mismos al personal en posición de detectarlos.

Las medidas relativas a la corrección del fraude parten de la premisa de que la detección del mismo conllevará la inmediata suspensión del procedimiento, la notificación a las autoridades interesadas y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo. En esa línea, se procederá a evaluar la incidencia y su calificación como sistémico o puntual; y se retirarán los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.

En cuanto a la persecución, se comunicarán los hechos a la autoridad decisora quien, a su vez, hará lo propia con la autoridad responsable. Si fuera el caso, se denunciará los hechos punibles al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Del mismo modo se iniciará un expediente de información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario y se denunciarán los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos.

Turismo de Canarias sustituirá las hojas de reclamación autocopiativas por un impreso con código QR y la opción de que los usuarios puedan presentar sus denuncias, quejas y demandas de forma electrónica

El nuevo decreto obliga a los titulares de empresas o establecimientos turísticos a relacionarse electrónicamente con la Administración, con lo que se busca dotar de mayor seguridad jurídica, capacidad analítica y agilidad a todo el procedimiento

El procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones y de tramitación de estas en materia turística contará con una mayor agilidad y seguridad jurídica, conforme al nuevo decreto por el que se regulan las características y actuaciones a seguir ante las reclamaciones, quejas y denuncias. A propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, el nuevo texto fue tomado hoy en consideración en el Consejo de Gobierno y elevado al Consejo Consultivo de Canarias, con la solicitud del correspondiente dictamen, antes de su aprobación definitiva por parte del Ejecutivo.

Entre las principales novedades del proyecto de decreto visto hoy por el Gobierno se encuentra la incorporación del trámite electrónico tanto en el procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones como en el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, quejas y denuncias que se produzca por parte de los usuarios de servicios turístico.

En ese sentido, para cumplir con la obligatoriedad de que los establecimientos tengan a disposición de su clientela hojas de reclamación, las empresas ya no tendrán que esperar que los correspondientes cabildos insulares les envíen los impresos autocopiativos, los cuales dejarán de emitirse.

El nuevo procedimiento supone que las personas titulares de empresas o establecimientos turísticos estarán obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, tanto para la obtención, como para la tramitación de las hojas de reclamaciones, así como para las quejas o denuncias. Así, las empresas que se encuentren inscritas en el Registro General Turístico, deberán solicitar las hojas de reclamaciones a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Una vez hecho el trámite y validado, la Administración proporcionará a las empresas solicitantes cartel que anuncia la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de su clientela; códigos QR a disposición de las personas usuarias para la descarga en su dispositivo electrónico del formulario, y ejemplares de hojas de reclamaciones, que deberá imprimir y entregar a las personas reclamantes que no pudieran o quisieran optar por el formato electrónico.

Por su parte,  los usuarios turísticos podrán presentar las reclamaciones, quejas y denuncias de forma telemática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a la que accederá a través del código QR, sin perjuicio de que si la persona usuaria turística lo estima conveniente, pueda ejercer su derecho mediante la presentación del formato impreso en cualquiera de los registros establecidos en la Ley. Además, la cumplimentación del formulario ya no tendrá que hacerla en el establecimiento sino que podrá el cliente rellenarlo en el momento que lo estime conveniente.

La fundamentación del nuevo Decreto, según la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, “obedece a la necesidad de adaptarse a una nueva realidad como consecuencia del propio desarrollo de la sociedad de la información y al cambio de las circunstancias tecnológicas y sociales. De este modo, el acceso voluntario por las personas usuarias turísticas a las hojas de reclamaciones en formato electrónico reforzará el derecho a formular quejas y reclamaciones de un modo más sencillo y simplificado. Se trata, además, de una actuación que reduce trámites administrativos, costes adicionales, como el uso de papel y tiempos de espera”.

Asimismo, de acuerdo con el nuevo procedimiento de tramitación, se otorgará a los establecimientos sobre los que haya sido formulada una reclamación, queja o denuncia un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones y a partir de ahí valorar por parte de la Administración si corresponde o no iniciar el procedimiento sancionador.

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento gomero de Hermigua para la prestación del servicio de cobro en vía ejecutiva de las deudas tributarias y no tributarias.

De esta manera, la Agencia se encargará de recaudar lo que se deba al Ayuntamiento en vía ejecutiva, lo que permitirá centralizar el servicio en una única administración de forma más ordenada y eficaz, favoreciendo una gestión más eficiente y evitando la duplicidad de órganos recaudatorios, en tanto la Agencia Tributaria dispone de los instrumentos técnicos, organización y experiencia necesarios para llevar a cabo la misma.

El convenio, como otros que se han firmado de la misma naturaleza, regula el procedimiento de cobra y fija las funciones de la Agencia Tributaria y del Ayuntamiento de Hermigua.

El Ayuntamiento deberá abonar una cantidad mensual a la Agencia por el servicio, que vendrá determinada por el coste de inicio de la gestión (tres euros por cada deuda cargada) y coste por gestión realizada, a calcular en función del tipo de operación.

Las corporaciones insulares de La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma plantearon prorrogar hasta el segundo semestre del año en curso la realización y justificación de proyectos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la modificación puntual de cuatro convenios firmados con sendos cabildos insulares para ampliar los plazos de ejecución y justificación de los proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) del año 2020 hasta el segundo semestre del año actual. Se trata, en concreto, de los cabildos de La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

El acuerdo del Ejecutivo se adopta tras la petición formulada por las corporaciones insulares, que esgrimen dificultades para el cumplimento de los plazos debido a las consecuencias de la pandemia y, en el caso de La Palma, también por la erupción volcánica. En cualquier caso, viene siendo habitual en la ejecución del Fdcan la petición de prórrogas a las que el Gobierno de Canarias ha ido accediendo como muestra de colaboración interadministrativa.

El plazo de realización de los fondos de la anualidad 2020 estaba previsto en todos los convenios para el 31 de julio de 2021 y, el de justificación para la 31 de octubre de 2021, salvo en el caso de Fuerteventura, que ya habían sido modificados con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, respectivamente.

La ampliación aprobada supone ampliar, en todos los casos, los plazos de realización hasta el 31 de julio de 2022 y de justificación hasta el 31 de octubre de 2022.

La contratación de los funcionarios interinos será por tres años, hasta 2024

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un gasto plurianual de 3,6 millones de euros para el nombramiento de funcionarios interinos que se adscribirán a las unidades administrativa provisionales de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que gestionan los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado Next Generation EU.

La contratación de personal será por tres años, de acuerdo con la siguiente distribución: 1,18 millones en 2022; 1,20 millones en 2023 y 1,22 millones en 2024.

El acuerdo del Gobierno permitirá el nombramiento de 30 trabajadores.

Las unidades administrativas provisionales fueron creadas en virtud de la Ley 4/2021 aprobada por el Ejecutivo canario para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos del Next Generation EU.

De acuerdo con la norma, las direcciones generales de Planificación y Presupuesto; de Función Pública y la Intervención General son los tres órganos a los que se adscriben las nuevas unidades provisionales.

En concreto, en la dirección general de Planificación se han creado las siguientes: la Subdirección de Costes de Personal, la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos, la Subdirección del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Subdirección de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea.

El total de funcionarios interinos que se nombrarán para dar cobertura a todas las unidades provisionales asciende a 95.

El total de funcionarios interinos que se nombrarán para dar cobertura a todas las unidades provisionales asciende a 95. Las unidades son la Subdirección de Planificación y Racionalización del Empleo Público y la Subdirección de Selección y Provisión del Empleo Público, en Función Pública; y la Subdirección de Coordinación del control de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia y la Subdirección de Coordinación para el suministro de información, en la Intervención General.

El gasto en medicamentos y productos diototerápicoss se situó en 53.550.185,29 euros

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, 26 de enero, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a diciembre de 2021, mensualidad en la que se emitieron 4.547.727 recetas, un 6,43% más que en el mismo periodo del año anterior, y el gasto total en medicamentos y productos dietoterápicos ascendió a 53.550.185,29 euros.

Las Áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife concentraron el 85,42% del gasto farmacéutico total (45.744.383 euros), al emitir 2.007.971 y 1.928.473 recetas, respectivamente, mientras que en el resto de islas el gasto se distribuyó a razón de 2.596.286,21 euros Lanzarote, 2.123.931,69 euros en La Palma, 1.678.395,36 euros en Fuerteventura, 570.258,91 euros en La Gomera y 265.746,66 euros en El Hierro.

En cuanto al gasto medio por receta se situó en diciembre pasado en 11,63 euros, un 0,49% menos que en el año anterior, si bien el gasto medio por receta del periodo enero a diciembre registró una variación al alza del 0,73%. Solo La Gomera superó los 12 euros de gasto medio por receta (12,87 euros) y el resto de islas osciló entre los 11,26 euros de gasto medio en Fuerteventura y 11,99 euros en La Palma.

El Ministerio de Sanidad establece que, para uniformar los criterios de información de todas las comunidades autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

Según estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de diciembre que se comunica al Ministerio asciende a 51.077.828,51 euros.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad da cuenta al Gobierno de la subvención concedida en el cuarto trimestre de 2021

El Consejo de Gobierno ha recibido este jueves, 27 de enero, información sobre la subvención directa otorgada en el cuarto trimestre de 2021 a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, por importe de 35.790,97 euros, para el mantenimiento del servicio de mediación extrajudicial y extrajudicial civil y mercantil y posibilitar el impulso de la cultura del acuerdo desde el entendimiento.

Además de sufragar los gastos de funcionamiento y el coste de los honorarios de las personas mediadoras, esta ayuda se destina también a ejecutar un curso de reciclaje a dicho personal e incorporar a más mediadores.

La mediación es un procedimiento voluntario en el que un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador o mediadora, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a las partes en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por estos de acuerdos justos, duraderos y estables, al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos, poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance de estos.

Así, la mediación mercantil, además de suponer una importante descongestión de los órganos judiciales, presenta múltiples ventajas para todos los agentes implicados. Entre otros, el ahorro de costes y recursos, la reducción de los tiempos de respuesta, la restauración de la confianza entre las partes o un alto grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

La subvención, concedida por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, se articula a través de dos proyectos: la mediación intra y extrajudicial en el ámbito mercantil y la formación de personas mediadoras. El periodo de realización de la actividad objeto de subvención finaliza el 31 de mayo de 2022.

Respecto al primer proyecto, los conflictos objeto de mediación son las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, intelectual y publicidad; conflictos societarios, con especial atención a los producidos dentro de la empresa familiar; pretensiones que se promuevan en materia de transportes, nacional o internacional; acciones relativas a la responsabilidad civil de administradores sociales, administradores concursales, liquidadores o auditores en procedimientos liquidatarios o concursales, o procedimientos de jurisdicción voluntaria en los que se suscite oposición.

La ayuda también se destina a la formación a las personas mediadoras, con el fin de incorporar a más profesionales al Registro.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria ejecutó entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 y mediante otra subvención concedida por el departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, un proyecto piloto de mediación mercantil que incluyó la formación continua de personas mediadoras y la tramitación de 20 mediaciones que habían sido derivadas por los Juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Las Palmas.