Su puesta en marcha queda condicionada a la verificación del Plan de Estudios

El Consejo de Gobierno aprobó hoy miércoles, 29 de diciembre, el decreto por el que se acuerda la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de La Laguna (ULL).

El mismo decreto advierte de que su puesta en marcha queda condicionada a la verificación del Plan de Estudios previsto en el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, sin perjuicio de lo establecido en la norma por la que se determina la organización de éstas y del procedimiento por el que se asegura su calidad.

El decreto también señala que el alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a estas nuevas enseñanzas que se implantan, previa admisión de la Universidad, y que contra la aprobación del mismo cabe la interposición de un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Universidades establece que para impartir enseñanzas y expedir los correspondientes títulos oficiales, las universidades deben contar con la autorización de la Comunidad Autónoma, y obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el Plan de Estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.

Además, la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias establece que la implantación y supresión de enseñanzas que conduzcan a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial serán acordadas por Decreto del Gobierno de Canarias.

Tanto el Consejo de Gobierno de la ULL (con fecha 28 de enero de 2021) como el Consejo Social de esta misma institución (el 11 de febrero de este mismo año) aprobaron la implantación de las citadas enseñanzas, por lo que esta Universidad solicitó la misma al Gobierno de Canarias el pasado 24 de febrero.

Con posterioridad, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), informó el 15 de octubre que dicho título cumple con los requisitos exigidos por la normativa, y el 18 de noviembre el Consejo Universitario de Canarias informó de forma favorable, por mayoría de los votos emitidos, la propuesta de su implementación.

El Ejecutivo aportará más de 43.667,52 euros para la elaboración de los informes necesarios previos al dictamen

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo la suscripción de la primera adenda de prórroga del convenio entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y el Cabildo insular de Fuerteventura mediante el cual se encomienda a la Administración insular la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen de reconocimiento del grado de discapacidad, por un importe de 43.667,52 euros.

Con fecha 16 de junio de 2021, se formalizó un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular de Fuerteventura para la gestión de la elaboración de dichos informes.

Con la firma de la adenda que se lleva a Consejo de Gobierno, el citado convenio se prorroga durante el año 2022 en las mismas condiciones que las estipuladas para el convenio original, por un importe de 43.667,52 euros.

Regula la relación entre la Administración y las entidades sociales sin ánimo de lucro para la prestación de servicios destinados a la atención social de la ciudadanía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se aprueba el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los Servicios Sociales de Canarias.

Este documento permite la atención a la ciudadanía que lo requiera de una forma más eficaz, ya que regula, de manera estable y plurianual, la fórmula en la que entidades sociales sin ánimo de lucro pueden prestar servicios sociales cuando la Administración no pueda hacerlo de manera directa.

Tal y como se especifica en el preámbulo del decreto, a través de este Reglamento se trata de cubrir la necesidad de contar con un marco jurídico completo y estable que determine el alcance y significado de los conciertos sociales; que describa las modalidades de servicios y prestaciones; que precise los requisitos de participación; que detalle el procedimiento de selección de las personas o entidades proveedoras de los servicios y que determine los derechos y obligaciones de quienes presten el servicio, con especial referencia al sistema de remuneración de los costes.

Además, se entiende que esta novedad normativa abre, pues, muchas oportunidades para mejorar la cooperación público-privada y, en concreto, para aumentar la calidad y estabilidad de los servicios en el ámbito social, especialmente en las condiciones en que se prestan, y evitando instrumentarlos exclusiva o preferentemente por la vía de la contratación. Todo ello, con el fin de redundar en beneficio de las personas usuarias, de las Administraciones y de las personas profesionales y entidades que los desarrollan.

El Reglamento del Concierto Social fija el régimen jurídico de los conciertos sociales con personas físicas o jurídicas privadas de iniciativa social, como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios sociales destinados a la atención directa a las personas en Canarias, de acuerdo a la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

En aplicación de este reglamento, pueden ser objeto de concierto, la reserva y ocupación de plazas en centros y en servicios de carácter sociosanitario para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema público de servicios sociales; la gestión integral de los servicios, prestaciones o centros previstos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones que se establezcan con la posibilidad de ser gestionados de manera indirecta y, cuando resulte más conveniente o eficiente, la gestión parcial de los servicios y de las prestaciones contenidos en el citado Catálogo de Servicios y Prestaciones.

A través de este Decreto, se definen entre otros elementos, los distintos servicios, las prestaciones que contemplan cada uno, los equipos profesionales, las horas de dedicación por prestación y la ficha económica.

Los servicios que opten a un modelo de concierto social deben disponer de autorización y/o acreditación administrativa y estar inscritos en el Registro Único de entidades, centros y servicios, así como habrán de cumplir un conjunto de obligaciones de gestión y de control fijadas legalmente y desarrolladas en el presente Decreto.

Se aplica al personal del SCS en caso de agresión derivada del ejercicio de sus funciones

El Consejo de Gobierno aprobó la prórroga del convenio de colaboración por el que se presta asistencia jurídica especializada al personal de los centros asistenciales en caso de agresión derivada del ejercicio de sus funciones. Este convenio está suscrito directamente entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Consejo Canario de Colegios de Abogados y se prorrogará por una anualidad más, hasta el 1 de enero de 2023.

La prórroga se hará efectiva tras la autorización hoy, por parte del Consejo de Gobierno, de la firma de la adenda de modificación y prórroga del citado convenio, vigente desde noviembre de 2007 y que financia íntegramente el SCS.

Este acuerdo incluye la asistencia letrada gratuita en procedimientos abreviados y en los que se interponga recurso de apelación, para casos de agresiones calificadas como delito.

Además, se ofrece asesoramiento y orientación jurídica gratuita en materia civil y penal -ya sea sobre derechos y deberes que asisten a los trabajadores que comuniquen haber sufrido una agresión y las posibilidades legales de actuación- y asistencia letrada en los procedimientos judiciales que se decida interponer o se inicien de oficio por el Juzgado.

La finalidad es garantizar la asistencia bucodental a la población infantil y juvenil protegida por el sistema sanitario canario

El Consejo de Gobierno de Canarias de hoy miércoles, 29 de diciembre, autorizó la prórroga del convenio de colaboración suscrito en 2008 entre el Servicio Canario de la Salud y los Colegios Oficiales de Dentistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife para la ejecución del Programa de Atención Dental Infantil de Canarias (PADICAN).

Con esta autorización, se procederá a la prórroga del convenio, que se extenderá durante una anualidad más, hasta el 31 de diciembre de 2022.

La finalidad del PADICAN es garantizar a la asistencia bucodental a toda la población infantil y juvenil protegida por el sistema sanitario canario, con edades de 6 a 14 años (ambas edades incluidas), en los términos recogidos en la Resolución de la Dirección General de Programas Asistenciales de 11 de febrero de 2008 (BOC nº 45, de 3 de marzo).

Para llevar a cabo esta atención se suscribió el citado convenio entre el SCS y los Colegios Oficiales de Dentistas de ambas provincias, con la siguiente cobertura:

• Las prestaciones de atención sanitaria bucodental a la población infantil con edades de 6 a 14 años, ambas edades incluidas, con derecho a asistencia sanitaria con cargo al SCS y con residencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Los servicios previstos en el Programa, llevados a cabo conforme al marco de colaboración establecido por las partes.

Estos servicios incluyen prestaciones básicas (revisiones anuales, sellados de fisuras, exodoncias, etc.) y prestaciones especiales, que se realizan exclusivamente por dentistas privados adscritos al convenio (endodoncias, gran reconstrucción tras endodoncias, apicoformación, reimplantes, corona provisional, etc).

La información relativa al PADICAN, así como la relación de dentistas participantes en el mismo se actualiza anualmente y se puede consultar por los usuarios en la web del SCS (www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs), así como en las páginas webs de los colegios profesionales de ambas provincias.

El Consejo de Gobierno autoriza una transferencia de crédito para dicho fin por importe de 387.900 euros

El Consejo de Gobierno autorizó hoy miércoles, 29 de diciembre, una transferencia de crédito por importe de 387.900 euros a fin de incrementar la partida destinada a las ayudas al transporte de estudiantes residentes en islas no capitalinas.

En concreto, están dirigidas al alumnado que vive en el Archipiélago y que debe desplazarse a centros públicos fuera de su isla de residencia habitual, ya sea en Canarias o en el resto de España, para cursar estudios superiores.

El motivo de esta actuación es que, tras valorar todas las solicitudes concedidas y las susceptibles de subsanación, se concluye que resulta insuficiente el crédito consignado en el ejercicio presupuestario de este año para dar cobertura a las mismas, correspondientes al curso 2020–2021.

Por ello, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes solicitó una modificación de crédito con objeto de transferir la mencionada cuantía desde la partida destinada a las ayudas a los estudios universitarios, que cuenta con crédito suficiente para atender los importes comprometidos.

Con ello se cubre tanto el aumento retributivo del 0,9% al personal de los dos centros docentes, establecido por el Estado, como la compensación de los precios públicos de ambas instituciones

El Consejo de Gobierno autorizó hoy miércoles, 29 de diciembre, una transferencia por importe de 3,2 millones de euros con el fin de incrementar las partidas para los gastos de funcionamiento de las Universidades La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, así como la cuantía necesaria para la compensación del Decreto de precios públicos de ambas instituciones.

Así, esta actuación tiene un doble objeto. Por un lado, servirá para cubrir los créditos no consignados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, relativos al incremento retributivo del 0,9% al personal de las universidades públicas canarias, porcentaje establecido por el Estado, como límite de incremento global para el presente ejercicio de las retribuciones de los empleados y empleadas al servicio del sector público.

Y, por otro lado, esta acción tiene como propósito cubrir los créditos para el abono de la compensación de precios públicos correspondientes a los Decretos por los que se fijan y regulan las tasas por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas del archipiélago, para los cursos académicos 2020/2021 y 2021/2022, respectivamente, al ser insuficiente la consignada en el ejercicio actual.

Para contrarrestar la merma en los ingresos de las universidades canarias producida por la disminución progresiva de los precios públicos iniciada en 2016/2017, se establece que el Ejecutivo autonómico lo compensará en los presupuestos universitarios mediante transferencias.

La Oliva, San Bartolomé, Tinajo, Valleseco, Ingenio y La Laguna son otros seis municipios que se acogieron a este acuerdo recientemente

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que el Ejecutivo asume la delegación de competencias para realizar las evaluaciones ambientales estratégicas del municipio de Güímar.

El Ejecutivo regional se encargará de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que tiene por objeto evaluar ambientalmente planes o programas de los instrumentos de ordenación urbanística del municipio de Güímar, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC).

La delegación de las funciones recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, perteneciente a la Consejería, y más concretamente en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.

El Ayuntamiento de Güímar tuvo que justificar las razones de la delegación de las competencias de ordenación urbanística por la extinción de la vigencia del convenio de 4 de junio de 2019, entre la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Consistorio, para la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de los planes de ordenación urbanística municipales (B.O.C. n.º 118, de 21 de junio de 2019). Otro de los motivos es la carencia de recursos suficientes para la creación de órgano ambiental propio.

En el acuerdo entre instituciones se tendrá en cuenta que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y las diversas modificaciones del Plan General de Ordenación del Municipio se encuentran en tramitación actual y tienen carácter prioritario.

Con esta aceptación de delegación de competencias, el municipio tinerfeño de Güímar se suma a otros ayuntamientos como La Oliva, San Bartolomé, Tinajo, Valleseco, Ingenio y San Cristóbal de La Laguna, que formalizaron este trámite recientemente.

Se aprueban dos decretos para el cese de los actuales miembros del órgano consultivo y se convocan a las entidades interesadas para los próximos nombramientos

El Consejo de Gobierno acordó este miércoles 29 de diciembre, el inicio del procedimiento administrativo para la renovación de los miembros del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), después de expirar sus cuatro años de mandato.

En concreto, se han aprobado dos decretos en los que, por un lado, se cesan a las personas integrantes del organismo de derecho público con carácter consultivo de la comunidad autónoma, adscrito a la Consejería de Economía, aunque continúan en funciones hasta la toma de posesión de los próximos representantes.

Por otro lado, se ha aprobado también el decreto con la convocatoria a las centrales sindicales y organizaciones empresariales con mayor representatividad, cámaras de comercio o asociaciones de consumidores para la presentación de las correspondientes propuestas con los próximos nombramientos de sus respectivos miembros en el CES, tanto titulares como suplentes, en un plazo de quince días hábiles desde la publicación del texto.

En cualquier caso, las propuestas formuladas deberán permitir la representación equilibrada entre mujeres y hombres, de acuerdo con la propia Ley del Consejo Económico y Social de Canarias.

Quedan prohibidos los desplazamientos y la circulación por las vías públicas los días 1, 2 y 6 de enero de 2022 entre la 01:00 y las 06:00 horas en las islas en niveles de alerta 3 y 4 y entre las 02:00 y las 06:00 horas en las islas en nivel de alerta 2

Quedan excluidos de esta restricción los desplazamientos reconocidos como esenciales

El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido en sesión extraordinaria este martes, día 28 de diciembre, acordó pedir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la ratificación de la Orden del consejero de Sanidad por la que se restringe la movilidad nocturna de las personas los días 1, 2 y 6 de enero de 2022 en aquellas islas que se encuentren en niveles de alerta 2, 3 y 4, como medida excepcional para la contención de los contagios por COVID-19.

De esta manera, según anunció en la rueda de prensa posterior el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quedarían prohibidos los desplazamientos y la circulación por las vías públicas los días 1, 2 y 6 de enero de 2022, es decir, las noches del 31 de diciembre al 1 de enero, del 1 al 2 de enero y del 5 al 6 de enero, entre la 01:00 y las 06:00 horas en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4 y entre las 02:00 y las 06:00 horas en las islas en nivel de alerta 2.

Exclusiones

Quedarían excluidas de esta restricción los siguientes desplazamientos de carácter esencial, que habrá que justificar adecuadamente:

• Adquisición de medicamentos y productos sanitarios en oficinas de farmacia, siempre que sea la más próxima al domicilio.
• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
• Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
• Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado, o a la salida de los establecimientos o actividades que deban cerrar en el horario establecido en el apartado 1.
• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Se incluyen los desplazamientos por necesidades de personas con trastornos de la conducta, discapacidad o enfermedad que requieran actividad en el exterior para su bienestar emocional o de salud, cuando esté debidamente justificado por profesionales sanitarios o sociales con el certificado correspondiente. También se incluyen los desplazamientos necesarios para la recogida y cuidado de menores de edad en caso de progenitores separados, divorciados o con residencia en lugares diferentes.
• Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
• Asistencia y cuidado de animales domésticos o en explotaciones ganaderas.
• Causa de fuerza mayor u otra situación de necesidad justificada.
• Igualmente, durante el horario de restricción de la movilidad se permite la circulación de vehículos para los desplazamientos permitidos.

Medida necesaria y proporcionada

El consejero recordó que el pronunciado crecimiento de la incidencia registrado en Canarias en las últimas semanas, la incertidumbre sobre el comportamiento de la variante Ómicron, que ya es mayoritaria en Canarias, y la presión existente tanto sobre el sistema de Atención Primaria, que se ha duplicado en las últimas semanas, como sobre la atención hospitalaria, que ya cuenta con un 20 por ciento de ocupación de las camas de UCI por casos COVID, justifican la puesta en marcha de esta medida.

El informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública sobre la situación de la pandemia en Canarias del 27 de diciembre refleja la tendencia alcista de todos los indicadores de alerta sanitaria.

“Cabe destacar, que la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en el conjunto de la Comunidad Autónoma ha pasado de 488,89 casos/100.000 habitantes a 751,21 casos/100.000 habitantes. Asimismo, la IA a 14 días también aumenta en el Archipiélago, pasando de los 659,07 casos/100.000 habitantes a los 1.178,11 casos/100.000 habitantes. Estas cifras de ambos indicadores suponen las más altas registradas en toda la pandemia”, informó el consejero.

Además, Salud Pública indica que la experiencia ha demostrado que, contra este virus y sus ciclos de expansión, cualquier medida que contribuya a evitar su propagación, reduciendo los contactos entre las personas, o haciendo que estos sean seguros, es necesaria para su contención.

Por otro lado, el consejero recordó que la franja de edad más afectada, la que engloba a las personas de entre 20 y 39 años, coincide con la que presenta más contactos sociales, más oportunidades de acudir a ocio nocturno en espacios cerrados y la que tiene un porcentaje menor de vacunación.

“Esta medida se adoptada tras la implantación paulatina de otras acciones de contención de la transmisión del coronavirus. Además, se activa solo para dos fechas clave de las fiestas navideñas, caracterizadas por la aglomeración de personas con perfil de riesgo alto de transmisibilidad y propagación”, explicó Trujillo.

También indicó que la limitación de movilidad se circunscribe a las islas en nivel de riesgo alto o muy alto (niveles 3 y 4), así como a las que se encuentran en nivel de riesgo medio (nivel 2), dado que el crecimiento en transmisión actual hace prever que en breve ascenderán de nivel, por lo que se pretende no acelerar esa progresión.

“Con la limitación de la movilidad nocturna se pretende reducir las interacciones sociales que se producen en horario nocturno, dado que estas son las más frecuentadas por las franjas de edad con mayor incidencia de la enfermedad y menor tasa de vacunación y en entornos en los que no siempre se cumplen las medidas preventivas contra el coronavirus”, explicó el consejero.

Esta restricción de la movilidad nocturna en el contexto epidemiológico en el que se encuentra el Archipiélago es una medida necesaria y adecuada para contribuir al control de la transmisión de la COVID-19, ya que ayuda a evitar situaciones de contacto de riesgo.