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Acuerdos de gobierno

El Gobierno declara Bien de Interés Cultural el Cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria

Con categoría de Monumento, es uno de los conjuntos patrimoniales funerarios más importantes de las islas

También se aprobó la declaración BIC de los Bienes Muebles de la Ermita de San Antonio Abad, situada en el conjunto histórico de la capital grancanaria

El Gobierno, en Consejo, ha aprobado los decretos por los que el Cementerio de Vegueta, y los Bienes Muebles de la Ermita de San Antonio Abad, ambos situados en el conjunto histórico de la capital grancanaria, forman parte del catálogo de protección del Patrimonio Histórico de las Islas, con su declaración BIC. El Cementerio de Vegueta, con categoría de Monumento, es uno de los conjuntos patrimoniales funerarios más importantes de Canarias, exponente de la historia de la ciudad y de sus protagonistas. Este camposanto custodia un sobresaliente legado arquitectónico y escultórico, reflejo del ideario y del pensamiento artístico de una serie de reconocidos artífices insulares y foráneos. Por otra parte, entre los Bienes Muebles de la Ermita de San Antonio Abad, destacan su Retablo Mayor barroco y los de San José y San Miguel

Cementerio de Vegueta

El también conocido como cementerio de Las Palmas se encuentra emplazado en el límite sur del barrio de Vegueta de la capital grancanaria, en una zona antaño libre de edificaciones, fuera de los límites marcados por la antigua muralla de la ciudad: media fanega de terreno ubicada en una zona de cultivos de plataneras conocida como los Callejones. En la actualidad, y a raíz del crecimiento, el cementerio de Vegueta se encuentra completamente inmerso en un ambiente urbano.

La construcción de este recinto data de 1811, año en la que la epidemia de fiebre amarilla asoló la población de Las Palmas de Gran Canaria provocando un gran número de víctimas mortales. La imperiosa necesidad de dar sepultura a un número elevado de difuntos y los cambios que ya desde finales del siglo XVIII se estaban gestando en el mundo de las prácticas funerarias prohibiendo el enterramiento en las iglesias, constituyen los motivos fundamentales que originan este primer cementerio de la ciudad. No será hasta mediados del siglo XIX cuando se inician las primeras reformas importantes del inmueble, introduciéndose algunas novedades como fue el empleo de nichos para ir sustituyendo paulatinamente las fosas. Como suele ser habitual en otras necrópolis de la época, el centro del recinto se resalta mediante la instalación de algún monumento, en este caso una cruz monumental, en cuyas proximidades se erigen los mausoleos correspondientes a las familias más acaudaladas de la ciudad. La portada neoclásica del cementerio de Vegueta se atribuye a Luján Pérez, aunque el pórtico de acceso, -confeccionado en piedra con puerta de hierro-, es obra de Manuel Ponce León.

En la actualidad el cementerio de Vegueta, con un planta de tendencia trapezoidal, está divido en dos departamentos principales. El primero de ellos corresponde a la zona de explanada contigua a la entrada y en ella se ubican los panteones y mausoleos más significativos del recinto, enlazados por anchas calles. En el segundo se localizan las tumbas de quienes no podía erigir mausoleos y panteones, así como, en el extremo norte, el ámbito correspondiente al ensanche del cementerio a raíz de la creciente demanda de espacios sepulcrales. Pero además de las diferencias sociales que son reconocibles en el cementerio de Vegueta, también se identifican otras desemejanzas en la ordenación del camposanto. Así, por ejemplo, mientras que la mayor parte del recinto está destinado a sepulturas de católicos, existe también un ámbito de unos 500 metros cuadrados en los que se inhumó a creyentes de otras confesiones y al que se accedía a través de un angosto callejón.

En el cementerio de Vegueta se dio sepultura a personas pertenecientes a familias ilustres de la ciudad que tuvieron un especial protagonismo en la historia contemporánea de Las Palmas de Gran Canaria y del conjunto del archipiélago. Pero, además, en los inicios del siglo XIX la construcción de cementerios trae consigo el desarrollo de una escultura funeraria de capillas sepulcrales que han convertido al Cementerio de Vegueta en un auténtico museo que enriquece el valor arquitectónico del conjunto. Como se han encargado de destacar algunos autores, las obras presentes en el camposanto son representativas de los lenguajes artísticos del Ochocientos, identificándose piezas de inspiración clásica, que conviven, sin solución de continuidad, con una variedad de códigos estéticos entre los que predominan los medievalismos y eclecticismos.

En definitiva, el cementerio de Vegueta constituye un magnífico ejemplo de los primeros camposantos que comienzan a erigirse en las islas en los inicios del siglo XIX; siendo, además, un exponente de alto valor histórico, pues en su interior puede hacerse un amplio recorrido por la historia contemporánea canaria a través de aspectos tan diversos como sus protagonistas ¿célebres o anónimos-, los acontecimientos que allí se reflejan o los gustos artísticos plasmados en los monumentos funerarios que este lugar atesora.

Bienes Muebles Ermita de San Antonio Abad

En esta ermita, también situada en el conjunto histórico de Vegueta, se atesoran varios elementos histórico artísticos declarados Bienes Muebles, entre los que destaca su Retablo Mayor. Se trata de una obra barroca realizada en torno a 1757, cuando se rehabilitó la ermita a causa de su deterioro. Está formado por un sotabanco o predela decorado con motivos vegetales, y sobre éste se encuentra el sagrario profusamente decorado con grutescos en los laterales. El cuerpo central del retablo consta de tres hornacinas separadas entre sí por estípites y siendo la central mayor que las laterales.

El Gobierno remite al Parlamento el Proyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos

La elaboración del nuevo texto normativo se justifica en la necesidad de adaptar la Ley vigente a la Directiva 2006/123/CE (Directiva Bolkestein), así como agilizar y promover la actividad económica

El Gobierno de Canarias acordó, en su reunión de hoy, remitir al Parlamento el Proyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, cuya finalidad es regular, en aplicación de la Directiva 2006/123/CE, el régimen jurídico y los instrumentos de intervención administrativa aplicables a la instalación y apertura de las citadas actividades, así como a la realización de espectáculos públicos.

Con este acuerdo, el Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y con el que, además de su adaptación a la normativa europea (Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein), se pretende agilizar y promover la actividad económica en la Comunidad Autónoma.

La nueva normativa incluye una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con esta pluralidad, se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.

La nueva Ley distingue, además, dos instrumentos de intervención previa: el de la comunicación previa y el de la autorización administrativa. El primero se aplicará con carácter general y, a diferencia del anterior, no requerirá que se dicte resolución alguna por parte de la Administración competente, por lo que tendrá efectos inmediatos desde el día de su presentación; mientras que el segundo operará de forma excepcional con respecto a aquellas actividades clasificadas que así se establezcan, expresa y motivadamente, por Decreto del Gobierno de Canarias, debido a que las mismas pueden presentar una incidencia grave o muy grave sobre las condiciones de salubridad, el medio ambiente o ser susceptibles de producir riesgo para las personas o las cosas.

Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad al autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.

Esta modificación permitirá, por otro lado, que la competencia para calificar actividades sea en la inmensa mayoría de los casos municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación, sino un trámite de informe de calificación que emitirán los ayuntamientos. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere -por su relevancia-, mantener una calificación por un órgano insular, así como -con carácter general-, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.

Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.

Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.

El nuevo proyecto de Ley, elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y consensuado con el sector y las corporaciones locales, ya ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Canarias.

Esta nueva regulación normativa marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario, y su adaptación -de la vigente legislación autonómica a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo-, supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificultan la prestación de servicios en el mercado interior de la Unión Europea.

El Gobierno aprueba la oferta de empleo público 2010 para el ingreso a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios

Saldrán a concurso-oposición 700 plazas

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la oferta de empleo público del año 2010 para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios. Dicha oferta se eleva a 700 plazas y se distribuye de la siguiente manera: Profesores de Enseñanza Secundaria (505 plazas), Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (34 plazas), Profesores Técnicos de Formación Profesional (154 plazas) e Inspectores de Educación (7 plazas). El sistema de selección de los funcionarios docentes será el de concurso-oposición.

Del total de plazas ofertadas se reserva un cinco por ciento para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de minusvalía y la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones docentes. Las plazas no cubiertas por este sistema se acumularán a las convocadas por el sistema de acceso libre.

El Gobierno de Canarias mantiene así su apuesta de mejora de la calidad de la enseñanza con la convocatoria de nuevos procedimientos selectivos que permitan dar estabilidad a los claustros de profesores de los diferentes centros docentes, reduciéndose, de esta manera el índice de profesorado en situación de interinidad en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria.

El Gobierno aprueba las ayudas para reparar los daños causados por el último temporal

Las familias que hayan perdido sus enseres recibirán una ayuda de emergencia de hasta 8.500 euros

● El Ejecutivo asumirá el 50 por ciento de los costes de reparación de las viviendas destruidas

● El decreto aprobado hoy prevé también compensaciones por daños en vehículos y en explotaciones agrarias y turísticas

● El Gobierno participará en la rehabilitación de las infraestructuras municipales e insulares dañadas por el temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su sesión de hoy el Decreto de Ayudas y Medidas Urgentes y excepcionales para reparar los daños producidos por el temporal de lluvia y viento que afectó al Archipiélago entre los días 15 y 18 de febrero.

El texto contempla diversas medidas de apoyo para las familias afectadas, así como subvenciones para la reparación de daños en viviendas, vehículos, producciones e infraestructuras agrarias o turísticas. De la misma manera, se contempla la reparación de infraestructuras municipales e insulares. Las medidas y ayudas serán complementarias y compatibles, en su caso, con las que pudieran establecer otras administraciones públicas.

De acuerdo con el decreto aprobado hoy, el Gobierno de Canarias concederá una ayuda de emergencia extraordinaria con destino a cubrir las necesidades básicas y perentorias de las familias que han visto dañada seriamente su vivienda y han perdido sus enseres, y que podrá llegar hasta los 8.500 euros. Esta aportación será compatible con las otras medidas que, en materia de vivienda, también se establecen en la normativa.

Así, en el caso de que las lluvias hubieran provocado la destrucción total de la vivienda habitual, siempre que la misma no esté asegurada contra lluvias ¿y si lo estuviera, en la cantidad que no cubra dicho seguro- el Gobierno concederá una ayuda de hasta el 50 por ciento del coste de restitución o reparación para aquellas unidades familiares que no superen los 33.214 euros de ingresos anuales.

En los casos de vivienda no habitual destruida por completo, los propietarios podrán ser beneficiarios de una ayuda económica de hasta un máximo de 12.000 euros. Si la casa sólo estuviera dañada el propietario podría recibir hasta 8.600 euros para sufragar los gastos de reparación o rehabilitación. Cuando los daño se hubieran producido en elementos comunes, la comunidad de propietarios podría recibir, igualmente, un máximo de 8.600 euros, siempre que se tenga contratada una póliza de seguro.

Ayudas para alquileres

En relación con las viviendas que hubieran quedado inutilizadas, el Gobierno concederá una ayuda de 600 euros mensuales a los propietarios para que puedan alquilar una vivienda adecuada a las necesidades familiares por una plazo de 24 meses, prorrogables.

De la misma manera, se prevén ayudas para los arrendatarios de viviendas que hubieran quedado destruidas. En este último caso, la ayuda consistirá en la diferencia que pueda existir entre la renta de la vivienda siniestrada y la de la vivienda de nuevo arrendamiento de características análogas por un periodo máximo de 24 meses.

El decreto aprobado hoy también prevé ayudas por daños en vehículos de hasta un máximo de 6.000 euros.

Por lo que respecta a las producciones e infraestructuras en el sector agrario, la Consejería de Agricultura será la encargada de tramitar y conceder las ayudas en las explotaciones ganaderas y agrícolas, que se determinarán en función de una serie de parámetros como la producción esperada en la campaña o el coste de reposición de las plantaciones afectadas (en el caso de producciones agrícolas leñosas), entre otros aspectos.

El decreto aprobado hoy también establece ayudas para establecimientos turísticos y de restauración o para empresas y profesionales que cuenten con 49 o menos trabajadores y que hayan sufrido daños en vehículos, edificaciones o maquinaria.

En cuanto a la reparación de infraestructuras municipales e insulares, el Gobierno de Canarias aportará como máximo el 25 por ciento de las obras insulares y el 45 por ciento de las municipales.

A todos los procedimientos que se inicien al amparo del decreto se les aplicará la tramitación de urgencia, por lo cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos. Las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en el decreto se podrán presentar en los registros de los ayuntamientos en cuyo término municipal se hayan producido las lluvias.

El Gobierno aprueba una inversión de ocho millones de euros destinada a varios programas culturales

Su gestión será encomendada a la empresa pública Canarias Cultura en Red, destinados a actividades vinculadas al arte, la música y promoción cultural en general

El Gobierno de Canarias ha aprobado destinar más de ocho millones de euros a varios programas de carácter cultural que serán desarrollados a lo largo de 2010 y que están vinculados a artes plásticas, música y promoción cultural en general. El Consejo de Gobierno ha acordado, asimismo, encomendar la gestión de estos programas, por razones exclusivas de eficacia y como ente instrumental, a la empresa pública Canarias Cultura en Red, a través de convenios que serán suscritos con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Uno de los programas se presenta bajo el epígrafe Canarias y la Música y tiene como objetivo la producción, promoción y difusión de la música en las Islas, abarcando el mayor número de géneros posibles, engarzándolos con otras disciplinas culturales y promoviéndolos a través de eventos, festivales y diversas acciones culturales. Entre las acciones que se desarrollarán en 2010 destaca aquellas relacionadas con la consolidación y mejora de la convocatoria anual de Patrocinio a la Producción Musical y del Circuito Islas de Música; el fomento de otras músicas del mundo a través del apoyo a eventos y también de géneros específicos como el operístico, la zarzuela, la música clásica, entre otros. El presupuesto asciende a 3.451.795 euros.

El Consejo de Gobierno ha dado también su visto bueno al programa Canarias y el Arte, que cuenta con una dotación económica de 2.483.952 euros, que serán destinados a promocionar las artes plásticas en el Archipiélago a través de diferentes iniciativas que se canalizarán en los centros de producción artística de titularidad del Gobierno de Canarias como el Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria, la Sala de Arte Contemporáneo y el Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, así como el Instituto Canarias Cabrera Pinto, en La Laguna y la Casa de los Coroneles en La Oliva, en la Isla de Fuerteventura. Tienen cabida igualmente dentro de este programa otras actividades relacionadas con el paisaje de Canarias centradas en la creación de eventos culturales y festivales de calidad como la Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje, y los Observatorios del Paisaje.

El tercer programa aprobado se presenta bajo el título de Canarias y la Cultura, que con un presupuesto de 2.621.881 euros, centrará su campo de acción en tres grandes áreas: Dinamización y promoción de actividades culturales que favorezcan la integración social y cultural de la población; Fomento, promoción, publicidad, difusión y comunicación de la Doble Capitalidad y la Movilidad Cultural; y Comunicación de la Cultura, dirigida a fomentar el acceso de nuevos públicos, entre otros.

Bienestar Social eleva al Gobierno un informe sobre la incidencia de la violencia de género en Canarias en 2008 para su remisión al Parlamento

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda elevó hoy al Gobierno un informe sobre «La incidencia de la violencia de género en Canarias. Año 2008», a efectos de que el mismo quede enterado y acuerde la remisión del mismo al Parlamento de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Territorial 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección integral de las mujeres contra la violencia de género, que establece que «el Gobierno de Canarias remitirá al Parlamento un informe con carácter anual sobre la situación de la violencia de género en la Comunidad Autónoma Canaria».

Cabe destacar que el Instituto Canario de la Mujer, Organismo de Igualdad del Gobierno de Canarias, lleva compilando datos sobre Violencia de Género desde el año 2005. En ese mismo año, se remite al Parlamento de Canarias información sobre la incidencia de la violencia en nuestra Comunidad Autónoma.

Todos los años se ha partido de fuentes estatales y autonómicas, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, para profundizar en el conocimiento de este problema social, y diseñar acciones que prevengan y erradiquen este tipo de violencia.

La naturaleza de los informes anteriores analizaba la incidencia de la violencia, tomando como referencia el análisis de las denuncias por malos tratos de parejas y exparejas publicadas por el Ministerio de Asuntos Sociales, ahora Ministerio de Igualdad, así como el análisis de la demanda de atención de la Red Canaria de Recursos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Teniendo en cuenta que la violencia va más allá de los casos de la llamada violencia intrafamiliar o violencia física, se hacía necesario añadir en dicho informe nuevos elementos de análisis, y en este sentido, se ha realizado, por primera vez en Canarias, un Estudio de opinión dirigida a la población en general para conocer la percepción de la violencia de género por parte de la ciudadanía canaria, cuyos resultados son abordados en este informe como marco contextualizador de nuestra realidad social.

Igualmente, dado el esfuerzo realizado mediante el impulso de políticas transversales cuya finalidad es lograr la implicación corresponsable de toda la administración pública en la lucha contra la violencia de género, se ha abordado y recopilado información relativa al trabajo desarrollado por varias Consejerías del Gobierno de Canarias en materia de prevención y erradicación de este tipo de violencia, incorporándolas en el informe para completar el análisis sobre la misma.

Empleo da cuenta al Consejo de Gobierno de los convenios del programa extraordinario de inserción laboral

El Gobierno priorizará en la selección de participantes a los colectivos desfavorecidos, tal como recoge el Pacto Social por el Empleo

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de los convenios del Programa Extraordinario de Inserción Laboral, en los que tendrán prioridad los colectivos desfavorecidos, tal como recoge el Pacto Social por la Economía y el Empleo.

El importe total de los diferentes convenios asciende a 13,4 millones de euros que permitirán la contratación de cerca de 1.500 personas desempleadas. De éstos, 1,8 millones de euros irán destinados al Programa Extraordinario de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, Inmigrantes, en Exclusión Social o en Riesgo de Padecerla.

Estos convenios forman parte del paquete de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y Fomento del Empleo, que aprobó el Gobierno de Canarias con el objetivo de compensar la crítica situación en materia de empleo.

El Pacto Social por la Economía y el Empleo recoge la necesidad de potenciar las políticas activas de empleo y la readaptación de desempleados y profesionales de sectores en crisis y colectivos más desfavorecidos. En este sentido, los colectivos preferentes serán aquellos en los que ningún miembro de la unidad familiar esté percibiendo retribuciones o prestaciones y los desempleados de larga duración, en exclusión social o en riesgo de padecerla. A fin de llevar a cabo la incorporación de tales personas, el SCE solicitará a los ayuntamientos información de los desempleados de su municipio que se encuentren en alguna de las situaciones señaladas, conforme los informes emitidos por sus servicios sociales.

Las contrataciones laborales deberán realizarse antes del 31 de marzo del 2010 y se realizarán por un período de seis meses, a tiempo completo o parcial con una jornada laboral mínima del 50 por ciento. El SCE ha estimado el importe mensual por puesto de trabajo, incluido el coste patronal de la Seguridad Social, en 1.400 euros brutos a jornada completa. En el caso del Programa Extraordinario de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, Inmigrantes, en Exclusión Social o en Riesgo de Padecerla las contrataciones deberán realizarse antes del próximo 20 de febrero.

El Gobierno aprueba el decreto por el que se regula el acceso y el ejercicio de la profesión de guía de turismo

Con el fin de simplificar y racionalizar el acceso de la actividad turístico-informativa

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el proyecto de decreto por el que se regula el acceso y el ejercicio de la profesión de guía de turismo en la comunidad autónoma de Canarias.

Las previsiones contenidas en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, incorporadas al ordenamiento interno español por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, determinan la necesidad de modificar determinados aspectos de la regulación actual de los guías de turismo contemplada en el Decreto 59/1997, de 30 de abril, a fin de simplificar y racionalizar el acceso de la actividad turístico-informativa.

Asimismo, la actualización de la regulación contenida en el Decreto 59/1997 viene impuesta por la necesidad de adaptar la normativa aplicable a este colectivo profesional a las exigencias de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a las previsiones del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora esta Directiva al ordenamiento interno español. Estas disposiciones reconocen el perfil profesional de los guías de turismo.

Por otro lado, el reconocimiento de la actividad de los guías de turismo como profesión regulada, así como numerosos pronunciamientos de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, permiten mantener la exigencia de autorización para el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo, basada en la defensa, protección y promoción del patrimonio cultural y natural, que, siguiendo la jurisprudencia consolidada del citado Tribunal, constituye razón imperiosa de interés general que avala su necesidad, así como su proporcionalidad y no discriminación.

Este proyecto normativo desarrolla, además del artículo 24.3 de la Ley de Ordenación del Turismo, el artículo 49 de la misma que dispone que «la actividad de informadores y guías turísticos será regulada reglamentariamente con expresión de la habilitación que se exija, forma de obtenerla, conocimientos adecuados que se requieran y demás requisitos que redunden en beneficio de la calidad de su actividad».

Asimismo, el Consejo Consultivo de Canarias, en su dictamen nº 67/2010, de 3 de febrero, concluye que el Proyecto de Decreto se ajusta a Derecho.

El Consejo de Gobierno remite al Parlamento el Proyecto de Ley de los Juegos y Apuestas

El nuevo texto normativo viene a regular todas las actividades relativas a casinos, juegos y apuestas, así como derogar la vigente Ley 6/1999, de 26 de marzo

El Gobierno de Canarias acordó, en su reunión de hoy, elevar al Parlamento el Proyecto de Ley de los Juegos y Apuestas, una vez emitido el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias. La nueva norma tiene por objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, todas las actividades relativas a casinos, juegos y apuestas, en desarrollo de la competencia exclusiva prevista en el artículo 30.28 del Estatuto de Autonomía, así como derogar la vigente Ley 6/1999, de 26 de marzo, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias.

Este cambio normativo se justifica en la necesidad de agilizar y promover la actividad económica empresarial al amparo del nuevo régimen de autorizaciones previsto, así como por la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, que obliga a los estados miembros a adaptar su normativas nacionales.

La nueva normativa viene a resolver, además, cuestiones no contempladas por la actual Ley, tales como la aparición de nuevos canales para la práctica de los juegos y apuestas que afectan directamente al sector; la reforma de determinados aspectos del régimen sancionador insuficientemente regulados, así como la necesidad de establecer el concurso público como procedimiento para la concesión de la autorización de instalación, no sólo de casinos, sino también de bingos, hipódromos, canódromos y frontones, dado el aumento de la competitividad entre las empresas del sector, entre otros aspectos.

Por todo ello, el Gobierno entiende que es preciso acometer la redacción de un texto legal que aborde la nueva realidad del sector del juego y las apuestas en la Comunidad Autónoma de Canarias, adaptándola a las cuestiones citadas.

Con este objetivo, el Proyecto de Ley aborda, en primer lugar, la tarea de proporcionar el mínimo soporte normativo necesario al juego por medios electrónicos, y no de una regulación detallada, ya que de ello se encargarán los reglamentos especiales de cada modalidad de juego. De lo que se trata, por tanto, es de llevar a cabo una regulación sucinta que haga posible el cumplimiento de unos objetivos mínimos, como son los de hacer visible la competencia de la Comunidad Autónoma en relación con estos juegos y la exigencia de autorización administrativa para la práctica de los mismos en condiciones de legalidad, así como la remisión de su regulación específica a las normas reglamentarias autonómicas que regulan los distintos tipos de juegos.

En segundo lugar establece, con carácter general, y salvo lo que expresamente se disponga en vía reglamentaria para cada tipo de juego, los efectos negativos del silencio administrativo en los casos de ausencia de resolución expresa en plazo de las solicitudes de autorización de instalación, apertura y funcionamiento de establecimientos dedicados al juego.

Además de la incorporación de un nuevo tipo de máquina recreativa con premio en especie, el Proyecto de Ley aborda la ampliación del marco regulatorio de las apuestas que se organizan en los locales de apuestas externas -actualmente circunscrito a las carreras de caballos y galgos y al juego del frontón-, a acontecimientos de toda índole previamente determinados.

Finalmente, la presente normativa lleva a cabo la modificación de la actual normativa de infracciones y sanciones con la inclusión de nuevas infracciones, como la entrega de obsequios o regalos, y la eliminación de otra considerada anacrónica por estar circunscrita al ámbito de la relación personal o privada entre el establecimiento y el cliente. También contempla la modificación de los tramos y cuantías de las multas para su adecuación a la nueva realidad social y económica.

Con el acuerdo de Gobierno de hoy prosigue el proceso para la aprobación de un nuevo marco normativo, que ya ha obtenido, además, el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, y que se caracteriza por ser un texto abierto, consensuado con el sector y que marca las pautas para un posterior desarrollo reglamentario.

Ceses y nombramientos en GRAFCAN

En el Consejo de Gobierno celebrado hoy se acordaron los siguientes ceses y nombramientos como representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública Cartográficas de Canarias S.A. (GRANCAN).

Ceses:

Pedro Pacheco Hernández y Rafael Castellano Brito

Nombramientos:

Juan Ruiz Alzola y Carolina Déniz de León