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Acuerdos de gobierno

Sanidad incrementa en dos millones de euros la inversión para el Centro de Salud Salamanca Duggi

Contará con servicios especializados de Urgencias y de Salud Mental

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su sesión de hoy martes, 18 de abril de 2006, la propuesta de acuerdo por el que se autoriza la transferencia de crédito tramitada bajo el número 96/2006, de la Consejería de Sanidad, para incrementar el proyecto de inversión ¿Centro de Salud Salamanca Duggi¿ a fin de ajustar el crédito al plan de necesidades, por un importe de dos millones de euros.

El Servicio Canario de la Salud, de la Consejería de Sanidad, adjudicó la ejecución de las obras por un importe de 9.760.743 euros que tiene un plazo de ejecución previsto de 20 meses desde el inicio de las obras.

En la actualidad, se han iniciado las labores de aislamiento de la parcela objeto de las obras para comenzar en breve los trabajos de construcción del Centro. Dichas obras se realizarán en una parcela del antiguo Hospital Psiquiátrico colindante con la calle Javier de Loño Pérez, en la capital tinerfeña.

Las obras de construcción de este Centro de Salud Salamanca Duggi incluyen el Centro Especializado de Atención a las Urgencias (CEAU), la Unidad y el Centro de Día de Salud Mental y los talleres y áreas complementarias de la Unidad de Rehabilitación Activa (URA).

El Centro de Salud Salamanca Duggi, que se situará en las plantas baja y primera del edificio, atenderá a una población de 13.931 habitantes y contará, cuando entre en funcionamiento, con una plantilla de 9 médicos, 2 pediatras y 11 enfermeras. Dispondrá de 8 consultas de Medicina de Familia, 2 de Pediatría y 10 de Enfermería, además de un área de atención a la mujer y el embarazo, dotada de una consulta, una sala de lactancia y otra de educación maternal-preparación al parto.

El proyecto contempla la creación de un área destinada a Salud Bucodental, que dispondrá de una consulta odontológica y de un área de Atención General, con sala de extracciones y de curas.

La superficie que ocupará el dispositivo de Atención Primaria en el nuevo edificio será de 1.700 metros cuadrados.

El edificio dispondrá de un área destinada a Salud Mental, que ocupará una superficie superior a los 1.700 metros cuadrados. En este espacio se ubicará una Unidad de Salud Mental Comunitaria, así como los talleres y áreas complementarias de la Unidad de Rehabilitación Activa, y un Centro de Día.

La Unidad de Salud Mental Comunitaria representa el dispositivo sanitario especializado que toma su cargo de manera genérica los casos derivados por los equipos de Atención Primaria, además del seguimiento de pacientes dados de alta de las Unidades de Internamiento Breve, las Unidades de Rehabilitación Activa y la Unidad de Subagudos.

Esta Unidad de Salud Mental, compuesta por un equipo de psiquiatras, psicólogos, enfermeras, auxiliares de clínica, auxiliares administrativos y trabajadoras sociales atenderá a los pacientes que tengan como referencia los Centros de Salud de Salamanca-Duggi, Barrio de La Salud, Los Gladiolos, Cabo Llanos-Mercado, Anaga y Toscal Centro.

La Unidad de Rehabilitación Activa se define como una Unidad de hospitalización completa y especializada que realiza un tratamiento de rehabilitación psiquiátrico. Estas nuevas instalaciones ubicadas en Salamanca Duggi supondrán el complemento a las que ya existen para la hospitalización de dichos pacientes. Albergará una zona de talleres en la que se desarrollarán actividades que facilitarán la posterior integración psicosocial de los pacientes.

Los Centros de Días para enfermos mentales son recursos en los que se desarrollan programas estructurales de rehabilitación orientados a lograr el máximo desarrollo factible de autonomía personal en aquellos usuarios cuyas necesidades desborden las actuaciones de las Unidades de Salud Mental Comunitarias.

Además, este nuevo edificio alojará una nueva Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia de unos 350 metros cuadrados y un Centro Especializado de Atención a las Urgencias, de más 900 metros cuadrados.

A los espacios de carácter sanitario asistencial antes descritos deben agregarse los correspondientes a las dos plantas de sótano, con aparcamientos, talleres e instalaciones técnicas, lo que dará como resultado un edificio con una superficie total construida de unos 12.000 metros cuadrados.

El Gobierno de Canarias lleva al Consultivo el proyecto de decreto para el fomento de la integración laboral de colectivos de difícil inserción en los contratos de la administración pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy trasladar al Consejo Consultivo de Canarias, para su valoración, el proyecto de decreto por el que se establecen medidas en la contratación administrativa para fomentar la integración laboral de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.

El proyecto de decreto extiende la capacidad de la administración pública de la Comunidad Autónoma y los organismos dependientes, para obligar a las empresas que participen en los concursos públicos, a contratar, en su fase de ejecución, a los colectivos de difícil inserción.

La nueva normativa tiene su fundamento en las competencias de atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de fomento, mejora y promoción del empleo, así como la lucha contra el desempleo, atendiendo a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades para su integración, como son las personas con discapacidad, los parados de larga duración, las mujeres y los jóvenes.

En este sentido, los órganos de contratación de la Administración Pública podrán establecer una o varias condiciones especiales en relación la ejecución del contrato, referidas a consideraciones de tipo social, siempre que dichas condiciones se incluyan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Además, en el caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia las empresas que teniendo más de 50 trabajadores, cuenten en su plantilla con más del 2 % de trabajadores minusválidos, por tanto, que estén por encima de lo que estipula la ley, en lo que a la contratación de discapacitados se refiere, o que, teniendo la empresa licitadora menos de 50 trabajadores, cuente en su plantilla con un 2 % de personal con discapacidad, lo que supone igualmente que supere los presupuestos establecidos en la ley 13/19982, de 7 de abril, de Integración social de los Minusválidos.

El Gobierno aprueba el Reglamento de Procedimientos del Sistema de Planeamiento de Canarias

Pretende la regulación de los procedimientos por los que se aprueben los instrumentos de ordenación territorial, urbanística o de los recursos naturales del Archipiélago

El Consejo de Gobierno acordó, en su reunión de hoy, martes, 11 de abril, en Santa Cruz de Tenerife, tomar en consideración y solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel.

El objeto de este Reglamento es facilitar la labor de las distintas Administraciones que intervienen en los procesos de formulación, tramitación y aprobación de los diferentes instrumentos de ordenación, otorgando mayor seguridad jurídica a la intervención de los distintos operadores, y dotando de la máxima transparencia y publicidad a la actuación administrativa y sus decisiones mediante una estructura simple de sólo tres Títulos, un lenguaje sencillo aunque necesariamente técnico, y un total de 85 artículos.

El informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial destaca que, para que el Sistema de Planeamiento sea efectivo, requiere, precisamente por su trascendencia y complejidad, completar la regulación legal con normas de tramitación y aprobación que, en cada instrumento de ordenación, satisfagan las necesarias garantías jurídicas de todo procedimiento administrativo, teniendo en cuenta las peculiaridades que derivan de la legislación que se pretende desarrollar.

Asimismo, considera que «el Sistema de Planeamiento se ha configurado legalmente como una pieza esencial del ordenamiento urbanístico canario, atribuyéndosele no sólo un carácter legitimador del ejercicio de las potestades de las Administraciones Públicas competentes en materia de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o sectorial con relevancia sobre el territorio, así como de todo acto de transformación del territorio o uso del suelo, sea de iniciativa pública o privada, sino también un carácter instrumental para coordinar las distintas competencias e intereses que confluyen en esta materia como integrantes de un único y común interés general».

El mencionado Decreto, que entrará en vigor en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), dispone que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento se tramitarán conforme a la normativa vigente en el momento de su aprobación inicial, cumplimentándose no obstante los trámites y garantías de información pública, consulta e informe, conforme a lo dispuesto en el mismo.

También señala que los Planes Generales de Ordenación municipal que a la entrada en vigor de esta norma estén en proceso de adaptarse o se hubieran adaptado de forma básica o de forma plena al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por DL 1/2000, de 8 de mayo, se adaptarán a las Directrices de Ordenación General y a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril, sin necesidad del previo trámite de Avance.

El Reglamento además establece el régimen relativo a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que se aplicará a los instrumentos de ordenación que conforman el Sistema de Planeamiento de Canarias.

En su labor por completar la regulación jurídica del sistema de Planeamiento de Canarias, éste es el segundo Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Territorio que elabora el Gobierno autónomo.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, también conocida como Ley de Rentas Mínimas, que cuenta con un presupuesto para su implantación de más de 11 millones de euros.

El documento, que entrará en el Parlamento de Canarias este mes, rompe por completo con el sistema asistencialista para transformarse en un Sistema Público de Servicios Sociales, por dos motivos esenciales. En primer lugar, porque con esta Ley pionera en el Estado español se eleva la ayuda de 6 a 12 meses con 14 pagas, renovable por periodos sucesivos de seis meses, y se elevan las cuantías en un 24,21% para las unidades de un miembro y en un 44% para las unidades de seis miembros.

Por otro lado, el Gobierno introduce en el documento su apuesta por la inserción, al incluir en el artículo dos del texto, la condición sine qua non para la percepción de la prestación, de actividades de inserción para todas aquellas personas que integren la unidad de convivencia del solicitante de la ayuda económica básica, y que se encuentran en situación o proceso de exclusión social. Esto quiere decir las ayudas están condicionadas a la inserción laboral y se podrán recibir mientras persista la situación que le ha hecho ser beneficiario de dichas ayudas.

Este texto aumenta el compromiso del Ejecutivo con las personas que se encuentran en exclusión, ya que no solamente aumenta considerablemente el presupuesto, sino que se traduce en un claro esfuerzo de inserción sociolaboral, para estas personas ya que, por cada solicitante se confeccionará un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que serán elaborados por profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda.

Además, se han incluido mejoras en la ley, tales como la posibilidad de dar ayudas a más de un solicitante por hogar, al entender que es posible que dentro del mismo exista más de una unidad familiar.

El Gobierno de Canarias envía la Ley del Transporte Terrestre al Consultivo

Esta nueva norma constituye uno de los instrumentos jurídicos que dará cobertura al Eje Transinsular de Transportes

El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, solicita con carácter urgente el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

Se trata de una norma imprescindible que urge aprobar para establecer las bases de una regulación del transporte bajo criterios de movilidad, que anticipen las necesidades y las respuestas a las demandas de empresas y ciudadanos.

El Gobierno pretende con esta norma, dotarse en este mandato de unos instrumentos potentes de planificación y ordenación de los transportes y de las infraestructuras necesarias para garantizar Una Canarias Única, ese espacio económico y social que debe ser Canarias.

Este instrumento no es otro que el Eje Transinsular de Transportes de Canarias. Que viene a planificar las infraestructuras del transporte desde una nueva perspectiva, la de un territorio único. Es decir, define aquellas infraestructuras de interés general para los hombres y mujeres que viven en Canarias y garantiza por encima de la Isla la integración del conjunto del Archipiélago.

Estas medidas están reguladas, por primera vez, en el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, cuya memoria estudió hoy el Consejo de Gobierno. Esta ley tiene por objeto, por tanto, la ordenación del transporte por carretera y de las actividades complementarias relacionadas con el mismo que se desarrollen en el ámbito territorial de Canarias.

Es objeto de esta Ley el establecimiento de los principios y criterios que han de observar los poderes públicos en la planificación, dirección y gestión de los transportes por carretera, posibilitando de esta manera la concreción de una política en esta materia que responda a planteamientos unitarios, consensuados y coordinados, entre las administraciones canarias.

La orientación de la intervención pública sobre los transportes por carreteras deberá orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:

La satisfacción de la demanda de movilidad de la población, garantizando su derecho a un transporte público regular, de calidad, y sostenible, con especial atención a las personas menos favorecidas yo con movilidad reducida que requieran un transporte especial. Regula en cada una de las islas la creación de un transporte público regular de pasajeros, sostenible y de calidad.

El transporte público colectivo de pasajeros se reconoce como servicio público esencial de carácter insular y su integración con otros modos de transportes. Se establecen de obligaciones de servicio público para el transporte de guaguas que de cobertura a las necesidades básicas de movilidad intrainsular, así como la financiación de la obligación de servicio público por las distintas administraciones.

La integración y vertebración en un sistema intermodal de transportes en Canarias, que conforme el Eje de Transinsular de Transportes, con horarios y frecuencias entre los distintos modos que permitan la consecución de un espacio único canario.

Fomento de la competencia y la competitividad del sector, luchando contra situaciones de monopolio y dotando al sector de una estructura empresarial que le permita espacios de negociación con cargadores más satisfactorios que los actuales.

A garantizar la financiación por parte de las administraciones públicas, de forma que se equiparen los costes de movilidad a la media que soportan los usuarios de estos modos de transportes en territorios continuos.

En concreto en esta Ley aparecen nuevas figuras y definiciones que responden a la consecución de los principios anteriormente enumerados como son:

Se crea una tarjeta única de empresa y no por vehículos – como en la actualidad -, estableciendo el parámetro de la edad media de la flota por empresa. Es una apuesta por la liberalización en el sector, por la creación de empresas, por la dinamización y la profesionalización de un sector que necesita adecuarse a los nuevos tiempos con nuevas estrategias para la competencia y la competitividad. Por otro lado, hay una apuesta por la concentración a través de la creación de empresas y cooperativas, apoyando la conveniencia de la agrupación y redimensionamiento de empresas en orden a garantizar su competitividad.

La creación de un transporte turístico que dé un servicio de adecuado a las necesidades actuales del sector turístico en las islas. Un transporte turístico que contemple varias modalidades y que aporte calidad y competencia al sector. Aparece como novedad el transporte privado complementario para servicios turísticos, de recreo y de ocio.

Se establece la figura del transporte a la demanda, como un elemento más flexible para dar respuesta a las demandas de movilidad de la población, liberando a las carreteras canarias de la intensidad de tráfico con vehículos privados.

Se crea a su vez el denominado transporte integral, que es aquel que consiste en el ofrecimiento de un servicio de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, que permita atender las necesidades completas de transportes de los usuarios y que responde al principio del servicio ¿puerta a puerta¿ y se podrá realizar con la adquisición de una única tarjeta de autorización administrativa.

Será preceptiva la instalación y utilización del tacógrafo como medida de control y de seguridad para los vehículos de transporte público de viajeros y mercancías.

En cuanto al sector del taxi, aparece por Ley las zonas de prestación conjunta e incluso se posibilita la prestación insular, así como el régimen especial de prestación en áreas sensibles como son puertos, aeropuertos, intercambiadores con el objeto de garantizar este servicio público a los usuarios de estas infraestructuras de transporte.

En definitiva, esta Ley nos dota de un instrumento de regulación de las distintas modalidades de los transportes por carretera así como las actividades relacionadas con los mismos, desde la perspectiva de las necesidades concretas de la sociedad y economía canaria.

En cualquier caso, este marco legal debe hacer posible la conciliación de las peculiaridades que confiere la situación geográfica, social y económica del Archipiélago con su pertenencia a la Unión Europea.

El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto por el que se regula la asignación de potencia eólica

El Consejo de Gobierno celebrado hoy en Santa Cruz de Tenerife ha aprobado el proyecto de decreto por el que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias tras solicitar el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias.

Tras recibir informe favorable por parte del Consejo Consultivo y ser aprobado en Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto volverá a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías para que le sean incorporadas en lo que proceda las aportaciones del Consejo Consultivo, tras lo que volverá al Consejo de Gobierno para su definitiva aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El citado proyecto de decreto, que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias, sustituirá al Decreto 53/2003, que fue anulado por el Tribunal de Justicia de Canarias por un defecto de forma. Ante esta anulación, el nuevo decreto servirá para dar cobertura jurídica a todo el proceso de asignación de potencia eólica en Canarias.

La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías ha acelerado en lo posible todos los trámites necesarios y ha logrado sacar adelante este importante proyecto en un tiempo récord después de que se produjera la anulación el antiguo decreto. En este corto espacio de tiempo se ha procedido a la apertura de un periodo de información pública y se ha dado audiencia a todos los sectores afectados para que formularan sus alegaciones, que han sido valoradas e incorporadas en los casos en que ha sido procedente.

El proyecto de decreto que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias es la respuesta del Gobierno autonómico a la necesidad de crear un marco normativo que ampare las actividades empresariales en este ámbito de las energías renovables. La celeridad que se le ha dado a su tramitación permitirá incorporar cuanto antes nueva potencia eólica al sistema energético de Canarias, contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad del mismo, lo que supone un importante paso para la consecución de los objetivos marcados en materia energética.

El Consejo de Gobierno acuerda remitir al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley del Sistema Canario de Seguridad y de la Policía Canaria

La Comisión de Coordinación de Policías Locales dio el visto bueno al citado documento el pasado lunes, día 20

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, remitir al Consejo Consultivo de Canarias el anteproyecto de Ley del Sistema Canario de Seguridad y de la Policía Canaria para su dictamen. Este acuerdo surge después de que la Comisión de Coordinación de Policías Locales, reunida el pasado lunes, diera su apoyo al citado documento, elaborado por la Consejería de Presidencia y Justicia.

Según se señala en el artículo 1 del anteproyecto, la citada Ley tiene por objeto la ordenación de las competencias de Canarias en materia de seguridad pública, mediante la organización del Sistema Canario de Seguridad, así como la creación y regulación del régimen jurídico de la policía dependiente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tras la aprobación del documento por parte de la Comisión de Coordinación de Policías Locales -de la que forman parte sindicatos, Federación de Jefes de Policías Locales y FECAM-, el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, volvió a insistir en que «la policía canaria será complementaria con los cuerpos de seguridad del Estado», y consideró que su aprobación «supone un paso importante en el fortalecimiento de la seguridad en nuestro Archipiélago».

El Gobierno amplía las categorías del Premio del Instituto Canario de Seguridad Laboral y eleva la cuantía económica

El Consejo de Gobierno acordó hoy ampliar los premios que otorga el Instituto Canario de Seguridad Laboral tanto en una nueva modalidad como dotarlos con mayor cuantía económica. Las actuales categorías son: Premio a las empresas, premio individual, premio escolar y distinción honorífica. A partir de ahora se incluye una nueva modalidad que se denominará ¿de seguridad y salud en las obras¿ y se concederá al técnico o coordinador en materia de seguridad y salud que haya adoptado las mejores soluciones técnicas para la eliminación o control de la totalidad de los riesgos previsibles en todas las fases de ejecución de la obra.

Las propuestas de concesión de este nuevo premio deberán ser presentadas por los Colegios Profesionales que hayan visado los respectivos proyectos, en número no superior a dos por cada colegio profesional.

Por otra parte, el Gobierno ha considerado adecuado incrementar la dotación económica de todos los Premios del Instituto Canario de Seguridad Laboral. La cuantía anual destinada a la totalidad de los Premios no podrá ser superior a 12.000 euros y se podrá otorgar un accésit para cada una de las modalidades previstas. La cuantía total anual destinada a los accésit no podrá ser superior a 6.000 euros.

El Gobierno de Canarias destina 2,88 millones de euros a la gestión de las bolsas de vivienda joven y vivienda vacía

El Gobierno de Canarias, a propuesta de los consejeros de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez y de Empleo y Asuntos Sociales, Maria Luisa Zamora Rodríguez, autoriza el gasto de dos millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos (2.878.300,00) euros, para la contratación de la gestión de los programas Bolsa de Vivienda Joven y Bolsa de Vivienda Vacía del Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008.

El citado contrato será financiado conjuntamente por el Instituto Canario de la Vivienda y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales (Dirección General de Juventud), concretamente, en lo relativo a la gestión del programa Bolsa de Vivienda Joven, mediante el preceptivo convenio de colaboración. En virtud de éste, el Instituto Canario de la Vivienda aportará la cantidad de 1.893.500,00 euros y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por su parte, la cantidad de 984.800,00 euros.

El programa Bolsa de Vivienda Joven, tiene como finalidad, mediante convenios suscritos con el Instituto Canario de la Vivienda y la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, facilitar a los jóvenes residentes en nuestra Comunidad Autónoma el acceso a una vivienda.

El programa para facilitar la ocupación de viviendas vacías constituye una de las líneas de actuación del nuevo Plan de Vivienda de Canarias y está dirigido a la población en general, sin límite de edad, y prevé la oferta de buenas condiciones para incentivar que los propietarios que poseen casas sin ocupar descubran las ventajas de ponerlas en alquiler con garantías.

Vivienda joven

La experiencia desarrollada por el Gobierno de Canarias con el Plan de Vivienda Joven indica que se trata de un programa apreciado y valorado no solo por sus usuarios, sino por el resto de instituciones y organismos y que tiene como principal objetivo la búsqueda de viviendas adecuadas a las necesidades y condiciones económicas de los jóvenes de Canarias, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Así, desde el año 2001, se pone en marcha el servicio de Hipoteca Joven que, tras varios años de vigencia y aplicación y a través de los resultados obtenidos, ha puesto de manifiesto su gran aceptación por parte de los jóvenes.

La Bolsa Joven de Vivienda mejora las condiciones de los préstamos hipotecarios para los jóvenes, permitiéndoles escoger entre varias opciones, el Tipo de Interés inicial y la Comisión de apertura. Podemos decir, por tanto, que Canarias mantiene una de las mejores cuotas de hipoteca, en conjunto, de todas las Comunidades Autónomas del Estado. También se financian las viviendas de nueva construcción, las viviendas en segunda o posterior transmisión y las viviendas en autoconstrucción.

Servicios que presta:

1.- En relación con el alquiler de viviendas:

– Oferta de viviendas en alquiler, pertenecientes a propietarios particulares, que se encuentren en buenas condiciones y con una adecuada relación calidad-precio.

– Gestión gratuita del proceso de alquiler de las viviendas y seguimiento del contrato durante toda su duración.

– Seguro multirriesgo del hogar para la vivienda alquilada y seguro de garantía del cobro de la renta para el propietario, sin coste alguno para los usuarios.

2.- En relación con la compraventa de viviendas:

– Oferta de viviendas en venta, pertenecientes a propietarios particulares, que se encuentren en buenas condiciones y con una adecuada relación calidad-precio.

– Gestión gratuita del proceso de compraventa de las viviendas.

3.- Hipoteca Joven Canaria:

Se ofrece la posibilidad de financiar la adquisición de una vivienda nueva, de segunda mano o de autoconstrucción en unas condiciones especiales mediante la Hipoteca Joven Canaria.

4.- Información y Asesoramiento:

La Bolsa facilita gratuitamente información y asesoramiento técnico y jurídico en todos los aspectos relacionados con el alquiler o la compraventa de viviendas.

Bolsa para incentivar la ocupación de viviendas vacías

Por su parte, la Bolsa de vivienda vacía, es un programa sin limitación de edad, incluido en el Plan de Vivienda 2005-2008, cuya prioridad es movilizar el parque de viviendas vacías. Así, esta actuación tiene por objeto la puesta en el mercado de viviendas en alquiler de viviendas libres de titularidad privada que se encuentren desocupadas. Para ello la bolsa ofrece, sin ningún coste de gestión para los usuarios, además de garantías a los propietarios una serie de ventajas jurídicas, técnicas y económicas, tanto a propietarios como a inquilinos.

Servicios que presta la Bolsa de Vivienda vacía:

– Oferta de viviendas en alquiler, pertenecientes a propietarios particulares, que se encuentren en buenas condiciones y con una adecuada relación calidad-precio.

– Gestión gratuita del proceso de alquiler de las viviendas y seguimiento del contrato durante toda su duración.

– Seguro multirriesgo del hogar para la vivienda alquilada y seguro de garantía del cobro de la renta para el propietario, sin coste alguno para los usuarios.

– Información y asesoramiento técnico y jurídico en todos los aspectos relacionados con el alquiler de viviendas.

– Subvenciones al arrendador para rehabilitar.

Además para incentivar la inclusión de viviendas en la bolsa se concederá una subvención con un importe máximo de 6.000, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma destinada a financiar hasta el 50% de los gastos de rehabilitación de dichas viviendas necesarios para que puedan ser arrendadas, con la condición de que, una vez rehabilitadas, se destinen al alquiler, a través de la Bolsa de Vivienda Vacía.

El Consejo de Gobierno acuerda la distribución del Fondo de Financiación Municipal para 2006

El importe a distribuir asciende este año a 160 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2006, cuya dotación provisional asciende a 160.063.193,42 euros, a expensas de la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) regional del pasado año, por parte del Instituto Nacional de Estadística.

A propuesta de la Consejería de Presidencia y Justicia, y con el fin de anticipar su distribución, para el establecimiento de la cuantía del Fondo Municipal para este año se ha tenido en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo en 2005 a nivel regional, fijado en el 2,8%. No obstante, si el crecimiento del PIB (el otro índice aplicable para establecer la dotación) fuera superior al IPC aplicado, se procedería a actualizar el importe global de la cuantía citada.

En la distribución del Fondo de Financiación Municipal, la legislación vigente establece que el 1% se detraerá para abonarlo a la FECAM (1.6000.633,93 euros), mientras que el resto de la cuantía se distribuirá atendiendo a los siguientes criterios y porcentajes: la población (68%); la solidaridad (1%, a los municipios menores de 10.000 habientes se les asignará el 11% y a los restantes el 5%); la insularidad periférica (1%); la extensión territorial (2%); los espacios naturales protegidos (2%); las plazas alojativas turísticas (2%); la dispersión territorial (5)% y las unidades escolares (4%).

La distribución por solidaridad e insularidad periférica se hará de forma igualitaria, mientras que la distribución por el resto de los criterios mencionados se hará de forma directamente proporcional.