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Acuerdos de gobierno

El Consejo de Gobierno acuerda la distribución del Fondo de Financiación Municipal para 2006

El importe a distribuir asciende este año a 160 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de hoy, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2006, cuya dotación provisional asciende a 160.063.193,42 euros, a expensas de la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) regional del pasado año, por parte del Instituto Nacional de Estadística.

A propuesta de la Consejería de Presidencia y Justicia, y con el fin de anticipar su distribución, para el establecimiento de la cuantía del Fondo Municipal para este año se ha tenido en cuenta la evolución del Índice de Precios al Consumo en 2005 a nivel regional, fijado en el 2,8%. No obstante, si el crecimiento del PIB (el otro índice aplicable para establecer la dotación) fuera superior al IPC aplicado, se procedería a actualizar el importe global de la cuantía citada.

En la distribución del Fondo de Financiación Municipal, la legislación vigente establece que el 1% se detraerá para abonarlo a la FECAM (1.6000.633,93 euros), mientras que el resto de la cuantía se distribuirá atendiendo a los siguientes criterios y porcentajes: la población (68%); la solidaridad (1%, a los municipios menores de 10.000 habientes se les asignará el 11% y a los restantes el 5%); la insularidad periférica (1%); la extensión territorial (2%); los espacios naturales protegidos (2%); las plazas alojativas turísticas (2%); la dispersión territorial (5)% y las unidades escolares (4%).

La distribución por solidaridad e insularidad periférica se hará de forma igualitaria, mientras que la distribución por el resto de los criterios mencionados se hará de forma directamente proporcional.

El Consejo de Gobierno aprueba 400 plazas de oferta de empleo público docente en Enseñanza Secundaria y técnicos de FP para este año

El Consejo de Gobierno aprobó durante la reunión que celebró hoy, martes, día 21 de marzo, en Santa Cruz de Tenerife, el Proyecto de Decreto por el que se aprueban 400 plazas de oferta de empleo público para este año en los cuerpos de funcionarios docentes de laComunidad Autónoma de Canarias que imparten enseñanzas no universitarias.

Este decreto supone la aprobación de 382 plazas para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) y 18 plazas para el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional.

Esta oferta para Enseñanza Secundaria está por encima de Baleares (300 plazas); Cataluña (294); Galicia (272); Cantabria (159); Asturias (88); Ceuta y Melilla (99); y La Rioja (89).

El Consejo de Gobierno toma en consideración el nuevo decreto para la asignación de potencia eólica y acuerda elevarlo al Consejo Consultivo

El documento ha sido tramitado en un tiempo récord después de la anulación por la justicia del Decreto 53/2003

El Consejo de Gobierno celebrado hoy en Santa Cruz de Tenerife acordó tomar en consideración el proyecto de decreto por el que se regula la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y solicitar el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias.

Tras la toma en consideración por parte del Gobierno de Canarias y su entrega al Consejo Consultivo, el proyecto de decreto volverá a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías para que le sean incorporadas en lo que proceda las aportaciones del Consejo Consultivo, tras lo que volverá al Consejo de Gobierno para su definitiva aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias

El citado proyecto de decreto, que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias, sustituirá al Decreto 53/2003, que fue anulado por el Tribunal de Justicia de Canarias por un defecto de forma. Ante esta anulación, el nuevo decreto servirá para dar cobertura jurídica a todo el proceso de asignación de potencia eólica en Canarias.

La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías ha tramitado un nuevo proyecto de normas, después de que se produjera la anulación el antiguo decreto. En este corto espacio de tiempo se ha procedido a la apertura de un periodo de información pública y se ha dado audiencia a todos los sectores afectados para que formularan sus alegaciones, que han sido valoradas e incorporadas en los casos en que ha sido procedente.

El proyecto de decreto que regula la instalación y explotación de los parques eólicos en Canarias es la respuesta del Gobierno autonómico a la necesidad de crear un marco normativo que ampare las actividades empresariales en este ámbito de las energías renovables. La celeridad que se le ha dado a su tramitación permitirá incorporar cuanto antes nueva potencia eólica al sistema energético de Canarias, contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad del mismo, lo que supone un importante paso más para la consecución de los objetivos marcados en materia energética.

El fomento de la energía eólica está fundamentado sobre la base de incuestionables ventajas tales como un menor impacto medioambiental, el coste nulo de la materia prima utilizada para la producción energética, el hecho de ser una fuente endógena de energía y de permitir aprovechar el potencial eólico de las islas, al margen de los efectos positivos que tiene sobre la economía. Las energías renovables y de forma particular la energía eólica, harán posible la necesaria diversificación de las fuentes de energía en Canarias y aumentarán el grado de autoabastecimiento energético, además de contribuir al sostenimiento del medio ambiente y al cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados en el ámbito energético.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de la Hacienda Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, en la reunión celebrada hoy en Santa Cruz de Tenerife, ha aprobado el Proyecto de Ley de la Hacienda Canaria y su remisión al Parlamento de Canarias para su tramitación reglamentaria. La nueva Ley de Hacienda se constituye como un único texto legal que regule el funcionamiento económico financiero del sector público autonómico acorde con la realidad actual, que recoja las adaptaciones de la Ley General Presupuestaria al ámbito autonómico, y asimismo que aborde la actividad presupuestaria mediante nuevas formulas, con el fin de ejecutar el presupuesto en un contexto plurianual.

La Consejería de Economía y Hacienda plantea la necesidad de desarrollar una nueva Ley de Hacienda, que sustituya a la Ley 7/1984 de 11 de diciembre de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, vigente en la actualidad, debido a que el escenario de la actividad económica financiera del sector público autonómico ha experimentado importantes cambios y, porque la introducción de múltiples modificaciones en la referida Ley, mediante Leyes anuales del Presupuesto y mediante Leyes de acompañamiento, ha dado lugar a la dispersión normativa.

En los veinte años transcurridos, el marco competencial autonómico ha cambiado significativamente por la asunción de nuevas funciones y servicios provenientes del Estado y por el traspaso desde la Administración Autonómica a los Cabildos. Este nuevo escenario ha dado lugar a la adaptación institucional y organizativa de la Comunidad Autónoma mediante la creación de organismos, empresas, fundaciones y entes públicos, cuyo marco regulatorio no estaba previsto en la actual Ley.

Por otro lado, la Ley General Presupuestaria 47/2003 establece una nueva regulación para la actividad económica financiera en el ámbito estatal, introduce las adaptaciones precisas para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y asienta un nuevo cuerpo legal básico para la modernización de la Hacienda Pública del Estado.

Por todo ello, El Gobierno de Canarias considera necesario la elaboración de un único texto legal que regule el funcionamiento económico financiero del sector público autonómico acorde con las exigencias actuales, tomando como referencia las recientes modificaciones legales estatales y autonómicas.

Además, la nueva Ley aborda la racionalización del proceso presupuestaria a través de la introducción de la programación de la gestión por objetivos, con nuevas formulas para la elaboración y ejecución del presupuesto en un contexto plurianual y con la sistematización de las normas de contabilidad y control de la actividad económica financiera del sector público autonómico.

Estructura de la Ley

La nueva Ley de la Hacienda Canarias se estructura en nueve títulos. El Título I abarca el ámbito de aplicación de la Ley y la configuración del sector público autonómico a los efectos de su regulación económico-financiero; el II y el III se dedican a la programación presupuestaria y a los Presupuestos General de la Comunidad Autónoma, así como a la regulación de las distintas fases del procedimiento de gestión de los Presupuestos, respectivamente. En este último Título se incluyen importantes novedades en la gestión presupuestaria con el fin de adaptarlas a las exigencias de la actividad pública.

Los Títulos IV, V y VI regulan las relaciones financieras con las Corporaciones Locales; abarcan la normativa general del Tesoro, de la Deuda y de las operaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Canarias, y disponen el objeto de los avales otorgados por la Administración Pública Canaria.

Los Títulos VII y VIII se refieren a la contabilidad del sector público autonómico y a la regulación de su control económico-financiero. Y por último, el Título IX regula los supuestos de infracción y los tipos de responsabilidad en el marco del régimen presupuestario.

Además, la Ley contiene una serie de disposición adicionales con las que se procede a la modificación de la Ley 2/1998 de Fundaciones Canarias, con el objeto de incluir un nuevo capítulo regulador de las mismas; así como también ajustan determinados aspectos relativos a las subvenciones.

Finalmente, la disposición final segunda dispone la entrada en vigor de la Ley en dos etapas: la primera referida a la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio y la segunda, que aplaza la aplicación de la Ley hasta la adaptación de los centros gestores del gasto.

El nuevo plan de vivienda de Canarias prevé la ejecución de 89.000 actuaciones

Se calcula que generará un movimiento económico de 1.800 millones de euros

El nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 contempla la realización de más de 89.000 actuaciones en toda Canarias. Destaca como uno de sus principales objetivos, la ejecución de 16.875 viviendas de nueva construcción y la rehabilitación de otras 15.710, ya construidas anteriormente.

Se calcula que este plan generará un movimiento económico de 1.800 millones de euros.

Además, destacan las ayudas a la adquisición del suelo apto para construir, previstas en unas 12.890 actuaciones y las de fomento de alquiler, en 27.460 concretamente. En cuanto a las ayudas al adquirente, está previsto dedicar unas 4.639 actuaciones y las dedicadas a la vivienda joven y vivienda usada, 10.293 y 1.293 respectivamente.

El Gobierno de Canarias toma hoy en consideración las propuestas formuladas por la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para el nuevo Plan de Viviendas de Canarias y solicita, por el trámite de urgencia, dictamen del Consejo Económico y Social.

Hemos de recordar que el Plan de Vivienda 2005-2008, ha sido formulado por el Gobierno de Canarias de acuerdo con las Directrices de elaboración del Plan de Vivienda y establece las líneas básicas de actuación que regirán la política de vivienda de la Comunidad Autónoma Canaria durante el período 2005-2008. Por tanto, se recogen en un mismo documento todas las actuaciones protegidas en materia de vivienda que se prevé llevar a cabo durante el mismo, tanto las actuaciones establecidas y financiadas exclusivamente por nuestra Comunidad Autónoma o las actuaciones establecidas en virtud convenios específicos como el que se ha pactado con el Ministerio de Vivienda, en el marco del Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

ACTUACIONES Ejercicio 2005 Ejercicio 2006 Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Total

Plan

PLAN DE VIVIENDA Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos

DE CANARIAS Plan Plan Plan Plan Plan

Nueva construccion 3.629 4.242 4.469 4.535 16.875

Rehabilitacion 4.933 3.520 3.655 3.602 15.710

Suelo 2.826 3.806 3.160 3.098 12.890

Fomento alquiler 6.450 6.835 7.025 7.150 27.460

Ayudas al adquirente 550 1.163 1.463 1.463 4.639

Jóvenes 2.156 2.599 2.704 2.834 10.293

Vivienda usada 250 288 325 400 1.263

TOTAL PLAN 20.794 22.453 22.801 23.082 89.130

Dichas actuaciones, se resumen en el siguiente esquema:

PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2005-2008

Viviendas Protegidas de nueva construcción de Promoción Privada

Promoción de viviendas protegidas destinadas a venta

Promoción de viviendas protegidas destinadas a uso propio

Promoción de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento

Adquisición de viviendas protegidas destinadas a venta

Viviendas Protegidas de nueva construcción de Promoción Pública

Promoción Pública de viviendas en régimen de arrendamiento

Promoción Pública de alojamientos en régimen de alquiler

Apoyo económico a los inquilinos de las viviendas de Promoción Pública

Adquisición de Viviendas usadas

Adquisición de Viviendas usadas para uso propio

Adquisición de Viviendas usadas para alquiler

Autoconstrucción de viviendas

Actuaciones de fomento del alquiler

Puesta en arrendamiento de viviendas usadas y desocupadas

Rehabilitación de viviendas para alquiler

Apoyo económico de los inquilinos

Bolsa de vivienda vacía

Programa de vivienda para Jóvenes

Ayudas a la adquisición, promoción para uso propio y autoconstrucción de viviendas

Bolsa de vivienda joven

Actuaciones en materia de suelo

Urbanización de suelo para vivienda protegida

Promoción y fomento de suelo para viviendas de protegidas

Patrimonio Público de suelo

Actuaciones de Rehabilitación

Rehabilitación de áreas en proceso de degradación

Rehabilitación de centros históricos

Rehabilitación de edificios y viviendas

Rehabilitación de viviendas en el medio rural

Convenios de rehabilitación o reposición

Viviendas Protegidas de nueva construcción de Promoción Privada.

El objetivo de construcción de nuevas viviendas protegidas se aborda mediante diversas líneas de actuación que son las siguientes:

1. Viviendas protegidas destinadas a venta o uso propio.

– Se modifica la tipología de Viviendas Protegidas y se actualizan los precios de los diferentes tipos de viviendas protegidas para adaptarlos a las nuevas circunstancias.

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

DE PROMOCIÓN PRIVADA EN VENTA O PARA USO PROPIO

TIPOLOGÍA DESTINATARIOS PRECIO MÁXIMO DE VENTA

Régimen Especial unidades familiares con ingresos ponderados hasta hasta 1,30 veces el

precio básico canario

2,5 IPREM

Régimen General Básico unidades familiares con ingresos ponderados hasta hasta 1,60 veces el

precio básico canario

5,5 IPREM

Régimen General Medio unidades familiares con ingresos ponderados hasta hasta 1,80 veces el

precio básico canario

6,5 IPREM

– Se suprimen las subvenciones al promotor establecidas en el Plan de Vivienda anterior ya que la actualización de los precios de los diferentes tipos de viviendas protegidas, hace innecesario el mantenimiento de estas subvenciones.

– Gobierno de Canarias establece por primera vez en el nuevo Plan una línea de ayudas al adquirente financiadas exclusivamente a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria.

2. Viviendas Protegidas destinadas a arrendamiento.

El Plan de Vivienda de Canarias establece la siguiente tipología de viviendas protegidas de promoción privada en arrendamiento:

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

DE PROMOCIÓN PRIVADA EN ARRENDAMIENTO

TIPOLOGÍA DESTINATARIOS RENTA MÁXIMA

Régimen Especial unidades familiares 3,5% del precio max préstamo a 25 años

hasta 2,5 IPREM 5,5% del precio max préstamo a 10 años

Régimen General Renta Básica unidades familiares 3,5% del precio max préstamo a 25 años

hasta 5,5 IPREM 5,5% del precio max préstamo a 10 años

Régimen General Renta Media unidades familiares 3,5% del precio max préstamo a 25 años

hasta 6,5 IPREM 5,5% del precio max préstamo a 10 años

Viviendas Protegidas de nueva construcción de Promoción Pública.

Las líneas de actuación de promoción pública son las siguientes:

1. Promoción Pública de viviendas en régimen de arrendamiento.

Son Viviendas de Promoción Pública las promovidas y financiadas directamente por el Instituto Canario de la Vivienda, para su adjudicación por un procedimiento reglado, en régimen de alquiler, destinadas a aquellas unidades familiares con grave necesidad de vivienda y cuyos ingresos ponderados anuales no superen 1,5 veces el IPREM.

2. Promoción Pública de alojamientos en régimen de alquiler.

Se establece una línea de actuación específica, destinadas a la promoción por el Instituto Canario de la Vivienda, con cargo a sus presupuestos, de alojamientos colectivos en arrendamiento, sobre suelos cedidos gratuitamente por Ayuntamientos o Cabildos que además asumirán la gestión, conservación y mantenimiento de los mismos.

Dichos alojamientos, que constituirán fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, se destinarán a ocupantes con necesidades transitorias de alojamiento e ingresos familiares ponderados anuales que no superen 1,5 veces el IPREM, tales como jóvenes, tercera edad, víctimas de violencia doméstica u otros colectivos con riesgo de exclusión social.

Adquisición de Viviendas Usadas.

En Canarias existe un importante parque de viviendas libres ya construidas que podrían satisfacer una parte significativa de las necesidades de vivienda de nuestra sociedad, para facilitar la movilización de estas viviendas se establecen las siguientes líneas de actuación:

1. Adquisición de Viviendas usadas para uso propio.

El Plan de Vivienda de Canarias considera como línea de actuación protegible la adquisición onerosa de las viviendas ya construidas, cuando hayan transcurrido como mínimo dos años desde la fecha de la concesión de la licencia de primera ocupación, su superficie útil no sea superior a los 120 m2 y su precio de venta no exceda del máximo establecido para las viviendas protegidas de nueva construcción de promoción privada de régimen general básico.

Las actuaciones protegidas establecidas en relación con este tipo de viviendas son el Préstamo convenido a los compradores de estas viviendas y la Subsidiación del mismo, ambos se adecúan, con determinadas salvedades, a lo establecido para las viviendas protegidas de nueva construcción de promoción privada.

2. Adquisición de Viviendas usadas para alquiler.

Las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y las sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, podrán adquirir viviendas usadas no sujetas a regímenes de protección pública para arrendarlas a inquilinos cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el IPREM en las mismas condiciones que las viviendas protegidas para arrendar de régimen general renta básica. Las viviendas que se acojan a las ayudas previstas en este régimen deben permanecer vinculadas al mismo durante al menos 10 años.

Autoconstrucción de viviendas.

Al igual que en anteriores planes, se mantiene el programa de autoconstrucción de viviendas para uso propio. En estas actuaciones la figura del promotor ha de coincidir con la del constructor, no obstante se establece la posibilidad de que estas viviendas se puedan promover de forma colectiva por medio de la figura jurídica de las cooperativas de vivienda.

El Plan de Vivienda prevé una línea de ayudas para los autoconstructores cuyos ingresos familiares ponderados no superen en 3,5 veces el IPREM. Además, el Plan de Vivienda prevé la posibilidad de establecer préstamos cualificados a favor de los autoconstructores cuyos ingresos familiares ponderados no superen en 5,5 veces el IPREM en los términos que se deriven de los convenios que formalice el Instituto Canario de la Vivienda con las entidades de crédito.

Actuaciones de fomento del alquiler

El impulso del alquiler de las viviendas se configura como hemos visto como una de las directrices del Plan de Vivienda de Canarias. Las actuaciones previstas con esta finalidad en el nuevo plan son las siguientes:

1. Puesta en arrendamiento de viviendas usadas y desocupadas.

Se establece subvención de 6.000 euros para los propietarios de viviendas libres, cuya superficie útil no exceda de 120 metros cuadrados, que las ofrezcan en arrendamiento por un período mínimo de cinco años con unas rentas limitadas.

2. Rehabilitación de viviendas para alquiler.

En caso de rehabilitación de viviendas para alquiler los titulares promotores de la Rehabilitación podrán obtener una subvención de 6.000 euros más el 7% de la parte del Presupuesto Protegido destinado a adecuación de eficiencia energética, con un máximo de 200 euros por vivienda o local.

3. Apoyo económico de los inquilinos.

Se mantienen las subvenciones a los inquilinos creadas en el marco del Plan de Choque del ejercicio 2004 con la finalidad de ayudar al pago de las rentas de las viviendas por parte de las familias cuyos ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

– Tener una edad no superior a 35 años.

– Ser víctimas de terrorismo o violencia de género.

– Familias numerosas o monoparentales.

– Personas con discapacidad reconocida oficialmente.

– Colectivos en situación de riesgo o exclusión social.

4. Bolsa de vivienda vacía.

Esta actuación tiene por objeto la puesta en el mercado de viviendas en alquiler de viviendas libres de titularidad privada que se encuentren desocupadas. Para ello la bolsa ofrece, sin ningún coste de gestión para los usuarios, además de garantías a los propietarios una serie de ventajas jurídicas, técnicas y económicas, tanto a propietarios como a inquilinos.

Además para incentivar la inclusión de viviendas en la bolsa se concederá una subvención con un importe máximo de 6.000, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma destinada a financiar hasta el 50% de los gastos de rehabilitación de dichas viviendas necesarios para que puedan ser arrendadas, con la condición de que, una vez rehabilitadas, se destinen al alquiler, a través de la Bolsa de Vivienda Vacía.

Actuaciones en materia de suelo.

Esta escasez de suelo apto para la edificación hace necesaria la adopción de distintas medidas que permitan generar suficiente suelo urbanizado para responder a la demanda de nuevas viviendas, realizando una política de actuación coordinada entre las distintas Administraciones Públicas (Ayuntamientos-Cabildos-Comunidad Autónoma), para resolver el principal obstáculo al que se han enfrentado tradicionalmente los promotores: la dificultad de disponer de suelo edificable a precios compatibles con la promoción de viviendas protegidas. Para afrontar este problema el Plan incorpora líneas de actuación para incrementar el patrimonio de suelo para este y futuros planes. En este sentido, además del uso del suelo de los aprovechamientos urbanísticos para la vivienda protegida, recogido en la Ley del Territorio de Canarias, se refuerza el instrumento de afectación directa de suelo a la construcción de viviendas protegidas mediante el establecimiento de un estándar urbanístico mínimo que deben incorporar los instrumentos municipales de planeamiento, con la declaración en el Plan de Vivienda de Canarias de los municipios de preferente localización de viviendas protegidas, en los que dicho estándar se elevará al 25%.

Las líneas de actuación que se recogen en materia de suelo son las siguientes:

– Urbanización de suelo para vivienda protegida.

– Promoción y fomento de suelo para vivienda protegida.

– Patrimonios Públicos de suelo.

Actuaciones de Rehabilitación.

Las actuaciones de rehabilitación tienen por objeto incentivar la realización de actuaciones de conservación y mejora en viviendas y edificios, así como de sus elementos comunes, para ser destinadas a residencia habitual y permanente, ya sea por el propietario o arrendatario de la misma.

El Plan de Vivienda de Canarias establece los siguientes programas de actuación para fomentar la rehabilitación:

1. Rehabilitación de Áreas en proceso de degradación.

2. Rehabilitación de centros históricos.

3. Rehabilitación de edificios y viviendas.

4. Rehabilitación de viviendas en el medio rural.

El Gobierno de Canarias aprueba el decreto que regula las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias

El objeto principal es establecer una sola disposición reglamentaria para facilitar su aplicación

El Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias.

El citado proyecto de Decreto tiene por objeto regular las actuaciones del nuevo Plan de Vivienda de Canarias, agrupando en una sola disposición reglamentaria todas las actuaciones protegidas previstas en el citado Plan para facilitar su aplicación y simplificar el procedimiento a seguir para declarar o calificar una actuación como protegida y reconocer el derecho a acceder a las medidas de financiación que corresponden a cada actuación.

Por otra parte, se regulan también las actuaciones incluidas en el Plan Estatal 2005-2008, que se contengan, o sean susceptibles de incluirse, en los objetivos a alcanzar en el correspondiente convenio entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Vivienda.

En cuanto a los distintos capítulos que integran el decreto, el capítulo I, sobre ¿Disposiciones Generales¿, regula el marco general en el que se va a desarrollar la gestión de las distintas actuaciones contempladas en el Plan de Vivienda de Canarias y aparte de la regulación de diversas cuestiones comunes a dichas actuaciones, debe destacarse, por su novedad respecto a Planes anteriores, el establecimiento de un plazo más flexible para la presentación de las solicitudes de declaración o calificación protegida de las actuaciones del Plan programadas para cada año, así como de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan a cada actuación;

También es de destacar, la ampliación del concepto de unidad familiar; la aplicación de un coeficiente de ponderación único a los ingresos familiares, atendiendo, por un lado, al número de miembros de la unidad familiar, a la existencia, en su caso, de personas con discapacidad, y, por otro, a la ultraperificidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se crea además, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que tiene por finalidad facilitar los datos precisos para la adjudicación y venta de las viviendas protegidas, tanto en la primera como ulteriores trasmisiones, así como proporcionar a las diferentes Administraciones Públicas una información actualizada de la demanda de vivienda protegida existente en Canarias.

Especial consideración dentro del citado capítulo, merece el procedimiento de concesión de las subvenciones que, entre otras medidas, salvo en el caso de las subvenciones previstas para la rehabilitación de viviendas en el medio rural, establece que se otorguen a través del procedimiento de concesión directa, con el fin de que su otorgamiento se pueda realizar con la mayor celeridad y agilidad posible.

Así en un mercado, tan cambiante y tan en continua evolución como el de la vivienda, resulta de claro interés social el poder acceder a la vivienda, y a las ayudas necesarias para lograr ese objetivo, en el momento en el que se den las circunstancias precisas para que ese fin se pueda conseguir, y no después de la tramitación de un largo procedimiento, tras el cual, probablemente, las citadas circunstancias han desaparecido.

Los otros capítulos del decreto regulan de una forma específica las distintas actuaciones protegidas incluidas en el Plan de Vivienda de de Canarias, agrupando en cada uno de ellos las actuaciones en función de la actividad que se trate de fomentar.

Así, en el capítulo II se regulan las actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de vivienda de nueva construcción de promoción privada, y, aparte de esa regulación, se le otorga una denominación específica a las viviendas protegidas de nueva construcción para venta o uso propio, o para arrendar, y se establece, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, según corresponda, de venta, adjudicación y renta, de las citadas viviendas de nueva construcción.

En el capítulo III, se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda de nueva construcción de promoción pública, en la que cabe resaltar por su novedad la regulación de la promoción pública de alojamientos colectivos en régimen de alquiler destinados a sectores de la población con necesidades temporales de vivienda y recursos limitados.

Por su parte, en el capítulo IV, se regulan las actuaciones protegidas con relación a la vivienda usada; en el capítulo V del decreto , una de las actuaciones tradicionales en los diversos Planes de Vivienda, como es la autoconstrucción; en el capítulo VI, las actuaciones destinadas al fomento del alquiler; en el capítulo VII, las actuaciones protegidas destinadas específicamente a los jóvenes, entre las que se incluyen la adquisición o arrendamiento de viviendas a través del programa denominado ¿Bolsa de Vivienda Joven¿, así como la previsión de subvenciones adicionales destinadas a los jóvenes para actuaciones protegidas reguladas en otra parte del decreto; en el capítulo VIII, se regulan las actuaciones de suelo; y finalmente, en el capítulo IX, se procede a la regulación de las actuaciones en materia de rehabilitación.

En cuanto a las disposiciones adicionales, debe destacarse la disposición adicional primera, en la que se relacionan los municipios que se declaran como ¿municipios de preferente localización de viviendas protegidas¿

Y, en las disposiciones transitorias, se recogen las previsiones, ya normales con la aprobación de un nuevo Plan, sobre la posibilidad de continuar calificando y visando actuaciones, así como concediendo préstamos cualificados, y admitiendo solicitudes de subvenciones al amparo de la normativa reguladora del Plan estatal de vivienda anterior, hasta la publicación del tipo de interés efectivo anual que ha aplicarse para el nuevo Plan.

Finalmente, cabe destacar que en la elaboración de este decreto ha habido un amplio proceso de participación, en el que se ha consultado a los cabildos insulares, a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), así como a las asociaciones y organizaciones más representativas del sector.

El Gobierno de Canarias inicia el proceso para aprobar la nueva ley de transporte marítimo

La nueva normativa contempla las obligaciones de servicio público necesarias en las Islas

El Gobierno de Canarias decidió enviar al Consejo Consultivo el Anteproyecto de Ley del Transporte Marítimo de Pasajeros y Mercancías, una normativa que constituye una pieza fundamental para asegurar la cohesión económica y territorial del Archipiélago Canario. Cabe recordar que la Comunidad Autónoma ostenta la competencia exclusiva para ordenar el transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos o puntos del litoral de Canarias, según se recoge en nuestro Estatuto de Autonomía.

La Ley aborda la regulación de todos los servicios de transporte marítimo entre puertos y puntos del litoral canario que se realicen a cambio de una remuneración económica bajo una regla esencial: la libertad para prestar esos servicios. Esto explica que el ejercicio de esa actividad económica se someta a la carga de comunicar a la Administración competente el inicio de la actividad, con el fin de permitir a ésta conocer a quienes realizan esos transportes y, en su caso, a través de la documentación aportada, verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejercicio; requisitos que tienen que ver con la seguridad, la capacidad y la regularidad de los servicios ofertados de acuerdo con lo previsto por la Unión Europea.

La ordenación del transporte marítimo es materia incluida en el ámbito competencial de la Unión Europea, en particular, la prestación de servicios de transporte marítimo, tanto de pasajeros como de mercancías. Esta materia resulta afectada por la libertad comunitaria de prestación de servicios, una de las cuatro libertades económicas básicas. Lo relevante es que estas normas afirman la libertad de las empresas para prestar servicios de transporte marítimo; libertad que sólo puede resultar limitada por razones de orden público, seguridad, salud pública o por causas imperiosas de interés general. La resolución de algunos conflictos en relación con estos reglamentos ha generado una consolidada doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta libertad que completa este cuadro normativo.

Sin embargo, la norma permite que, en aquellas líneas que se consideren esenciales para garantizar el transporte regular de pasajeros y mercancías, cuando la oferta del mercado sea insuficiente, las autoridades competentes puedan exigir como condición para su prestación el cumplimiento de determinadas obligaciones de servicio público o, incluso, la suscripción de un contrato de obligación de servicio público. La necesidad de asegurar esas comunicaciones regulares esenciales es la razón de interés general que legitima la restricción de la libertad de prestación. Este es el fundamento jurídico del régimen diseñado para los servicios que atiendan necesidades básicas de transporte regular interinsular.

La Ley faculta al Gobierno de Canarias para determinar las líneas que se consideran indispensables para garantizar las necesidades básicas de transporte marítimo regular interinsular de pasajeros y mercancías, fijando las condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad de prestación y, en su caso, de precio, que se consideran el mínimo necesario para ofrecer unos servicios suficientes. Por si sola, esta declaración no cambia el régimen de libre prestación, ni impone obligaciones de clase alguna. Ahora bien, en el caso de que en condiciones de libre mercado, estas condiciones no se cumplan, previa constatación de la insuficiencia y con audiencia de los afectados, se podrá acordar el sometimiento de estos servicios a un régimen de autorización administrativa previa y reglada con imposición de obligaciones de servicio público, que consistirán en la exigencia de cumplimiento de aquellas condiciones mínimas de suficiencia.

Queda abierta, en todo caso, la posibilidad de que el cumplimiento de las obligaciones de regularidad y frecuencia sea repartido entre todos los operadores autorizados. La exigencia de este título administrativo no confiere exclusividad en la prestación y su mantenimiento será objeto de revisión periódica con el fin de comprobar la subsistencia o desaparición de las circunstancias que determinaron su aplicación.

Excepcionalmente, cuando en las condiciones señaladas tampoco se alcance la suficiencia de los servicios, de acuerdo con la normativa comunitaria, la Ley prevé la convocatoria pública de un contrato de obligación de servicio público que, en síntesis, permite conceder una compensación económica que asegure la viabilidad de la prestación durante un periodo corto de tiempo, en el que, además, queda en suspenso el régimen de autorizaciones previas, prestándose el servicio en condiciones de exclusividad. Los condicionantes legales de este contrato: la concreción de las rutas afectadas, la obligación de su licitación pública de ámbito comunitario, la limitación temporal de su duración, como la posibilidad de conceder una compensación económica, se basan en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de interpretación del Reglamento 3577/92, sobre la aplicación de la libre prestación de servicios en el cabotaje marítimo y, en particular, la contraprestación económica, en las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

A fin de dar cumplimiento a esta regulación, la Ley delimita las potestades de control, inspección y sanción que precisa la Administración competente para garantizar el cumplimiento de las normas que ordenan los transportes marítimos en Canarias.

Por otra parte, la comunicación entre las islas no es la única razón de interés público que debe ser considerada en la ordenación del transporte marítimo interinsular. Tan importante como la garantía de conexión regular entre las islas es la protección del ecosistema marino interinsular, de la fauna, la flora y la propia calidad de las aguas que rodean el archipiélago, mucho más cuando, como es bien sabido, las islas son lugar con un alto riesgo de contaminación por hidrocarburos y sustancias peligrosas. Pues bien, una norma que pretende ordenar el transporte marítimo interinsular no puede dejar de lado esta realidad. Por este motivo, esta Ley declara que la libertad de prestación de servicios de transporte marítimo también puede ser limitada mediante la imposición de cargas, limitaciones e, incluso, prohibiciones, cuando sea necesario para proteger aquellos valores y, en particular, a partir del reconocimiento de las aguas canarias como zona marítima especialmente sensible. Se trata sólo de una previsión general, pero parece suficiente para, llegado el caso, dar respuesta a las necesidades de protección medioambiental del espacio marítimo por el que se desenvue

Se creará la Reserva Canaria de Derechos de Plantación de Viñedo

Su finalidad es potenciar la viticultura de calidad y primará a los jóvenes agricultores

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha presentado al Gobierno de Canarias un proyecto de decreto por el que se crea y regula la Reserva Canaria de Derechos de Plantación de Viñedo, con la finalidad de mejorar la gestión del potencial vitícola en Canarias y evitar la pérdida del mismo.

La Comunidad Europea (CE), a través de la Política Agraria Común (PAC), limita la plantación de viñedos en el ámbito nacional y regional, exigiendo que las plantaciones estén registradas para beneficiarse de ayudas. De este modo, los agricultores autorizados son poseedores de derechos que pueden traspasar y que pueden también perder si no ejercen la actividad en dos años a partir de la obtención del citado derecho. Para el caso concreto de Canarias, están autorizadas unas 19.000 hectáreas aproximadamente de viñedos

Por la pérdida de derechos, algo más de 300 hectáreas han pasado a tutela pública canaria, incorporándose a la denominada Reserva Nacional que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es por esta razón que se ha presentado al un proyecto de decreto por el que se crea y regula la Reserva Canaria de Derechos de Plantación de Viñedo.

A esta Reserva Canaria, pues, se incorporarán los derechos de plantación de nueva creación y los derechos de plantación y replantación que no hayan sido utilizados, entre otros.

Por su parte, la adjudicación de estos derechos por parte de la Reserva Canaria tendrá como objetivo, según establece el proyecto de decreto, el establecimiento de nuevas plantaciones destinadas a la producción de vinos de calidad o de vinos de mesas designados mediante una indicación geográfica y los criterios de prioridad beneficiarán a los jóvenes agricultores.

El Gobierno incorpora tres nuevos Bienes de Interés Cultural al catálogo del patrimonio histórico de Canarias

Se trata de las capillas de San Pedro de Arriba y de Abajo, en Güímar, y de la ermita del Calvario de Icod de los Vinos, en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha decidido incorporar a su catálogo de patrimonio histórico tres nuevos Bienes de Interés Cultural localizados en Tenerife. Este acuerdo otorga la máxima protección, con categoría de monumento, a las capillas de San Pedro de Arriba y de Abajo, en el término municipal de Güímar, y a la ermita del Calvario, en Icod de los Vinos, así como a los bienes muebles vinculados a estos edificios.

Las capillas de San Pedro de Arriba y de Abajo fueron construidas en el siglo XVIII y se hallan estrechamente asociadas a las expresiones que han asumido la devoción religiosa en Güimar y su entorno. Se considera igualmente, que la conservación de estos inmuebles refuerza la continuidad de una muestra destacada de patrimonio intangible, como son los traslados procesionales de la imagen de San Pedro hacia uno y otro recinto, en años alternos. Con los mismos se crea una conexión entre los tres edificios que la ciudad ha dedicado al culto del Príncipe de los Apóstoles: la Capilla de Güímar de Arriba, la Iglesia Arciprestal de San Pedro Apóstol y la Capilla de San Pedro de Güímar de Abajo.

Cabe señalar, asimismo, se la conservación de estos bienes tangibles e intangibles debe ser explicada en términos de conjunto. Se estima además como muy reseñable la atención que merecen las pinturas murales que adornan los recintos, posiblemente obras de entorno a 1900, y de las que se descarta una supuesta autoría de López Ruiz.

De otra parte, el acuerdo afecta también a la Ermita del Calvario en Icod de los Vinos, construida en el año 1741. El recinto se levanta sobre una plaza en alto, caracterizada por su ligera pendiente y a la que se acceder por una escalinata. Consta de una sola nave con cubierta de madera a dos aguas con una sencilla fachada. Fue promovida por Matías Antonio de Sopranos y reformada posteriormente a instancias de la familia Cáceres, desconociéndose el nombre del maestro que la construyó.

Los bienes muebles que contiene y que constituyen una parte esencial de su historia son una escultura de busto redondo, denominada Cristo Recatado, del año 1730, localizada en la hornacina del retablo; un óleo sobre lienzo de San Francisco abrazando al Niño, del siglo XVIII y de autor desconocido, situado en la parel lateral izquierda; y un óleo sobre lienzo, titulado Santo leyendo, de la misma época y cuyo autor tampoco se conoce, que se encuentra colocado en la parel lateral derecha.

Los ayuntamientos mejoraron su capacidad de ahorro y redujeron su endeudamiento en el 2004

Según el informe del Fondo de Cooperación de Financiación Municipal analizado hoy por el Consejo de Gobierno

Los ayuntamientos canarios mejoraron su capacidad de ahorro neto y redujeron su nivel de endeudamiento a largo plazo en el 2004, según el estudio del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) sobre la Evaluación General de la Situación Económico Financiera y Tributaria Fiscal de las corporaciones municipales analizado, esta mañana, por el Consejo de Gobierno.

A pesar de estos buenos datos, el mismo análisis refleja que sólo 15 de los 87 ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma cumplen con todos los indicadores que se analizan (ahorro neto, endeudamiento a largo plazo, gestión recaudatoria, remanente de Tesorería y esfuerzo fiscal); no obstante, también se precisa que se ha producido, a nivel de toda Canarias, un mejora en todos esos indicadores respecto al ejercicio del 2003.

De manera global, y al igual que en el 2003, las ratios cubiertas por más ayuntamientos son el esfuerzo fiscal, superado por 79 de las 87 corporaciones municipales analizadas, y la gestión recaudatoria, que también la cumplen 72 haciendas locales; en cambio, vuelve a ser el ahorro neto, el indicador que menos ayuntamientos lo alcanza.

Aún así, ésta última ratio ha mejorado en los ayuntamientos canarios en un 3,8%, lo que hace que el ejercicio de 2004 se haya cerrado con un superávit de 261 millones de euros. Ese incremento del ahorro, en términos absolutos, permite mejorar las posibilidades de financiación de los gastos de inversión de las corporaciones municipales con cargo a sus propios recursos. A nivel insular, este indicador es positivo en todas las islas, excepto en El Hierro y La Palma, mientras que a nivel de ayuntamientos sólo lo cumplen 21 de los 87 existentes.

La deuda a largo plazo es otro de los aspectos analizados en este estudio que mejora, ya que se produce una disminución, respecto al 2003, de un 1,8%, situándose el importe total en 613,6 millones de euros. Si se realiza un análisis por ayuntamientos, sólo 16 incumplen esta ratio -nueve menos que en el 2003-; en ellos su nivel de endeudamiento se sitúa por encima del 70% de sus ingresos corrientes.

La gestión recaudatoria es otro de los indicadores que también mejoran los ayuntamientos canarios en 2004, al incrementarse los porcentajes de cobro tanto de los impuestos directos e indirectos como de las tasas y otros ingresos. En concreto, la recaudación total creció un 13,3%, pasando de 553,5 millones de euros en 2003 a 627,2 millones en 2004. Esta ratio ha sido cumplida, en 2004, por 72 ayuntamientos frente a los 71 de 2003.

El remanente de Tesorería sufre también una mejora de 3,1 puntos porcentuales, respecto al ejercicio de 2003, lo que genera un crecimiento general en el nivel de liquidez de las haciendas municipales. Pese al nivel que alcanza este indicador para el conjunto de la Comunidad Autónoma, sólo 31 de los 87 ayuntamientos incumplen esta ratio, mientras que si se realiza este análisis por islas, sólo se incumple en La Palma y Lanzarote.

El esfuerzo fiscal promedio de las corporaciones locales en el 2004 alcanzó el índice del 98,3%, frente al 96,6% de 2003; no obstante, su nivel de cumplimiento por parte de los ayuntamiento disminuyó, ya que sólo cumplieron este indicador 79 haciendas municipales, frente a las 84 que los hicieron en el 2003.

Objetivo del FCFM

El Fondo Canario de Financiación Municipal tiene como objeto dotar a los municipios canarios de recursos económicos para hacer frente al saneamiento económico y financiero de estas corporaciones, para inversiones si cumplen los indicadores necesarios, o para gastos de libre disposición.

De acuerdo con la Ley que regula el citado Fondo, el reparto del presupuesto se realiza atendiendo a los siguientes criterios: el 68% según la población, el 16% por la solidaridad, un 1% en base a la insularidad periférica, un 2% según la extensión territorial, los espacios naturales protegidos y las plazas alojativas turísticas, respectivamente, un 5% de acuerdo con la dispersión territorial y un 4% en función de las unidades escolares con que cuente el municipio. La distribución de estos criterios se lleva a cabo de forma directamente proporcional, excepto la solidaridad y la insularidad periférica, que se realizan de forma igualitaria.