Desarrolla la Ley de Patrimonio Histórico, ofreciendo a las administraciones un marco de actuación para la tramitación de los BIC.

El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión de hoy, el Reglamento sobre el Procedimiento de Declaración de los Bienes de Interés Cultural (BIC), que desarrolla lo dispuesto al respecto por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (Ley 4/1999, de 15 de marzo). Con este Reglamento se ofrece a las administraciones (tanto Cabildos Insulares como Comunidad Autónoma a instancia de los mismos o de particulares) un marco normativo concreto para que sigan un procedimiento reglado sobre la tramitación, régimen jurídico y declaración de los Bienes de Interés Cultural del Archipiélago.

En concreto, el nuevo Reglamento establece que la declaración de BIC requerirá la tramitación previa de un procedimiento administrativo incoado por los Cabildos Insulares (de oficio o a instancia de parte) o por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma (respecto a bienes y servicios por ella gestionados o por el retraso de más de dos meses por parte de los Cabildos de un expediente solicitado por ella).

Asimismo, regula la forma en que los expedientes deben ser presentados para la iniciación de la tramitación, como la relación de los posibles afectados, planos de los inmuebles o descripción y fotografías de los bienes muebles, títulos acreditativos de propiedad u objetos y área sobre la que se solicita la declaración.

Una vez iniciado el expediente, se especifica en el reglamento que, de forma provisional, ¿para evitar la destrucción o deterioro del bien, los Ayuntamientos deberán suspender el procedimiento de otorgamiento de licencias municipales de intervención en el inmueble de que se trate y su entorno, así como los efectos de las ya otorgadas¿, especificando que se permitirá la realización de obras y actuaciones que, por fuerza mayor, tuviesen que llevarse a cabo (restauraciones, conservación etcétera).

Deberá recabarse informe de dos de las instituciones consultivas de Patrimonio Histórico y de las Universidades Canarias. Además, deberá oírse el parecer de la Comisión Mixta Iglesia Católica-Comunidad Autónoma de Canarias en el supuesto de que los bienes sean de titularidad eclesiástica y de las Asociaciones de Propietarios de Edificios o Bienes Históricos en el caso de que la solicitud afecte a bienes muebles o inmuebles de titularidad privada. En cualquiera de los casos, se dispondrá de un plazo de quince días para formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones pertinentes tras la emisión de dichos informes y antes de la resolución. Asimismo, habrá un período de información pública por un plazo de veinte días mediante la publicación en el BOC.

Antes de elevar la propuesta de resolución al Gobierno de Canarias, se solicitará el informe correspondiente al Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, que deberá emitirlo en el plazo máximo de dos meses.

La declaración de BIC se notificará a los interesados, al Cabildo Insular afectado y a los Ayuntamientos de los municipios donde radica el bien. Además, se publicará en el BOC y se instará de oficio su inscripción en el Registro Canarios de Bienes de Interés Cultural.

Asimismo, se establece que los BIC deberán estar señalizados y con un logotipo común a todo el Patrimonio Histórico de Canarias, con independencia de la Administración que tenga encomendada su gestión.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Decreto por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el modificado del proyecto de ejecución de la obra ¿Complejo Medio Ambiental de Residuos de Mazo¿, en La Palma.

El Gobierno considera que la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a expropiar resulta implícita a tenor de lo establecido en el artículo 12.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Los bienes y derechos a expropiar de manera urgente afectan a la empresa HORPA, S.L. Se trata de nueve parcelas de suelo rústico que ocupan 53.965 metros cuadrados de superficie catastral.

El Gobierno ha aprobado este Decreto debido a que la obra correspondiente a la primera fase del Complejo Ambiental de Residuos Sólidos de Mazo se encuentra actualmente en situación de suspensión temporal, ya que es necesaria la ejecución de un vial de acceso para poder continuar con ella.

La urgencia de esta ocupación se fundamenta en la grave situación en que se encuentran los sistemas de gestión de residuos de la isla de La Palma, cuyos habitantes sumados a las plazas turísticas realmente censadas totalizan una población generadora de residuos de 85.822 personas, que producen un total de 25.400 toneladas de residuos al año, lo que supone para el conjunto de la isla un ratio de 0,89 kilos por habitantes al día.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias pretende dejar definitivamente establecidos los requisitos necesarios para que la isla de La Palma, Reserva de la Biosfera, cuente con un adecuado Sistema Integral de Gestión de Residu

Canarias constituye un lugar de interés especial a nivel mundial por la riqueza y diversidad de cetáceos en sus aguas. Se tiene constancia de la presencia de 26 especies de cetáceos en aguas del Archipiélago, lo que supone el 69,4 % de las 39 especies registradas en el Atlántico Norte y el 31,6 por ciento del total de las especies de cetáceos conocidos en la actualidad. Los zifios son miembros de la familia Ziphiidae, y algunos de ellos se encuentran entre los mamíferos ,menos conocidos del mundo, debido a sus hábitos oceánicos.

En los últimos años se ha producido varios varamientos en masa de zifios en todo el mundo que han suscitado la atención de los investigadores, debido a su posible relación con ejercicios navales. Varios de estos desafortunados eventos han tenido lugar en las costas de las Islas orientales del Archipiélago canario. Según los especialistas, los animales presentan una lesión acústica que provoca el varamiento, y, posteriormente la muerte por colapso cardiovascular.

En Canarias, el primero de estos varamientos tuvo lugar en febrero de 1985, repitiéndose posteriormente en los años 1986, 1987, 1988, 1989 y 1991.

El último varamiento registrado de varios zifios ocurrió en septiembre de 2002, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, mientras se celebraban unos ejercicios navales en las proximidades. A raíz de ello, se estableció la necesidad de coordinar un trabajo de investigación entre el Gobierno de Canarias y el ministerio de Defensa y se creó un Comité Permanente de Investigación para conocer las causas de los varamientos, para lo que se suscribió un convenio de colaboración el pasado 5 de marzo.

El Comité, tras un año de estudios, concluyó que existe una población permanente de zifios en la costa sureste de la isla de Fuerteventura, y los resultados epidemiológicos y patológicos evidenciaron científicamente la existencia de un mecanismo embólico asociado a la exposición de los zifios a sonares activos.

Se constató, además, que los zifios, dada sus características biológicas, anatómicas, fisiológicas y ecológicas, son especialmente sensibles frente al uso de algunas fuentes emisoras de energía acústica.

No obstante, no existían, según el informe, datos concluyentes sobre el rango de frecuencias y potencias que producen dichos mecanismos. Asimismo, se constató la poca información existente sobre el comportamiento, en su medio natural, de esta familia y el nivel de distribución en otros puntos del Archipiélago canario.

A raíz de este informe, el Comité de Investigación recomendó literalmente las siguientes acciones, recogidas en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias antes referido:

1.- Delimitación de una zona en la que se prohiba la utilización de sónares antisubmarinos activos.

2.- Aplicar una figura de protección a esta zona marítima.

3.- Realizar un estudio pormenorizado de otros lugares del Archipiélago, en los que se pueda determinar la necesidad de aplicar algún tipo de protección especial. Para ello, y sin ser excluyente de otras medidas, se recomienda que el Plan Nacional de I+D incluya un capítulo dedicado a la biología, fisiología, sanidad, patología y distribución nacional de cetáceos.

4.- Trabajar en las características acústicas, modelos y sistemas, que determinen los márgenes de frecuencia e intensidades que pueden causar efectos dañinos a los zifios.

5.- Aplicar la máxima del principio de precaución, ante la carencia de datos, que permita la toma de decisiones responsables, para que no se produzcan daños a la biodiversidad.

Por todo ello, y en atención a lo anteriormente expuesto, el Consejo de Gobierno de Canarias acuerda:

1.- Manifestar la enorme preocupación ante el ministerio de Defensa en relación con la reiterada aparición de varios cetáceos muertos en las costas de las Islas Canarias, que este Gobierno entiende están relacionadas con la celebración de maniobras militares en este caso las ¿Majestic Eagle 04¿, circunstancia que produce profundo rechazo en la sociedad canaria.

2.- Interesar al ministerio de Defensa información precisa sobre las características y países intervinientes en las maniobras, ante la inhibición de responsabilidad que se desprende del comunicado de prensa emitido por la OTAN, dado en Bruselas el pasado 27 de marzo de 2004.

3.- Demandar del ministerio de Defensa el estricto cumplimiento de los contenidos del Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno de Canarias, el 5 de marzo de 2004.

4.- Solicitar a los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Exteriores, que garanticen la aplicación del llamado principio de precaución, para que no vea afectado nuevamente el medio marino de Canarias por la realización de maniobras militares con utilización de sónares activos, o cualquier otro instrumento que ponga en riesgo la preservación de la biodiversidad.

5.- Impulsar ante los organismos oportunos la acciones tendentes para garantizar la aplicación de lo contenido en el Convenio Internacional para la Protección de la Biodiversidad, y en la consideración de ¿punto caliente para la biodiversidad marina¿, tal y como ha quedado reflejado en el acuerdo que soporta la Declaración de la Zona Marítima de Especial Sensibilidad Ecológica, aprobado inicialmente por al Organización Marítima Internacional el pasado día 2 de abril en Londres.

El Consejo de Gobierno analizó ayer el anteproyecto por el que se modifica la actual ley del Voluntariado de Canarias.

Las razones para su modificación se pueden agrupar en cuatro apartados:

Adecuación de la normativa vigente en materia de voluntariado a la normativa vigente en materia de asociaciones y, en particular su incidencia en materia de registro, en documentación obligatoria y en criterios de prevalencia para ayudas y subvenciones para que se ajuste a la Ley de asociaciones de Canarias.

Distinción entre acciones de voluntariado y actividades relacionadas con la prestación de servicios, por la que se trata de dar solución al planteamiento de algunos profesionales de las corporaciones locales, o de organismos de ellos dependientes, que quieren desarrollar programas de voluntariado a través de la participación voluntaria de personas, ya que la ley actual no concreta en su objeto si la promoción y sensibilización de las actividades de voluntariado se extiende a las entidades públicas.

Distribución de la función de favorecimiento del voluntariado en la que se fomenta la descentralización de las oficinas de voluntariado a la administración local.

Por último la modificación de la ley tiene en cuenta las consideraciones relativas a la elaboración de un Plan Estratégico de voluntariado que permita coordinar los esfuerzos que se realizan desde diferentes ámbitos para el desarrollo de actividades voluntarias.

Con la modificación de la Ley del Voluntariado de Canarias se pretende, por un lado, abundar en la coordinación de las actuaciones que, desde diversos órganos, se realizan para la consecución de una sociedad más solidaria y, por otro, aclarar aspectos que pudieran resultar confusos en la normativa vigente.

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Plan Especial de Emergencias Exterior por riesgo químico de la refinería Cepsa de Santa Cruz de Tenerife y el Plan Especial de Emergencias Exterior de la planta de almacenamiento de DISA-Salinetas, en el municipio grancanario de Telde.

De esta forma, Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma del Estado que finaliza la elaboración de todos los planes de emergencia de riesgo químico exterior, puesto que la aprobación de estos planes, junto con los ya elaborados para las cinco instalaciones de DISA en las islas no capitalinas hace que la Consejería de Presidencia y Justicia haya completado al 100% los planes de todas las plantas de almacenamiento industrial con riesgo químico exterior del Archipiélago.

El Plan Especial de Emergencias Exterior de la refinería de Cepsa, consta de tres volúmenes. El primero constituye el Plan Director y recoge toda la información relevante relacionada con el entorno de influencia de las instalaciones de la refinería, sus procesos y la operación y describen los medios y recursos que se disponen para atender una emergencia. El segundo volumen establece las bases y criterios con la justificación de las medidas de prevención y de atención propuestas, y por último, el tercer volumen contiene una guía de respuesta con los procedimientos de actuación para cada uno de los posibles riesgos.

Por otra parte, el Plan Especial de Emergencias Exterior de Salinetas mantiene una estructura similar a la del resto de los planes exteriores de riesgo químico ya elaborados por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. En primer lugar, se realiza una identificación de las instalaciones industriales y una descripción del ámbito geográfico como, por ejemplo, el tipo de climatología de la zona, vientos predominantes, la densidad poblacional, etc. Por otro lado, también se establece la estructura, la organización y las funciones de cada órgano de intervención y la respuesta según el tipo de riesgo.

Además, el documento recoge una clasificación de los diferentes tipos de accidentes, los criterios de activación del plan, los niveles de actuación y las fases de emergencia. En cuanto a la organización se establecen los órganos de dirección de apoyo, coordinación operativa y de intervención que abarca el control ambiental, sanitario, de seguridad, comunicaciones, logístico y de apoyo.

El Decreto será de aplicación a las actividades de gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, que se importen o generen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó ayer el Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las Autorizaciones de Gestión de Residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos en Canarias.

El Decreto establecerá, desde su entrada en vigor, el régimen para la obtención de la condición de gestor de residuos, preceptiva para el desarrollo de cualquiera de las actividades de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Canarias, como son las actividades de recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre, de conformidad con la legislación vigente (Ley 10/1998, de 21 de abril, y Ley 1/1999, de 29 de enero).

Cabe precisar que sólo se autorizarán aquellas actividades, que cumpliendo los requisitos técnicos exigidos por la normativa de residuos, hayan previsto las medidas de protección del medio ambiente adecuadas para garantizar el fin pretendido, incluidas las relativas a la atmósfera, el agua subterránea y marina, y sean conformes a las previsiones del Plan Integral de Residuos de Canarias, con los Planes Directores Insulares de Residuos y con las Directrices de Ordenación de Residuos.

El Decreto especifica igualmente que los gestores de residuos deberán presentar en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial una memoria anual sobre el trabajo realizado en ese periodo.

Cada gestor autorizado estará obligado a especificar la procedencia de los residuos, su cantidad, naturaleza, composición y código de identificación. Del mismo modo, deberá contar con un registro interno donde se anote la fecha de entrada de los residuos y medio de transporte utilizado, el tiempo de almacenamiento, las operaciones de tratamiento y eliminación, así como el destino de los nuevos residuos o subproductos generados en el proceso.

Registro de Gestores de Residuos

El Consejo de Gobierno también aprobó la creación de un Registro de Gestores de Residuos de Canarias en el que se inscribirán todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gestión de residuos.

El registro se estructura en tres secciones: la de residuos peligrosos, la de residuos no peligrosos y la de autogestión, en la cual se anotarán aquellos productores o poseedores de residuos que reutilicen o recuperen residuos que generen o posean en las instalaciones de origen.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este martes sancionar a la eléctrica filial de Endesa en las Islas, Unelco, a una multa total de 540.000 euros: 300.000 euros por un apagón en La Palma en octubre de 2003 y 240.404 euros por otro apagón en Gran Canaria, en noviembre de pasado ejercicio.

Ésta no es la primera sanción que el Gobierno de Canarias adopta para este operador. Este mismo año, el 27 de abril, también se acordó multarlo con 600.202 euros por apagones en Canarias en fechas anteriores.

En esta ocasión, el Gobierno ha decidido sancionar a Unelco por la interrupción del suministro eléctrico acaecida en La Palma el día 22 de octubre de 2003 a las 6.30 horas cuando se produjo un fallo en el arranque del grupo generador de turbina de gas IG1 ubicada en la central eléctrica de ¿Los Guinchos¿. La reposición total del servicio se produjo a las 18.12 horas del día 22 de octubre. El número de usuarios afectados ascendió a 31.767 abonados.

Apagón en Gran Canaria

La otra sanción, que asciende a 240.404,84 euros, se debe a la interrupción del suministro eléctrico acaecida en Gran Canaria el 27 de noviembre de 2003. Dicho corte se produjo a las 14.44 horas afectando a un grupo de 80 MW de la Central Térmica del Barranco de Tirajana como consecuencia de una obra civil que se estaba realizando lo que generó una proyección de agua y posterior cortocircuito; la reposición total del servicio se produjo a las 20.15 horas del día 27 de noviembre. El número de usuarios afectados ascendió a 270.078 abonados.

Las dos sanciones están calificadas como graves de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.b) de la Ley 11/97, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario en relación con al art. 19.a).3 de la misma ley.

A través de proyectos que ofrecen alternativas de atención, acogida, información y búsqueda de empleo

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el gasto plurianual para la formalización de convenios para la realización de programas de Servicios de Atención Integral que ofrecen alternativas de atención, acogida, información y búsqueda de empleo para mujeres con problemas de inserción.

En concreto se trata de tres programas: ¿Centro Asesor de los Derechos de las Mujeres¿, gestionado por la entidad de Mujeres, Solidaridad y Cooperación; ¿Apoyo diocesano Mujer¿, gestionado por Cáritas Diocesana de Tenerife y ¿Mujer Acerina¿ dirigido por Cáritas Diocesana de Canarias.

La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, a través del Instituto Canario de La Mujer, y en el marco de la ejecución del Programa Operativo de Canarias, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de las mujeres y reforzar la dimensión de igualdad entre hombres y mujeres.

El presupuesto asciende a un total de 817.376 euros, de los cuales 408. 688 están destinados al Centro Asesor de los Derechos de las Mujeres. Este Centro gestiona la promoción de la igualdad de oportunidades y la autonomía de las mujeres a través del conocimiento de sus derechos, dotándoles de instrumentos que les permitan ejercerlos en condiciones de igualdad de oportunidades con los hombres, contrarrestando las discriminaciones directas e indirectas que persisten en el medio social, familiar y, fundamentalmente social.

El Programa ¿Apoyo Diocesano Mujer, recibirá un crédito de 204.344 euros para dar continuidad a los Servicios de atención, acogida e información y un servicio de formación, de carácter integral, en el que se incluye la formación para el empleo, dirigido a ofrecer alternativas a las demandas de empleo de las mujeres para lograr la inserción socio-laboral a través de formación e intermediación laboral, por último, este programa también consta de un servicio de asesoramiento a proyectos específicos de mujer.

¿Mujer Acerina¿ contará con un presupuesto de 204.344 euros, destinados a mujeres en distinta situación de marginación: mujeres en situación de exclusión socio-económica, mujeres víctimas de maltrato o mujeres social con cargas familiares.

El convenio tiene por objeto promover e impulsar actuaciones que repercutan positivamente en los procesos vitales de las mujeres y sus familias. El Plan de actividades incluye un servicio de orientación laboral, servicios de integración social, talleres formativos dirigidos a las mujeres y talleres de prevención y sensibilización sobre la realidad de la mujer.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el inicio de los expedientes para la redacción de las nuevas directrices en materia de Infraestructuras y Transportes.

Esta decisión se basa en el cumplimiento de la normativa 19/03 que establece que se formularán, en el plazo de dos años, Directrices de Ordenación sectoriales para la ordenación de aquellos ámbitos que considere oportuno el Gobierno de Canarias y, al menos, para la ordenación de la calidad ambiental, infraestructuras, energía, residuos, patrimonio cultural, paisaje, suelo agrario, vivienda y litoral.¿

Las Directrices de Ordenación constituyen el instrumento de planeamiento propio del Gobierno de Canarias que integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio. Estas directrices tienen por objeto articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias y en tal sentido:

– Orientar las políticas y actuaciones públicas hacia un modelo de desarrollo sostenible, coordinando los distintos niveles competenciales;

– Fijar el ritmo de expansión de las actividades económicas en función de las dotaciones en infraestructuras y servicios de cada sistema insular; y

-Prever las líneas de actuación que permitan la reconversión de las actividades económicas que tengan incidencia negativa sobre el territorio.

Además, con la apertura del presente expediente se pretende definir los criterios de carácter básico de ordenación y gestión de los recursos naturales y, en particular, propiciar la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales, compatibilizándolo con un equilibrado desarrollo económico

y social, teniendo en cuenta la integridad de los ecosistemas y la capacidad de renovación o sustitución alternativa.

Este tipo de actuación administrativa permitirá fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades con relevancia territorial de acuerdo con la legislación sectorial que corresponda, al tiempo que se establecen estrategias de acción para definir el modelo territorial básico de Canarias.

Asimismo, el Gobierno de Canarias pretende, a través de esta acción, articular las actuaciones sobre la base del equilibrio interterritorial y la complementariedad de los instrumentos que conforman el sistema de ordenación territorial, y en especial de los Planes Insulares de Ordenación.

En tal sentido, el proyecto de Decreto tendrá el siguiente contenido:

– Enumera los objetivos y criterios, globales y específicos de las Directrices de Ordenación General que han de informar la elaboración de las Directrices de Infraestructuras y las formuladas por la Dirección General de Infraestructura Viaria y la Dirección General de Transportes.

– Establece la competencia para la formulación y tramitación de las Directrices.

– Fija los plazos de elaboración y tramitación.

– Regula la participación de las distintas Administraciones públicas, instituciones y organizaciones sociales, a través de informes, estudios, cuadros y mediante el trámite de audiencia.

La dotación económica de cada beca se sitúa en 2.000 euros

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un gasto plurianual de 300.000 euros, 75.000 euros para este año y 225.000 euros para el 2005, destinado a la convocatoria de becas-subvenciones para la realización de actividades del Plan Canario de Actividades Extraescolares en centros docentes públicos no universitarios durante el curso escolar 2004/2005. Podrán optar a estas becas, 150 en total, los titulados de Formación Profesional de II Grado y Ciclos Formativos de Grado Superior, junto al alumnado universitario y postgraduado. El importe de cada beca se sitúa en 2.000 euros.

Con esta iniciativa, la Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, además de becar a estos jóvenes consigue iniciarlos en el mundo laboral, así como ayudar a familias económicamente desfavorecidas. Desde esta perspectiva, dicha convocatoria amplía la política de becas del Gobierno de Canarias, con el objetivo de establecer vínculos de carácter formativo entre la enseñanza universitaria, la Formación Profesional y los centros educativos.

Para llevar a cabo de manera más efectiva las acciones previstas en el Plan Canario de Actividades Extraescolares y de Tarde -un plan incluido en el Pacto Social por la Educación que apuesta por la rentabilidad formativa del tiempo extraescolar-, la Dirección General de Promoción Educativa se centrará preferentemente en actividades extraescolares de refuerzo educativo realizadas en horario extraescolar y actividades de carácter artístico, deportivo y cultural.

Podrán solicitar las becas aquellos alumnos universitarios o postgraduados que estén matriculados o que finalicen estudios en las universidades canarias, o en la UNED. También los que finalizaron los estudios el curso pasado o en anteriores, los que estén realizando el último curso de la titulación en la que esté matriculado y no tengan más de dos asignaturas pendientes de cursos anteriores y los que disfrutaron de la beca el curso pasado y tengan informe positivo.

También podrán solicitar las ayudas los titulados en FP de II Grado y Ciclos Formativos de Grado Superior. En estos casos, las actividades a realizar tendrán que tener relación o afinidad con la familia profesional de procedencia.