El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Plan Especial de Emergencias Exterior por riesgo químico de la refinería Cepsa de Santa Cruz de Tenerife y el Plan Especial de Emergencias Exterior de la planta de almacenamiento de DISA-Salinetas, en el municipio grancanario de Telde.

De esta forma, Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma del Estado que finaliza la elaboración de todos los planes de emergencia de riesgo químico exterior, puesto que la aprobación de estos planes, junto con los ya elaborados para las cinco instalaciones de DISA en las islas no capitalinas hace que la Consejería de Presidencia y Justicia haya completado al 100% los planes de todas las plantas de almacenamiento industrial con riesgo químico exterior del Archipiélago.

El Plan Especial de Emergencias Exterior de la refinería de Cepsa, consta de tres volúmenes. El primero constituye el Plan Director y recoge toda la información relevante relacionada con el entorno de influencia de las instalaciones de la refinería, sus procesos y la operación y describen los medios y recursos que se disponen para atender una emergencia. El segundo volumen establece las bases y criterios con la justificación de las medidas de prevención y de atención propuestas, y por último, el tercer volumen contiene una guía de respuesta con los procedimientos de actuación para cada uno de los posibles riesgos.

Por otra parte, el Plan Especial de Emergencias Exterior de Salinetas mantiene una estructura similar a la del resto de los planes exteriores de riesgo químico ya elaborados por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. En primer lugar, se realiza una identificación de las instalaciones industriales y una descripción del ámbito geográfico como, por ejemplo, el tipo de climatología de la zona, vientos predominantes, la densidad poblacional, etc. Por otro lado, también se establece la estructura, la organización y las funciones de cada órgano de intervención y la respuesta según el tipo de riesgo.

Además, el documento recoge una clasificación de los diferentes tipos de accidentes, los criterios de activación del plan, los niveles de actuación y las fases de emergencia. En cuanto a la organización se establecen los órganos de dirección de apoyo, coordinación operativa y de intervención que abarca el control ambiental, sanitario, de seguridad, comunicaciones, logístico y de apoyo.

El Decreto será de aplicación a las actividades de gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, que se importen o generen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó ayer el Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las Autorizaciones de Gestión de Residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos en Canarias.

El Decreto establecerá, desde su entrada en vigor, el régimen para la obtención de la condición de gestor de residuos, preceptiva para el desarrollo de cualquiera de las actividades de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Canarias, como son las actividades de recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre, de conformidad con la legislación vigente (Ley 10/1998, de 21 de abril, y Ley 1/1999, de 29 de enero).

Cabe precisar que sólo se autorizarán aquellas actividades, que cumpliendo los requisitos técnicos exigidos por la normativa de residuos, hayan previsto las medidas de protección del medio ambiente adecuadas para garantizar el fin pretendido, incluidas las relativas a la atmósfera, el agua subterránea y marina, y sean conformes a las previsiones del Plan Integral de Residuos de Canarias, con los Planes Directores Insulares de Residuos y con las Directrices de Ordenación de Residuos.

El Decreto especifica igualmente que los gestores de residuos deberán presentar en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial una memoria anual sobre el trabajo realizado en ese periodo.

Cada gestor autorizado estará obligado a especificar la procedencia de los residuos, su cantidad, naturaleza, composición y código de identificación. Del mismo modo, deberá contar con un registro interno donde se anote la fecha de entrada de los residuos y medio de transporte utilizado, el tiempo de almacenamiento, las operaciones de tratamiento y eliminación, así como el destino de los nuevos residuos o subproductos generados en el proceso.

Registro de Gestores de Residuos

El Consejo de Gobierno también aprobó la creación de un Registro de Gestores de Residuos de Canarias en el que se inscribirán todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gestión de residuos.

El registro se estructura en tres secciones: la de residuos peligrosos, la de residuos no peligrosos y la de autogestión, en la cual se anotarán aquellos productores o poseedores de residuos que reutilicen o recuperen residuos que generen o posean en las instalaciones de origen.

El Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, ha acordado el inicio del procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación de Aguas, que tendrán por ámbito todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estas directrices serán elaboradas como desarrollo de las Directrices de Ordenación General y conforme a las determinaciones, criterios y objetivos establecidos en las mismas.

Los principales objetivos de estas directrices son:

– Desarrollar las competencias autonómicas en materia de aguas superficiales, costeras y de transición;

– Establecer las bases de coordinación administrativa y sectorialde la planificación hidrológica insular.

– Fomentar el ahorro de consumo, la preservación de la calidad de los recursos, el adecuado tratamiento y reutilización de las aguas residuales y la integración de los criterios ambientales en las actuaciones y planes que se lleven a cabo.

Criterios de planificación

– Asegurar la gestión integrada del ciclo de las aguas superficiales y subterráneas así como las de transición y costeras y a efectos del estado químico, las de naturaleza marina territorial.

– Se establecen criterios para el análisis de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas.

– Criterios para la definición y delimitación de las zonas protegidas para la captación de aguas.

– Asegurar la utilización más eficiente del agua.

– Fomentar la educación de la población sobre el valor del agua y su coste ambiental, energético y económico.

– Preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua, manteniendo el caudal ecológico.

– Fomentar la recarga de acuíferos.

– Recuperar y mantener la buena calidad de las aguas.

– Maximizar el empleo de las aguas residuales.

– Completar con aguas procedentes de desalación las carencias existentes

– Estimular la articulación entre los diferentes sistemas de abastecimiento de cada isla.

– Estimular la articulación entre los diferentes sistemas de control de la calidad de los recursos.

– Asignar, mediante el planeamiento hidrológico, los recursos a sus posibles usos conforme a las siguientes prioridades:

El abastecimiento a la población, incluidas las industrias de bajo consumo.

Los regadíos y usos agrícolas.

Los usos industriales de gran consumo y los usos turísticos.

Los usos recreativos.

– Adaptar al marco autonómico los manuales y guías técnicas europeas y estatales.

Criterios de gestión

– Establecer a largo plazo, ritmos sostenibles de los recursos hidráulicos subterráneos.

– Conservar las surgencias y corrientes de agua y redes de drenaje de aguas superficiales

– Aumentar la eficiencia de la gestión pública del agua

– Optimizar la producción industrial de agua mediante la adecuada combinación de las iniciativas de carácter público y privado.

– Gestionar la administración hidráulica con arreglo a los principios de descentralización insular, participación social y prioridad de la planificación hidrológica

– Potenciar la erradicación de los vertidos al dominio público hidráulico de agua sin depurar

– En cuanto a la ordenación territorial y urbanística, se intentará compaginar la generación de suelo para uso residencial y turístico y la autorización de edificación, con la disponibilidad de recursos de agua suficientes.

También se aplicará al planeamiento urbanístico criterios para la clasificación del suelo rústico en las categorías de protección hidráulica y de protección forestal y se asegurará la conexión de los nuevos desarrollos urbanísticos con las redes de saneamiento y las instalaciones de tratamiento existentes.

Se impulsará también el establecimiento de corredores para conducciones de agua en alta y la previsión de redes separativas de saneamiento en la áreas urbanas para la reutilización Las Directrices de Ordenación de Aguas serán formuladas por el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez al tratarse de una materia que afecta exclusivamente a las competencias de este Departamento. El plazo para la formulación y tramitación de la Directrices de Aguas viene condicionado por la fecha límite del 16 de abril de 2005.

de pluviales y de depuración y reutilizacion.

El Gobierno aprobó hoy en Consejo autorizar la generaciones de crédito relativas a varios proyectos de la Iniciativa Equal.

En concreto, se acordó destinar 186.721,63 euros al proyecto Canarias Futurem y 361.585,88 euros al proyecto Canarias Avanza.

El objetivo general de la iniciativa europea Equal es facilitar la igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral a los colectivos más desfavorecidos socialmente. En este sentido, Equal Canarias Avanza se especializa en la creación de servicios de asesoramiento a las iniciativas emprendedoras dirigidas a emplear a personas discapacitadas, inmigrantes y mujeres con cargas familiares y baja cualificación.

Por su parte, el proyecto Equal Futurem tiene como finalidad la investigación y el intercambio de experiencias innovadoras, que favorezcan la adecuación de los sistemas globales de formación que contribuyen a la inserción de las personas en situación de exclusión.

El Gobierno de Canarias ha destinado casi tres millones de euros (2.703.000 euros) para promocionar las Islas como destino turístico líder en el mercado nacional, a través de los equipos de fútbol de Segunda División B.

Se trata de llevar a cabo una actuación de promoción turística del Archipiélago canario con la participación de los equipos de fútbol de Segunda División B, mediante un convenio de patrocinio publicitario que abarcará tres temporadas, por un importe de ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros, a cada equipo por temporada.

El desglose por anualidades es el siguiente:

2004: 450.759 euros

2005: 901.518 ¿

2006: 901.518 ¿

2007: 450.759 ¿

Así, siempre y cuando el equipo mantenga su categoría se mantendrá el convenio de patrocinio establecido a partir de la próxima temporada deportiva 2004-2005 con equipos canarios en la Segunda División B de la competición futbolística nacional.

Con esta acción promocional Canarias estará presente en todos los terrenos de juego en los que compitan la U.D. Lanzarote, U.D. Fuerteventura, U.D. Pájara Playas de Jandía, Castillo Club de Fútbol, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol, y U.D. Vecindario.

El Consejo de Gobierno, en la reunión mantenida ayer en Gran Canaria bajo la presidencia de su titular, Adán Martín Menis, aprobó el diseño de la identidad corporativa, visual e imagen del Gobierno de Canarias, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos, entidades y empresas dependientes.

Las instituciones públicas de carácter territorial han mantenido a lo largo del tiempo escudos y banderas ¿en el ámbito gráfico- e himnos ¿en el ámbito musical-, para representar a sus respectivos territorios.

Además, la multitud de símbolos gráficos alcanzada en la actualidad por todo tipo de instituciones, entidades, empresas e incluso acontecimientos singulares, han llevado a que, progresivamente, se busquen soluciones más eficaces en la definición de nuevos símbolos identificativos institucionales.

De hecho, los Gobiernos autonómicos, tradicionalmente, han hecho coincidir la imagen expresada en su logotipo con el escudo institucional de cada comunidad. Y con el paso del tiempo, el logotipo de cada región ha evolucionado en muchos casos a representaciones que simplifican o descargan los escudos originarios. Con ello se logra una identidad visual más sencilla, más identificable, más fácilmente recordable y más acorde con los avances experimentados por el diseño gráfico.

En este sentido, la intención del Gobierno de Canarias con este acuerdo es unificar la marca o sello que identificará los libros, revistas, invitaciones, folletos, comunicación en prensa, comunicación exterior, promoción audiovisual, y anuncios en internet o en televisión, al mismo tiempo que dotar de diseño e identidad gráfica a los edificos utilizados por los órganos, organismos, entidades y empresas públicas dependientes del Gobierno de Canarias.

Con ello se pretende que los canarios tengan más clara cuál es la imagen de su Gobierno, la identidad de la institución. Y, al mismo tiempo, se pretende también transmitir a través de una marca valores, tendencias y una filosofía que nos identifique.

Para ello, se convocó un concurso de ideas que finalmente ganó la empresa ¿Valladares Diseño y Comunicación S.L.¿. El jurado consideró que, de las tres propuestas preseleccionadas de las veinte que concurrieron a la primera fase del concurso, ésta era la más adecuada basándose en tres factores:

1º) Es la que mejor refleja el carácter institucional del Gobierno, proponiendo una versión modernizada del escudo heráldico como signo identificador, respetando los signos básicos del mismo; al mismo tiempo, la aplicación de este símbolo, tanto en su versión en color, como en blanco y negro y en gris, junto con una tipografía corporativa única a los distintos soportes de comunicación, confiere a éstos un carácter de calidad, de claridad y de «modernidad clásica» capaz de durar en el tiempo sin estar sometido a modas gráficas pasajeras.

2º) Las propuestas de diferenciación visual que propone para los organismos autónomos y empresas públicas, así como la buena integración y convivencia gráfica de sus diferentes marcas identificativas con el símbolo seleccionado.

3º) Tiene una gran versatilidad y adaptabilidad en el juego de los diferentes signos de identidad, así como por la excelente creatividad mostrada en la papelería, la señaléctica, la publicidad, la cartelería, las publicaciones y los soportes audiovisuales y telemáticos.

Tras la celebración del concurso de ideas, es el Consejo de Gobierno el responsable de aprobar el diseño de la idenitdad corporativa, visual e imagen, así como de los símbolos del Gobierno de Canarias, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de los organismos, entidades y empresas dependientes, de acuerdo con la propuesta de la empresa ganadora.

La aprobación de ese diseño llevada a cabo hoy por el Ejecutivo es, a su vez, el paso previo a la definición, desarrollo del tratamiento y aplicación a través del manual de identidad corporativa a cargo del estudio de diseño ganador. Con ello, se posibilitará la homogeneización del tratamiento de los símbolos y la tipografía gráfica en todos los departamentos y entidades dependientes del Gobierno.

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este jueves una inversión de 1,5 millones de euros para la incorporación de pequeñas y medianas empresas a las nuevas tecnologías.

Se trata de una inversión prevista en el programa Canarias.es, fruto de un acuerdo de cooperación entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. La prioridad del Gobierno de Canarias con esta medida de fomento del b2c, es decir del ¿business to consumer¿, es incorporar a las pymes participantes en este programa a plataformas de comercio electrónico.

La medida del Gobierno de Canaria de trazar una estrategia de mejora tecnológica en las pymes tiene su base en la defensa del pequeño comercio de las Islas, mercado tradicional que no debe perder cuota de mercado ante otros modelos de negocio que se han caracterizado por ser más innovadores. En síntesis, fortalecer el comercio tradicional del Archipiélago.

El objetivo del proyecto es dotar a amplios colectivos de pymes con alguna característica común (por ejemplo, pertenecer a una misma zona comercial, a un sector industrial o de servicios determinado, entre otros) y a sus gestores y asesores con el equipamiento, las aplicaciones, la formación y la consultoría necesarios para que puedan interactuar a través de Internet, facilitando a la vez su presencia en la red de manera que les permita realizar operaciones de comercio electrónico con sus clientes (B2C).

El alcance del proyecto abarcará cuantas tareas sean necesarias para adquirir e implantar el equipamiento y las aplicaciones, migrar los datos de los sistemas actuales a los nuevos, formar y dar soporte a los usuarios además de cooperar con las empresas en la compra e implantación la pasarela de pagos.

El Gobierno conoció ayer en Consejo el informe sobre la elaboración del anteproyecto de Ley por el que se regula el derecho a la prestación canaria de inserción.

La justificación de este anteproyecto parte del Plan de Integración y lucha contra la pobreza y la exclusión social en Canarias, aprobado en 1998, que promueve la asistencia, promoción e integración social de las personas o grupos con mayores dificultades; y de la IV Concertación Social, que establece la creación de una Ley que equipare la cuantía de la prestación destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas sin recursos al 75% del salario mínimo interprofesional para unidades de convivencia de un solo miembro, ampliable hasta el límite del 106% en función de las personas componen la unidad familiar.

Con este anteproyecto de Ley se persigue establecer una regulación que permita, a quienes carecen de medios de subsistencia, atender a las necesidades básicas de la vida y conseguir, mediante mecanismos de integración social y la concesión de ayudas económicas, facilitar el acceso de los beneficiarios de las rentas mínimas de inserción a unos niveles aceptables de calidad de vida y, en cualquier caso, al efectivo acceso a los derechos fundamentales.

La prestación canaria de inserción acogerá, por un lado, la concesión de ayudas económicas básicas a las personas cuyas unidades de convivencia reúnan los requisitos de empadronamiento y permanencia en territorio canario y de edad y económicos que se establecen en la normativa.

Por otro lado, establecerá mecanismos para la integración social de todas las personas incluidas en las unidades de convivencia del solicitante de la prestación, que tendrán acceso a las mismas aunque no reúnan todos los requisitos exigidos en la normativa, de tal forma que se vinculan las dos vertientes de la prestación canaria de inserción, la económica y la de integración.

El importe de la ayuda económica básica se fijará anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, atendiendo al salario mínimo interprofesional vigente cada año.

El Consejo de Gobierno acordó ayer la toma en consideración del proyecto de decreto para la modificación de las bases de distribución intermunicipal de los recursos del Bloque de Financiación Canario, provenientes del Régimen Económico y Fiscal (REF), en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera.

Asimismo, acordó solicitar informe al Consejo Consultivo sobre el citado proyecto de decreto.

La distribución propuesta por el Gobierno para el reparto de los recursos del REF en estas cinco islas se efectúa en virtud de lo establecido en la Ley 9/2003, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, al no llegar a un acuerdo de distribución los cabildos citados con los respectivos ayuntamientos.

La ley establece en el artículo 6, puntos 3 y 4, que, antes del 30 de abril, los Ayuntamientos de cada isla y el Cabildo Insular podrán elevar una propuesta al Gobierno de Canarias sobre los criterios de distribución de los recursos del REF, para que, mediante decreto, el Ejecutivo proceda a la modificación de las bases que han de regir el reparto intermunicipal de los recursos.

La legislación indica que si no se llega a un acuerdo en el plazo establecido, y si una vez oídos la federación de municipios más representativa de Canarias y los cabildos insulares tampoco se llegara a un acuerdo, sólo en ese caso, se materializaría un sistema de reparto, basado en los mismos criterios de distribución que los fijados para las islas en la mencionada Ley.

En este contexto, los criterios de reparto para cada una de las islas consagran como variables la población (87%) el territorio (2,5%) y la solidaridad (10,5%). Los recursos proceden de la recaudación de las figuras tributarias del REF que corresponden a las administraciones canarias, de los cuales el 58% es para las corporaciones locales (Cabildos y ayuntamientos) y el 42% para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por tanto, esta Ley -que vino a recoger las permanentes demandas de ayuntamientos y cabildos para acabar con la provisionalidad de la distribución de los recursos del REF desde hacía décadas fue gestada con el espíritu de que los Cabildos llegaran a acuerdos de reparto con los respectivos ayuntamientos en cada una de las islas, como es el caso de Tenerife y Fuerteventura.

La fórmula de reparto propuesta por el Gobierno se realiza después de ser oídos la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y los cabildos correspondientes de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera; y se mantendrá hasta que se produzca un acuerdo de distribución de los respectivos cabildos con los ayuntamientos de su isla.

No obstante, cabe precisar que la Ley contiene una cláusula de garantía según la cual los municipios canarios no pueden recibir menos recursos, como mínimo, que lo obtenido con cargo al ejercicio 2002, año anterior a la aprobación de la citada legislación.

Con una financiación de 400.000 euros se podrá hacer frente a la contratación de brigadas helitransportadas que podrán desplazarse entre islas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer financiación a los cabildos de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera de las cuantías necesarias para la contratación de recursos precisos para la extinción de incendios forestales durante el período de mayor riesgo estival (1 de julio ¿ 30 de septiembre).

Las islas beneficiarias de estas ayudas son aquellas que cuentan con Parque Nacional en su territorio además de una importante masa forestal.

En este sentido, el Consejo de Gobierno distribuyó un total de 400.000 ¿ para la contratación de brigadas helitransportadas. Una inversión que se reparte de la siguiente forma: La Palma recibirá 191.572,00 euros, La Gomera 95.786 euros y Tenerife 95.786 euros.

Las consejerías de Presidencia y Justicia y Medio Ambiente y Ordenación Territorial financiarán con cargo a sus créditos disponibles estas actuaciones en una proporción del 50 por ciento cada una.