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Acuerdos de gobierno

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el proyecto de decreto de protección de la atmósfera

El documento tiene por objeto asegurar la protección atmosférica canaria frente al daño producido por actividades potencialmente contaminantes

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha tomado en consideración y solicitado el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto de protección de la atmósfera de Canarias.

Este proyecto de decreto tiene por objeto asegurar la protección de la atmósfera frente al daño producido por actividades potencialmente contaminantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la prevención, vigilancia y reducción de este tipo de polución producida por las instalaciones que las desarrollan.

La finalidad del proyecto es, por tanto, la protección de la atmósfera de las islas, que se constituye como un objetivo básico del Gobierno, conforme a los principios y fines de la normativa internacional, europea y estatal en materia de prevención, vigilancia y reducción de este tipo de acciones nocivas, siendo entendida como un bien común indispensable para la vida pues, todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute, así como la obligación de su conservación.

Como aspecto singular, este proyecto establece referencias en materia de objetivos de calidad del aire por olor, a fin de concretar las obligaciones de prevención y control de las emisiones de los contaminantes que lo provocan.

El Gobierno de Canarias, a nivel jurídico, considera necesario conseguir una adecuada aplicación en el ámbito territorial del archipiélago de la normativa básica del Estado en materia de protección de la atmósfera, en particular, en relación con las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA) contempladas en la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Además, de acuerdo con la Ley 5/2002 del Consejo Consultivo de Canarias, considera preceptivo el dictamen de dicho órgano consultivo, pues se trata de un proyecto de reglamento de desarrollo de normas estatales básicas, concretamente de la Ley 34/2007, Real Decreto 100/2011 y Real Decreto 1042/2017 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedente de las instalaciones de combustión medianas.

El Gobierno aprueba un aumento de crédito para finalizar los trabajos en la balsa de Vicario

El crédito inicial de esa obra en La Palma era de 9.386.263 euros y este acuerdo supone una transferencia de 2.305.452 euros

El Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, un incremento de crédito por importe de 2.305.452 euros para la conclusión del proyecto de inversión de la balsa de Vicario y la conexión hidráulica de La Laguna de Barlovento con el Canal Garafía-Tirajafe, en la isla de La Palma.

En concreto, esta modificación presupuestaria se centrará en la finalización de las obras del sistema hidráulico de la viña, Fase 2-A. Esta actuación forma parte del Convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de actuaciones en materia hídrica en las islas.

Cabe recordar que el crédito inicial para la ejecución de esta obra fundamental para la isla era de 9.386.263,04 euros, correspondientes a las cuentas de la Dirección General de Aguas del Ejecutivo regional.

La utilización de este crédito se justifica por la proximidad de la fecha límite para la finalización del contrato y porque el crédito restante de los proyectos utilizados como cobertura permite iniciar las actuaciones planificadas con cargo a los mismos. Además, se puede disponer de 2.305.452.20 € para esta modificación presupuestaria sin generar una deuda en el presente ejercicio presupuestario.

Las obras proyectadas se componen de una balsa de materiales sueltos y una lámina de impermeabilización interior de PVC, de 1,45 hectómetros cúbicos de capacidad, conectada al canal Garafía-Tijarafe mediante una tubería de gravedad y una impulsión, que la conecta con el sistema hidráulico del Valle de Aridane. Los trabajos se desarrollan en el ámbito de la balsa de Vicario y en el de la conexión Barlovento-Garafía.

Respecto a la conexión hidráulica entre la laguna de Barlovento y el canal Garafía-Tijarafe, se trata de una conducción de más de 13 kilómetros de tubería de acero galvanizado de 250 milímetros de diámetro, a lo que hay que añadirle la valvulería asociada.

El Gobierno aprueba el tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular de El Hierro

Este acuerdo contribuye a cumplir con lo establecido en las directivas europeas y a evitar una posible sanción por no tener actualizados dichos documentos

El Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado definitivamente el tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, que abarca hasta el año 2027.

A través de este acuerdo se da cumplimiento a las directivas europeas relacionadas con este ámbito de gestión, así como a los requerimientos de la Comisión Europea a los efectos de evitar una sanción por no tener actualizados estos documentos.

Este instrumento de gestión se encarga de regular los aspectos jurídicos, técnicos y administrativos vinculados con el ciclo del agua, el dominio público y el patrimonio hidráulico de la citada demarcación.

El vigente Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, segundo ciclo de planificación fue aprobado por Decreto 184/2018, de 26 de diciembre con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Este último ciclo tiene por objeto establecer las medidas para conseguir los objetivos de la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, y concretamente, para las masas de agua y las zonas protegidas, los objetivos ambientales definidos en el artículo 92 bis del Texto Refundido de Ley de Aguas.

Antes de llegar al Consejo de Gobierno, ha sido aprobado provisionalmente por el Cabildo Insular de El Hierro mediante Acuerdo de su Pleno, de 7 de noviembre de 2022. Una vez aprobado, este Plan tendrá la consideración de Plan Territorial Especial y, además, prevalecerá sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes.

El Gobierno aprueba el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de El Hierro

Este acuerdo contribuye a cumplir con lo establecido en las directivas europeas y a evitar una posible sanción por no tener actualizados dichos documentos

El Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado definitivamente el segundo ciclo del Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, que abarca hasta el año 2027.

A través de este acuerdo se da cumplimiento a las directivas europeas relacionadas con este ámbito de gestión, así como a los requerimientos de la Comisión Europea a los efectos de evitar una sanción por no tener actualizados estos documentos.

El Parlamento Europeo, en la Directiva 2000/60/CE, establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Entre sus objetivos, se determina establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, que contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Aunque estos dos importantes fenómenos extremos que se producen con cierta frecuencia en el territorio español no se abordan en profundidad a lo largo de la citada Directiva, uno de ellos (el de las inundaciones) sí ha sido objeto de desarrollo específico mediante la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Esta Directiva de Inundaciones viene a generar nuevos instrumentos a nivel comunitario para reducir las posibles consecuencias de las inundaciones mediante la gestión del riesgo, apoyándose en una cartografía de peligrosidad y riesgo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva, se ha procedido a la revisión y actualización del Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro. Este procedimiento incluye la evaluación preliminar del riesgo de inundación, la elaboración de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y la aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación.

El presente Plan ha sido aprobado provisionalmente por el Cabildo Insular de El Hierro mediante un acuerdo de su pleno.

Desde el punto de vista territorial y urbanístico, los Planes Especiales de Gestión del Riesgo de Inundación merecen la calificación jurídica de “planes sectoriales con impacto sobre el territorio”, de acuerdo con la Disposición Adicional cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Este plan, una vez entre en vigor, tendrá la consideración de Plan Territorial Especial y  prevalecerá sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes.

Sanidad destina 143,7 millones de euros a la adquisición de medicamentos y material de enfermería

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería a contratar un suministro de medicamentos exclusivos, por importe de 118,9 millones, otro de medicamentos genéricos, por 19,5 millones, y material desechable de enfermería, por 5,1 millones

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto total de 143.717.593,51 euros en la adquisición de medicamentos y el aprovisionamiento de material desechable de enfermería, con destino a los centros asistenciales del Servicio Canario de la Salud.

El gasto autorizado se desglosa en tres suministros, de los que el de mayor presupuesto de licitación se corresponde a la contratación, por 118.957.064,66 euros, de medicamentos de uso humano fabricados en exclusividad por empresas farmacéuticas mientras dure la vigencia de las patentes.

Estos medicamentos, que saldrán a licitación en 75 lotes, se indican para el tratamiento de distintas enfermedades, entre las que se incluye la artritis, la dermatitis atópica, distintos tipos de cáncer, virus de inmunodeficiencia adquirida, la profilaxis de la migraña en adultos o el angioderma.

La contratación se realizará mediante el procedimiento de compras centralizadas y la suscripción de acuerdos marco con las empresas suministradoras, por un período de vigencia dos años, prorrogables por otros dos.

Asimismo, el SCS prorrogará por otros dos años los acuerdos marco formalizados en 2021 para el suministro de medicamentos genéricos, por importe de 19.594.421,98 euros, entre los que se que incluyen antibióticos, antifúngicos, antivirales, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores.

A estos dos suministros se añade un tercero, con un gasto autorizado hoy por importe de 5.166.106,87 euros, para la prórroga por un año del sistema dinámico de adquisición para el suministro de material desechable de enfermería.

Este sistema se estableció en junio de 2022 para el suministro de diverso material desechable de enfermería con destino a los centros sanitarios, fecha en la que se declaró la primera admisión de empresas, con un plazo inicial de 12 meses susceptibles de ser prorrogado hasta un máximo de 48 meses.

Sanidad contratará por 6,8 millones el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario Dr. Negrín

El Consejo de Gobierno autorizó el gasto para licitar, por treinta y seis meses, el servicio vigilancia, seguridad y protección, así como el mantenimiento de los sistemas instalados y la participación en situaciones de emergencia

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 25 de mayo, a la Consejería de Sanidad a contratar por 6.811.758,21 euros el servicio de vigilancia, seguridad y protección del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por un periodo de treinta y seis meses, prorrogable por otras doce mensualidades.

La contratación del servicio es imprescindible para la garantizar la actividad y asistencia sanitaria del hospital y tiene por objeto la vigilancia, seguridad y protección de las personas, los establecimientos, bienes y enseres del centro, así como el mantenimiento de los sistemas de vigilancia instalados y la participación en situaciones de emergencia.

El servicio se contratará mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Gobierno restituye con efecto retroactivo el 5% del sueldo al personal de la Fundación Tutelar Canaria

El acuerdo contempla la devolución de las retribuciones a un total de 36 personas que forman parte del personal de la institución social

Además, se acordó la jornada de 35 horas semanales para todo el personal de la Fundación, un total de 111 trabajadores

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la recuperación del cinco por ciento de las retribuciones minoradas al personal de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M. P. (Fucas). La medida afecta a un total de 36 miembros del personal laboral de la institución.

En aplicación de esta autorización se otorga efectos retroactivos al acuerdo, para el personal de la plantilla anterior al 31 de diciembre de 2010, con fecha desde el 1 de enero de 2019, y para el personal contratado desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018, a los que se les aplicó dicha reducción salarial, con efectos desde la fecha de su respectiva contratación laboral.

Este acuerdo se lleva a cabo tras la entrega al patronato por parte de la gerencia de Fucas de un informe sobre el restablecimiento de las retribuciones minoradas y que el órgano aprobó, por unanimidad de los presentes, para el restablecimiento de las retribuciones minoradas.

La minoración del 5% afectó al personal que prestaba sus servicios en la entonces Fundación Canaria Sagrada Familia, actualmente Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, en el ejercicio 2010, siendo un total de 46 trabajadores, de los cuales continuaban prestando servicios para la Fundación en enero de 2019, 20 trabajadores.

Asimismo, esta reducción se aplicó a todo el personal que se fue incorporando a la Fundación a partir de esa fecha y hasta el 1 de enero de 2019, cuando se comenzó a aplicar el XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, de tal forma que afectó a otros 16 trabajadores incorporados en el año 2017 y 2018.

Partiendo de que esta reducción se aplicó de forma errónea a los trabajadores incorporados a la Fundación en fecha posterior al 1 de enero de 2011, se han realizado los cálculos de la devolución desde el inicio de su relación laboral.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno acordó también establecer la jornada de treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo para todo el personal de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, en total, 111 personas trabajadoras.

Aprobado un nuevo modelo de planificación estratégica y dirección por objetivos para la Administración autonómica

El marco legal afianza y mejora las capacidades y bases metodológicas de planificación y gestión basadas en resultados, y potencia la coordinación y coherencia de las políticas públicas orientadas a cumplir con los objetivos y metas de la Agenda Canaria 2030

La norma apuesta por una gestión más transparente, eficiente y eficaz de las políticas del Gobierno

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 25 de mayo de 2023, el decreto que establece el modelo de referencia de planificación y gestión estratégicas y dirección por objetivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos. La nueva norma modifica el Decreto 69/2004, de 25 de mayo, que regula la organización, competencias y funcionamiento de la Comisión de Coordinación y Planificación.

El decreto, promovido conjuntamente por Presidencia del Gobierno y las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, establece el nuevo modelo de referencia de planificación y gestión estratégica y dirección por objetivos (DPO) en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos dependientes y fundaciones públicas. Insta al centro directivo competente a establecer las adaptaciones necesarias para la aplicación de lo establecido en esa norma en el sector público empresarial dependiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (Agenda Canaria 2030) se establece como paraguas estratégico bajo el que debe desarrollarse la acción de gobierno, instando a que los objetivos perseguidos y todos los elementos del Plan Estratégico del Gobierno estén alineados con los principios, misión, visión, valores, retos región, prioridades de actuación, objetivos y metas contemplados en aquella. Todos los proyectos y actuaciones del Gobierno deben buscar maximizar sus impactos positivos y minimizar, cuando no evitar, los impactos negativos.

Al mismo tiempo, el decreto establece que los objetivos del Gobierno y todos los elementos de su Plan Estratégico deben atender al principio de coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible e impulsar respuestas integrales hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental desde una visión estratégica de medio y largo plazo.

Con tal fin, la norma incorpora una disposición final que modifica el Decreto 69/2004, de 25 de mayo (ya reseñado), en la línea de que la Comisión de Coordinación y Planificación, ente colegiado interdepartamental adscrito al órgano superior de la Presidencia del Gobierno, a partir de ahora vele por que haya una alineación con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y, con ello, con el cumplimiento del principio de la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

El sistema de coordinación y dirección se completa con la creación de los comités departamentales de planificación, que deben velar, entre otras funciones, por la adecuada coordinación intradepartamental y el adecuado alineamiento de las propuestas de sus centros directivos para la elaboración del Plan Estratégico Departamental (PED) y de sus respectivos Programas Operativos Anuales (POA) con la Agenda Canaria 2030 y el nivel estratégico departamental y del Gobierno.

Coherencia en los distintos planes

Cada departamento deberá dar traslado de su propuesta de PED a la Comisión de Coordinación y Planificación, que tiene que verificar la coherencia de los distintos planes departamentales entre sí y garantizar que no haya lagunas, redundancias o incompatibilidades entre ellos, para, entre todos, garantizar un correcto grado de ejecución de la Agenda Canaria 2030.

Para el despliegue del nuevo modelo de planificación estratégica y DPO, se cuenta con un soporte automatizado. Toda la información relevante contenida en el Plan Estratégico, en todos sus niveles de desagregación, deberá estar soportada, para su tratamiento automático y acceso descentralizado, por ese sistema informático.

En síntesis, la finalidad de la norma aprobada en el día de hoy por el Consejo de Gobierno es afianzar las capacidades y bases metodológicas de planificación y gestión basadas en resultados, además de facilitar la máxima imbricación de las políticas del futuro Gobierno y de todos los organismos vinculados a esa estructura administrativa con las metas y los objetivos definidos en la Agenda Canaria 2030, con independencia de los eventuales cambios que se produzcan en el Ejecutivo de Canarias y en otras entidades públicas dependientes.

Se trata, por lo tanto, de no entorpecer los plazos y las actuaciones previstas en ese programa canario, dirigido a potenciar la sostenibilidad de forma integral en el archipiélago, a través de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, ya adaptados a la realidad de las islas. Todo ello se hará observando los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y coherencia de las políticas públicas.

El Ejecutivo regula el modelo de gobierno y gestión de datos dentro de la Administración Pública

El valor del dato reside en sus posibilidades de uso y reutilización, por lo que resulta fundamental prever adecuados sistemas de gobernanza, con el fin de asegurar que sean de calidad y su uso dé al sector público medios para adoptar mejores decisiones

Establece un modelo que respeta el principio de igualdad de género y los principios aplicables en materia de protección de datos, en especial los personales

Un gobierno basado en datos supondrá la mejora en la gestión pública y contribuirá a orientar la diversificación económica y propiciar su explotación con fines científicos

Contar con datos precisos, gracias a modelos de gobernanza adecuados, coadyuva al cumplimiento de los principios básicos de transparencia, trazabilidad y de rendición de cuentas inherentes a la propia función pública

Según la Unión Europea, está previsto que en 2025 el volumen global de datos se incremente un 530%, al pasar de 33 zetabytes en 2018 a 175

El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta de los consejeros de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el decreto por el que se regula el modelo de gobierno y gestión de datos para fines administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Para el Ejecutivo canario, los datos deben concebirse como un activo estratégico para la toma de decisiones y el diseño y la transformación de los servicios públicos y la sociedad canaria. Un gobierno basado en datos supone, por un lado, la mejora en la gestión pública y, por otro, contribuir a orientar la diversificación económica y propiciar la explotación de estos con fines científicos.

A su juicio, todas las acciones, medidas y proyectos que permitan transitar de forma progresiva hacia una gestión pública inteligente, fundamentada en la toma de decisiones apoyadas en datos, se deben incluir en un modelo de gobierno del dato.

Este decreto, que establece el modelo de gobierno y gestión de datos para fines administrativos de la Administración Pública de la CAC y sus organismos públicos vinculados o dependientes, respeta el principio de igualdad de género recogido en la normativa vigente y los principios aplicables en materia de protección de datos, en especial de datos personales.

Igualmente, atiende, de forma especial, el cumplimiento de los derechos aplicables de participación y conformación del espacio público, en relación con los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas.

El uso de los datos puede dar al sector público los medios para tomar mejores decisiones, debiendo aprovecharse la oportunidad que presentan para el interés y bien público, social y económico, a través del diseño y despliegue de mejores políticas y servicios públicos basadas en ellos. Además, ofrece enormes posibilidades de impulsar el bien común y la innovación basada en estos datos, en particular, a través de proyectos de reutilización y de compartición legítima de los mismos.

Sin ir más lejos, en 2022 se llevaron a cabo 1.050.216 consultas de datos de identidad; 195.396 de datos de residencia; 62.440 consultas de inscripción de demandantes de empleo; 92.506 consultas de importes de prestación percibida en un periodo; 568.571 consultas de nivela de renta; 195.671 consultas de vida laboral; y 94.767 consultas de estar al corriente de pago a la Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta que, según la Unión Europea, está previsto que en 2025 el volumen global de datos se incremente un 530%, al pasar de 33 zetabytes en 2018 a 175, y el valor economía de los datos ascenderá a 829.000 millones de euros, frente a los 301.000 millones de euros (2,4% del PIB de la UE) en 2018.

El valor de los datos reside en sus posibilidades de uso y reutilización, por lo que resulta fundamental prever adecuados sistemas de gobernanza de datos, a fin de asegurar que estos sean de calidad, y, al tiempo, permitir el adecuado desarrollo de nuevos modelos de intercambio y compartición legítimos entre las administraciones públicas, entre sí, y entre estas y las empresas o personas interesadas a diferente nivel. Siempre con pleno respeto al marco jurídico existente, según la tipología de datos públicos de que se trate.

Sin lugar a duda, el empleo inteligente de los datos por parte del sector público puede traer consigo un evidente efecto transformador en favor de la sociedad y la economía. Este empleo inteligente incluye su tratamiento a través de aplicaciones de inteligencia artificial y de analítica avanzada, entre otras tecnologías disruptivas que pudieran concurrir, ahora o en el futuro, siempre que estas presenten un carácter confiable, legal y ético garantizándose, de esta forma, los derechos básicos de la ciudadanía.

Las estrategias de planificación de las intervenciones públicas (políticas públicas, planes, programas, proyectos, servicios, entre otros) contienen altos niveles de componentes tecnológicos de interacción cotidiana con la ciudadanía. Los gobiernos deben adaptarse a la transformación digital y a las demandas cada vez más crecientes y personalizadas de la ciudadanía para afrontar con éxito los desafíos presentes y futuros.

Por ello, todos, los esfuerzos se deben orientar a la prestación de servicios personalizados, y el diseño de los servicios públicos se hará en función de las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Por tanto, una pieza clave en la necesaria transformación de la gestión pública es contar con una organización o gobernanza de los datos para responder a la demanda de la ciudadanía.

Y es que, hoy en día, son innegables las oportunidades que las tecnologías digitales y el análisis de datos en tiempo real han aportado a los gobiernos. En la actualidad, nos encontramos con la necesidad de pasar de la concepción estricta de los datos abiertos gubernamentales como una política aislada al reconocimiento de su valor como un elemento clave de un sector público basado en datos. Además, contar con los datos precisos, gracias a modelos de gobernanza adecuados, coadyuva en el cumplimiento de los principios básicos de transparencia, trazabilidad y de rendición de cuentas inherentes a la propia función pública.

La reutilización de la información del sector público aporta un potencial económico inmenso, posibilitando la generación de nuevos mercados, sectores, productos y servicios y, con ello, el desarrollo social y económico, y el fomento del empleo. Para extraer todo este potencial, tal y como se indica en el Preámbulo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, es necesario sistematizar, organizar y armonizar la gestión y explotación de esta información. Se prestará especial atención a criterios de confidencialidad, protección, seguridad de los datos y, cuando aplique, anonimización de los datos de carácter personal concernidos.

El decreto contiene trece artículos, repartidos en cuatro capítulos -Primero. Disposiciones de carácter general; Segundo. Organización del Gobierno del dato para fines administrativos; Tercero. Políticas de datos; y Cuarto. Herramientas tecnológicas-, cuatro disposiciones adicionales -Primera. Régimen jurídico del gobierno y análisis de datos del Sistema Estadístico de Canarias; Segunda. Ausencia de impacto presupuestario; Tercera. Formación del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; y Cuarta. Autorización para medidas de ejecución y aplicación- y una disposición final, así como un anexo de definiciones.

El Gobierno de España ha aprobado el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que establece la Estrategia en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales, e impone, entre otros, el siguiente objetivo: “Políticas basada en datos y modernización de la gestión de datos”.

En este mismo sentido, se ha dispuesto la existencia de una Oficina del Dato, Orden ETD/803/2020, de 31 de julio, por la que se crea la División Oficina del Dato y la División de Planificación y Ejecución de Programas en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuyas principales líneas estratégicas son las del diseño, coordinación y seguimiento del modelo de referencia arquitectónico para fomentar la recogida, gestión e intercambio de datos públicos a nivel nacional. Este modelo abarca aspectos de tecnología, estándares, mejores prácticas, gobernanza, codificación, seguridad y privacidad.

El Gobierno aprueba el IPE 2023-2025 de la sociedad pública ASISTA Canarias

El documento identifica las líneas y objetivos estratégicos de la empresa Asistencia Integral Tributaria

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el Instrumento de Planificación Estratégica de la sociedad mercantil pública Asistencia Integral Tributaria (ASISTA Canarias, SA), al objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio mediante la aplicación de tres líneas estratégicas con sus diferentes objetivos.

Se trata de lograr una ejecución eficaz y eficiente los trabajos, asistencias técnicas, consultoría, suministros, servicios, obras y demás actividades que se le encarguen a la sociedad, en su condición de medio propio personificado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las líneas estratégicas consisten en la mejora de los procesos internos; la mejora de los servicios que presta ASISTA Canarias, fundamentalmente la atención tributaria a la ciudadanía y la colaboración en la transformación digital de la Agencia Tributaria Canaria.

Los objetivos alienados con la primera línea estratégica son el establecimiento de un sistema de dirección por objetivos; la optimización; la optimización de la gestión de los recursos humanos y de la gestión económico-financiera; la mejora de los procesos y control del cumplimiento normativo y la mejora de la seguridad de los sistemas de información.

La segunda línea estratégica incorpora la ejecución de los planes de mejora de la atención tributaria y de la comunicación con la ciudadanía, así como de los procesos de notificación y recaudación.

La tercera línea estratégica fija como objetivo la detección de oportunidades de innovación en el ámbito de la Administración pública.

Para el cumplimiento del plan, la empresa debe contar con una plantilla de 145 trabajadores con contrato indefinido; esto es, 26 empleados por encima de la tasa de reposición.