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Acuerdos de gobierno

El Gobierno autoriza recuperar el 5% de rebaja salarial aplicado en 2010 al personal de Promotur

La empresa pública dependiente de la Consejería de Turismo da cumplimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera para restablecer este porcentaje

El Gobierno de Canarias autorizó este jueves en Consejo de Gobierno la recuperación del 5% de las retribuciones que en 2010 se minoraron al personal de la empresa pública Promotur Turismo de Canarias, dependiente de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.

A propuesta de este departamento del Ejecutivo, se solicitó el restablecimiento del salario en todos los conceptos a los empleados de Promotur con efecto retroactivo al 1 de enero de 2019, previa realización del procedimiento de autorización oportuno que establece la Ley de Presupuestos de Canarias y una vez salvaguardado el principio de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero de la empresa.

La sociedad mercantil pública aplicó con efectos retroactivos a agosto de 2010, por imperativo legal, una reducción del 5% en la cuantía de cada uno de los conceptos retributivos a los trabajadores de esta empresa, que se ha venido aplicando hasta la fecha según las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público a través de la modificación de la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2010.

El Gobierno saca a contratación pública los recursos de acogida de menores migrantes

El proceso, por procedimiento abierto, cuenta con una partida de casi 50 millones de euros

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado la autorización del gasto plurianual de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para hacer frente al gasto relativo a la contratación del Servicio de dispositivos específicos de acogimiento residencial de personas menores de edad migrantes no acompañadas que estando en situación legal de desamparo se encuentran bajo la tutela de la dirección general de protección a la infancia y la familia, por un importe que asciende a 49.755.723,60 euros.

El gasto, de carácter plurianual para los años 2023 y 2024, se destinará a la contratación administrativa, mediante procedimiento abierto de adjudicación sujeto a la regulación vigente, de los dispositivos específicos de acogimiento residencial para menores no acompañados.

Para ello la contratación contempla en sus bases la ejecución de los servicios en lotes específicos específicos: El Hierro; Fuerteventura; Tenerife zona metropolitana; Tenerife norte; Tenerife sur; Gran Canaria zona metropolitana; Gran Canaria norte y Gran Canaria sur.

Canarias cuenta con un total de 39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, 22 en Gran Canaria, 13 en Tenerife, 1 en El Hierro y 3 en Fuerteventura, en los que se da acogida y atención a más de 2.100 menores migrantes.

El Gobierno autoriza un gasto de 20,7 millones para modernizar la gestión de la Agencia Tributaria Canaria

El nuevo sistema de gestión de los tributos y los ingresos se financiará con cargo al programa europeo FEDER

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy un gasto plurianual de 20,7 millones de euros para financiar la “adquisición, migración, implantación, puesta en marcha y mantenimiento de un Sistema de Gestión de los Tributos y de los Ingresos” de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).

El acuerdo permitirá la modernización de la Agencia, al tratarse de un sistema de carácter integral que incluye tanto la gestión interna como un gran avance en la comunicación con los contribuyentes a través de la sede electrónica.

El nuevo sistema será financiado con recursos del programa operativo FEDER 2021-2027 y forma parte del plan de transformación digital Agencia Tributaria Canaria 4.0., el cual, se constituye como el objetivo estratégico 3 del contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria para el ejercicio 22-24.

Este contrato pretende satisfacer la necesidad fundamental de impulsar un profundo cambio en el modelo de gestión de la ATC que permita implantar, de forma efectiva, un modelo organizativo íntegramente electrónico y digital, orientado a los contribuyentes, resolviendo las limitaciones existentes en la actualidad para poder desempeñar, con eficacia y eficiencia, las competencias derivadas de la necesaria profundización en el modelo de agencia establecido para la gestión del sistema tributario canario.

En la línea del potencial que las nuevas tecnologías ofrecen en el ámbito de las administraciones tributarias, dicho proyecto pretende optimizar las posibilidades que las nuevas tecnologías presentan, en particular, en el ámbito de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y en la información y asistencia a los contribuyentes, al objeto de convertir al ente en una administración del siglo XXI.

Este plan, que ahora cobra nuevo impulso con la autorización del gasto, constituye uno de los objetivos estratégicos contenidos en el Contrato de Gestión de la ATC aprobado por el Gobierno de Canarias, concretamente el “Objetivo Estratégico 3: Impulsar la transformación digital de la ATC”.

El Gobierno autoriza la ampliación del plazo de ejecución y justificación del FDCAN al Cabildo de Lanzarote

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves la prórroga del plazo de ejecución y justificación de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de 2021 al Cabildo de Lanzarote.

Así, el plazo de aplicación de los fondos correspondientes a la anualidad de 2021 se amplía en tres meses y queda establecido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de octubre, mientras que el plazo de justificación, que vence el 31 de octubre de este año, se prorroga hasta el 15 de noviembre.

Al igual que el resto de los cabildos a los que se les ha concedido la prórroga, la corporación lanzaroteña justifica su solicitud de ampliación en las dificultades de gestión que han tenido en el desarrollo de los proyectos y programas del FDCAN derivadas de la crisis provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania, lo que ha supuesto un retraso en la ejecución y justificación de los fondos utilizados,

El Gobierno lleva varios años ampliando los plazos del FDCAN a los Cabildos para adaptarse al ritmo de ejecución de las corporaciones insulares.

Sanidad firmará un acuerdo de colaboración con la REDECAN para el estudio epidemiológico del cáncer en España

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería a firmar un protocolo de acuerdo con la Red Española de Registros de Cáncer, que agrupa a los registros de tumores de base poblacional e infantiles

El objetivo de la REDECAN es elaborar indicadores epidemiológicos sobre la incidencia, prevalencia y supervivencia del cáncer en España y realizar estudios epidemiológicos de interés mediante la colaboración de las entidades firmantes

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a la suscripción de un protocolo de acuerdo de colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) que permita la gestión conjunta de las bases de datos para la elaboración de indicadores epidemiológicos sobre la incidencia, prevalencia y supervivencia del cáncer en España.

La REDECAN es un órgano cooperativo que agrupa a los registros poblacionales de cáncer existentes en el país, que constituyen la principal fuente de datos del sistema de información y permiten incrementar la vigilancia y control de la enfermedad y promover la realización de proyectos cooperativos de investigación.

En la actualidad, la REDECAN está integrado por los registros poblacionales de cáncer de Asturias, Canarias, Castellón, Castilla y León, Euskadi, Girona, Granada, La Rioja, Mallorca, Murcia, Navarra y Tarragona, el Registro de Tumores Infantiles de la Comunitat Valenciana, el Registro Poblacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid y el RETI.

En el marco de esta Red, y con la finalidad de poder elaborar indicadores epidemiológicos sobre la incidencia, prevalencia y supervivencia del cáncer en España y realizar estudios epidemiológicos de interés, se constituyó una base de datos conjunta (BDC-REDECAN) que fue reconocida el 1 de julio de 2015 como registro de interés para el Sistema Nacional de Salud por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.

En este sentido, el acuerdo de colaboración que se pretende formalizar entre el SCS y la REDECAN tiene la finalidad de poder elaborar indicadores epidemiológicos sobre la incidencia, prevalencia y supervivencia del cáncer en España y realizar estudios epidemiológicos de interés mediante la colaboración de las entidades firmantes.

Con la formalización del protocolo se actualiza, igualmente, la normativa vigente en materia de protección de datos y otra normativa sobre utilización de datos sanitarios con la aplicación del reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sanidad adquiere 335.000 dosis de vacuna contra la gripe y 47.000 dosis de vacuna antineumocócica conjugada

El Consejo de Gobierno autoriza a la Consejería a destinar un presupuesto total de 5.248.200 euros a la contratación de los ambos suministros

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 3.199.000 euros con destino a la adquisición de un suministro de vacunas para la Campaña de Antigripales de 2023 y otro por importe de 2.049.200 euros para contratar un suministro de vacuna antineumocócica conjugada de 20 serotipos, lo que eleva el importe total de la partida presupuestaria autorizada hoy a 5.248.200 euros.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud prevé que para la próxima campaña de vacunación contra el virus estacional de la gripe se necesite administrar 335.000 dosis de vacuna, distribuidas en los siguientes lotes:

-Lote I: 100.000 dosis se vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o análogas, de 15 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la vacuna.

-Lote II: 180.000 dosis de vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecido en cultivos celulares de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o análogas, de 15 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la vacuna.

-Lote III: 30.000 dosis de vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecido en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superficie (H y N), o análogas, de 60 microgramos de hemaglutinina de cada cepa incluida en la vacuna.

-Lote IV: 25.000 dosis de suspensión para pulverización nasal vacuna contra el virus influenza (viva atenuada, nasal) reagrupado en cuatro cepas.

La gripe es una de las enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria y de presentación aguda de mayor incidencia en Canarias. La extrema contagiosidad del virus de la gripe condiciona que cada invierno se produzca una onda epidémica estacional, que tiene importantes implicaciones en determinados grupos poblacionales, como las personas de avanzada edad o con enfermades crónicas, además de en determinados colectivos profesionales.

En este contexto, la prevención de la gripe se basa fundamentalmente en la vacunación, que tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociadas y el impacto de la enfermedad en la comunidad.

Por otro lado, la contratación del suministro de vacuna antineumocócica conjugada de 20 serotipos se realizará por la citada Dirección General de Salud Pública del SCS para adquirir 47.000 dosis destinadas a las estrategias vacunales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno regula el teletrabajo, modalidad que ahora practican un día a la semana 3.250 de sus empleados

Consejo de Gobierno de Canarias

El decreto aprobado este jueves detalla las circunstancias en las que el empleado público puede acogerse a esta modalidad, los requisitos, el procedimiento para hacerlo y los servicios que quedan excluidos, cuestiones que hasta ahora no estaban establecidas

Aparece definida como una prestación que tiene carácter extraordinario, ya que la ordinaria continúa siendo la presencial

Una vez entre en vigor, su aplicación será de forma gradual: un día a la semana durante los seis primeros meses; dos, en el segundo semestre; y tres, a partir del año

Para acogerse a este régimen de trabajo, cuya autorización es reversible, y que pretende mejorar el funcionamiento de la Administración Pública, será preciso disponer de un sistema de objetivos que permita evaluar el rendimiento del empleado que no está presente físicamente

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes. Se trata de una prestación que tiene carácter extraordinario, ya que la ordinaria continúa siendo la presencial, que ahora practican 3.252 empleados públicos.

En el decreto se detallan las circunstancias en que los empleados públicos pueden acogerse a esta modalidad, así como los requisitos –de carácter personal, organizativos o tecnológicos–; el procedimiento para hacerlo y los servicios que quedan excluidos debido a la naturaleza del puesto de trabajo, cuestiones que hasta ahora no estaban establecidas.

Entre otros requisitos, se exige tener los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para el desempeño de la actividad profesional y los conocimientos necesarios sobre los procedimientos de trabajo para no requerir una supervisión directa continua, así como disponer de un lugar desde donde trabajar, con conexión a internet, adaptado a las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales, y desempeñar un puesto de trabajo que sea susceptible de ser desarrollado en la modalidad de trabajo no presencial.

En este sentido, quedan excluidos el personal al servicio de la Administración de Justicia, el personal en centros, servicios y establecimientos educativos y sanitarios del Servicio Canario de Salud, de centros sociosanitarios, el personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria y el de las entidades públicas empresariales.

También se define que una vez entre en vigor el decreto, la aplicación de este régimen de prestación de servicios será gradual. Un día a la semana durante los primeros seis primeros meses; dos días, en el segundo semestre; y tres, a partir del año de aplicación. La consecución de un máximo de tres días da suficiente flexibilidad para que se module el teletrabajo entre el personal y su aplicación escalonada permite planificar y coordinar el proceso de autorización de las solicitudes para teletrabajar entre todo el personal que lo pida.

Para ello, además, será preciso que el puesto de trabajo disponga de un sistema de objetivos e indicadores, o bien de un plan personal de trabajo, elaborado por el responsable de la unidad, que permitan el control y la evaluación del rendimiento del empleado que no esté presente físicamente. Del mismo modo, el domicilio debe disponer de una serie de características, definidas en el decreto, para hacer posible ejercer la labor encomendada.

Según la nueva regulación, la modalidad de teletrabajo es un régimen reversible, la autorización se puede extinguir, cuyo fin no es otro que mejorar el funcionamiento de la Administración Pública –debe facilitar, por ejemplo, el despliegue e implantación del modelo de gestión ordinaria de dirección por objetivos y de transparencia en la rendición de cuentas en la gestión pública–, aunque colateralmente pueda proporcionar otros beneficios. Entre ellos, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, una menor contaminación o la liberación de espacio público en las ciudades.

Se trata de una regulación muy distinta a la que hoy está vigente para esta modalidad de prestación de servicios, que procede de una resolución de la Dirección General de la Función Pública, aprobada tras la pandemia del coronavirus, con el objetivo de recuperar el trabajo presencial, después de superarse las restricciones derivadas de la COVID-19, y por la que ahora mismo están teletrabajando un día a la semana más de 3.250 empleados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una regulación con la que se cumple con lo establecido en la disposición final segunda, adaptación de normas, del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19; el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; y el artículo 24 de la Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19.

El decreto ahora aprobado contiene 23 artículos, repartidos en siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria, dos finales y tres anexos. El Capítulo I define el objeto, ámbito de aplicación, definición y objetivos del teletrabajo; el II, los requisitos; el III, el régimen general de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo; el IV, el procedimiento de autorización de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo; el V, el control del desarrollo del sistema; el VI, el seguimiento y evaluación del sistema; y el VII, el régimen excepcional de prestación obligatoria de servicios en la modalidad de teletrabajo.

La disposición adicional primera se refiere a los puestos de movilidad; la segunda, a la formación; la tercera, a las relaciones de puestos de trabajo; y la cuarta, a la reducción de gastos. La disposición transitoria primera recoge los plazos para la autorización del número máximo de jornadas en modalidad de teletrabajo; la segunda, la extinción de efectos de las autorizaciones concedidas; y la tercera, el plazo de propuesta y resolución de las solicitudes de autorización.

La disposición derogatoria única incluye la derogación de la normativa, mientras la disposición final primera determina la facultad para dictar disposiciones de concreción, actualización o ajuste; y la segunda, la entrada en vigor. En los anexos se puede encontrar, en el I, el modelo de solicitud de prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo; en el II, el modelo de declaración responsable sobre la suficiencia y adecuación de los medios propios; en el III-A, la autorización; y en el III-B, la denegación.

El Gobierno modifica el convenio del FDCAN suscrito con el Cabildo de La Gomera

El acuerdo, adoptado a instancias de las corporación insular, permitirá ampliar los plazos de ejecución y justificación de la anualidad de 2022

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy la modificación de la cláusula relativa a los plazos de ejecución y justificación del convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) suscrito con el Cabildo de La Gomera.

El acuerdo, adoptado a instancias de esta corporación insular, permitirá modificar los plazos de la anualidad del año 2022 para ajustarlos al ritmo de ejecución de los programas por parte de éstas.

En concreto, los plazos de realización y justificación se amplían un año, de modo que quedan fijados hasta el 31 de julio de 2024 y el 31de octubre de 2024, respectivamente.

El Gobierno ha venido modificando en los últimos años los convenios suscritos con los cabildos, a petición de éstos, para permitir la ejecución de los proyectos previstos y evitar que las corporaciones insulares tengan que devolver el dinero del programa.

El Servicio Canario de la Salud emitió en abril 4,5 millones de recetas, con un gasto medio de 11,57 euros

El gasto farmacéutico de las siete áreas de Salud se situó la pasada mensualidad en 53,2 millones de euros

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, 11 de mayo, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a abril de 2023, mensualidad en la que se emitieron 4.562.274 recetas, con un gasto medio de 11,57 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 53.212.192,92 euros.

Por áreas de Salud, Gran Canaria emitió el pasado mes 2.011.397 recetas y Tenerife, 1.919.755, lo que representa el 86,16% del total. Les siguen las de Lanzarote, con 230.886; La Palma, con 181.063; Fuerteventura, con 153.561; La Gomera, con 44.647, y El Hierro, con 20.965 recetas emitidas.

En cuanto al gasto medio por receta, el más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 12,76 euros, y el más bajo en Fuerteventura, con 11,02 euros, si bien el mayor descenso porcentual se registró en El Hierro, del 3,35%, al pasar de 11,62 a 11,23 euros en el período de referencia.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las comunidades autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

Según estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de  abril que se comunicará al Ministerio asciende a 50.914.712,39 euros.

Autorizado el acuerdo colectivo que mejora las condiciones laborales del personal de la Fundación Tutelar Canaria

El pacto contempla el derecho de los trabajadores de la fundación a percibir, en la situaciones de incapacidad temporal, un complemento económico que permita alcanzar el 100% de sus retribuciones

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno el acuerdo colectivo en materia de personal, pactado en la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, sobre el reconocimiento a los trabajadores de la fundación del derecho a percibir, en las situaciones de incapacidad temporal, un complemento económico que permita alcanzar el 100% de sus retribuciones.

El acuerdo colectivo alcanzado en la Fundación Tutelar con fecha 7 de noviembre de 2022 mejora el régimen de las retribuciones en la situación de incapacidad temporal establecido en el convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, ya que reconoce a los trabajadores de la fundación pública el mismo régimen establecido para el personal de las entidades del sector público de presupuesto limitativo.

Este acuerdo resulta más favorable al completar la prestación reconocida por la Seguridad Social hasta el 100% de las retribuciones.