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San Juan de la Rambla y Fuencaliente se suman a la Red Canaria de Gobierno Abierto

Güímar y La Matanza de Acentejo se unen al convenio con la Administración Pública de la CAC para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, y la contratación de personal laboral temporal

El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento hoy de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con corporaciones locales de las islas, durante el cuarto trimestre de 2022.

En dicho periodo, se firmaron dos adendas de adhesión al convenio de cooperación suscrito entre este departamento, los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de San Juan de la Rambla y Fuencaliente.

Este convenio, firmado el 18 de febrero de 2022, permite establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.

La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.

Además, se firmaron otras dos adendas de adhesión al Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal, por parte de los ayuntamientos de Güímar y La Matanza de Acentejo.

Este convenio, suscrito en 2020, permite atender a través de una gestión eficiente las necesidades urgentes en las que cada administración pública se pueda encontrar a la hora de proveer un puesto de trabajo, cuando o bien carece de una lista específica para una determinada especialidad o bien no existe persona candidata susceptible de ser nombrada en un momento determinado.

El artículo 16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias impone la obligación de dar cuenta al Gobierno de Canarias de los convenios de colaboración suscritos con las entidades locales por la Administración de la Comunidad Autónoma, e incluye los convenios de colaboración que impliquen obligaciones de contenido económico y que, en consecuencia, requieran previo acuerdo del Gobierno para su celebración (artículo 16.2 de la citada Ley 14/1990), así como aquellos que no precisan dicha autorización, como es el caso de estas cuatro adendas formalizadas en el cuarto trimestre de 2022.

La asistencia jurídica gratuita recibe subvenciones por más de 7,9 millones de euros en el segundo semestre de 2022

Las ayudas se conceden tanto por las actuaciones como por los gastos de funcionamiento e infraestructuras derivados de esta labor

También se ha concedido una subvención de 80.000 euros al Consejo Canario de Colegios de Procuradores por los gastos generados por el servicio de recepción de notificaciones y traslados de escritos en 2022

El Consejo de Gobierno ha concedido 7.930.239,88 euros, en el segundo semestre de 2022, a los colegios de Abogacía y Procuraduría de las islas, por la prestación de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

En algunos casos, se trata de actuaciones llevadas a cabo en el primer trimestre de 2022, como ha sucedido con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, al que se le han entregado 200.479,49 euros, o en el segundo trimestre de 2022, como ha ocurrido con el Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, que ha recibido, por este concepto, 314.619 euros; el Colegio de Abogados de Lanzarote, 307.391,01 euros; el Colegio de Procuradores de Las Palmas, 298.758 euros; el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, 1.941.531,29 euros; y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 212.348,09 euros.

En otros, por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita del tercer trimestre de 2022. Así, al Colegio de Abogados de Las Palmas se le han otorgado 1.941.531,29 euros; al de Santa Cruz de Tenerife, 1.656.333,79 euros; al Colegio de Abogados de Lanzarote, 374.630,26 euros; y al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 185.598,16 euros. Por el mismo concepto, al Colegio de Procuradores de Las Palmas se le han entregado 242.658 euros; y al de Santa Cruz de Tenerife, 230.010 euros.

Las subvenciones concedidas también incluyen los gastos de funcionamiento e infraestructuras derivados de la asistencia jurídica gratuita. Por tal motivo y correspondientes al año 2022, al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma se le han concedido 82.424,06 euros.

Del mismo modo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado al Consejo de Gobierno de la subvención de 80.000 euros concedida de forma directa por su departamento, durante el cuarto trimestre de 2022, al Consejo Canario de Colegios de Procuradores, por los gastos ocasionados por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos en 2022, un servicio de interés público al favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

El Gobierno autoriza un gasto de 9,3 millones de euros para el servicio de limpieza de la Gerencia de Lanzarote

La contratación se realizará para un período de veinticuatro meses, comprendidos entre las anualidades de 2023 y 2025

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, 1 de febrero, a propuesta de la Consejería de Sanidad, destinar 9.300.664,76 euros a la contratación del servicio de limpieza, desinfección y otros servicios auxiliares de la red de centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

El expediente de contratación tiene por objeto la realización de tareas de limpieza y desinfección de los edificios, instalaciones, recintos, jardines, equipamientos y mobiliario de los centros sanitarios y no sanitarios de la Gerencia, que garanticen las condiciones de salubridad necesarias para su uso por los pacientes, usuarios y trabajadores.

La contratación se realizará para un período de veinticuatro meses, comprendidos entre las anualidades de 2023 y 2025.

Estas cuantías se ajustan a las normas laborales y salariales vigentes y a las nuevas superficies incorporadas a la Gerencia. Realizados los ajustes en el presupuesto de licitación, se ha aprobado hoy por el Gobierno la autorización del gasto por la cuantía de 9,3 millones de euros.

El Gobierno amplía los productos de alimentación animal para la ganadería exentos de IGIC

El Gobierno amplía los productos de alimentación animal para la ganadería exentos de IGIC

El Ejecutivo aprueba un decreto ley que recoge las demandas de uno de los sectores más perjudicados por la inflación

El Consejo de Gobierno de Canarias amplió hoy los productos para la alimentación animal destinados a la ganadería exentos de tributación del IGIC e incluidos en la medida excepcional incorporada en los Presupuestos autonómicos de este año. 

En un decreto ley con diversas medidas de tipo fiscal, el Ejecutivo da respuesta a las demandas planteadas por el sector ganadero, uno de los más perjudicados por la escalada de precios, tras la aprobación de los Presupuestos canarios en los que se omitió algunos de los productos utilizados para la alimentación de los animales.

De este modo, se han incorporado los piensos compuestos y otras materias primas que constituyen insumos en la fabricación de los mismos. Igualmente, se amplía la aplicación del tipo cero a todas las fases del proceso de elaboración y comercio de los productos alimentarios destinados a la ganadería.

Por otra parte, el decreto-ley corrige determinados aspectos puramente formales de las deducciones fiscales del IRPF aprobadas por el Gobierno canario, tras el informe preceptivo emitido por la secretaría del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Tributación Tributaria de la Administración del Estado.

Las observaciones, de carácter técnico, no implican modificación alguna en la cuantía de las deducciones ni en los beneficiarios de las mismas.

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El gasto medio por receta del Servicio Canario de la Salud se situó en diciembre en 11,40 euros

Durante la pasada mensualidad se emitieron 4,7 millones de recetas, el 86,33% en las Áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife

Respecto a diciembre de 2021, el gasto medio por receta descendió un 1,96%

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, 26 de enero, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a diciembre de 2022, mensualidad en la que se emitieron 4.757.599 recetas, con un gasto medio de 11,40 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 54.883.527,02 euros.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria emitió el pasado mes 2.095.260 recetas y Tenerife, 2.012.172, lo que representa el 86,33% del total. Les siguen las de Lanzarote, con 241.091; La Palma, con 185.459; Fuerteventura, con 156.633; La Gomera, con 45.602, y El Hierro, con 21.382.

En cuanto al gasto medio por receta, disminuyó un 1,96% respecto a diciembre de 2021, mes en el que se situó en 11,63 euros. El gasto más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 12,56 euros, y el más bajo en la de Fuerteventura, con 10,94 euros, si bien el mayor descenso porcentual se registró en El Hierro, con una disminución del gasto medio por receta del 5,56%, al pasar de 11,93 a 11,27 euros en el período de referencia.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo a estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de diciembre que se comunicará al Ministerio asciende a 52.312.166,22 euros.

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El Gobierno aprueba el Decreto por el que se establece el currículo de 23 ciclos formativos de grado básico de FP

Esta acción tiene como fin dar cumplimiento a la nueva ley educativa (LOMLOE) y la adaptación de estas enseñanzas a la realidad socioeconómica canaria y a las necesidades de su sector productivo

El Consejo de Gobierno aprobó hoy jueves, 26 de enero, el Decreto por el que se regula y establece el currículo de 23 ciclos formativos de grado básico de Formación Profesional (FP) en el ámbito de Canarias, tras recibir el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias. De estos, 17 se ofertan actualmente en las islas. Esta acción tiene como fin dar cumplimiento a la nueva ley educativa (LOMLOE) y la adaptación de la normativa básica estatal al campo profesional y de trabajo de la realidad socioeconómica canaria y a las necesidades de cualificación del sector productivo en cuanto a la especialización, lo que contribuye a facilitar la inserción laboral y mejorar la proyección profesional.

Dichos ciclos constituyen, junto con Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la Educación Básica, y son de oferta obligatoria y carácter gratuito. La nueva normativa establece que se estructuran en tres ámbitos; el de Comunicación y Ciencias Sociales, el de Ciencias Aplicadas y el Profesional. Todos conducen a la obtención de dos títulos; el de graduado o graduada de ESO y del de técnica o técnico básico en la especialidad correspondiente.

El Decreto establece el currículo de los ciclos formativos de grado básico en Informática de Oficina, Servicios Administrativos, Actividades Agropecuarias, Agrojardinería y Composiciones Florales, Aprovechamientos Forestales, Artes Gráficas, Servicios Comerciales, Reforma y Mantenimiento de Edificios, Electricidad y Electrónica, Fabricación de Elementos Metálicos, Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica, Fabricación y Montaje, Actividades de Panadería y Pastelería, Alojamiento y Lavandería, Cocina y Restauración, Peluquería y Estética, Industrias Alimentarias, Informática y Comunicaciones, Mantenimiento de Viviendas, Carpintería y Mueble, Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, Tapicería y Cortinaje, y Mantenimiento de Vehículos.

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Aprobado el decreto que permite a 10.500 familias acceder a la propiedad de su vivienda protegida en alquiler

El documento ya obtuvo el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias y entrará en vigor cuando se publique en el BOC

El ICAVI inicia en febrero el proceso de convocatorias trimestrales para que las familias que llevan viviendo como inquilinos en una vivienda pública antes de 1996 soliciten la propiedad.

A estos vecinos se les ofrecerá una bonificación del 50% del precio que deberían pagar por sus casas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 19 de enero, de manera definitiva, el decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas.

El documento fue elevado al Consejo de Gobierno tras la aprobación a finales de diciembre del Consejo Consultivo de Canarias, que emitió el dictamen preceptivo favorable al decreto impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Este Decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el BOC, permitirá a las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años acceder a su propiedad en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

El Decreto aprobado hoy es el primero que se pone en marcha por el Gobierno de Canarias en diez años y viene a llenar el vacío y a calmar la incertidumbre ocasionada por anteriores gobiernos en los inquilinos de estas viviendas que querían acceder a su propiedad y no podían desde el año 2013.

El Ejecutivo, mediante este decreto, ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y, del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

El ICAVI, tras la aprobación de hoy y su posterior publicación en el BOC, planifica iniciar a lo largo del mes de febrero la publicación de las distintas convocatorias para que las familias que lo deseen, y cumplan con los requisitos exigidos, soliciten la propiedad de las viviendas en las que viven como inquilinos. Estas convocatorias se publicarán de forma trimestral a lo largo de 2023 hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto. Una vez publicada cada una de estas convocatorias, los vecinos de los grupos incluidos en ellas tendrán hasta un año de plazo para solicitar la propiedad de la vivienda que habitan como inquilinos.

Con la aprobación de hoy, y su próxima entrada en vigor, con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

El Gobierno aprueba y remite al Parlamento el proyecto de ley que modifica la Ley de los Juegos y Apuestas

Consejo de Gobierno de Canarias.

La nueva norma persigue impedir el juego de los menores de edad, de las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y de los colectivos necesitados de especial protección

Revisa también el régimen sancionador en lo que afecta a la presencia de menores en establecimientos de juego y el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias

Prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y que el ente público RTVC emita publicidad que promueva el juego, tanto presencial como ‘online’

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, que será remitido ahora al Parlamento de Canarias para su tramitación reglamentaria por el trámite de urgencia y el procedimiento de lectura única.

La nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego -tanto presencial como online-, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya había presentado al Gobierno, el 22 de abril de 2021, informe y texto articulado del Anteproyecto de Ley. Este, tras quedar enterado, había manifestado su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y había acordado que se continuara con su tramitación. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2022, ya como proyecto de ley, fue tomado en consideración por el Gobierno y remitido al Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen.

Con la nueva ley se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

En dicha resolución se instaba al Gobierno, en el ámbito de su competencia, a regular con eficacia la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a estos la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble, sino también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las máquinas de tabaco. Todo ello con el objetivo de impedir el juego a los menores de edad y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, también llamadas autoprohibidas, o a aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

Además, se exhortaba al Ejecutivo canario a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego, hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a impulsar la creación de una mesa de expertos, junto con un proceso de participación ciudadana, para una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como para la puesta en marcha de suficientes campañas de información, prevención y concienciación en los distintos ámbitos que se estimen necesarios.

En cumplimiento de la citada resolución, el Gobierno de Canarias ya aprobó el Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas hasta el 31 de diciembre de 2020. Tras su promulgación, el Parlamento aprobó la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

La disposición transitoria segunda de esta última ley establece que el Gobierno de Canarias impulsará, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la mencionada resolución, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno de Canarias asume competencias de evaluación ambiental de Yaiza

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos

El Consejo de Gobierno ha aceptado, en su sesión de hoy, la delegación del Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote), en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.

El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

Hasta el momento, se han asumido 24 delegaciones de este tipo, repartidas entre evaluación ambiental estratégica de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos (tanto de ayuntamientos como de cabildos). Se encuentran en trámite otras cuatro delegaciones de corporaciones locales de las islas.

El Gobierno solicita al Consultivo el dictamen sobre el proyecto de ley de las policías locales de Canarias

La nueva norma persigue sustituir la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, para afrontar las competencias asumidas tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial

Es responsable también de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para integrar las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias y remitirlo al Consejo Consultivo de Canarias, para que emita, con carácter de urgencia, su preceptivo dictamen, debido a la cercanía del final de la presente legislatura y para garantizar la aprobación de la ley, en tanto que fija el marco de relaciones entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las islas en materia de seguridad policial.

La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.

Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.

Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.

Esta nueva regulación no sólo es más ambiciosa en cuanto a su ámbito objetivo, sino que, igualmente, pretende incorporar a la normativa autonómica las innovaciones introducidas en la legislación estatal con incidencia en materia de policía local, como la policía de proximidad, el ejercicio de funciones de policía judicial, la posibilidad de asociacionismo municipal para el ejercicio de funciones asignadas a las policías locales o los cambios introducidos en la legislación funcionarial y sobre igualdad de género, atendiendo a las previsiones de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y acogiendo, asimismo, las previsiones de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de Igualdad Social y no Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales.

La nueva ley se estructura en 64 artículos, distribuidos en cuatro títulos -Disposiciones generales, De la Policía Local, Régimen funcionarial de la Policía Local y Competencias Autonómicas en materia de ordenación general y coordinación-, complementados con ocho disposiciones adicionales -Vigilantes municipales, Asociación de municipios para la prestación de servicios de policía local, Funcionarios de las policías locales canarias víctimas de violencia de género, Sistema de información de la Policía Local Canaria, Planes de igualdad, Acceso de personal militar de tropa y marinería, Situaciones de embarazo, puerperio, lactancia y maternidad y Correspondencia entre categorías y empleo-, tres transitorias -Procedimiento de ingreso de provisión de vacantes en tramitación, Expedientes disciplinarios y Comisión de Coordinación de Policía Local de Canarias y la Subcomisión de Participación de las Policía Locales-, una derogatoria y cuatro finales.

La tramitación de esta norma está prevista en el Programa Legislativo del Gobierno de Canarias y en ella se ha venido trabajando desde el principio de esta legislatura, si bien las circunstancias extraordinarias vividas en el área de Seguridad y Emergencias -la pandemia por la covid-19 y la erupción volcánica de La Palma, entre otras- han dificultado su preparación y tramitación anterior, que se ha agilizado y acelerado una vez lograda cierta normalidad.