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El Gobierno autoriza 7,9 millones de euros para suministro de sueros para la red de hospitales y centros del SCS

Consejo de Gobierno de Canarias.

Sanidad suscribirá un acuerdo marco para la contratación centralizada de soluciones hidroelectrolíticas

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves a la Consejería de Sanidad a destinar 7.949.336,48 euros a la contratación centralizada de un suministro de sueros (soluciones hidroelectrolíticas) con destino a la red de centros hospitalarios y centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La contratación se realizará mediante acuerdo marco, procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, con la finalidad de atender las necesidades de este suministro durante un periodo de dos años, prorrogable en otros dos, con un presupuesto máximo de licitación de 7.949.336,48 euros.

El gasto estimado durante los dos años del plazo de ejecución de los contratos por cada hospital se distribuye de la forma siguiente:

  • Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria: 1.551.835,12 euros.
  • Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil: 1.606.217,60 euros.
  • Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín: 1.251.630,42 euros.
  • Hospital Universitario de Canarias: 1.914.200,34 euros.
  • Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote: 485.979,70 euros.
  • Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura: 305.984.08 euros.
  • Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma: 313.353,64 euros.
  • Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera: 41.235,50 euros.
  • Gerencia deServicios Sanitarios de El Hierro: 20.748,18 euros.
  • Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria: 310.102,50 euros.
  • Gerencia de Atención Primaria de Tenerife: 148.049, 40 euros.

El Gobierno asume competencias de evaluación ambiental de Teguise

El acuerdo también transfiere las funciones para esa medición estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística

El Consejo de Gobierno ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Consistorio.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha ley.

El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

La delegación aceptada de este municipio, con una población de 23.411 habitantes, recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.

Hasta el momento, se han asumido 26 delegaciones de este tipo, repartidas entre evaluación ambiental estratégica de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos (tanto de ayuntamientos como de cabildos).

El Gobierno apoya la tramitación de la ampliación de límites de la Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca

De conformidad con la proposición de ley presentada por los parlamentarios Nayra Alemán, Luis Campos, Manuel Marrero y Casimiro Curbelo

El Consejo de Gobierno ha mostrado su conformidad con la tramitación de la Proposición de Ley sobre ampliación de los límites de la Reserva Natural Especial del Malpaís de la Rasca, en el municipio tinerfeño de Arona, presentada por los portavoces parlamentarios Nayra Alemán (Grupo Parlamentario Socialista), Luis Campos (Grupo Parlamentario de Nueva Canarias), Manuel Marrero (Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias) y Casimiro Curbelo (Grupo Parlamentario de ASG).

La Proposición de Ley, apoyada por el Ejecutivo regional, acomete la ampliación de la protección legal como Reserva Natural Especial al conjunto del Malpaís de Rasca. Esta ampliación comprende desde el límite meridional de la Urbanización El Pal-Mar, prolongado por el oeste hasta la costa y siguiendo ésta con rumbo Sur hasta el actual límite de la Reserva en el Caletón de los Goros. A su vez, por el Este, se amplía el límite hasta la carretera TF-66, y siguiendo ésta con rumbo Sureste hasta una pista agrícola que, en dirección Suroeste, enlaza con el límite actual de la Reserva.

El Gobierno autonómico valora esta iniciativa, que ha sido una demanda histórica del Ayuntamiento de Arona, porque trata de primar los valores naturales de un entorno natural único en Canarias y, por ese motivo, es fundamental impulsar su protección por su alto valor ecológico.

La propuesta de ampliación, según la parte expositiva de la Proposición de Ley, concuerda con las determinaciones del Plan Insular de Tenerife y mejora el diseño de la actual Reserva Natural, al incorporar una serie de sectores colindantes con la misma que se caracterizan por poseer altos valores escénicos, paisajísticos, geomorfológicos, ecológicos, florísticos, faunísticos y patrimoniales.

La ampliación integraría, además de áreas poco o nada alteradas por la actividad antrópica, otras que sí han experimentado modificaciones (roturaciones), pero que se encuentran en mayor o menor medida en fase de recuperación ambiental (sucesión ecológica).

Además, la propuesta de ampliación logra una delimitación que integraría las directrices que emanan de la teoría de la biogeografía insular (superficie mayor, con una geometría con una mejor relación área/perímetro y, por ende, con más homeostasis, es decir con mayores garantías en el mantenimiento de los equilibrios ecológicos, así como una más adecuada incorporación de elementos y comunidades biológicas y mejor desarrollo de los procesos ecológicos esenciales), protección de elementos singulares y mantenimiento y ampliación de pasillos y corredores ecológicos.

El Gobierno expresa su consternación por el fallecimiento de Manolo Vieira

El humorista fue Medalla de Oro de Canarias en 2002

El Gobierno de Canarias quiere expresar su dolor y consternación, compartidos con total seguridad por toda la ciudadanía de las islas, por el fallecimiento de Manolo Vieira, uno de nuestros artistas más brillantes y queridos. No pudo culminar la que era su gira de despedida de los escenarios, La última y nos vamos, tras cuatro décadas triunfando dentro y fuera de Canarias.

Medalla de Oro de Canarias en 2002, el humorista nacido en La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) era una persona muy querida por todos los canarios y canarias que le expresaban su afecto en las actuaciones que realizó en los más variados rincones de su tierra. Y era, asimismo, el referente navideño que reunía a todas las familias ante la Televisión Canaria en actuaciones que conseguían extraordinarias audiencias. Se convirtió en un invitado más en cada casa.

Impresionaba su capacidad para captar elementos de la vida cotidiana -en la playa, en un centro de salud, en la guagua o en una celebración familiar- y convertirlas en escenas de humor en el que su público se veía reflejado. Con personajes que hoy, como Canarias, se sienten completamente huérfanos. Sus cuarenta años haciéndonos reír recogen una parte de las historias de los hombres y mujeres del pueblo canario.

En sus espectáculos defendía el uso del español de Canarias, de nuestro dialecto, convirtiéndose en una referencia de la canariedad, ese patrimonio común que estamos obligados a preservar.

Cuando se le otorgó aquella Medalla de Oro de Canarias se señalaba: “Artista de la escena, ha sabido captar y transmitir desde el escenario la forma de ser popular, interpretando con un sistema cercano a la narración oral y haciendo cómplice al público que se ve reflejado en sus parodias”. Destacando, también, que “a través del humor ha establecido una estrecha conexión con la gente que le ha hecho merecedor de la estimación popular y se ha convertido en un punto de referencia de nuestra identidad”.

Hoy el humor y la cultura canaria se encuentran de luto por la muerte de quien tanto hizo por esta tierra y por su identidad. Expresamos nuestro profundo pesar a familiares, amigos y seguidores del artista. Y reiteramos el reconocimiento y agradecimiento por habernos hecho disfrutar tanto.

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El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de tres nuevos cargos en la Consejería de Administraciones Públicas

Ya formaban parte del organigrama del citado departamento, que cuenta con una secretaria general técnica, cuatro viceconsejeros, seis directores generales, la directora del ICAP y la directora de Gabinete del consejero

La nueva viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez, estaba al frente de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios

Su sustituta, Amaya Conde, era la directora del Gabinete del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, mientras que la nueva directora general de la Función Pública, Águeda Márquez, desempeñaba la Subdirección de Selección y Provisión del Empleo Público

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves el nombramiento de Alicia Álvarez como nueva viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia; Águeda Márquez como nueva directora general de la Función Pública; y Amaya Conde como nueva directora general de Modernización y Calidad de los Servicios.

Todas ellas proceden de los distintos centros directivos que conforman la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y formaban parte del equipo directivo de este departamento, integrado por una secretaria general técnica, cuatro viceconsejeros, seis directores generales, la directora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la directora del Gabinete del consejero.

Se trata, por tanto, de cambios internos de la Consejería, que proporcionan continuidad a la labor que desarrolla este departamento, ya que los recién nombrados conocen bien su funcionamiento. Un aspecto que ha resaltado Julio Pérez, quien, además, ha apuntado que se trata de profesionales de larga experiencia y cualificación académica y técnica acreditadas.

Alicia Álvarez, que releva en el puesto a Manuel Martínez, es licenciada en Geografía por la Universidad de La Laguna (1999-2003) y funcionaria de carrera de la Administración de Justicia. Hasta ahora desempeñaba el cargo de directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

La nueva viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos con CEOE Tenerife, Centro Internacional Politécnico y MBA-Escuela de Negocios (2009) y otro en Prevención de Riesgos Laborales, especialidades en Seguridad y Salud, Psicosociología y Ergonomía e Higiene Industrial del Trabajo. Además, ha realizado estudios de doctorado en Ordenación del Territorio, Espacios Naturales y Suelos, en el Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (2004).

Fue directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, entre cuyas funciones realizó la planificación del centro directivo, el diseño presupuestario, la dirección del personal y su coordinación con el sistema estatal (2015-2016).

También fue concejala de gobierno y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde realizó el I Plan Estratégico de Servicios Sociales del municipio y su planificación sectorial de desarrollo (2012-2015). Pertenece al PSOE y es vocal de su Comité Regional en Canarias.

Águeda Márquez, que reemplaza a Montserrat García en la Dirección General de la Función Pública, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y diplomada en Relaciones Laborales. Accedió a la Administración Pública como funcionaria de carrera del Cuerpo de Técnicos de Administración General (rama jurídica), Grupo A, del Cabildo de Tenerife (por oposición libre) y, más tarde, como funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales, Grupo A1, de la Comunidad Autónoma de Canarias (por concurso de méritos).

En el Cabildo de Tenerife, llegó a ocupar la Jefatura de Sección del Servicio de Juventud, Educación y Mujer y, en la Comunidad Autónoma de Canarias, antes de ponerse al frente de la Subdirección de Selección y Provisión de Empleo Público en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (desde 2021 hasta ahora), ha trabajado en la Secretaria Territorial de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y ha desempeñado las labores de jefa del Servicio de Régimen Interior de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes; jefa del Servicio de Justicia Juvenil en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; jefa del Servicio de Valoración y Orientación Dependencia en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; jefa de Servicio de Planificación, Gestión y Administración en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; y jefa del Servicio de Selección y Provisión de Personal Funcionario en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (por concurso de méritos).

Amaya Conde, que sustituye a Alicia Álvarez al frente de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, es licenciada en Bellas Artes, con la especialidad de Restauración en pintura, por la Universidad de Granada (1999); diploma en Restauración de Pintura, por el Gobierno regional de la Toscana (Italia, 2000); Project Management Professional Certification (2019-2022); y máster en Innovación y Transformación Digital por Università Oberta de Catalunya (2023).

La nueva directora general de Modernización y Calidad de los Servicios desempeñaba hasta ahora el cargo de directora del Gabinete del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, puesto al que llegó después de haber estado al frente de la Presidencia del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife (2011-2019) y trabajar como agente de igualdad en la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación (2004-2011).

Ha gestionado el liderazgo de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y ejecutado diferentes proyectos científicos, culturales y de sensibilización medioambiental con administraciones y entidades a nivel local, nacional e internacional. Además, ha coordinado el mecenazgo de congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, y la planificación de las diferentes acciones expositivas, formativas, culturales y de ocio de Museos de Tenerife. Igualmente ha intervenido en la promoción de la divulgación científica facilitando la edición de publicaciones, videoblogs, difusión a través de las redes sociales, cursos, charlas y talleres.

El Consejo de Gobierno aprueba un incremento del gasto en 7,3 millones de euros para sufragar el transporte escolar

Consejo de Gobierno de Canarias.

Este acuerdo tiene como objetivo hacer frente a la revisión del precio de este servicio

El Consejo de Gobierno autorizó hoy miércoles, 1 de febrero, un incremento de 7,3 millones de euros destinados a hacer frente a la revisión de precios con arreglo al Índice Precios al Consumo de 47 contratos de servicio público de transporte escolar del alumnado de centros públicos no universitarios de las islas, que cubren 545 rutas.

En Canarias, en el presente curso escolar existen 1.486 rutas de transporte, lo que supone una inversión anual de más de 50 millones de euros para el Ejecutivo canario.

Este aumento se suma a la modificación del gasto autorizado en julio del año pasado por importe de 48,5 millones de euros para financiar de 2022 a 2025 la prórroga de los contratos de este transporte.

El gasto de los 7,3 millones acordado en esta ocasión se dividirá en tres anualidades. La prevista para este año asciende a 3,4 millones de euros, la de 2024 alcanza los 2,4 millones, y la de 2025 se sitúa por encima de los 1,4 millones de euros.

El transporte escolar es gratuito para el alumnado de centros dependientes de la Consejería de Educación que disfruten de ese servicio, sean o no preferentes. Se considera estudiantado preferente al matriculado en cursos de Primaria y en 1º y 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que vivan en el área de influencia del centro que les corresponde y tengan que recorrer una distancia superior a dos kilómetros para acudir a él.

Esta distancia se incrementa hasta los cinco kilómetros para dar derecho a los alumnos y alumnas de 3º y 4º que no dispongan de una oferta más cercana. También acceden de forma automática al transporte escolar el alumnado con necesidades especiales, escolarizados en centros de Educación Especial, en aulas enclave o en centros ordinarios de las islas.

Por norma general, el resto de los supuestos se considera alumnado no preferente, esto es, solo obtendrán la plaza solicitada si sobran plazas en la guagua de su ruta y siempre de manera excepcional, de forma que si fuera necesario transportar a un o una preferente, perderían el derecho a ese servicio. Entra en este grupo el estudiantado de Bachillerato y de los ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional, entre otros.

El Gobierno impulsa la redacción y tramitación del segundo Plan de Modernización de El Veril

El acuerdo tiene por objeto abordar acciones encaminadas a la rehabilitación del espacio urbano-turístico de este núcleo de San Bartolomé de Tirajana

El Consejo de Gobierno ha acordado asumir la redacción y tramitación del segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana de Gran Canaria.

Esta iniciativa, elevada al Consejo por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y a instancias del citado Ayuntamiento, tiene por objeto responder a la necesidad de abordar acciones encaminadas a la rehabilitación de su espacio urbano-turístico, en el marco ambiental, social y paisajístico.

Con ello se pretende repercutir en una mejor imagen turística al potenciar la creación de nuevos negocios, empleo y la atracción de capital para invertir y reactivar este enclave. También se pretende mejorar la articulación del sistema viario, promover un turismo de calidad con un nivel de sostenibilidad alta y recuperar espacios infrautilizados.

En el ámbito ambiental, se persigue minimizar la incidencia de actuaciones propuestas en el medio ambiente, fomentar las actuaciones que conlleven ahorro o reducción de efectivos del consumo de agua, energía, residuos y demás contaminantes, y fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos.

Para alcanzar los objetivos de este Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de El Veril, que tiene entre sus propósitos la inclusión de un equipamiento estructurante turístico que mejore la oferta existente y configure un referente dentro de las actividades de ocio dentro de la ciudad turística, se proponen tres líneas de actuación concernientes al desarrollo del área libre con equipamiento establecida por el Plan Insular de Gran Canaria, actuaciones en el espacio público y materialización de plazas turísticas derivadas de la ejecución del citado equipamiento estructurante.

Los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMMI) son instrumentos de ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, estableciendo la ordenación completa de su área de intervención, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo si no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

El Gobierno canario asume competencias de evaluación ambiental de Tías

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos

El Consejo de Gobierno, en la reunión celebrada hoy en Gran Canaria, ha aceptado la delegación de competencias del Ayuntamiento de Tías (Lanzarote) para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Consistorio.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.

El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico. Además, introdujo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

En este caso, el Ayuntamiento delega la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar la Administración local.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

Luz verde a una emisión de préstamos apta para la RIC para la construcción de tres plantas de energías renovables

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, declaró en su reunión de este jueves la idoneidad de la emisión de préstamos apta para materializar RIC por parte de la entidad Ecoener Inversiones Naif Sicav PLC al objeto de construir y explotar tres plantas de energías renovables con tecnologías fotovoltaica y eólica, dos de ellas en Gran Canaria y otra en Fuerteventura.

El Ejecutivo, que declara la idoneidad mediante decreto -tal y como prevé la normativa- da luz verde de esta manera a una inversión próxima a los 12 millones de euros.

La Ley económica del REF (Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias) prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo con lo regulado en el propio artículo.

En todo caso, será preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias a efectos de declarar su idoneidad, y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

 

Actualizado el número de instalaciones con riesgo de accidente grave en los que intervengan sustancias peligrosas

Están incluidas en el Anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que determina que en las islas hay 43 establecimientos afectados por este plan especial, a la vez que da de baja diez

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este miércoles aprobar el decreto que actualiza el número de instalaciones incluidas en el Anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias (Risqcan).

El objetivo de este decreto, que cuenta con el informe favorable de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias, reunida el pasado 11 de enero, es actualizar y completar aquellos datos de los establecimientos afectados por el Decreto 73/2021, de 8 de julio, por el que se aprobó el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como hacer constar los datos de aquellos que han dejado de estar afectados por dicha normativa.

Dicha actualización, según consta en el decreto aprobado este miércoles, resulta imprescindible para, a su vez, actualizar y completar los datos de la Base Nacional de Datos sobre Riesgo Químico (Barquin), desarrollada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, con la finalidad principal de servir de herramienta, a todos los órganos competentes en la materia, para conocimiento del riesgo químico en los establecimientos industriales y de seguimiento de las medidas de prevención y control adoptadas de conformidad con la normativa Seveso.

A raíz de esta actualización, en Canarias hay 43 establecimientos incluidos en el Risqcan, de los cuales dos están en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura, dieciséis en Gran Canaria, quince en Tenerife, cuatro en La Palma, uno en La Gomera y otro en El Hierro. Entre otros, forman parte de este listado depósitos de combustible, plantas químicas, centrales térmicas, empresas de pirotecnia y de carburos. Se han dado de baja del Risqcan diez instalaciones, dos de Lanzarote, tres de Gran Canaria, tres de Tenerife, una de La Gomera y otra de El Hierro.

A través de este decreto, el Gobierno también delega en la persona titular de la consejería competente en materia de Protección Civil, hoy en día Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el ejercicio de la competencia para, a partir de ahora, dictar actos administrativos que contengan futuras modificaciones y actualizaciones del mencionado Anexo II del Risqcan.