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El Gobierno autoriza una transferencia de cuatro millones de euros a las universidades públicas canarias

El incremento se repartirá a partes iguales entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna, por lo que cada una recibirá dos millones de euros que destinarán a gastos de inversión, mantenimiento y reposición de las infraestructuras

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, miércoles 7 de diciembre, una transferencia de crédito de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por importe de cuatro millones de euros con la finalidad de que tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria financien gastos de inversión, mantenimiento y reposición de las infraestructuras.

La iniciativa responde a la necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para adecuar los créditos disponibles en el presupuesto, de manera que ambas instituciones puedan hacer frente a inversiones de reposición en infraestructuras, equipamiento e instalaciones, así como de mantenimiento, para lo que cada una solicitó a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes dos millones de euros.

El Gobierno pide al Consultivo el dictamen sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de los Juegos y Apuestas

La nueva norma persigue impedir el juego de los menores de edad, de las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y de los colectivos necesitados de especial protección

Revisa también el régimen sancionador en lo que afecta a la presencia de menores en establecimientos de juego y el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias

Prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y que el ente público RTVC emita publicidad que promueva el juego, tanto presencial como ‘online’

Establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores

El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y remitirlo al Consejo Consultivo de Canarias, para que emita, con carácter de urgencia, su preceptivo dictamen.

La nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego -tanto presencial como online-, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya había presentado al Gobierno, el 22 de abril de 2021, informe y texto articulado del Anteproyecto de Ley. Este, tras quedar enterado, había manifestado su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y había acordado que se continuara con su tramitación.

Con la nueva ley se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

En dicha resolución se instaba al Gobierno, en el ámbito de su competencia, a regular con eficacia la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a estos la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble, sino también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las máquinas de tabaco. Todo ello con el objetivo de impedir el juego a los menores de edad y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, también llamadas autoprohibidas, o a aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

Además, se exhortaba al Ejecutivo canario a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego, hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a impulsar la creación de una mesa de expertos, junto con un proceso de participación ciudadana, para una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como para la puesta en marcha de suficientes campañas de información, prevención y concienciación en los distintos ámbitos que se estimen necesarios.

En cumplimiento de la citada resolución, el Gobierno de Canarias ya aprobó el Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas hasta el 31 de diciembre de 2020. Tras su promulgación, el Parlamento aprobó la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

La disposición transitoria segunda de esta última ley establece que el Gobierno de Canarias impulsará, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la mencionada resolución, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Seguridad y Emergencias gasta 139.178 euros en el incendio forestal registrado en verano en el norte de Tenerife

Las facturas generadas engloban gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino en la extinción entre el 21 y el 27 de julio

Los costes derivados del operativo los asume la administración que en cada momento está llevando a cabo la dirección del plan; en el caso de declararse el nivel 2 deben ser asumidos por la Comunidad Autónoma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno de que el incendio forestal registrado este verano en el norte de Tenerife supuso a la Dirección General de Seguridad y Emergencias unos gastos, tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, de 139.178,90 euros, derivados de las labores de extinción realizadas entre el 21 y el 27 de julio, periodo en el que la Comunidad Autónoma se hizo cargo de la dirección del operativo.

En concreto, Julio Pérez ha dado cuenta de la resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias por la que ser aprueba el abono de las facturas generadas durante las fechas indicadas, que engloban conceptos tales como gastos de viaje, desplazamientos, manutención y alojamiento del personal que intervino -incluidos los miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trasladados a petición de la dirección del operativo-, gastos derivados del traslado de dotaciones materiales, y determinados suministros y servicios necesarios para la extinción del incendio forestal declarado en el norte de Tenerife.

El Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca) establece que la organización y respuesta jerárquica de las labores de extinción y dirección en la lucha contra los incendios que tengan lugar en las islas dependerá de los niveles de gravedad, partiendo de que la competencia de la gestión de la extinción de los incendios forestales en Canarias está transferida a los cabildos, lo cuales disponen de medios humanos y materiales para hacer frente a este tipo de emergencia, y aunque tanto el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado aporten diversos recursos (aéreos, terrestres y de coordinación).

En el caso de llegar al nivel de gravedad 2, aquel que implica la movilización de medios del Estado diferentes a los previstos en el plan, como puede ser la Unidad Militar de Emergencia (UME), o que pueda dar lugar a situaciones de emergencia que deriven hacia el interés autonómico o nacional, la dirección del operativo deja de ser insular y pasa a ser autonómica, que es lo que sucedió en el periodo transcurrido del 21 al 27 de julio de este año con el incendio registrado en el norte de Tenerife.

Los costes derivados de la extinción los asume la administración que en cada momento esté al cargo de la dirección del plan, siendo el Gobierno de Canarias, en la persona del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por ser el que tiene las competencias en protección civil y atención de emergencias, quien la lleva en el nivel 2.

Desde el día 21, en el que se declara el nivel de gravedad 2, hasta el día 27, fecha en se pasó a nivel 1, se tuvieron que contratar con carácter de emergencia diversos servicios y suministros, y se toma la decisión de desplazar a diverso personal que colabora en las tareas de extinción y que cuenta con el apoyo de personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencia (Grupo de Emergencias y Salvamento y Cuerpo General de la Policía Canaria), así como de empleados públicos pertenecientes a otras administraciones.

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El Gobierno amplía en 100 plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria

El vigente hasta ahora, aprobado mediante el Decreto 108/2021, de 11 de noviembre, constaba de 376 efectivos

El incremento supone 84 policías, doce oficiales, dos subinspectores y dos inspectores más de la Unidad de Recursos Operativos (URO)

Esta medida pretende facilitar el despliegue del cuerpo por todas las islas y está justificada por lo dispuesto en la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de decreto por el que se amplía en cien plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), que pasa a tener 476 efectivos, en concreto, 84 policías, 12 oficiales, dos subinspectores y dos inspectores más de la Unidad de Recursos Operativos (URO).

Esta ampliación, con la que se pretende facilitar el despliegue del CGPC por todas las islas, está justificada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, y con el artículo 6 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y el artículo 3, apartado f, de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, que establece que el Gobierno de Canarias tiene competencia respecto al CGPC para la aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, previo informe del Consejo de Política de Seguridad.

Una vez aprobado el proyecto de decreto, el catálogo de puestos de trabajo de CGPC queda constituido por un comisario jefe, designado por el procedimiento de libre nombramiento con convocatoria pública, pudiendo ser removido libremente; dos comisarios principales, que accederán a este empleo por concurso de méritos entre los comisarios del CGPC, los mandos equivalentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; un comisario de la Brigada Móvil (Brimo), que será provisto por concurso específico, y tres comisarios de la Unidad de Recursos Operativos (URO), que alcanzarán este cargo por concurso entre los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subcomisarios, tengan un mínimo de dos años de antigüedad en dicho empleo, no hayan sido sancionados por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada la sanción, y cuenten con la titulación exigible.

Además, el catálogo prevé dos subcomisarios de la Brimo y ocho subcomisarios de la URO, los primeros por concurso específico y los segundos por concurso oposición libre, con reserva de hasta el 50% de las plazas para los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de inspector y cumplan las condiciones antes citadas para los comisarios; dos inspectores de la Brimo y diez de la URO, con acceso por concurso específico y de méritos, respectivamente, entre los funcionarios del CGPC que se encuentren en la situación de servicio activo en el empleo de subinspector y reúnan los requisitos ya detallados, y cuatro subinspectores de la Brimo y dieciocho de la URO, elegidos bajo el mismo procedimiento que los inspectores, salvo que saldrán de aquellos que tengan el empleo de oficial.

Precisamente, el catálogo incluye ocho oficiales de la Brimo y cuarenta de la URO, designados mediante concurso específico y concurso-oposición de entre los policías con al menos dos años de antigüedad, que no hubieran sido objeto de sanción firme por la comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya sido cancelada; y sesenta policías de la Brimo y 317 de la URO, que accederán por concurso específico y oposición libre, respectivamente.

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El Gobierno inicia la última fase para la aprobación del currículo de 23 ciclos formativos de grado básico de FP

El Ejecutivo autonómico solicita con carácter urgente el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre este proyecto de decreto

El Consejo de Gobierno tomó en consideración hoy, miércoles 7 de diciembre, a iniciativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el proyecto de decreto por el que se regula y establece el currículo de 23 ciclos formativos de grado básico de Formación Profesional (FP) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, acordó solicitar con carácter urgente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre esta futura norma.

Los ciclos formativos de grado básico constituyen, junto con Primaria y Educación Superior Obligatoria (ESO), la Educación Básica. Son de oferta obligatoria y carácter gratuito. Constan del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, ámbito de Ciencias Aplicadas y ámbito Profesional, y conducen a la obtención del título de graduado o graduada de ESO y el título de técnica o técnico básico en la especialidad correspondiente. Cabe recordar que estos 23 ciclos formativos se suman a los currículos de la FP ya existentes.

En concreto, el borrador de esta normativa abarca el currículo de los ámbitos comunes de Comunicación y Ciencias Sociales, y Ciencias Aplicadas, así como el currículo del ámbito profesional de los 23 ciclos formativos de grado básico en Informática de Oficina, Servicios Administrativos, Actividades Agropecuarias, Agrojardinería y Composiciones Florales, Aprovechamientos Forestales, Artes Gráficas, Servicios Comerciales, Reforma y Mantenimiento de Edificios, Electricidad y Electrónica, Fabricación de Elementos Metálicos, Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica, Fabricación y Montaje, Actividades de Panadería y Pastelería, Alojamiento y Lavandería, Cocina y Restauración, Peluquería y Estética, Industrias Alimentarias, Informática y Comunicaciones, Mantenimiento de Viviendas, Carpintería y Mueble, Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, Tapicería y Cortinaje, y Mantenimiento de Vehículos.

El futuro decreto será de aplicación en los centros educativos, públicos y privados, que impartan dichos ciclos en el archipiélago, los cuales se dirigen preferentemente al alumnado que presenta mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de la ESO en un entorno vinculado al mundo profesional. Su duración será de 2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. El primer curso de los ciclos formativos de grado básico se ha implantado en 2022-2023, y el segundo, se impartirá en el 2023-2024.

Acerca de la futura norma

Estos currículos están en consonancia con la Agenda Canaria 2030 ya que procuran que el alumnado que cursa estos ciclos formativos pueda adquirir las competencias necesarias para desarrollar una vida plena, la eliminación de la segregación escolar y las desigualdades en el ámbito educativo, a la vez que propiciar la igualdad de oportunidades permitiendo que todas las personas puedan desarrollar su potencial, talento, personalidad y capacidades.

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática y pacífica, y permitir su progresión en el sistema educativo, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.

El Gobierno destina 150.000 euros a una campaña de promoción de la sostenibilidad y la industria 4.0

La iniciativa busca la adaptación de los recursos humanos de las empresas industriales al cambio tecnológico e impulsar de forma paralela la sensibilización sobre los procesos sostenibles

El Gobierno de Canarias aprobó hoy en Consejo, a propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, la declaración de razones de coyuntura para la ampliación de crédito con la finalidad de dotar de presupuesto la Campaña de Promoción de la Sostenibilidad y la Industria 4.0, por importe de 150.000 euros.

Se trata de un proyecto promovido por la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) al que la Consejería ha considerado conveniente apoyar, dado que se enmarca dentro de los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, EDIC 2022-2027, en la que se sustenta la política industrial que se desarrolla desde el Gobierno.

Esta campaña de promoción de la sostenibilidad y la industria 4.0 en el sector industrial tiene como objetivo la adaptación de los recursos humanos de las empresas industriales al cambio tecnológico, para que se impulse de forma paralela la información y sensibilización sobre sostenibilidad en las industrias canarias, dando respuesta y apoyo a las necesidades y retos del sector.

En esa línea, el Ejecutivo de Canarias ha considerado que la iniciativa, que irá dirigida a las industrias locales de cualquier tamaño y subsector industrial, tiene un fin claro de mejora la capacitación de las industrias para su transición digital y ecológica, por lo que ha considerado oportuno apoyar la realización de acción a través de la patronal Asinca.

El Gobierno argumenta que con la EDIC se pretende impulsar un cambio positivo y relevante en el papel de la industria en el modelo de desarrollo de Canarias, dotando para ello de recursos y capacidades para dinamizar procesos de consolidación del tejido industrial actual y de creación de nuevas empresas, bajo los principios de la sostenibilidad y la resiliencia. Con estos elementos, cumple el proyecto a subvencionar hoy aprobado.

El Gobierno destina 5,1 millones al programa de atención a menores y familias en situación de conflicto social

El programa, gestionado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, interviene con la población menor de edad y sus familias en situación de conflicto social y posible desprotección

El Consejo del Gobierno ha autorizado hoy, miércoles 7 de diciembre, el gasto destinado al servicio de atención a jóvenes, menores de edad, en situación de conflicto social y posible situación de desprotección por un montante de 5.124.798 euros.

El programa, gestionado por la Dirección General de Protección a la Infancia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, tiene como objeto el desarrollo de un conjunto de acciones dirigidas a la prevención y a la atención en situaciones de riesgo que garanticen el amparo y protección de las personas menores.

De esta forma, el programa está dirigido a la atención y el trabajo con la población menor y juvenil y sus familias, cuya problemática esté centrada en conflictos convivenciales, interviniendo con ella y su entorno social y familiar a través de la parentalidad positiva,
orientado a la estabilidad personal, sin prejuicio de que pueda proponerse la adopción de medidas protectoras.

El Gobierno aprueba dos OEP de la Administración General para 2022 que suman 1.286 plazas

El Gobierno aprueba dos OEP de la Administración General para 2022 que suman 1.286 plazas

La primera, denominada ordinaria, comprende un total de 503 plazas, de las que 377 corresponden al sistema general de acceso libre y 126 al acceso mediante promoción interna. Con esta OEP se cubre la práctica totalidad de las plazas vacante de funcionarios de carrera

La segunda, calificada de adicional, asciende a 783 plazas y está dirigida a puestos a proveer por personal laboral, que no habían sido objeto de oferta alguna desde 1997

Además, el Ejecutivo canario modifica la oferta de empleo público de 2020 para sumar 21 plazas más de promoción interna, resultando 99 plazas, en lugar de 78, y un cómputo global de 394, en vez de 373, al no variar las 295 de ingreso libre

En el año 2022 se han aprobado otras dos OEP extraordinarias correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma, para reducir la temporalidad del empleo público, en las que se ofertaron 3.499 plazas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tres proyectos de decreto por los que se aprueban dos ofertas de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, la segunda de ellas adicional (puestos a proveer por personal laboral), y se modifica el decreto por el que se aprobó la OEP para el año 2020.

Entre las dos OEP de la Administración General para el año 2022 se ofertan 1.286 plazas. La primera, denominada ordinaria, comprende un total de 503 plazas, de las que 377 corresponden al sistema general de acceso libre y 126 al acceso mediante promoción interna. La segunda, calificada como adicional, asciende a 783 plazas.

El tercer decreto, que modifica la OEP de 2020, suma 21 plazas más de promoción interna, ofertando 99 plazas, en lugar de 78, y un cómputo global de 394, en vez de 373, al no variar las 295 de ingreso libre.

Con la aprobación de los dos primeros decretos, en el año 2022 se han tramitado un total de cuatro OEP correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dos de ellas extraordinarias, en las que se han ofertado un total de 3.499 plazas, en virtud de los estipulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público.

Distribución plazas

La tercera, la OEP ordinaria, culmina el esfuerzo realizado en estos últimos años por parte de la Dirección General de Función Pública al objeto de dar cobertura definitiva a la práctica totalidad de puestos adscritos al Grupo A (subgrupo A1 y A2) de la Administración General ante el déficit de personal adscrito a cuerpos generales y facultativos de titulación superior.

Las 377 plazas que corresponden al sistema general de acceso libre incluyen, del subgrupo A1, dos titulados sanitarios especializados en Veterinaria de Administración Sanitaria; cuatro técnicos facultativos superiores especializados en Economía (1), Geografía (1) y Tecnologías de la Información (2); tres inspectores médicos; y tres profesores numerarios de FP Marítimo-Pesquera especializados en Electricidad del Buque y Electrónica Naval (1), Inglés Náutico (1) y Seguridad del Buque y en el Trabajo a Bordo (1).

Del subgrupo A2, dos archiveros ayudantes; cuatro bibliotecarios ayudantes; doce arquitectos o ingenieros técnicos especializados en Ingeniería Técnica Agrícola (7), Ingeniería Técnica de Obras Públicas (4) y Telecomunicaciones (1); siete técnicos facultativos de grado medio especializados en Tecnologías de la Información (3) y Trabajo Social (4); y un maestro de taller de FP Marítimo-Pesquera especializado en Maniobra y Navegación (1). Del subgrupo C1, 85 del cuerpo de administrativo, y del C2, 244 del cuerpo de auxiliare.

Las 126 del acceso mediante promoción interna corresponden a 96 del subgrupo C1, cuerpo administrativo, y 30 del subgrupo C2, cuerpo auxiliar.

Una vez ejecutada la OEP de 2022, la práctica totalidad de los puestos vacantes del Grupo A se verán cubiertos por personal funcionario de carrera y se culmina la cobertura de la práctica totalidad que a día de hoy figuran vacantes para personal funcionario. De esta forma, las OEP que se aprueben en los años siguientes se limitarán a cubrir los puestos que el personal funcionario deje vacante cada año.

La cuarta OEP de este año, la adicional para puestos de personal laboral, era una asignatura pendiente de la Administración, pues la última acción que se realizó en este ámbito fue el Plan de Empleo Operativo sobre la provisión definitiva de plazas vacantes reservadas al personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 1997.

Con el decreto ahora aprobado se pretende articular la selección del personal fijo que haya de cubrir la totalidad de puestos de trabajo de carácter estructural que en el momento actual, y excluidos aquellos ya incluidos en las ofertas extraordinarias de empleo público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de la Administración autonómica canaria (sector de Administración General), se encuentren ocupados por personal laboral temporal contratado para la cobertura de tales puestos en tanto se sustancian los correspondientes procesos selectivos para su provisión por personal laboral fijo.

Las 783 plazas que comprende esta oferta de empleo público incluyen 14 del Grupo 1, psicólogo (6) y titulado superior (8); 51 del Grupo II, asistente social (9), ayudante de archivo o biblioteca (3), director (9), educador (14), logopeda (1), técnico grado medio (4), titulado medio (10) y analista informático (1); 29 del Grupo III, analista de campo (2), analista de laboratorio (1), ayudante archivo o biblioteca (1), educador infantil (19), operador social (1), administrativo (2), auxiliar autopsias (2) y oficial II administrativo (1); 444 del Grupo IV, cocinero (49), cocinero I (1), conductor (2), conductor subalterno (1), contramaestre de buque (1), cuidador (33), mantenimiento guarda (33), mantenimiento vigilancia (3), oficial I (2), oficios varios (1), auxiliar administrativo (66), auxiliar laboratorio (2), auxiliar de servicios complementarios (247) y jardinero (3); 245 del Grupo V, auxiliar asistencia (1), auxiliar cocina (1), ayudante cocina (88), ayudante mantenimiento (3), camarero o limpiador (24), conserje (3), marinero (1), oficial II (1), servicio doméstico (15), guarda (1), lavandería lencería (2), limpiador (9), ordenanza (11), peón agrario (11), peón boyero (1), sereno (1), subalterno (71) y vigilante nocturno (1).

En cuanto a la modificación de la OEP del año 2020 en lo referente a la promoción interna, se cumple con la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se señala que el cálculo del porcentaje relativo a la reserva de promoción interna debe hacerse sobre el número total de plazas y no solamente sobre las de turno libre.

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El Gobierno aprueba la concesión de 7,7 millones para la ganadería con destino a paliar los efectos de la guerra

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca otorga subvenciones a empresas y autónomos titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícola y avícola afectadas por la consecuencias de la invasión rusa de Ucrania

Las instalaciones ubicadas en El Hierro, La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura contarán con un complemento del 16%, mientras que en el caso de las gestionadas por mujeres o jóvenes será del 5%

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, 1 de diciembre, el decreto ley por el que se regulan las ayudas directas extraordinarias por un importe de 7,7 millones de euros destinadas a los ganaderos del archipiélago con el objetivo de paliar la difícil situación que atraviesa el sector por las consecuencias económicas derivadas de invasión de Rusia en Ucrania.

Esta subvención, gestionadas a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que dirige Alicia Vanoostende, contarán con un importe máximo de 62.000 euros por beneficiario, aunque podrá aumentarse a 250.000 euros si se modificase el marco regulatorio nacional para adaptarlo al marco europeo, o hasta el límite que indique el marco nacional que resulte de aplicación en el momento de la concesión.

Esta línea de subvenciones directas se otorga debido a los efectos negativos que ha provocado la invasión a Ucrania en el sector primario y, más concretamente, en la ganadería. El incremento de los precios de las materias primas para la alimentación animal, así como el aumento del coste de la energía y los combustibles ha agravado la situación de los profesionales del sector, además de dejar un marco de incertidumbre sobre su futuro. A ello se une las características específicas de las islas que, por su situación de insularidad y lejanía, cuentan con una mayor dependencia de insumos externos, con un sobrecoste asociado al transporte.

En este sentido, los productores del sector ganadero tienen, además, grandes dificultades para trasladar este incremento de los costes a lo largo de la cadena, lo que provoca que los márgenes de beneficios se vean perjudicados, haciendo peligrar su mantenimiento.

Las explotaciones ubicadas en El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote contarán con un importe complementario del 16%, debido a su doble insularidad. También se otorgará un incremento del 5% en las ayudas a explotaciones cuya titular sea una mujer, para seguir avanzando en políticas de igualdad, o una persona joven (menor de 41 años), ya que la situación de crisis actual afecta más considerablemente a quienes están iniciando una actividad empresarial.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas directas las empresas o autónomos activos que sean titulares de explotaciones ganaderas de caprino, ovino, porcino, vacuno, cunícola y avícola inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias y que cuenten con el censo actualizado según la normativa vigente. Además, deberán contar con, al menos, cinco unidades de ganado mayor, además del domicilio social en España o que operen en el territorio nacional a través de establecimientos permanentes radicados en el país y que se hayan visto afectados por la invasión de Ucrania.

Dichas ayudas podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2023 y serán compatibles con cualquier otra destinada a la misma finalidad que provenga de otros entes públicos o privados.

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El Gobierno destina ayudas por 12,4 millones para el sector primario palmero afectado por el volcán

El Gobierno destina ayudas por 12,4 millones para el sector primario palmero afectado por el volcán

De estos fondos, 9,5 millones están destinados a los plataneros del Valle de Aridane, mientras que 2,9 millones tienen el objetivo de cubrir a los titulares de explotaciones diferentes al cultivo de plátano, como tropicales y subtropicales, vid, próteas o hortalizas, además de las explotaciones ganaderas

El Consejo de Gobierno, aprobó hoy, jueves 1 de diciembre, ayudas por importe de 12,4 millones para la recuperación del sector primario afectado por las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

De estos fondos, 9,5 millones están destinados a los plataneros del Valle de Aridane, mientras que 2,9 millones tienen el objetivo de cubrir a los titulares de explotaciones diferentes al cultivo de plátano como tropicales y subtropicales, vid, próteas o hortalizas, además de las explotaciones ganaderas dañadas por el volcán.

La erupción acontecida el pasado día 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cumbre Vieja, en el municipio de El Paso, ha generado serios efectos devastadores tanto en las zonas afectadas como en la isla en general, principalmente en las localidades de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, arrasando diversidad de cultivos y explotaciones agrarias, y dejando sin ingresos a gran parte de la población palmera.

Conforme a los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, el sector más afectado es el agrícola y dentro de este, el cultivo de la platanera, dado que es el que ocupa mayor superficie cultivada. En este cultivo existe un riesgo potencial de daños en función de varios escenarios que son compatibles.

Entre estos ejemplos destacan las parcelas de platanera total o parcialmente sepultadas bajo la lava, parcelas que se marchitan a causa de la falta de riego por destrucción de las redes existentes por la erupción, pérdidas de producción y pérdidas indirectas. El resto de cultivos afectados, como pueden ser explotaciones de tropicales y subtropicales, vid, próteas y hortalizas, también han visto mermada sus rentas.

A tenor de lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la tramitación de ayudas de manera inmediata para paliar las excepcionales e irreversibles pérdidas de renta que está sufriendo el sector del plátano de la isla de La Palma como consecuencia de esta catástrofe natural.

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