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El Gobierno informa favorablemente los aspectos del REF afectados por el impuesto a las grandes fortunas

El Gobierno informa favorablemente los aspectos del REF afectados por el impuesto a las grandes fortunas
                         Imagen de archivo de una reunión del Consejo de Gobierno de Canarias

El Ejecutivo no realiza objeciones sobre la afección de la proposición de ley al REF en relación con las tasas de la ZEC y los incentivos cinematográficos

El Consejo también informa de manera favorable a la medida estatal sobre la gratuidad del transporte público en guagua y tranvía para 2023

El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido con carácter extraordinario, informó hoy, miércoles 30 de noviembre de 2022, favorablemente los aspectos del REF afectados por la proposición de ley que se tramita en el Congreso de los Diputados para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias.

El informe del Ejecutivo obedece a la petición formulada en tal sentido por el Parlamento de Canarias a la vista de los cambios que produciría la norma en la Ley19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) en las tasas de la ZEC y los incentivos cinematográficos.

En relación con este último asunto, se incrementan los límites de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales españolas y extranjeras, de modo que el importe máximo de deducción pasa de 10 millones de euros a 20 millones. La proposición añade que, en el caso de series audiovisuales, la deducción se determinará por episodio y el límite a que se refiere el párrafo anterior será de 10 millones de euros por cada episodio producido.

En Canarias, conforme a la Ley del REF, los límites máximos de deducción que ahora se incrementan a nivel estatal serán en el Archipiélago superiores en un 80% a los del régimen general, por lo que, de forma automática para las producciones realizadas en Canarias, tanto el productor, como el financiador, verán incrementarse su límite de deducción de 18 millones a 36 millones de euros. Esta circunstancia es respetuosa con los parámetros del REF.

Sobre este mismo asunto, el informe del Gobierno también señala que la nueva norma clarifica la propia Ley del Impuesto de Sociedades; de este modo, se permite la aplicación de la deducción por el contribuyente que financia los costes de la producción en cualquier fase de la misma, con carácter previo o posterior al momento en que el productor incurra en los costes de producción. Hasta ahora esa deducción se limitaba al año en el que se aportaba la financiación.

Además, para dar cobertura a las producciones en curso, se le da efectos retroactivos desde el ejercicio 2021.

Por otro lado, la proposición de Ley modifica el artículo 50, que regula las tasas aplicables a las entidades de la Zona Especial Canaria, y se añade una disposición transitoria novena regulando el régimen transitorio de las tasas aplicables a las entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC) para los años 2022 y 2023.

El parecer favorable del Gobierno en este caso se sustancia en que el propio Consejo Rector de la ZEC ya había solicitado en julio de 2022 una modificación en idéntico sentido a la recogida en la proposición: se sustituye el hecho imponible y la configuración de la tasa reconduciéndolo a una tasa de gestión de la solicitud de autorización, con independencia del resultado del procedimiento; asimismo se incrementa el importe de dicha tasa para los años 2024 y 2025.

Informe favorable a la gratuidad del transporte público en guagua y tranvía

En la misma sesión del Consejo extraordinario, también se emitió informe favorable a los cambios relacionados con la gratuidad del transporte público regular en guagua y tranvía para el año 2023, una medida que se recogerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. El informe del Gobierno de Canarias recoge que esa gratuidad del transporte “da cumplimiento al artículo 8 de la Ley 19/1994, de bases económicas del REF, y por ello se informa de manera favorable la disposición adicional” de la futura ley estatal que da cobertura jurídica a esa medida.

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Declaración institucional con motivo del 25N,Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Consejo de Gobierno de Canarias.

Este año la violencia de género se ha llevado por delante la vida de tres mujeres en Canarias: Dácil, Clotilde y Abigail. Con ellas, ya son 101 feminicidios en nuestras islas desde que en 2003 se iniciara el recuento con la aprobación de la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma canaria.

Un recuento que pesa y nos avergüenza como sociedad del siglo XXI. Junto con ellas, otras muchas mujeres, sobreviven cada día a miles de violencias machistas que las vulneran, apartan, humillan y desplazan de la vida, y lo más grave es que, en la gran mayoría de los casos, no las vemos.

Este día, como cada año, Canarias se lo dedica en primer lugar a ellas, a las que ya no están, a sus familias y amistades, pero también a las que siguen y no encuentran la ayuda necesaria para abandonar la violencia que las anula.

Este año, de manera especial, queremos denunciar la violencia de género silenciada de nuestras mayores. Mujeres que durante años y años han postergado su bienestar físico y psíquico al de su familia, mujeres que han crecido en un mundo que solo giraba en torno a la comodidad, felicidad y proyección de los hombres, mujeres a quienes se les vetó la posibilidad de denunciar los malos tratos e incluso se sintieron, y se sienten, culpables y avergonzadas por vivirlos.

Trabajadoras que no pudieron, ni pueden, abandonar su hogar porque un hombre no les ha permitido ni permite ser independientes económicamente, porque no querían sentir que su familia fuera señalada y ellas, revictimizadas por una sociedad que había crecido sobre unos valores confusos.

La violencia de género en las mujeres mayores se nombra cuando nos conmueve y nos sorprende, el clamor social, cuando ya no hay vuelta atrás. La violencia de género no tiene edad. Una de las tres mujeres asesinadas en Canarias en este año, Clotilde, tenía 82 años. Durante el año pasado, Josefina, 85 años, y Josefa, 82 años.

Ellas ya no están, y lo más probable es que antes de ser asesinadas, sus maltratadores las sometieran durante décadas a múltiples violencias ante la inacción y la ceguera de su alrededor.

Hicieron todo lo que esperábamos de ellas, y más, y les hemos fallado, como sociedad, como institución.

La erradicación de la violencia contra las mujeres es un trabajo prioritario en este Gobierno feminista; por ello, seguimos mejorando y ampliando los sistemas de protección y muy especialmente los de prevención, con la educación como pilar del cambio, poniendo el foco en los aspectos socio-afectivos, una carencia que ha generado un resurgir de la misoginia y el antifeminismo en hombres que, de manera equivocada, se sienten amenazados por el avance de la igualdad.

Es tiempo de vivir, dejemos atrás las sombras es el lema con el que este año el Gobierno de Canarias, en alianza con los siete cabildos insulares, quiere posicionarse con nuestras mayores y mirar hacia adelante.

Es tiempo de vivir, es tiempo de salir de las sombras, es tiempo de posicionarse y crear red social y administrativa que escuche, proteja, prevenga y no perpetúe las violencias contra nuestras mayores.

El Gobierno autoriza una subvención de 300.000 euros para el Festival Canarias Jazz & Más 2022

La cita cumplió 31 años y llevó hasta 26 espacios de las ocho islas más de 60 conciertos entre el 1 y el 24 de julio de 2022

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, jueves 24 de noviembre, la concesión de una subvención directa, por razones de interés público y por importe de 300.000 euros, para financiar los gastos derivados de la celebración del Festival Internacional Canarias Jazz & Más 2022, celebrado del 1 al 24 de julio de este año. De esta manera, el Ejecutivo autonómico, a través de su área de Cultura, vuelve a ser el principal patrocinador de este evento, celebrado el pasado mes de julio. Se trata de una cita imprescindible en la agenda cultural de las islas y llevó a 26 escenarios de las ocho islas más de 60 conciertos.

La celebración de este encuentro con el género musical tiene gran importancia para el tejido cultural de las islas, un festival que cumple ya 31 años y que sigue apostando por la excelencia en su cartel con la presencia, año tras año, de los mejores artistas del panorama internacional, formando parte del paisaje cultural de Canarias, gracias al apoyo del Gobierno.

En la edición de 2022 participaron 35 proyectos musicales, 14 de ellos gestados en el archipiélago. Cerca de 200 músicos transitaron a lo largo de su celebración por este evento cultural.

Marcus Miller, ganador de dos Grammy; Gregory Porter, que suma otros dos galardones, y el proyecto San Francisco Jazz Collective (SFJAZZ Collective), dirigido por el saxofonista Chris Potter, poseedor también de un Grammy, fueron algunos de los principales atractivos de la programación.

Entre los proyectos que se suman a los ya citados se encuentran también el trompetista Avishai Cohen Big Vicious, Nate Smith + Kinfolk, Ben Wendel Quartet, Immanuel Wilkins, Samantha Fish, Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand, Septeto Santiaguero, Ángela Cervantes y Pepe Rivero Quartet, Trio Corrente, Philip Lassiter, Yusan, Barencia, Pokaz Trio (Ucrania), Lucía Fumero Trío, Jesús Prieto Pitti, Pepe Bao Sextet, Berta Moreno, Sumrrá y 14 proyectos canarios: Gran Canaria Big Band, Carlos Meneses Trío, Ernesto Montenegro Quintet, Gabriela Suárez Trío, La Local Jazz Band, Rayko León Quartet, JC Machado, Anna Rodríguez & Eliseo Lloreda, Jonay Martín Trío, Los Jinetes del Groove, Projeto Brasileiro, Javier Montero Jazz Band, Alexis Alonso Ensemble y JM Churchi & Son de la Tierra.

Gobierno y cabildos amplían hasta junio de 2023 el plazo de ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

Esta ampliación se realiza tras la firma de adendas de prórroga y la imposibilidad de aprobación del plan hasta junio del próximo año

El Gobierno de Canarias acordó hoy, jueves 24 de noviembre, en reunión del Consejo, ampliar el plazo para la elaboración y aprobación del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias de las consejerías de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y de Sanidad, en coordinación con los cabildos insulares y hasta el 30 de junio de 2023.

Esta ampliación de los plazos se realiza tras las suscripción en octubre de 2021 de las adendas cuartas de prórroga y de modificación de los convenios de cooperación suscritos entre el Ejecutivo canario, a través de la consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la consejería de Sanidad, y los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife, para financiar o cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, y ante la imposibilidad de completar el proceso de elaboración y tramitación necesario para la aprobación del citado plan por parte del Gobierno de Canarias, por lo que no será posible disponer de dicho documento antes de noviembre de 2022, tal y como se contemplaba en la última de las adendas aprobadas.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas previstas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Incrementado en 1,4M€ el gasto para mantenimiento de los dispositivos de emergencia de atención a menores migrantes

A través de esa partida se financian los recursos de atención a menores migrantes no acompañados en dispositivos de atención inmediata

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, incrementar el crédito de la aplicación presupuestaria Gastos de menores extranjeros no acompañados por importe 1.443.460 euros.

Esta ampliación tiene por objeto la dotación de créditos que se precisan para dar cobertura a parte de los gastos derivados del mantenimiento de los dispositivos de emergencia para la atención integral de menores extranjeros y extranjeras no acompañados.

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata, así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.

La respuesta de atención a los menores migrantes se ha articulado a través de dispositivos de emergencia, servicio prestado por entidades de derecho público o privado sin ánimo de lucro habilitadas por la Dirección General como entidades colaboradoras.

En la actualidad, Canarias cuenta con un total 46 recursos gestionados directamente por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, en los que se da acogida y atención a unos 2.000 menores migrantes.

El Gobierno eleva al Consultivo el proyecto de decreto que regula las indemnizaciones en las próximas elecciones

Su objeto es definir los pagos a recibir por los miembros de la Administración Electoral de Canarias y el personal a su servicio, con motivo de los comicios al Parlamento de Canarias del 28 de mayo

El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración y remitir al Consejo Consultivo de Canarias, para su preceptivo dictamen, el proyecto de decreto por el que se regulan los importes a abonar, con motivo de las próximas elecciones al Parlamento de Canarias, a las personas que participen en la Administración Electoral de Canarias, tal y como establece la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias.

El presente reglamento tiene por objeto definir las gratificaciones e indemnizaciones a percibir por las personas miembros de la Administración Electoral de Canarias y el personal a su servicio –juezas y jueces de primera instancia o de paz, personas representantes de la administración en las mesas electorales, así como el personal del Gobierno de Canarias–, con motivo de las elecciones a la Cámara legislativa del próximo 28 de mayo. Esta norma es de aplicación en las elecciones al Parlamento de Canarias, tanto en las que concurran con otra convocatoria electoral como en aquellas en las que no se dé esta circunstancia.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, prevé, en su artículo 13.1, que las Cortes Generales pongan a disposición de la Junta Electoral Central los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. El apartado 2 del citado artículo indica que la misma obligación compete al Gobierno y a los ayuntamientos, en relación con las juntas electorales provinciales y de zona y, subsidiariamente, a las audiencias provinciales y a los órganos judiciales de ámbito territorial inferior.

Además, señala que, en el caso de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, las referidas obligaciones serán también competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Asimismo, el artículo 22.1 de la referida ley orgánica prevé que las Cortes Generales fijen las dietas y gratificaciones correspondientes a los miembros de la Junta Electoral Central y al personal puesto a su servicio. El apartado 2 del mismo artículo indica que las dietas y las gratificaciones correspondientes a los miembros de las restantes juntas electorales y personal a su servicio se fijan por el Gobierno. En este sentido, en el caso de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, las indicadas compensaciones se fijan por el Consejo de Gobierno correspondiente, tanto en relación con la Junta Electoral de Comunidad Autónoma como a las de ámbito inferior.

En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de 19 de diciembre de 2019, de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017, sobre la necesidad de profundizar en el reparto de cargas y costes entre el Estado y las comunidades autónomas, en los casos de concurrencia de los procesos electorales.

Según este proyecto de decreto, que consta de 14 artículos, repartidos en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales, la Junta Electoral de Canarias tendrá derecho, por el desempeño de sus funciones en las elecciones al Parlamento de Canarias, a gratificaciones fijas según su categoría: 5.423,61 euros a la presidencia; 4.881,61 euros a la vicepresidencia; 4.338,89 euros a la secretaría; 3.796,53 euros a las vocalías judiciales; 3.254,17 euros a las vocalías no judiciales, y 3.796,53 euros a la persona titular de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral.

Los miembros de las juntas electorales provinciales también dispondrán de primas. La presidencia de la junta tendrá derecho a 3.635,55 euros; 3.408,33 euros la secretaría; 1.590,56 euros las vocalías judiciales; 908,90 euros las vocalías no judiciales, y 1.590,56 euros la persona titular de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral. Por su parte, en las juntas electorales de zona tiene derecho la presidencia de la junta, con una cuantía de 2.726,67 euros; 2.499,45 euros la secretaría; 1.136,11 euros las vocalías judiciales y 636,23 euros las vocalías no judiciales.

Las personas titulares de la secretaría de los ayuntamientos, por su condición de delegadas de las juntas electorales de zona, percibirán unas cantidades fijas que vendrán determinadas por el número total de mesas electorales que efectivamente se constituyan en el municipio o municipios en que actúen como tales, con independencia de la naturaleza de los agrupados o acumulados que tengan aquellos con relación al titular de la secretaría. De este modo, si el número no es superior a diez mesas, el importe abonado será de 817,90 euros; 908,90 euros entre 11 y 50 mesas, y 999,79 euros cuando el número de mesas sea superior a 50.

La persona titular de la secretaría de las respectivas juntas certificará la cantidad e identidad de las personas que habrán de percibir las gratificaciones e indemnizaciones que se regulan en este artículo, así como los datos necesarios para poder percibirlas.

Los representantes de la Administración autonómica en las mesas electorales tienen derecho a una gratificación cuya cuantía estará en función del número de mesas y la transmisión de datos: 123,60 euros a una mesa sin dispositivo; 144,91 euros a una mesa con transmisión de datos; 155,56 euros a dos o tres mesas con transmisión de datos y 177,94 euros a cuatro mesas o más con transmisión de datos. Si la persona es responsable de la coordinación, el importe a abonar será de 189,66 euros si es con una mesa con transmisión de datos; 197,12 euros si es con dos o tres mesas con transmisión de datos, y 220,56 euros si es con cuatro o más mesas con transmisión de datos.

El derecho a la percepción de las gratificaciones anteriores se entiende referido a la totalidad del proceso electoral autonómico. En el supuesto de que se permanezca en el cargo por un tiempo inferior, se tendrá derecho a una cantidad proporcional al tiempo que haya
permanecido en él.

Autorizada la prórroga para 2023 del contrato del servicio de telefonía fija por 9,8 millones de euros

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías entiende que persiste la necesidad inicial justificada en el expediente del servicio aprobado en 2018 y, por tanto, procede extender el contrato otro año más, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre

A lo largo de un año normal se registran más de 35 millones de llamadas y solo la numeración adicional de las 1.100 líneas propias de la red de telefonía básica alcanza los 32.000 números

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, el gasto de 9.834.390,71 euros para financiar la prórroga durante el año 2023 de la prestación del servicio de telecomunicaciones fijas al Gobierno de Canarias, que actualmente brinda la empresa Telefónica.

La nueva prórroga tiene un plazo de vigencia de doce meses, comprendidos entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, y un presupuesto de 9.834.390,71 euros, incluido IGIC, y está justificada por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías en cuanto el citado contrato del servicio está próximo a su vencimiento y persiste la necesidad que en 2018 llevó a su contratación durante cuatro años (2019-2022) por 48.834.686,11 euros con la posibilidad de ser ampliado una anualidad más.

Actualmente, el servicio de Telecomunicaciones para el Gobierno de Canarias se regula por el contrato del servicio de Telecomunicaciones que consta de dos lotes. Lote I: Telecomunicaciones Fijas y Lote II: Telecomunicaciones Móviles. Mediante acuerdo de Gobierno de 11 de junio de 2018 se autorizó el gasto plurianual destinado a financiar la contratación de estos servicios. El contrato se suscribió con un plazo de ejecución de cuatro años a contar desde el 1 de enero de 2019, prorrogable por un año más.

Este contrato incluye el suministro a los centros incluidos en la red troncal, red de acceso, red corporativa de telefonía fija y centros periféricos del Gobierno de Canarias del servicio de enlaces ópticos, de enlaces de respaldo, de mantenimiento de centralitas y equipamiento telefónico, de mantenimiento de equipos de comunicaciones y monitorización, de interconexión con la Red Telefónica Pública, de transmisión de datos –Red Multiservicio altas Prestaciones, Acceso Medias Prestaciones y servicios complementarios– de videoconferencia inmersiva y la renovación tecnológica.

Hay que tener en cuenta que las llamadas registradas o tráfico telefónico, a lo largo de un año normal, ascienden a 35.477.389 y que la numeración adicional de la red propia de telefonía básica (RTB) alcanza los 32.000 números. A estas cifras hay que añadir enlaces primarios RDSI (20), servicios de acceso primarios virtuales (175), accesos básicos RDSI de enlace a centralita (982), accesos básicos individuales RDSI (190), líneas de RTB (1.100), líneas de emergencia (255), numeración adicional DDI backup (120), numeración de contingencia SAPV (12), servicios de inteligencia red-números 900 (5) y servicio red privada virtual de voz (1).

El gasto global, tras la autorización del presente gasto plurianual, teniendo en cuenta su importe inicial, la subida del 7% del IGIC. al 7% a partir de 2020, los ajustes contables, sin incremento de gasto, acordados en 2020 y 2021 con ocasión de la crisis sanitaria causada por la covid-19, así como la prórroga pretendida, es de 48.834.686,11 euros, de los que 9.466.749,66 euros corresponden al 2019; 10.020.719,75 euros para la anualidad de 2020; 10.104.087,29 euros destinados en 2021; 9.408.738,42 euros para 2022 y los 9.834.390,71 euros autorizados para 2023.

Autorizada una revisión excepcional de los precios de los materiales en la obra del tramo La Caldereta-Aeropuerto

Esta medida, con la que se abonarán dos millones de euros a la contrata, se realiza tras el acuerdo adoptado por el Ejecutivo para compensar el aumento de los precios de los materiales de construcción en los contratos de obra pública

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la realización del gasto correspondiente al abono adicional por revisión excepcional de precios en la obra de Puerto del Rosario-La Caldereta, variantes de la FV-1, FV-2 y FV-3, en la isla de Fuerteventura, con una dotación de 2.067.815 euros y con motivo del incremento de los precios en las materias primas y materiales.

Esta medida fue aprobada por el Gobierno de Canarias el pasado mes de abril, a instancias de una normativa estatal que instaba a las comunidades autónomas y entidades locales a realizar esta revisión en los contratos del sector público, todo ello regulado a través del Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo.

En este sentido, desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se han mantenido diferentes encuentros de trabajo con las dos patronales de la construcción en el archipiélago, para conocer sus necesidades y poner en marcha medidas que eviten que las empresas constructoras que trabajan con las administraciones canarias se vean perjudicadas y se puedan compensar las pérdidas que sufren derivadas del incremento extraordinario de los precios de los materiales, primero por las restricciones a la movilidad por la covid-19 y ahora por la inflación derivada de la coyuntura de crisis internacional.

A pesar de que la ley de indexación de 2015 dejó de revisar los precios de los contratos públicos, la Consejería de Obras Públicas ha incorporado en la mayoría de sus contratos la revisión de precios en base a los índices de precios de los materiales de obras que publica el INE periódicamente. Los últimos datos reflejan que el coste de materiales siderúrgicos, bituminosos y de aluminio y de cobre ha registrado un incremento de un 11,22% en un ejercicio anual.

Requisitos para la evaluación

Esta revisión de precios se aplica a los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 2 de marzo de 2022.

También a aquellos cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor del citado real decreto ley y a los contratos adjudicados cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma de contratos en el plazo de un año desde la entrada en vigor del real decreto ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares establezca una fórmula de revisión de precios.

Según la norma estatal, la cuantía de la revisión de precios no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato, y exigirá la previa solicitud del contratista.

Gobierno y sindicatos acuerdan las bases para los procesos de estabilización tras cerca de 40 horas de negociación

El Consejo respalda el decreto que da acceso a la propiedad a 10.500 familias en viviendas públicas de alquiler

El número de plazas ofertadas asciende a 3.499. De ellas, 257 son de corta duración (99 de personal funcionario y 158 de personal laboral) y 3.242, de larga duración (93 de personal funcionario y 3.149 de personal laboral)

Los aspirantes a los puestos de trabajo del personal funcionario interino de corta duración deberán hacer un examen tipo test, no eliminatorio, que se efectuará después de la fase de concurso

La selección del personal laboral de corta y de larga temporalidad se realizará solo por el sistema de concurso de méritos y sin tener que examinarse

El acuerdo incluye la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos, con el fin de homogeneizar los criterios interpretativos y de aplicación de las bases de las convocatorias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este viernes, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, los acuerdos alcanzados, tras cerca de 40 horas de negociación y trabajo, entre la Administración y las organizaciones sindicales, sobre las bases generales que han de regir los procesos de selección para la estabilización de 3.499 plazas de empleo público en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya convocatoria deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

De este modo, el Gobierno canario ha dado el visto bueno a los criterios comunes que han de tenerse en cuenta tanto en las convocatorias de acceso a los cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que se convoquen en ejecución de los procesos selectivos de estabilización para funcionarios interinos derivados de las ofertas extraordinarias de empleo público aprobadas por los decretos 114 y 115/2022, de 20 de mayo, como en las convocatorias de los procesos extraordinarios de estabilización del personal laboral temporal e indefinido no fijo a que se refiere la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dichos criterios se han elaborado teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, mediante el sistema de concurso-oposición y de concurso de méritos establecido por las disposiciones adicionales 6ª y 8ª de la citada norma, así como los principios rectores que rigen los procesos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas, garantizando el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Como han reconocido ambas partes, estos acuerdos son fruto de muchas horas de trabajo previas y dentro de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral, y han dado como resultado tres vías diferenciadas, amparadas por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Dos de ellas hacen referencia a las convocatorias de personal funcionario interino y las plazas que vienen siendo ocupadas en larga o corta temporalidad, y una tercera está dirigida a la estabilización del personal laboral no fijo y posibilita el acceso a la Administración Pública de Canarias mediante el sistema de concurso de méritos sin tener que examinarse.

Así, para las 99 plazas de funcionarios interinos de corta temporalidad, se ha establecido un sistema de concurso-oposición, en el que la fase de oposición tendrá un peso del 60% sobre la nota global del proceso, fijándose para ello un único ejercicio tipo test, no eliminatorio, que será elaborado a partir de unas baterías de preguntas y respuestas, extraídas de temarios reducidos y ajustados a los grupos funcionales correspondientes. Las preguntas constarán de tres respuestas alternativas; una de ellas será la cierta frente a las otras dos falsas. La no contestación y la contestación errónea no computarán y la nota conseguida se sumará al cálculo de la puntuación total del proceso.

GRUPOS TEMAS BATERÍA PREGUNTAS TIEMPO
A1 30 500 50 120 m.
A2 20 400 40 90 m.
C1 15 300 300 90 m.
C2 10 200 20 60 m.
E 5 100 10 60 m.

Para el acceso a cuerpos y escalas de carácter facultativo, así como aquellas escalas distintas de la general adscritas al Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, el temario incorporará una parte específica, atendiendo al ámbito funcional propio del cuerpo, escala y, en su caso, especialidad de que se trate.

Con el fin de mejorar la operatividad, la fase de concurso será anterior a la de oposición, lo que permitirá a los aspirantes obtener una baremación previa de sus méritos aportados y acreditados. Esa fase de concurso, con un peso del 40% en el cómputo total, está distribuida en cuatro puntos: la experiencia adquirida en el sector público como funcionario interino en el cuerpo/escala/especialidad objeto de la convocatoria tendrá una puntuación máxima de 3,10 puntos; la antigüedad acreditada en el sector público, 0,2 puntos máximos, y otros méritos –haber superado ejercicios de procesos selectivos anteriores, las titulaciones académicas y certificaciones por realización de cursos formativos, de adecuación o perfeccionamiento profesional–, 0,7 puntos.

En el caso de las 93 plazas de funcionarios de larga temporalidad, se mantienen los mismos conceptos valorados en la fase de concurso establecido anteriormente, pero atendiendo a una distribución sobre diez puntos, de los que seis corresponderán a la experiencia obtenida como funcionario interino en el desarrollo de las funciones correspondientes al cuerpo, escala u especialidad objeto de la convocatoria; la antigüedad acreditada en el sector público tendrá una puntuación de dos puntos máximos y los otros dos puntos restantes tendrán en cuenta otros méritos.

La selección del personal laboral de corta temporalidad, 158 plazas, y de larga duración, 3.149 plazas, se realizará por el sistema de concurso de méritos, en el que se valorarán como méritos la experiencia adquirida, la antigüedad como empleada o empleado público temporal, las titulaciones académicas superiores al nivel mínimo exigido y las certificaciones, diplomas y acreditaciones expedidas por cursos formativos recibidos. Para los primeros, la valoración se efectuará con un límite total de diez puntos, donde siete puntos corresponderán a méritos profesionales –cinco a experiencia profesional y dos a antigüedad– y tres a otros méritos. En los de larga duración, también sobre un total de diez puntos, ocho corresponderán a méritos profesionales –siete a experiencia profesional y uno a antigüedad– y dos a otros méritos.

Para poder ser propuesto como personal funcionario de carrera o personal laboral fijo tras estos procesos, se deberán alcanzar una puntuación mínima o nota de corte. El personal funcionario interino de corta temporalidad, 1,7 puntos; el de larga duración, dos puntos; el personal laboral no fijo de corta temporalidad, dos puntos; y el de larga duración, dos puntos.

El acuerdo incluye también la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos, con el fin de homogeneizar los criterios interpretativos y de aplicación de las bases de las convocatorias.

Las 99 plazas de funcionarios interinos de corta duración pertenecen a los cuerpos A1 (13), seis de ellos de la Escala de Ingenieros y Arquitectos de la Comunidad Autónoma de Canarias; A2 (16), siete de ellos de la Escala Gestión General y cinco de la Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos; C1 (14), siete de ellos del Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera; C2 (42), todos ellos del Cuerpo Auxiliar; y E (14), todos ellos, también, de la Agrupación Profesional Subalterno.

Las 93 de larga duración corresponden a A1 (27), cinco de ellos de la Escala de Administradores Generales, seis de la Escala de Técnicos Estadísticos Superiores y siete de la Escala de Profesores Numerarios de FP Marítimo Pesquera; A2 (33), seis de ellos de la Escala Gestión General, trece de la Escala Arquitectos e Ingenieros Técnicos y siete de la Escala Maestro Taller FP Marítimo Pesquero; C1 (2); C2 (25), todos ellos del Cuerpo Auxiliar; y E (6), todos ellos también de la Agrupación Profesional Subalterno.

Las 158 plazas de personal laboral de corta duración pertenecen al Grupo I (4), dos de ellas de la Categoría Profesional Psicólogo; Grupo II (10), seis de ellas de Titulado Medio; Grupo III (2), una de Auxiliar de Autopsias y otra de Adjunto de Taller; Grupo IV (94), catorce de ellas de Cocinero, veintiuna de Auxiliar Administrativo y treinta y nueve de Auxiliar de Servicios Complementarios; y Grupo V (48), veinticuatro de ellas de Ayudante de Cocina y trece de Subalterno.

Y las 3.149 de personal laboral de larga duración corresponden al Grupo I (321), la mayoría de ellas, 282, de Titulado Superior; Grupo II (251), de ellas 23 de la Categoría Profesional 0de Asistente Social, 17 de educador y 148 de Titulado Medio; Grupo III (223), de ellas 36 de Educador Infantil, 25 de Técnico Especialista, 61 de Administrativo y 14 de Operador de Sistema; Grupo IV (1.780), de ellas, 92 de Cocinero, 78 de Cuidador, 601 de Auxiliar Administrativo, y 843 de Auxiliar de Servicios Complementarios; y Grupo V (574), de ellas, 165 de Ayudante de Cocina, 62 de Limpiadora y 176 de Subalterno.

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El Consejo respalda el decreto que da acceso a la propiedad a 10.500 familias en viviendas públicas de alquiler

El Consejo respalda el decreto que da acceso a la propiedad a 10.500 familias en viviendas públicas de alquiler

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno, Sebastián Franquis, al decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas. A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras el visto bueno de hoy del Consejo de Gobierno, este decreto se enviará al Consejo Consultivo de Canarias para que emita el dictamen preceptivo antes de que se proceda a su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

El consejero Franquis afirmó que con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

Las viviendas de las familias que podrán verse beneficiadas de este decreto de acceso a la propiedad de sus casas se localizan en Canarias de la siguiente forma: 5.611 en la isla de Gran Canaria, 3.464 en la de Tenerife, 554 en La Palma, 345 en Fuerteventura, 355 en Lanzarote, 84 en La Gomera y seis en la isla de El Hierro.

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