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Las clases comenzarán el 15 de septiembre de forma presencial en todas las Islas

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

La consejera de Educación, Manuela Armas, explica que el Consejo de Gobierno ha acordado hoy mantener la fecha prevista de inicio de la actividad de lectiva

El Gobierno de Canarias ha decidido esta mañana mantener la fecha de inicio de la actividad lectiva, de forma que las clases comenzarán el 15 de septiembre de forma presencial en todas las islas, tal y como estaba previsto en el calendario escolar de 2020-21, que recoge que la vuelta a clase se producirá el 15 de septiembre en Educación Infantil (el 2º ciclo, es decir, de 3 a 5 años) y Primaria, el 16 de septiembre en Secundaria y Bachillerato, y el 17 de septiembre en Formación Profesional y otras enseñanzas.

Durante la rueda de prensa ofrecida esta tarde para informar de los asuntos aprobados y tratados en el Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha recordado las medidas adoptadas por los centros educativos para hacer de las aulas espacios seguros y ha destacado la importancia de que la actividad lectiva continúe por la que repercusión que, a niveles didáctico y social, tiene sobre niños, niñas y jóvenes.

En este sentido, el papel que desempeña la escuela presencial en la infancia y adolescencia es insustituible, ya que asegura de forma más efectiva el proceso educativo. Después de seis meses, es necesario que el alumnado vuelva a estar en contacto con su profesorado, para que este pueda evaluar de cerca las posibles carencias educativas derivadas del confinamiento y apoyarlo en su proceso de aprendizaje. Además, desde el punto de vista de la equidad, la educación compensa la desigualdad de oportunidades derivadas de distintos orígenes socioeconómicos y culturales, y es un lugar de convivencia donde el alumnado aprende a relacionarse con sus iguales y a ser responsable ante adultos que no son sus familiares, además de ser un espacio importante para retomar el contacto con sus compañeros y las compañeras.

Armas indicó que Canarias cuenta con estrategias para minimizar el riesgo ante la COVID-19 y está preparada para actuar en caso de que pudieran surgir contagios: existe un protocolo elaborado por expertos con medidas de prevención y organización adaptadas a cada etapa educativa y que abarcan las múltiples circunstancias relacionadas con la COVID-19 que pueden darse en el aula o fuera de ella. Además, cada centro cuenta con su propio plan de contingencia y con un responsable COVID para posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de estos. “Los centros educativos no son menos seguros que cualquier otro espacio social; al contrario, ya que se han puesto en marcha una batería de medidas respaldadas por especialistas cuyo cumplimiento será supervisado por el profesorado”, agregó Armas.

Asimismo, se ha establecido que en los municipios canarios en los que se ha registrado un mayor índice de positivos por COVID-19 se realizará un cribado a través de la técnica de procesamiento agrupado de muestreos, conocida como pooling, a alumnado, profesorado y el resto de personal de centros educativos, para identificar a las personas asintomáticas con el objetivo de controlar cuanto antes la aparición de posibles brotes y efectuar un control del virus en áreas consideradas estratégicas. En principio, las pruebas se llevarán a cabo en Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote) durante la próxima semana.

El Gobierno aprueba un decreto ley con medidas para impulsar el desarrollo y la sostenibilidad

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento legal permite agilizar la tramitación en sectores clave para una rápida recuperación económica

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 10 de septiembre, el Decreto ley de Medidas Urgentes de los Sectores Primario, Energético, Turístico y Territorial de Canarias. Este instrumento legal nace ante la necesidad de agilizar la tramitación administrativa en sectores clave para una rápida recuperación económica. El documento también tiene carácter preventivo, con el objeto de anticiparse a posibles retrocesos en la lucha contra la COVID-19.

Ese decreto ley se compone de ocho artículos, dos disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, 18 disposiciones finales y una disposición derogatoria. Define modificaciones en diversos textos legales, entre leyes y decretos, relacionados con sectores como el turismo, la agricultura, la construcción, la restauración o las energías renovables. En esta línea, se actúa solo sobre suelos urbanos consolidados, no se quita competencias a ninguna administración y se basa en la legislación básica estatal.

Entre las principales medidas que recoge en materia turística, se suprime la autorización previa para cualquier actuación de renovación y modernización turística que no suponga nuevas plazas de alojamiento, y facilita el uso sanitario con carácter complementario o auxiliar al uso turístico principal, entre otros aspectos.

Por su parte, en el ámbito de las actividades clasificadas, se permite el aumento del espacio de terrazas para actividades de servicio al doble de su superficie, manteniendo la ocupación autorizada. En esta línea, cualquier establecimiento de restauración con capacidad inferior a 300 personas no necesita de autorización administrativa previa.

El decreto ley facilita la legalización de más del 40% de las explotaciones ganaderas que se encuentran actualmente sin cobertura jurídica y que les impide acceder a subvenciones y otro tipo de ayudas.

En materia de energías renovables, se potencia el autoconsumo al permitirse la ocupación del 100% de la superficie de las cubiertas.

Tales mecanismos se pondrán en marcha inmediatamente, desde la aprobación del decreto ley. La herramienta será sometida a una evaluación continua por parte del Gobierno, con el fin de analizar su utilidad, las distorsiones que pueda crear y también la evolución de la responsabilidad de los operadores públicos y privados.

El documento se ha llevado a cabo tras un proceso de consulta con los expertos propios de las distintas consejerías del Gobierno de Canarias, administraciones locales e insulares y otros especialistas que representan a distintos sectores económicos, para así mejorar la aplicación práctica de las políticas públicas que pretenden reactivar los distintos sectores económicos.

El Gobierno de Canarias subvenciona la remodelación de las pistas de atletismo de Maspalomas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana recibirá 670.000 euros para esa obra, calificada de interés público

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 10 de septiembre, en Consejo de Gobierno la concesión de una subvención directa, por razones de interés público, a favor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con destino a financiar los gastos derivados de la obra de remodelación de las pistas de atletismo de Maspalomas.

El proyecto, al que la Dirección General de Deportes destinará un importe de 670.000 euros, tiene como objetivo dotar al municipio de una instalación de referencia para el fomento del atletismo en todos sus niveles, mejorar la oferta turística del segmento deportivo y facilitar la celebración de pruebas y campeonatos de ámbitos nacional e internacional.

La calificación de interés público para la concesión directa de la subvención a las pistas de Maspalomas responde al fomento de la práctica del atletismo en el sur de Gran Canaria y a la dotación de instalaciones de calidad, tanto para la población local como visitante, en un enclave de gran interés turístico para nuestra Comunidad Autónoma.

En este caso, se descarta la concurrencia, toda vez que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es propietario del complejo polideportivo, campo de fútbol y pistas de atletismo, por lo que es el único que puede percibir dicha subvención.

El Estadio Municipal de San Fernando de Maspalomas se construyó en el año 1974 para satisfacer las necesidades deportivas del municipio, tanto de la población residente como del turismo nacional e internacional. En el año 1992, tras deteriorarse la pista original, que era de tartán, se procede a la mejora del firme mediante un pavimento sintético prefabricado.

Posteriormente, en los años 1995 y 2001 se llevaron a cabo renovaciones superficiales. Tras 15 años de uso, en los que se ha incrementado de manera exponencial su utilización por usuarios locales y deportistas de alto nivel internacional que realizan ahí sus entrenamientos, la instalación presenta acusadas deficiencias que serán subsanadas gracias a esta subvención gubernamental.

El Gobierno prorroga hasta 2022 el mantenimiento de su red de voz y datos por importe de dos millones de euros

El gasto para 2020 corresponde a 254.085 euros; el de 2021, a 1.016.339 euros, y el de 2022, a 762.254 euros

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la realización de un gasto plurianual para financiar la prórroga del contrato de mantenimiento integral de infraestructuras de equipamiento y cableado de la red corporativa de voz y datos del Gobierno de Canarias, por importe 2.032.678,67 euros, entre este año y 2022, así como dar cuenta de este acuerdo al Parlamento de Canarias.

En concreto, el gasto para 2020 corresponde a 254.084,83 euros; el de 2021, a 1.016.339,34, y el de 2022, a 762.254,50, para llegar al total antes señalado de 2.032.678,67 euros entre los tres ejercicios anuales.

El 28 de mayo de 2018, el Gobierno de Canarias autorizó el gasto de 2.033.000 euros para ese mismo fin. Llegado el vencimiento del contrato, que inició su ejecución el 1 de octubre de 2018 con plazo de vigencia de dos años prorrogable por otros dos, se ha hecho necesario tramitar un gasto plurianual para financiar la prórroga del contrato por otros dos años, sin que ello suponga incremento de costes, a excepción del derivado de la subida del tipo impositivo del  IGIC aprobada en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020.

Economía da cuenta al Consejo de un contrato por 149.372 euros para mamparas en las oficinas del SCE y del SEPE

Permite la instalación de 400 biombos para la separación física de los empleados y empleadas públicas de ambos organismos y amplía las medidas de protección frente a la pandemia de la COVID-19

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias informó este jueves al Consejo de Gobierno del contrato para el suministro de 400 mamparas laterales, por importe de 149.372 euros, para la separación física de los empleados y empleadas públicas del Servicio Canario de Empleo (SCE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con el fin de garantizar las máximas medidas de protección del personal que presta sus servicios en estas oficinas frente a la pandemia de COVID-19.

Al amparo del Real Decreto-ley 7/2020 de medidas urgentes ante el impacto económico del coronavirus, el SCE resolvió declarar la emergencia en la contratación de estas mamparas, entre otros elementos de prevención y delimitación de espacios.

Tras dación en cuenta al Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo propuso remitir la contratación al Parlamento de Canarias en cumplimiento del plazo de un mes establecido en los presupuestos autonómicos para el traslado de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de urgencia.

El SCE es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Este ya trasladó durante las últimas semanas la tramitación de emergencia sobre diversas contrataciones desde la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria, al considerarse imprescindibles para atender o remediar las situaciones excepcionales a causa de la COVID-19, como el refuerzo de limpieza (63.130 euros), las mamparas de metacrilato en sus dependencias (39.055 euros) o las catenarias divisorias (12.600 euros).

Ceses y nombramientos del Consejo de Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno ha realizado hoy los siguientes nombramientos:

Consejería de Sanidad

Directora de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud

Avelina Díaz Padrón

Sustituye a Francisco Manuel Artiles López en el cargo. Licenciada en Derecho, Avelina Díaz Padrón es funcionaria de carrera de la escala de gestión de la Universidad de La Laguna desde 1993. Dentro de esta institución académica ha ocupado diferentes cargos. Entre ellos, el de jefa de Recursos Humanos de la ULL; la coordinación y dirección del Área de Recursos Humanos, Régimen Interno, Formación y Calidad, la administración del Colegio Mayor San Fernando. Además, ha sido adjunta a la Asesoría Jurídica de la Universidad de La Laguna.

Díaz Padrón ha ocupado también la Dirección de Gestión y Servicios Generales en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro.

Gerente de Atención Primaria de Gran Canaria

Carlos Jorge Acosta

Carlos Jorge Acosta sustituye a Ricardo Redondas Marrero. Carlos Jorge es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y tiene amplia experiencia profesional en medicina general.

Ha sido médico del equipo de Atención Primaria y director de Zona Básica de Salud. Además, ha coordinado equipos de Atención Primaria y ha desempeñados los puestos de director médico en la Gerencia de Atención Primaria y gerente de Atención Primaria en Gran Canaria.

Es miembro del grupo de estrategia y seguimiento de pacientes COVID-19 en Canarias.

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

Secretario general técnico

David Gómez

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 10 de septiembre, a propuesta del consejero Sebastián Franquis, el nombramiento de David Gómez como nuevo secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

Gómez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, tras un breve paso por la empresa privada, desde 2002 ocupa plaza de funcionario en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad.

A lo largo de su carrera profesional, también ha trabajado para otras instituciones públicas como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde desempeñó funciones de vicegerente de Asuntos Económicos entre 2012 y 2014, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde llegó a desempeñar el cargo de coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación entre los años 2017 y 2019.

Dentro de la Administración autonómica, la mayor parte de su carrera ha transcurrido en la Agencia Tributaria Canaria, de la que ha llegado a ser su secretario general (2016-2016) y en la que actualmente ejerce como administrador de Recaudación para la provincia de Las Palmas.

El Gobierno actualiza las medidas sobre la celebración de eventos en islas con baja transmisión del coronavirus

Tendrán que ser autorizados por la dirección del SCS, previa evaluación del riesgo, y cumplir una serie de condiciones en cuanto a limitaciones del aforo y medidas de prevención

Se exceptúa a la actividad cultural ordinaria y programada de carácter público que disponga de esa autorización

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de este jueves, 10 de septiembre, una serie de actualizaciones al texto consolidado del Acuerdo sobre de las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 referidas a las condiciones en las que podrán celebrarse eventos multitudinarios en las islas con baja transmisión del coronavirus y la programación cultural ordinaria de carácter público, así como la habilitación de la Consejería de Sanidad para mantener actualizado y publicar el texto consolidado del acuerdo.

Celebración de eventos multitudinarios

El Gobierno, consciente de la importancia económica y social que lleva la celebración de estos eventos, dado el carácter planificado de ellos y que se permite realizar una valoración específica y aplicar medidas de prevención y control, ha establecido que, en las islas en las que los eventos y actos multitudinarios estén permitidos (algo que se establece y publicita en la página web de la Consejería de Sanidad https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/), podrá celebrarse eventos multitudinarios siempre que:

-Se constate un nivel bajo de transmisión en la comunidad autónoma, provincia, municipio o unidad territorial en el que se desarrolle el evento.

-La evaluación del riesgo del evento determine que es moderado o bajo, y se establezca una serie de condiciones en cuanto a limitaciones del aforo de participantes y medidas de prevención.

-Lo autorice la Dirección del Servicio Canario de la Salud, previo análisis de la evaluación del riesgo.

Asimismo, el acuerdo adoptado hoy establece que, en caso de constatarse un nivel bajo de transmisión, la evaluación del riesgo se llevará a cabo por un comité interdepartamental, nombrado por la persona titular de la Consejería competente en materia de Sanidad y con carácter de comisión de trabajo.

Este comité será presidido por una persona titular de la Dirección General de Salud Pública o en quien delegue; estará integrado por una persona técnico en salud pública, seguridad y emergencias, cultura y deportes, y estará asistido por una secretaría, con voz y voto, que recaerá en una persona empleada pública del Servicio Canario de la Salud, titulada superior y con formación jurídica.

Actividad cultural ordinaria programada de carácter público

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha exceptuado de la prohibición de celebrar eventos y actos multitudinarios (de más de 10 personas) a la actividad cultural ordinaria programada de carácter público que se celebre con autorización única y sin perjuicio de las modificaciones que proceda realizar en función de las circunstancias epidemiológicas.

Esta actualización, en consonancia con la anterior, establece que la actividad cultural ordinaria programada de carácter pública adapte sus planes de prevención a un protocolo específico aprobado con carácter general por la autoridad sanitaria, a instancia de la Consejería con competencias en materia de cultura.

Este protocolo está recogido entre las actualizaciones aprobadas hoy, como una adición o añadido al punto 3.7 del Acuerdo, sobre actividades culturales en cines, teatros, auditorios y espacios similares, así como en recintos al aire libre, sobre cuya aprobación se indica que corresponde a la autoridad sanitaria para garantizar la máxima seguridad para el desarrollo de la actividad en dicho espacio.

Habilitación a la Consejería de Sanidad

Finalmente, el Consejo de Gobierno acordó incorporar un punto al Acuerdo por el que se habilita a la Consejería con competencias en materia de Sanidad a mantener actualizado y publicar el texto consolidado de las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, de conformidad con las actualizaciones de este aprobadas en Consejo de Gobierno.

Esta habilitación se adopta por la ingente cantidad de actualizaciones por la cambiante situación epidemiológica y la rapidez con que se suceden las tomas de acuerdos.

El Gobierno recoge en un solo texto las medidas aprobadas desde junio para hacer frente a la pandemia COVID-19

Consejo de Gobierno de Canarias

El BOC publicará el texto consolidado con el objetivo de dotar a la ciudadanía de un cuerpo jurídico más claro con respecto a la gran cantidad de normas que se han emitido desde la entrada en la Nueva Normalidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de esta tarde una serie de actualizaciones de las medidas para contener la pandemia COVID-19 en las Islas que modulan y refunden los textos legales anteriores.

Este texto consolidado, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), recoge el Acuerdo de 19 de junio y las sucesivas actualizaciones realizadas posteriormente por el Ejecutivo regional para frenar la expansión de la pandemia. Con ello, se persigue dotar a la ciudadanía de un documento que recoja de forma clara la gran cantidad de normas que se han venido dictando desde que se inició el periodo que conocemos como Nueva Normalidad.

Las actualizaciones aprobadas durante la reunión del Consejo de Gobierno de este viernes al contenido del Acuerdo de 19 de junio se refieren a:

Distancia de Seguridad Interpersonal

Se establece que deberá cumplirse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, por lo menos, 1,5 metros en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público. O, en su defecto, medidas alternativas de protección física de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria, sin perjuicio de la obligatoriedad del uso de mascarilla.

Esta obligación de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal no será de aplicación entre personas convivientes, al tiempo que se recomienda evitar permanecer en sitios cerrados, concurridos y en cercanías de otras personas.

Uso obligatorio de mascarillas

Se modula la obligación del uso obligatorio de la mascarilla referidos al ámbito laboral y centros educativos, respectivamente.

En el ámbito laboral, en aquellos espacios de trabajo delimitados y ocupados por una sola persona, será cada empresa, con su servicio de prevención, quien evaluará el riesgo de contagio y, si es necesario, el uso continuado de la mascarilla.

Igualmente, en espacios compartidos, será cada empresa, mediante su servicio de prevención, y de forma excepcional, quien evaluará el riesgo de contagio y si se puede prescindir del uso continuado de la mascarilla, siempre que se dé cumplida observancia de otras medidas de prevención y protección. Cuando se aplique esta excepcionalidad, el servicio de prevención de riesgos lo comunicará a la Dirección General de Salud Pública.

Asimismo, se establece el uso obligatorio de mascarillas en los centros educativos no universitarios y universitarios.

Aforo, distancia y seguridad

Con respecto a los eventos multitudinarios, al suponer un factor de riesgo elevado de transmisión de la enfermedad COVID-19, deberán contar con la autorización de la comunidad autónoma, que será evaluada por un comité interdepartamental siempre que la solicitud se haga, al menos, con un mes de antelación al evento, que se aplicará a las solicitudes presentadas a partir del 4 de septiembre de 2020.

A tales efectos, la solicitud de los titulares, promotores u organizadores (públicos o privados), de las actividades, deberá incluir un Plan de Prevención de Contagios.

Incidencia acumulada de casos

Se establece que en las islas que tengan al menos un municipio que supere los 100 casos/100.000 habitantes en la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días, con más de 2 casos esporádicos y que presenten un incremento en los últimos 7 días de ≥10% respecto a la media de las dos semanas previas, se adoptarán las siguientes medidas de intervención administrativa de carácter específico:

– No se permitirán los eventos ni actos multitudinarios, entendiéndose como tal aquellos de más de 10 personas.

– En los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, se establece un horario de cierre a las 00:00 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 23:00 horas.

– Se cerrarán al uso los centros de día no ocupacionales.

A tales efectos, se mantendrá actualizada semanalmente en la página web “Portal Covid” del Servicio Canario de la Salud la información sobre los indicadores epidemiológicos respecto de cada isla, pudiéndose, además, publicar actualizaciones puntuales en función de la evolución de los datos epidemiológicos.

En todos estos supuestos, las prohibiciones señaladas permanecerán vigentes durante los 15 días siguientes al momento en que se publique la superación de la cifra indicada  en el párrafo primero (100 casos/100.000 habitantes en la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días).

Cribados con pruebas PCR

Se introduce un nuevo apartado sobre cribados con pruebas PCR en grupos específicos, que establece que en caso de brote epidémico, se realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos vulnerables, etcétera).

Además, se establece la recomendación de realizar periódicamente pruebas PCR a los trabajadores de centros sociosanitarios que estén en contacto directo con residentes.

Práctica de la actividad deportiva federada

Con respecto a la práctica de la actividad deportiva federada de competición de ámbito insular y autonómico, se establece que los entrenamientos, competiciones o eventos celebrados en instalaciones deportivas, podrán realizarse con público. Para ello, es obligatorio que se garantice el uso obligatorio de mascarillas, las personas permanezcan sentadas y mantengan la distancia interpersonal mínima recomendada y no excedan del setenta y cinco por ciento de la capacidad permitida del aforo.

Velatorios y entierros

Respecto a velatorios, podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, debidamente habilitadas, asegurando el cumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla, así como que la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes se respete en todo momento, con un límite máximo de veinticinco personas al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes.

La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de cincuenta personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. Al acto de incineración o cremación podrán acceder un máximo de 5 personas. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física, con independencia del uso obligatorio de la mascarilla.

Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en el local se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de éste se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.

Ceremonias nupciales y otras celebraciones

Se modifica el apartado referido a Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles.

Las celebraciones que tengan lugar tras la ceremonia en establecimientos de hostelería y restauración, o en cualquier otro tipo de instalación, deberán ser servidas por personal profesional de la hostelería y la restauración. Además, no se deberá ocupar más del 50% de su aforo, con un número máximo de 80 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en espacios cerrados.

Deben evitarse las actividades grupales en las que los asistentes interactúen físicamente. En consecuencia, se prohíbe el servicio de cóctel, buffet y barra libre. El servicio de hostelería se realizará en mesa y el cliente no podrá ocupar una mesa sin que el personal del establecimiento lo acomode. Se recomienda agrupar a los convivientes en torno a una misma mesa.

En el evento puede haber música ambiente en vivo siempre que no se promueva el cante o el baile entre los asistentes, excepto los novios en el momento del baile nupcial exclusivamente. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención contenidas en este Acuerdo, el titular o responsable del evento tiene que ser un profesional y disponer del personal necesario con la autoridad suficiente para cumplir y hacer cumplir estas medidas.

La Dirección General de Salud Pública proporcionará los protocolos sanitarios para facilitar el cumplimiento de las medidas de prevención contenidas en este Acuerdo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

A estos efectos, no se requerirá la autorización de la autoridad sanitaria competente, recae en el profesional de la hostelería y la restauración la responsabilidad de garantizar que la celebración cumple con las medidas de prevención dispuestas en el presente Acuerdo de Gobierno.

Espectáculos públicos

Se modifica el punto 1 del apartado 3.21 sobre Espectáculos públicos, respecto a las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad.

En todo caso, las celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto, podrán desarrollarse siempre que el público permanezca sentado o en sectores de grupos de hasta 15 personas de su entorno social o familiar sentado o de pie y que no supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido.

Consumo de bebidas alcohólicas   

Se añade un párrafo segundo al apartado 4.5. “Condiciones para el desarrollo de determinados actividades”, por el que la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias, sin perjuicio de las sanciones que procedan por infracción de este Acuerdo.

Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no permitidas en la vía pública.

Control de temperatura en puertos y aeropuertos

Con respecto al control de temperatura en puertos y aeropuertos, se podrá realizar, así como otro tipo de medida sanitaria, a la llegada o a la salida, según se trate de viajes procedentes de aeropuertos o puertos nacionales e interinsulares al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En relación a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, se seguirán las prescripciones establecidas en la Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España y se deroga la Resolución de 29-6-2020 (BOE núm. 206, de 30.07.2020), o norma que la sustituya.

Nombramientos

El Consejo de Gobierno ha realizado hoy los siguientes nombramientos:

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Director General de Agricultura

Augusto Jesús Hernández González

Es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de La Laguna, máster en Gestión Ambiental por la Universidad Cardenal Herrera e Instituto Tecnológico de la Energía de Valencia. Ha sido premio al mejor proyecto de difusión de temas agrarios y pesqueros otorgado por el Gobierno de Canarias, con Posibilidades de la producción de inóculo de micorrizas vesículo-arbusculares sobre sustratos canarios de origen volcánico.

El nuevo director general de Agricultura dispone de amplia experiencia en el ámbito de la agricultura y el medio ambiente. Ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada y pública. En el sector público ha trabajado desde el año 2001 hasta la actualidad como responsable de proyectos en Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), donde ha participado en proyectos vinculados a la agricultura, como es el caso del diseño de riegos para fincas agrícolas en diversos puntos de las Islas o en la gestión del agua de riego.

Su predecesor en el cargo, José Basilio Pérez, ahora pasa a ser el nuevo director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), tras el cese de Juan Plata en este último departamento autonómico.

Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)

José Basilio Pérez

Es técnico en Administración y Gestión y Contabilidad General. Cuenta con una amplia trayectoria en la Administración Pública, donde ha desempeñado varios puestos de responsabilidad. Ha sido coordinador del Servicio de Juventud y Cultura en el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, gerente de Aguas de La Palma, SA, consejero de Deportes en el Cabildo Insular de La Palma durante los años 2011-2013. En la Corporación palmera desempeñó entre los años 2013 y 2019 el cargo de consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Consejería de Sanidad

Director del Servicio Canario de la Salud

Conrado Domínguez Trujillo

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Diploma en Estudios Avanzados y Programa de Doctorado en Economía del Departamento Análisis Económico Aplicado de la ULPGC, con una calificación de sobresaliente.

II Máster en Dirección y Gestión de Administraciones Públicas, Departamento Economía y Dirección de Empresas de ULPGC. Máster en Economía del Departamento Análisis Económico Aplicado de ULPGC. Posgrado en Alta Dirección de Universidades por las Universidades Antonio Nebrija de Madrid y Politécnica de Cataluña. Máster en Economía de la Salud y Gestión de Medicamentos y los Posgrado en Farmacoeconomía y Economía de la Salud por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Actualmente, es coordinador técnico del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias y secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.Ha sido director del Servicio Canario de la Salud (rango de viceconsejero) desde enero de 2017 hasta julio 2019. Igualmente fue coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde septiembre de 2016 hasta enero de 2017 y gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el 5 de junio 2007 hasta septiembre de 2016.

Desde el 1 de febrero de 1999 hasta el 5 de junio 2007, prestó servicios en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud. Investigador principal de proyectos nacionales y europeos con publicaciones en diversas revistas internacionales. Además, es miembro de la Asociación Española de Economía de la Salud y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.

Asimismo, ha sido coordinador científico-técnico del Proyecto Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional europeo, CEIR Canarias: Campus Atlántico Tricontinental, desde julio de 2010 a hasta septiembre 2016, y secretario ejecutivo de la mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) desde 2015, miembro de la citada Ejecutiva desde 2011 a 2015, así como miembro de la Ejecutiva de la Red de Bibliotecas de las Universidades Españolas desde 2011 hasta 2015.

Secretario general del Servicio Canario de la Salud (SCS)

Abraham Luis Cárdenes Gónzalez

Abraham Luis Cárdenes González es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Titulado en Dirección Hospitalaria, modalidad de Dirección de Gestión y Servicios Generales, por la Escuela Nacional de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, posee formación específica en gestión administrativa y empleo público

Es funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Cuerpo Superior de Administradores, escala de Administradores Generales, y ha sido jefe de sección de Administración de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, desde 1982 hasta 1995; ha tenido adscripción temporal de funciones al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para la puesta en funcionamiento del Banco de Sangre, entre 1992 y 1993, y jefe de servicio de Régimen Jurídico de Personal y Relaciones Laborales de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, desde 1995 hasta 2007.

También ha ocupado el puesto de vicegerente de Recursos Humanos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde 2007 hasta 2017. Además, ha sido secretario general del Servicio Canario de la Salud, desde enero de 2017 hasta agosto de 2019, y ha tenido un puesto singularizado en la Unidad de Apoyo de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, desde agosto de 2019 hasta la actualidad.

Directora general de Programas Asistenciales

Elizabeth Hernández González

Es médica de familia con plaza en propiedad tras la OPE de 2002 en la Zona Básica de Salud de Guanarteme, adscrita a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, y tutora de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, Hospital General Universitario Gregorio Marañón (1987-1993) y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR (1995-1997). Recibió formación en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Gran Canaria, en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino.

Ha sido médica sustituta en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria durante el periodo de agosto de 1993 a mayo de 1994; médica interna residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Pino y en el Centro de Salud Docente de San Gregorio (Telde, Gran Canaria), de enero de 1995 a diciembre de 1997; médica inspectora de la Unidad de Gestión de la Incapacidad Temporal del INSS, de febrero de 1998 a diciembre del mismo año; médica de familia del Centro de Salud de Vecindario, de enero de 1999 a febrero de 2002, y directora de la Zona Básica de Salud de Vecindario, de febrero de 2002 a octubre de 2003.A esa actividad profesional, une el puesto de directora médica en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, de noviembre de 2003 hasta septiembre de 2007; puesto de gerente de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, desde septiembre de 2007 a mayo de 2013; responsable del Plan de Salud de Canarias 2017-2019, y directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (noviembre 2017-agosto 2019).

Director del Area de Salud de El Hierro del SCS

Tomás Morales López

Licenciado en Derecho por la Universidad Alfonso X El Sabio.

Experiencia profesional en la Audiencia Provincial de Madrid; Juzgado de Instrucción y Faltas nº35 de Madrid y Juzgado de lo Penal nº4 de Móstoles, así como distintos gabinetes de abogados (Julián Novo Cuadrapani y Fernández del Torco Abogados). Asesor del Grupo Parlamentario Socialista en materia jurídica y presupuestaria. Y secretario general técnico de la Consejería de Sanidad al inicio de esta Legislatura.

El Gobierno de Canarias endurece las sanciones por incumplimiento de las medidas antiCOVID

Julio Pérez

El Ejecutivo regional tramitará las sanciones graves y los ayuntamientos, las leves

Desde su publicación en el Boletín Oficial, la reiteración del incumplimiento del uso de la mascarilla puede implicar sanciones de hasta 3.000 euros

El Consejo del Gobierno celebrado desde esta mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife y que tendrá continuidad durante la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, aprobó el anunciado decreto ley que endurece las sanciones y perfecciona el procedimiento sancionador por los incumplimientos de las medidas de seguridad por la pandemia de la COVID-19.

Según indicó esta tarde el portavoz gubernamental, Julio Pérez, este decreto ley “tipifica, precisa y aclara mejor” las conductas merecedoras de sanción, por ejemplo por no llevar mascarillas, por incumplir los aforos o las distancias. De esta manera, y según recalcó, “los agentes de la autoridad podrán trabajar con mayor facilidad”. Además, se ha decidido que las sanciones graves las tramite la Comunidad Autónoma y las leves, los ayuntamientos, aclarándose así las competencias.

El Ejecutivo también decidió hoy abreviar los trámites del procedimiento sancionador, como la notificación, aparte de permitir que esta labor la pueda ejercer cualquier funcionario que se ocupe del cumplimiento de las normas. Pérez, asimismo, recordó que la semana pasada hubo una reunión con la Fecam para facilitar estos procedimientos relacionados con la pandemia de la COVID-19, de manera que sean parecidos a los expedientes de tráfico y seguridad vial.

Según el portavoz, el endurecimiento de las multas resulta necesario “por el doble objetivo de facilitar el trabajo de los agentes” y para lanzar el mensaje de que, “quien no cumpla las normas, se arriesga a una sanción que puede ser importante”. Así, y aunque no usar mascarilla seguirá siendo sancionado con 100 euros “porque es lo fijado a escala estatal”, la reiteración de este incumplimiento puede suponer una multa hasta 3.000 euros.

Atendiendo a lo dicho por Pérez, también resulta clave cumplir con las normas y recomendaciones en los ámbitos privados. De hecho, recordó que esto ya está previsto en el decreto ley de sanciones.

Aseguró, asimismo, que hay miles de agentes de las distintas fuerzas de seguridad en las Islas (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local) y cree que con esos medios se puede hacer un buen control de las normas sobre la pandemia “si hay una buena coordinación”.

Durante la reunión gubernamental también se hizo una primera aproximación a un texto refundido de todas las normas dictadas desde el 19 de junio sobre eventos, distancias, mascarillas, aforos, funcionamiento de espacios públicos y otras situaciones por la COVID. Para el Gobierno, de esta forma se aportará más seguridad y claridad a los ciudadanos y administraciones.

Sobre la evolución de la pandemia, Pérez lamentó que, tras tres días de reducción de los casos, esa tendencia no se haya mantenido hoy, aunque subrayó que se han aumentado las pruebas PCR y el número de personas dedicadas al rastreo, aparte del endurecimiento de las normas.

Con estas medidas, el Ejecutivo confía en que la situación se corrija en las próximas fechas. Además, la consejera de Turismo explicó en el Consejo los contactos efectuados con diversos operadores turísticos para la creación de corredores seguros hacia Canarias. Pérez recalcó que el objetivo es que haya menos contagios y que no se busca sancionar más, sino disminuir la propagación de la enfermedad.

Simplificación de los trámites administrativos

El portavoz del Gobierno de Canarias también anunció que en el próximo Consejo se aprobará un decreto ley vinculado al Pacto para la Reactivación para simplificar los trámites y eliminar cargas administrativas y burocráticas con el fin de facilitar las inversiones y reactivar la economía. La consejería de Transición Ecológica lleva tiempo trabajando en esto. Se trata de una norma “muy detallada y prolija”.

Asimismo, el Consejo abordó la creación de un sistema de dirección por objetivos en la Administración pública canaria, de manera que todas las consejerías incluyan calendarios, sus misiones y una evaluación y control en busca de una mayor racionalización y mejora de la gestión pública. Además, se aprobó un acuerdo con Vilaflor y Valleseco sobre los cobros de impuestos por vía ejecutiva.

Prórroga del contrato del personal para alumnado con necesidades especiales

También se aprobó la prórroga del contrato que permite tener en los centros educativos personal de apoyo para alumnado con necesidades especiales, que son un total de 2.400 alumnos. Para ellos, se contratará a más de 600 personas, con un gasto respaldado hoy de casi siete millones de euros para dos anualidades.

Julio Pérez también mostró el pésame del Gobierno por el fallecimiento del fotoperiodista de la agencia Efe Cristóbal García. El portavoz resaltó su labor como profesional desde que la imagen comenzó a tomar cada vez más relevancia en la prensa.