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Aprobado el decreto ley que establece el régimen sancionador por incumplir las medidas de prevención de la COVID-19

Reunión del Consejo de Gobierno

La multa por duplicar el aforo permitido en determinados actos y alcanzar más de 150 asistentes se establece entre los 60.001 y los 600.000 euros

La norma tipifica, además de las infracciones muy graves, otras calificadas como graves (con multa de 3.001 a 60.000 euros) y las leves desde los 100
hasta los 3.000 euros), así como prescripciones y sanciones adicionales

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el decreto ley que establece el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, acordó remitirlo al Parlamento de Canarias para su posterior convalidación.

Entre otros supuestos, este decreto ley contempla como infracción muy grave (con multa de 60.001 hasta los 600.000 euros) el incumplimiento de los límites de aforo establecidos por las órdenes o medidas vigentes relativas a la COVID-19, cuando el aforo efectivo en el local supere en el 100% el aforo permitido y además ese aforo efectivo sea superior a 150 personas.

El objeto del decreto ley es el establecimiento de deberes de cautela y protección, medidas de vigilancia y control, así como del régimen sancionador que garantice el cumplimiento de las medidas y obligaciones contenidas en las disposiciones o en los actos en materia de salud pública adoptados por la autoridad estatal o autonómica como consecuencia de la COVID-19.

La norma también incluye como infracciones muy graves:

–          La organización y promoción de eventos o cualquier tipo de acto en espacios públicos o privados en los que se incumplan las restricciones de celebración, no hayan sido autorizadas en los casos en los que sea exigible, o se incumplan gravemente las medidas de prevención establecidas para estos, cuando participen más de 200 personas.

–          La conducta tipificada como infracción grave, si en un año antes de cometerla, la persona responsable de ella ha sido sancionada por el mismo tipo infractor mediante resolución firme.

–          La realización de otras acciones u omisiones que infrinjan las obligaciones o restricciones establecidas por el Estado o la Comunidad Autónoma de Canarias para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.

Infracciones graves

Las infracciones graves (con multa de 3.001 a 60.000 euros) incluyen:

–          El consumo en grupo de alcohol o estupefacientes en la vía pública en grupo de número superior a 10 personas.

–          El incumplimiento del deber de observancia del aislamiento prescrito por profesionales sanitarios con funciones de detección, seguimiento y control de la enfermedad, cuando se trate de pacientes diagnosticados con COVID-19.

–          La organización y promoción de eventos o cualquier tipo de acto, en espacios públicos o privados, en los que se incumplan las restricciones de celebración, no hayan sido autorizadas en los casos en los que sea exigible, o se incumplan gravemente las medidas de prevención establecidas para estos, cuando participen más de 20 personas y hasta 200.

–          O el incumplimiento de los límites de aforo establecidos por las órdenes o medidas vigentes relativas al COVID-19, cuando el aforo efectivo en el local supere en un 50% el aforo permitido y ese aforo efectivo sea superior a 20 personas, siempre que la conducta no sea constitutiva de infracción muy grave.

–          Asimismo, son infracciones graves el incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso; el incumplimiento de la elaboración y ejecución del plan de contingencia o del protocolo contra el COVID-19 cuando se esté obligado a ello de acuerdo con las órdenes o medidas dictadas por la autoridad competente: los incumplimientos de las prohibiciones relativas a la apertura de locales adoptadas en el ámbito de la medidas y contención de la COVID-19, y el mantenimiento de un trabajador en su puesto de trabajo, en cualquier tipo de establecimientos, hogares, centros y residencias de servicios sociales, cuando se conozca que el mismo tiene síntomas evidentes de haber contraído la enfermedad, o haya dado positivo en la COVID-19.

En esta categoría de infracciones graves entra también:

–          El impedir cualquier actividad inspectora o la comprobación relativa a los hechos.

–          La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar datos, así como el suministro de información inexacta.

–          O la negativa a colaborar con la autoridad sanitaria, los agentes de la autoridad correspondientes, Policía Local, Cuerpo General de la Policía Canaria y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se encuentren en el ejercicio de su empleo o cargo, así como la realización de otras acciones u omisiones que infrinjan las obligaciones o restricciones establecidas por el Estado o la Comunidad Autónoma de Canarias para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que produzcan un riesgo o un daño grave para la salud de la población.

Infracciones leves

Por último, las infracciones leves (que comportan multas de 100 euros hasta 3.000 euros) incluyen:

–          El incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla o uso inadecuado.

–          El incumplimiento reiterado de la obligación del uso de la mascarilla o uso inadecuado.

–          El incumplimiento de las restricciones de fumar, usar dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas, shisha o asimilados impuestas por autoridad sanitaria para la prevención de la COVID-19, o el consumo en grupo de alcohol o estupefacientes en la vía pública en número inferior a 10 personas.

Cabe destacar que, en el supuesto concreto de incumplimiento de la obligación de llevar mascarillas o hacer un uso indebido, corresponderá una sanción de multa de 100 euros.

De la misma manera, se incluyen:

–          La negativa a la realización de pruebas de diagnósticas para la detección del COVID-19 prescritas por los profesionales sanitarios con funciones de detección, seguimiento y control de la enfermedad.

–          El incumplimiento de las normas u órdenes de limitación a la libertad deambulatoria dictadas para la prevención de la COVID-19.

–          O el incumplimiento del deber de observancia de la cuarentena recomendada o prescrita por profesionales sanitarios con funciones de detección, seguimiento y control de la enfermedad, cuando se trate de contactos estrechos de pacientes diagnosticados con COVID-19, con sintomatología compatible con la enfermedad o cualquier otro motivo por el que haya sido recomendada o prescrita.

Además, las infracciones leves también abarcan:

–          El incumplimiento de los límites de aforo de los locales abiertos al público establecidos por las órdenes o medidas vigentes relativas al Covid-19, cuando la conducta no sea constitutiva de infracción grave o muy grave.

–          La participación en reuniones, eventos o cualquier tipo de acto, en espacios públicos o privados, en los que se incumplan las restricciones de celebración o se incumplan gravemente de forma evidente las medidas de prevención establecidas para esto.

–          O la organización y promoción de eventos o cualquier tipo de acto, en espacios públicos o privados, en los que se incumplan las restricciones de celebración, no hayan sido autorizadas en los casos en los que sea exigible, o se incumplan gravemente las medidas de prevención establecidas para estos, cuando participen hasta 20 personas.

También entran en esta categoría de infracciones leves:

–          El incumplimiento en los establecimientos, locales y espacios, así como los organizadores y promotores de hecho o de derecho de actividades y eventos de cualquier naturaleza, de los deberes de instar el cumplimiento a los usuarios y asistentes que incumplan las obligaciones de uso de mascarilla, distancia de seguridad interpersonal, higiene de manos, condiciones de separación de espacios o grupos o régimen de horarios de cierre establecidos por la autoridad sanitaria para la contención o prevención de la COVID-19.

–          Y el incumplimiento en los establecimientos, locales y espacios, así como los organizadores y promotores de hecho o de derecho de actividades y eventos de cualquier naturaleza, de los deberes de rotulación sobre el aforo e información sobre medidas de higiene y distanciamiento social establecidas por la autoridad sanitaria para la contención o prevención de la COVID-19.

Por último, las infracciones leves incluyen:

–          El incumplimiento de la obligación de informar a las personas residentes, visitantes o usuarias sobre el régimen horario, distancia mínima interpersonal y de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

–          El incumplimiento del régimen de visitas, salidas e ingresos establecidos en los planes de contingencia de los centros de servicios sociales, y cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y restricciones establecidas por el Estado o por la Comunidad Autónoma de Canarias para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y que no esté calificada como falta leve, grave o muy grave por este decreto ley.

Prescripción y sanciones accesorias

Las infracciones tipificadas como leves prescribirán en el plazo de un año, las tipificadas como graves, en el de dos años; y las tipificadas como muy graves, en el de tres años.

En los casos de infracciones graves, atendiendo a la gravedad de los hechos, riesgo y circunstancias, se podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de tres meses.

De igual forma, en los casos de infracciones muy graves se podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de tres meses.

El Gobierno aprueba la implantación de un sistema normalizado de dirección por objetivos

Se pretende ahondar en la eficacia de las políticas y de la asignación de los recursos públicos, así como en la efectiva rendición de cuentas ante la ciudadanía

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la implantación de un sistema normalizado de dirección por objetivos a aplicar en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

El establecimiento de un modelo de dirección por objetivos, metodología de programación avanzada existente en numerosas organizaciones, ahonda en la eficacia de las políticas públicas y en la eficiencia de la asignación de recursos públicos, y profundiza en la práctica de definición de objetivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La dirección por objetivos es un instrumento que posibilita la efectiva rendición de cuentas, entre otros motivos, porque con un mismo lenguaje es posible informar a todos los agentes interesados sobre cómo conocer la actividad pública, desde los órganos administrativa y judicialmente reconocidos como auditores de lo público hasta el órgano soberano sobre lo público que es la propia sociedad.

La implantación de este tipo de modelo de programación por objetivos debe realizarse de forma progresiva desde experiencias piloto y con la definición de modelos básicos de programación que extiendan esa cultura en todo el Gobierno de Canarias, hasta que se consiga establecer un modelo avanzado de dirección por objetivos, evaluación de políticas públicas y otras medidas de evaluación, medición y rendición de cuentas. El Gobierno de Canarias ya ha tenido experiencias de dirección por objetivos en distintos órganos y con esta nueva medida avanza en el camino de conseguir un modelo avanzado de gestión.

Con el modelo de dirección por objetivos que se aprueba hoy, en un primer nivel de programación, el departamento deberá definir formalmente su misión, visión y valores a partir del trabajo realizado hasta ahora, así como sus objetivos estratégicos, a los que se asociará su propio sistema de indicadores (indicadores estratégicos). En el segundo nivel, cada centro directivo relacionará los proyectos que materializará con la consecución de los objetivos estratégicos.

Los sistemas de indicadores (estratégicos, de resultado y ejecución) deberán especificar el responsable, la fuente de obtención, las metas, los valores iniciales y los valores obtenidos. Se pretende asimismo mejorar la organización asignando responsabilidades concretas y resultados medibles.

Por otra parte, el modelo se inspira en los principios de rendición de cuentas y participación, de forma que en esta fase se pretende que el proceso de planificación sea lo más participativo posible con la colaboración de los empleados públicos, así como que ello sirva para comunicar mejor el desarrollo de las actividades del Gobierno a la ciudadanía.

En ese sentido, a través de un sistema informático se hará seguimiento de la evolución de los objetivos y las distintas actividades que permitirán conocer la evolución de los planes del Gobierno.

Otros aspectos

Este acuerdo no sustituye ni interfiere en la regulación y programación presupuestaria, que goza de su propia regulación, sino que establece una metodología básica de programación de la actividad administrativa, hasta que se llegue a un escenario en el que la Administración Pública disponga de un sistema integrado de Planificación y Dirección por Objetivos, en el que la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos y la evaluación de las políticas públicas conformen un ciclo completo.

Además, cabe destacar que esta metodología permite mejorar la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se desarrollarán en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS), así como en el Plan para la Reactivación y Social y Económica de Canarias, incrementando su eficacia y eficiencia.

Todos los departamentos deberán haber concluido y aprobado una primera programación de sus actividades antes del 31 de julio de 2021. Deberá cubrir, al menos, los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

 

Educación autoriza el gasto para la prórroga del contrato de personal no docente de apoyo a alumnado con NEAE

La empresa adjudicataria, Aeromédica Canaria, percibirá 6,7 millones de euros por la prestación del servicio hasta el 1 de abril de 2022

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy jueves, 3 de septiembre, el gasto para la prórroga del contrato de diversos servicios del personal no docente que atiende al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y trastornos graves de la emoción y la conducta, escolarizado en centros educativos de titularidad pública del Archipiélago.

Se trata de cuidadores y cuidadoras, auxiliares de enfermería, enfermeros y enfermeras, fisioterapeutas, personal de apoyo en taller, intérpretes y especialistas en lengua de signos, que apoyan el trabajo en el ámbito educativo que se desarrolla en centros ordinarios de atención preferente, aulas enclave, centros de educación especial y residencias escolares especiales. En total, 608 profesionales, que prestan sus servicios en centros docentes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo canario.

La empresa adjudicataria, Aeromédica Canaria, percibirá un total de 6.768.212,50 euros por dicho servicio, correspondiente a los ejercicios de 2020 a 2022 (3,38 millones de euros correspondientes a 2021 y 1,01 al 2022), con finalización definitiva del contrato el 1 de abril de 2022.

 

Convenios entre la Agencia Tributaria Canaria y Valleseco y Vilaflor de Chasna para el cobro por vía ejecutiva

Estos acuerdos facilitarán la gestión recaudatoria de sus deudas haciendo uso de los órganos de recaudación autonómicos

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la suscripción de sendos convenios entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y los ayuntamientos de Valleseco, en la isla de Gran Canaria, y de Vilaflor de Chasna, en Tenerife, para la prestación del servicio de gestión de cobro en vía ejecutiva de las deudas de dichos municipios, ya sean de naturaleza tributaria como no tributaria.

Esos acuerdos facilitarán que ambos ayuntamientos deleguen en la ATC la gestión recaudatoria de sus deudas, haciendo uso de los órganos de recaudación autonómicos, de los medios de información y de los procedimientos técnicos utilizados para la recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con ello, se persigue garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías para facilitar a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

El procedimiento para la gestión del cobro se iniciará una vez vencidos los plazos de ingreso en periodo voluntario, sin que se hayan satisfecho las deudas. En ese momento, los ayuntamientos expedirán los títulos ejecutivos que procedan y los remitirán a la Agencia Tributaria Canaria con una periodicidad máxima mensual.

Canarias limita los eventos a 10 personas en las islas con mayor incidencia y pedirá al Estado rastreadores

El presidente anuncia las nuevas medidas acordadas por su Gobierno

El presidente Torres anuncia un endurecimiento de las medidas de seguridad ante el aumento de contagios y pide a la población que denuncie los casos de incumplimiento

Tras otro consejo extraordinario y una reunión de coordinación de seguridad, subraya que la situación es “preocupante” y que las medidas son “las más duras posibles”

El jefe del Ejecutivo alerta de que Gran Canaria y Lanzarote presentan 129 y 99 casos por cada 100.000 habitantes y que los brotes se dan ahora en los centros de trabajo y entornos familiares

El cierre de los restaurantes se fija a las 00:00 horas, el uso de mascarillas será obligatorio en todo ámbito laboral y se intensificará la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció esta noche que su Gobierno prohibirá los actos públicos de más de 10 personas en las Islas que superen los 100 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes durante las dos próximas semanas y a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, prevista para este sábado. El jefe del Ejecutivo autonómico dio una rueda de prensa tras otro Consejo de Gobierno extraordinario centrado en las medidas contra la pandemia de la COVID-19 y después de una reunión de coordinación con las fuerzas de seguridad y representantes de la Fecai y la Fecam sobre la situación actual del virus y la respuesta pública. Torres mostró su preocupación por la evolución de la pandemia en el Archipiélago, subrayó que las medidas que ha decidido su Gobierno hoy “son las más duras posibles” y dejó claro que servirán de poco si sigue habiendo personas que las incumplan, exhortando a los canarios a denunciar esos incumplimientos, aunque reconociendo el comportamiento general en el Archipiélago.

Ángel Víctor Torres también anunció que pedirá al Ministerio de Defensa el apoyo de un centenar de militares especializados en el rastreo de contagios del virus para reforzar el seguimiento en las Islas. En este sentido, resaltó el esfuerzo que se está haciendo particularmente en Gran Canaria, con el incremento de rastreadores, que ha pasado de 85 a 158 de julio a agosto.

Torres recordó que ha habido cinco consejos de gobierno en agosto, durante todas las semanas, “algo sin precedentes”, debido al agravamiento de la situación. Remarcó que el Ejecutivo ya se adelantó hace dos semanas con algunas decisiones “duras y restrictivas”, como la de no fumar o el cierre del ocio nocturno, que luego aplicó el Estado. Sin embargo, “y aunque hay menos contagios por el ocio nocturno”, lamentó que los datos hayan seguido agravándose y apuntó que Gran Canaria presenta 129 casos y Lanzarote, 99. Además, destacó que se ha registrado un aumento significativo de los brotes y de los afectados.

Ante esto, justificó las medidas “drásticas” de hoy e insistió en que “tenemos que hacer que se cumplan, que se tomen como órdenes, para no volver a las lúgubres semanas de marzo y abril”. Torres también explicó que se ha decidido que, en vez de a la una de la madrugada, los negocios de restauración cierren en esas dos semanas a las 00:00 horas. Además, el Gobierno recomienda que se limiten los encuentros sociales en el ámbito de “la convivencia estable, reduciendo al máximo los que estén fuera del familiar”. Otra medida aprobada hoy es el uso obligatorio de las mascarillas en todo ámbito laboral.

El Ejecutivo ha decidido, asimismo, hacer una criba o test conjuntos en los núcleos con más de 100 positivos por cada 100.000 habitantes, “las llamadas zonas calientes”. En Gran Canaria, además, se pasará de 9 a 15 las áreas de recogida de muestras. Además, laboratorios trabajarán durante las 24 horas para tener los resultados “cuanto antes”. Torres también anunció que se seguirá con los cribados en las residencias de mayores.

Máximas sanciones

Otra decisión, que se ha compartido con los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pasa por activar “al máximo todos los efectivos”, sobre todo en los lugares con más afección, para que se cumplan las normas. Además, el órgano de seguridad se reunirá todos los días para analizar la situación y el cumplimiento de las medidas en las playas, terrazas y otros lugares públicos. El Gobierno recalca que aplicará las máximas sanciones y trabaja en un decreto para ampliar las cuantías.

El presidente anunció que estas medidas serán analizadas mañana por los servicios jurídicos para pulirlas y que se puedan aplicar y llevar al Boletín Oficial este mismo sábado. Según remarcó, “estamos a tiempo, pero hemos tenido que tomar decisiones duras y drásticas. El cumplimiento de estas normas es clave, primero para la salud y, luego, para la economía. Hagamos cumplir las normas al que no lo hace. La mayoría lo hace, fuimos un ejemplo en el confinamiento y no queremos volver atrás. Las normas las dictamos para que se cumplan, obligados por las circunstancias y son las más duras que se pueden tomar. Pero es imposible poner un policía al lado de cada uno de los dos millones de canarios. Por el contario, sí es posible tener un comportamiento ejemplar y ético como tiene la mayoría de este pueblo. Queremos sepultar esa etapa de nuestra vida: no se lo merecen ni los sanitarios ni la gente que está trabajando al pie del cañón ni este pueblo”, subrayó.

Según aclaró, “está en riesgo nuestra salud y nuestro futuro. La cuarentena no es optativa para el que haya dado positivo. Esto no es un juego de niños. La pandemia va a convivir con nosotros hasta que haya vacuna”, dijo, al tiempo que denunció que se haya producido fiestas en barcos, que no se respete la distancia y el resto de incumplimientos. “Son actos que se pagan con cientos de positivos y con gente joven que está entrando en los hospitales; se están poniendo en riesgo vidas y a las personas vulnerables”.

A la reunión de seguridad de la tarde acudieron, entre otros, el delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana; el vicepresidente regional, Román Rodríguez; el portavoz gubernamental y consejero de Seguridad, Justicia y Presidencia, Julio Pérez; el máximo responsable de Sanidad, Blas Trujillo; la presidenta de la Fecam, Mari Brito, los presidentes de los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, así como miembros de las distintas fuerzas de seguridad en las Islas.

Acuerdo sobre el curso escolar

El Consejo de Gobierno y la reunión de coordinación de seguridad, ambas en Las Palmas de Gran Canaria, estuvieron marcadas también por la reunión, durante la mañana entre los ministerios de Sanidad, Educación y Política Territorial con los respectivos consejeros de los dos primeros departamentos para abordar el comienzo del curso escolar, que se cerró con un consenso unánime sobre el protocolo.

En su comparecencia, Torres anunció que habrá una nueva Conferencia de Presidentes con Pedro Sánchez el 4 de septiembre, centrada en el inicio del curso, que el lunes habrá otra cita de la consejera con la comunidad educativa y que se busca un curso “lo más normalizado posible, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia”, dijo.

El Consejo de Gobierno establece el cierre de locales de hostelería, bares, cafeterías y restaurantes a la 1.00

Reunión del Consejo de Gobierno

Con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables, se limitan las visitas a los centros de mayores; también se ha aprobado el cierre absoluto del ocio nocturno tanto en exteriores como en interiores

Los eventos multitudinarios deberán tener autorización expresa de las autoridades sanitarias para poder desarrollarse

El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la mañana de este jueves, 20 de agosto de 2020, ha adoptado, a instancias de la Consejería de Sanidad, una serie de nuevas medidas con el objetivo de contener los brotes relacionados con la pandemia de la COVID-19 y de trasponer en su totalidad el acuerdo tomado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud del pasado 14 de agosto. Los acuerdos adoptados hoy serán publicados este viernes en el BOC.

Hay que recordar que Canarias ya se había adelantado a esa petición normativa para todo el país con medidas relacionadas con el cierre del ocio nocturno, la obligatoriedad del uso de mascarillas o la prohibición de fumar en espacios públicos si no se mantiene la distancia de seguridad (de dos metros).

Además, en el Consejo de hoy se han añadido otras medidas, pues se ha aprobado el cierre absoluto del ocio nocturno tanto en exteriores como en interiores. Ello afectará a discotecas, terrazas, salas de baile y bares de copas, con o sin actuaciones musicales en directo.

A ese acuerdo, se añade otro: la fijación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería, bares, cafetería y restauración a la 1.00, no pudiendo estos recibir nuevos clientes desde las 00.00.

Centros de mayores

A tenor de que los mayores y las personas con patologías previas siguen siendo el colectivo más vulnerable ante la enfermedad de la COVID-19, los centros sociosanitarios deben ser especialmente protegidos. Por ello, se limitará al máximo la salida a los residentes y se limitarán las visitas a estos.

Eventos multitudinarios

Respecto a los eventos y actividades multitudinarias, su realización requerirá de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esa evaluación, cada evento de esas características deberá contar con la autorización de la comunidad autónoma.

La Consejería de Sanidad también ha recordado que se deben mantener las medidas higiénicas recomendadas tanto en los ámbitos públicos como en los privados. Estas son: distancia de seguridad personal, lavado de manos continuo y uso obligatorio de la mascarilla.

El Gobierno de Canarias endurece las medidas de control contra la COVID-19 en locales de ocio y reuniones sociales

Reunión del Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno aprueba el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios, tanto cerrados como abiertos

Canarias también prohíbe el ocio nocturno en lugares cerrados y limita el aforo en los sitios abiertos

El Ejecutivo adopta medidas preventivas más exigentes con el fin de preservar la salud de las personas y la economía; Canarias es la comunidad con una incidencia acumulada de casos más favorable en todo el país, con 22,7 por 100.000 habitantes

 

El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana de jueves (13 de agosto de 2020) para analizar la situación de la pandemia COVID-19 en Canarias ha adoptado el acuerdo de aprobar una serie de medidas sanitarias de reforzamiento en aras a buscar la contención de los contagios en las Islas. El Consejo ha aprobado, a instancias de la Consejería de Sanidad, el uso obligatorio de la mascarilla tanto en los espacios abiertos como en los cerrados, independientemente de que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Además, el Consejo ha aprobado restricciones en los sectores de restauración y de ocio nocturno.

Estas medidas se toman tras constatar en la última semana un incremento significativo de casos de COVID-19 en el Archipiélago, sobre todo en menores de 30 años y vinculados al ocio nocturno. Actualmente, en Canarias hay 28 brotes activos (con casos diagnosticados en los últimos 14 días), con 268 casos y 745 contactos estrechos identificados y en cuarentena.

Pese a esa evolución negativa, Canarias posee hoy en día la situación más favorable de la pandemia en España, donde es el territorio con una incidencia acumulada de casos diagnosticados (medidos a 14 días) de las más ventajosas del país, con 22,71 casos por cada 100.000 habitantes, por delante de Asturias y Galicia, según se recoge en el último informe oficial sobre la COVID-19 (miércoles 12 de agosto) publicado por el Ministerio de Sanidad.

El 31 de julio había en Canarias 15 brotes activos, en los que habían implicados 157 casos confirmados y más de 500 contactos estrechos identificados y en cuarentena. Es decir, en dos semanas el número de personas en seguimiento por brotes ha aumentado el 50%.

Ante esa situación, el Consejo de Gobierno ha tomado la determinación de adoptar nuevas medidas restrictivas proporcionales al riesgo y dirigidas a aquellos ámbitos o sectores en los cuales se debe reducir el riesgo de transmisión.

Mascarilla obligatoria

A partir de este viernes, cuando el acuerdo se publique en el BOC, se establece la obligatoriedad del uso de mascarillas a todas las personas de seis años en adelante. Será obligatorio llevar mascarilla en “la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, o en el que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros”.

Además, será obligatorio el uso correcto de la mascarilla, debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente. Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno.

La mascarilla será obligatoria en los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidos bares y cafeterías. Solo se excluye la obligación de su uso en el momento de la ingesta de alimentos o bebidas.

En las playas y piscinas solo se excluye la obligación del uso de la mascarilla durante el baño y mientras se permanezca en un espacio determinado, sin desplazarse, y siempre que se pueda garantizar el respeto de la distancia de seguridad interpersonal entre todas las personas usuarias no convivientes. En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla en los accesos, desplazamientos y paseos que se realicen en esos espacios e instalaciones.

En los centros educativos no universitarios no será obligatoria la mascarilla cuando se trate de los grupos de convivencia estable entre escolares y en el resto de grupos escolares, cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia de al menos 1,5 metros.

La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19.

Además de esa obligatoriedad, el Consejo de Gobierno, a instancias de la Consejería de Sanidad, recomienda la utilización de mascarilla también en los espacios privados, “tanto abiertos como cerrados, cuando se celebren reuniones de personas procedentes de distintos núcleos de convivencia”.

Restauración

Junto a la anterior medida sobre el uso de la mascarilla, se establecen otras en el ocio y la restauración. En este sentido, se modifica la norma anterior respecto a los aforos en bares y restaurantes pues la ocupación máxima de mesa o agrupación de mesas será de 10 personas, tanto en el interior como en el exterior de los locales. Se mantiene la distancia de separación de 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas, así como en la barra entre clientes o grupos. La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas en interior y exterior será de 10 personas. En todo caso, los establecimientos deberán tener adecuadamente señalizada la mencionada distancia de separación.

Ocio nocturno

Respecto al ocio nocturno, solo se permite aquel que se produzca en espacios abiertos, tipo terraza. Estos locales podrán abrir al público exclusivamente para consumo sentado o de pie y siempre en reservados nominativos. El acceso será mediante grupos de hasta 10 personas de su entorno social o familiar, sentadas o de pie, y el consumo será directamente servido en cada reservado.

En todo caso, el aforo en terrazas al aire libre, discotecas y ocio nocturno será como máximo del 75%. Además, habrá que mantener la distancia interpersonal y el uso de la mascarilla.

En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas de acceso e inmediaciones, así como a cualquier otra zona donde no se respete la distancia interpersonal de seguridad.

El Gobierno prohíbe también los encuentros y las fiestas en embarcaciones recreativas donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El presidente destacó además que la celebración de verbenas y fiestas populares seguirán sin autorizarse, dada la evolución epidemiológica actual.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó la prohibición de fumar en la vía pública o en espacios de uso público donde no se pueda mantener la distancia física de 1,5 metros, atendiendo al riesgo de contagio de la COVID-19 que puede implicar el humo.

Por último, el presidente anunció una especial atención a las residencias de mayores, lo que implica un cribado tanto de residentes como de trabajadores.

Torres: «Si no se guardan las medidas de seguridad ante la pandemia, lo van a pagar las personas y la economía”

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias

El presidente anuncia que, desde su publicación en el BOC de mañana, en Canarias también se prohíbe fumar en los espacios públicos

El jefe del Ejecutivo regional subraya que los datos han obligado a restringir de nuevo el ocio nocturno y que se volverá a cribar a mayores y trabajadores de las residencias

El Gobierno autonómico no prevé, de momento, confinar ninguna zona, pero Torres advierte de que se extremarán las medidas en función de la evolución de los casos

 

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, advirtió este mediodía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que si los residentes y visitantes en las Islas “no son responsables” respecto a las medidas de seguridad por la pandemia de la COVID-19 “lo van a pagar las personas y la economía” del Archipiélago.

Tras un Consejo monográfico sobre las nuevas medidas de seguridad ante la COVID-19, a preguntas de la prensa, el jefe del Ejecutivo autonómico anunció que, igual que ya ocurre en otras regiones de España (como Galicia), desde mañana, viernes 14 de agosto, se prohíbe fumar en espacios públicos abiertos, como las terrazas de los bares. Esta medida, como el resto, entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y todas se suman a una marcha atrás en la apertura que ha vivido el ocio nocturno en las Islas desde el pasado 20 de junio, dado que la inmensa mayoría de los nuevos contagios afectan a menores de 30 años y tienen vinculación con el ocio y las aglomeraciones. Canarias también extremará las medidas de control en las residencias de mayores, donde se retomarán los PCR a todos sus usuarios y trabajadores.

Según explicó Torres al comienzo de su comparecencia, el índice acumulado de positivos en los últimos 14 días en las Islas es de 22 por cada 100.000 habitantes, el más bajo de España, mientras que se reduce a 18 para los últimos siete días, solo por detrás de Asturias y Extremadura. El presidente advirtió de que, en el último mes, el índice se ha multiplicado por seis en España y, en las Islas, por tres. “Hace un mes -dijo-, había solo siete contagiados por cada 100.000 habitantes en Canarias, y queremos seguir con los buenos datos”.

En este sentido, Torres subrayó que el Consejo lo convocó el martes ante el agravamiento de las cifras desde el último fin de semana, con 28 brotes ahora, “en su mayoría de origen social, familiar y festivo o de ocio, sobre todo en Gran Canaria”. En esta isla, el 95% de los contagios proceden del ocio y se da entre jóvenes (el principal brote se produjo en Las Palmas y en una zona de tres discotecas, con 60 contagios), frente al 85% de Tenerife y otras islas.

Entre las medidas adoptadas hoy, además destaca el uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Torres indicó que se hará un seguimiento de lo acordado para, si es necesario, reforzar o incrementar aún más las restricciones o iniciativas de lucha contra el coronavirus. Según dejó claro el presidente de Canarias, se prohibirá cualquier acto con aglomeraciones. “Si se actúa irresponsablemente -señaló-, quienes hacen eso se están riendo de la salud y de la vida de la gente. Por eso, hay que apelar a la responsabilidad personal. Estamos disfrutando de un agosto en el que podemos salir, ir a la playa, estar con la familia, con los amigos, besarnos…, pero luego está el riesgo real de que el coronavirus existe y, ante su evolución, hay que actuar con las medidas que hemos tomado”.

Ante las preguntas de los medios, Torres recordó que Canarias fue de las comunidades que más tarde permitió el ocio nocturno. “Se permitió el ocio en espacios abiertos y, luego, tomando nombres y definiendo mesas, en el interior, sin permitir el baile y teniendo que estar controlado. Sin embargo, ahora ha habido brotes y se han abierto investigaciones con locales donde se han dado hasta 60 positivos. Por eso, tenemos que dar marcha atrás”, remató el presidente de Canarias.

La aplicación Radar Covid, desde la próxima semana

El presidente anunció que la aplicación de rastreo Radar Covid estará activa para toda Canarias la próxima semana, lo que se sumará a los buenos resultados que están dando los 200 rastreadores directos o indirectos que trabajan en las Islas. “En Canarias, esto funciona muy bien, y así lo reconoce el Estado y los organismos supranacionales”.

Sobre la prohibición de fumar en espacios abiertos, dijo que se estudiaba desde hace días, en consonancia con las recomendaciones de la OMS, y subrayó que con todas estas decisiones se pretende tener los mejores datos para el comienzo del curso escolar. En este sentido, y sobre las contrataciones de nuevo profesorado, recordó que, a petición de Canarias, habrá una reunión de todas las regiones con el presidente Pedro Sánchez para analizar el inicio del curso, si bien insistió en que “la voluntad es que sea presencial mayoritariamente”. La propuesta de contratación de docentes se analizará por trimestres. “Todo depende de cómo evolucione la pandemia. Si evoluciona a mejor, no será necesaria esa separación mayor entre alumnos y se podrán ampliar las ratios. Si evoluciona a peor, pues ya sabemos que se tuvieron que suspender las clases a mediados de marzo. La consejera tiene establecidas distintas opciones según evolucione la pandemia”.

Preguntado sobre si prevén confinar alguna zona, dejó claro que, de momento, el Gobierno no lo contempla, “aunque eso no significa que no se pueda dar si actuamos de manera irresponsable. Nos podemos divertir de manera natural sin poner a los demás en riesgo”, reiteró.

Torres insistió en que siempre ha sido “claro: siempre dije que, si había que dar marcha atrás en las medidas de apertura, lo íbamos a ser. Los datos hoy son contundentes. Aunque no hay problemas en la respuesta asistencial, y solo tenemos una persona en la UCI, el 95% de contagios se da en personas con menos de 30 años y la mayoría son asintomáticos, pero son contagiadores. Cualquiera de esas personas se puede llevar por delante vidas. La conclusión es que los contagios se producen por concurrencia en actos festivos y ahí es donde hay que atajarlos”, explicó el presidente de Canarias.

Canarias pedirá que la UE atienda sus singularidades en la reconstrucción económica y social por la Covid 19

Julio Pérez, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, sostiene que casi todas las consejerías pueden participar de los proyectos que se financiarán con los fondos europeos y recalca que, como el Plan de Reactivación de Canarias, la UE prioriza la sostenibilidad, la digitalización y reforzar la sanidad y la educación

 

El Consejo del Gobierno de Canarias celebrado hoy en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife debatió, entre otras cuestiones, la manera en que se incorporarán las propuestas relativas al Archipiélago en el Plan de Reconstrucción Social y Económica que España propondrá a la Unión Europea. Aunque no se trataba de uno de los puntos del orden del día de la reunión, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, explicó en la rueda de prensa celebrada esta tarde que el Gobierno autonómico confía en que la propuesta que España haga al Consejo Europeo tenga en cuenta las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, su insularidad y otras variables.

“El Gobierno espera que se atienda a esas singularidades en el plan que finalmente presente el Reino de España por la crisis del Covid, pero esto no nos releva de ir preparando las propuestas y proyectos que Canarias pueda presentar al Gobierno de la nación para que, a su vez, lo incorpore a lo que se plantee a la UE”, dijo Pérez. Además, subrayó la importancia de que esos proyectos estén relacionados con el Pacto de Reactivación de Canarias firmado con partidos políticos, organizaciones sindicales, patronales y otras entidades el pasado 30 de mayo, “cuyo plan que está siendo perfeccionado por todos los participantes”.

El portavoz aclaró que aún es pronto para anunciar con concreción algunos de esos proyectos más allá de las líneas generales dadas por la UE y lo indicado hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez. Nos obstante, remarcó que en la reunión de hoy sí han contrastado esas prioridades y han comprobado la coincidencia con el proyecto regional de reactivación socioeconómica, al subrayarse “la protección del medio ambiente, la digitalización o la mejora de los sistemas sanitarios y de educación. Hemos repasado algunos proyectos de infraestructuras de las distintas consejerías y casi todas están en condiciones de formular propuestas, pero hemos de ponernos a trabajar para concretar esto y estaremos atentos a lo que diga la UE y lo que proponga el Gobierno de España, presentando los proyectos lo antes posible”, explicó.

La reunión sirvió también para analizar, fuera del orden del día, el seguro sanitario y por otras contingencias que ocasione la pandemia a los viajeros que visiten Canarias. Según resaltó, se trata de una iniciativa de la Consejería de Turismo que durará un año y que ha resultado “respaldada por el Gobierno de forma entusiasta porque ha sido muy bien recibida por el sector, al entenderse que es un mensaje más que se emite a los mercados emisores sobre la seguridad que ofrecen las Islas”. En este sentido, aludió al hecho de que Suiza y Austria hayan decidido mantener restricciones para viajes a determinados destinos, pero hayan excluido a Canarias.

Sobre la negociación con el Reino Unido para eliminar la cuarentena al regreso desde las Islas, y también en respuesta a la Prensa, el portavoz señaló que el presidente regional mantuvo en el consejo su esperanza de que esto se corrija y que sigue en continuo contacto con la ministra de Asuntos Exteriores.

Pérez aclaró que, aunque tendrán vacaciones hasta el 27 de este mes, los miembros del Gobierno acudirán al Parlamento el día 19 para convalidar los recientes decretos sobre la financiación de los ayuntamientos y la prórroga de la exoneración del Igic a productos sanitarios. Asimismo, anunció que todos los consejeros disfrutarán de sus vacaciones en las Islas.

Preguntado por los sucesos en Tunte, en San Bartolomé de Tirajana relativos a los migrantes trasladados, insistió en que “no se han producido en Canarias contagios de Covid de personas que hayan venido en cayucos o pateras, aunque se hayan encontrado algunos positivos entre ellas, lo que ya hemos dicho en el Parlamento. Desde hace meses, el Gobierno adoptó la decisión de hacer controles PCR a la entrada y aislarlos luego. Aunque uno pueda explicarse que haya un grupo de personas que se manifieste de este modo, no es aceptable ni la violencia física ni impedir el paso de periodistas o de las fuerzas de seguridad; no está justificado. Primero porque es un grupo muy pequeño, porque no genera ningún peligro y porque esto se está produciendo en todo el Archipiélago. Frente a estas señales de ayer, hay que poner en valor la acogida en todas las Islas. Esto no nos debe hacer olvidar que, en estos momentos, tenemos cientos de migrantes alojados en otras dependencias. Es un episodio aislado que, viendo las imágenes, se califica solo. No hay ningún peligro ni amenaza”, subrayó.

El Gobierno destina 1,3 millones a los cabildos insulares para acciones de promoción conjunta con las aerolíneas

Reunión del Consejo de Gobierno

La colaboración con las compañías aéreas cuya finalidad sea el impulso y mejora de la conectividad aérea de las Islas con los mercados emisores es una de las acciones contenidas en el Convenio suscrito con el Estado tras la quiebra de Thomas Cook

El Gobierno de Canarias realizó este jueves la modificación de crédito para dotar a los cabildos insulares de 1,3 millones de euros para acciones de co-branding o promoción conjunta con las compañías aéreas con los mercados emisores para el impulso y mejora de la conectividad de Canarias.

Ésta es una de las acciones de promoción turística que se contiene en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

Este convenio, cuyo importe total es de 15 millones de euros, se suscribió el 23 de diciembre de 2019 tras la reunión que mantuvo la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, con la ministra del Área, Reyes Maroto, para solicitar ayudas urgentes tras la quiebra de este turoperador que transportaba a las Islas 2,1 millones de turistas al año.

El Ejecutivo señala que los cabildos insulares son instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a las que la Ley les asigna competencias en materia de turismo. Asimismo, las islas y sus órganos de Gobierno conocen adecuadamente las necesidades de acción promocional de su territorio y, particularmente las relativas a la promoción de rutas aéreas adecuadas a su sector turístico.

Es evidente que existen diferencias en cada territorio insular en esta materia no solo en lo que se refiere al producto turístico que ofrecen al cliente, sino también a lo que afecta a las distintas exigencias de actuación en mercados emisores para acomodar su propia oferta turística a las diferentes expectativas y demandas.

En este sentido, el Gobierno considera que resulta más adecuado y eficaz para la consecución de los fines señalados que tales acciones sean directa e individualmente realizadas por cada una de las islas, conocedoras de sus necesidades y posibilidades. De esta manera con la concreta e individualizada asignación de los créditos determinados a cada uno de los Cabildos Insulares se conseguirá una mayor eficacia y operatividad en la gestión de los recursos presupuestarios mencionados, aplicándose a cada isla una cuantía determinada.

De esta forma, se consigna para los cabildos insulares de Tenerife y Gran Canaria la cantidad de 309.430,94 euros respectivamente. A los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura un total de 232,203,22 euros respectivamente. Al Cabildo Insular de La Palma, 108.300,84 euros; a los cabildos de El Hierro y La Gomera 54.215,42 euros respectivamente.

Con la presente modificación de crédito se persigue adecuar la financiación procedente de la Administración del Estado y derivada del señalado Convenio a la consecución de los objetivos marcados con la suscripción del mismo y cuya ejecución resulta mucho más eficaz que sea realizada por las administraciones insulares.