Logo del Gobierno de Canarias

La asistencia jurídica gratuita recibió 9,4 millones de euros en el primer semestre de 2020

Los cuatro colegios de abogados de Canarias ingresan 8.374.622,86 millones, mientras que los dos colegios de procuradores obtienen 1,024.868,29 millones.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas en el primer semestre de 2020 a los cuatro colegios de abogados de las Islas (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote) y a los dos colegios de procuradores (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) para la prestación de la asistencia jurídica gratuita que en total ascienden a 9.399,487,15 euros.

Se cumple así con la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

Esas ayudas, se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 8.374.322,86 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.024.864,29 euros.

Un total de 5.236133,95 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 2.510.439,89 euros al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 360.598,38 euros al de Lanzarote, y 267.450,64 euros al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife le otorgaron 431.496,79 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 593.367,5 euros.

 

El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz, en Cabo Llanos, respetará las zonas verdes y dotaciones públicas

El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz, en Cabo Llanos, respetará las zonas verdes y dotaciones públicas

En breve se podrá iniciar la tramitación del expediente administrativo que dará cobertura a la construcción de las nuevas instalaciones judiciales y se impulsará la redacción del proyecto para dotar a Santa Cruz de Tenerife de un nuevo edificio judicial, en Cabo Llanos, manteniendo las dotaciones y servicios públicos de la zona

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, informó hoy al Consejo de Gobierno sobre las actuaciones llevadas a cabo para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos que albergará tanto a los órganos judiciales unipersonales como colegiados, los servicios del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, los equipos de Mediación, dependencias específicas para profesionales de la abogacía y la procura, además de otras profesiones jurídicas, así como servicios comunes, salas de acceso y espera, bibliotecas y salas de estudio, entre otros.

En este sentido, Pérez explicó la alternativa (entre nueve que han sido estudiadas) acogida de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte de la Ciudad de la Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento.

A tal fin, se emplearán dos parcelas propiedad del Gobierno de Canarias en la manzana ubicada detrás de los centros comerciales de la Avenida de 3 de Mayo. De esta manera, se repartirá el aprovechamiento de esas dos parcelas. El uso docente se trasladará a una parcela inmediata, a la ubicada detrás de las Torres, donde se utilizará el aprovechamiento edificativo existente para albergar el centro educativo.

Con el fin de culminar los trabajos en el menor tiempo posible, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tramita ya un nuevo encargo a la Empresa Pública Gestur Tenerife, S.A. para la redacción de los documentos que permitan llevar a cabo la actuación excepcional del Gobierno para la modificación de parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, con el objeto de garantizar la implantación de la Ciudad de la Justicia. Asimismo, se elaborarán las normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del PGO y se efectuará el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégico.

Con estas actuaciones se logrará el impulso definitivo del proyecto y el comienzo de los trabajos para dotar a Santa Cruz de Tenerife de las instalaciones necesarias para garantizar una Administración de Justicia moderna y eficiente, en un espacio emblemático de la ciudad y de forma coincidente con las reivindicaciones de los operadores jurídicos y de la ciudadanía, al mantener y ampliar las dotaciones y servicios públicos de la zona.

Desde el inicio de la legislatura, la Consejería ha llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. En el marco del encargo suscrito por Orden del anterior Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias de 30 de abril de 2019 con la entidad Gestur Tenerife, S.A., esta empresa pública elaboró los documentos necesarios para el estudio de distintas alternativas que permitan la corrección, en lo necesario, de las previsiones urbanísticas vigentes en la zona de Cabo Llanos, para el desarrollo del nuevo edificio.

En este contexto, la Consejería introdujo varios planteamientos nuevos al encargo que se tomaron en consideración, tales como la no supresión de los equipamientos ciudadanos previstos, o su traslado a zonas inmediatas; el mantenimiento del uso del actual Palacio de Justicia; el traslado de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de los restantes órganos ubicados en la Plaza de San Francisco, y que se tomara como referencia para el proyecto que el desarrollo del Palacio de Justicia en la zona actual de Cabo Llanos deberá contar con zonas verdes y plazas de conexión entre sus edificios. Con estas indicaciones se elaboraron las alternativas estudiadas.

La vigencia de este Plan será indefinida hasta que se alcancen los objetivos planteados. No obstante, cada cinco años deberá realizarse un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de las medias y actuaciones y de la consecución de objetivos. El coste aproximado de este plan es 203.300 euros

Plano de la Ciudad de la Justicia de Tenerife
Plano de la Ciudad de la Justicia de Tenerife

El Gobierno anticipa a los municipios 103 millones del FCFM y los libera de las condiciones para el 50%

El Gobierno anticipa a los municipios 103 millones del FCFM y los libera de las condiciones para el 50%

El Gobierno de Canarias aprueba, a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Decreto Ley sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020

La nueva norma permite a los ayuntamientos destinar parte de estos recursos a los gastos por la crisis sanitaria de la Covid-19

También se modifica la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, y otros dos decretos que regulan la materia, para configurar al Registro de Participación Ciudadana como un registro de procesos participativos que garantiza su carácter abierto y accesible

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Proyecto de Decreto Ley sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para 2020 y de Fomento de la Participación Ciudadana a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirigen Román Rodríguez y Julio Pérez, respectivamente. La finalidad de la norma es anticipar a los ayuntamientos 103 millones de euros que deberían percibir en diciembre y flexibilizar el uso del dinero transferido.

En el Decreto Ley, y para el ejercicio 2020 con la finalidad de inyectar liquidez a los municipios, se retira en el FCFM la condicionalidad del 50% dedicado a inversiones, de modo que se pueda utilizar libremente por los ayuntamientos. También para el presente año se permitirá el uso incondicional del Fondo por parte de los ayuntamientos, aunque no se cumpla con alguno o con todos los indicadores de saneamiento económico financiero.

No obstante, se mantiene la obligación de presentar las auditorías de liquidación del ejercicio presupuestario de 2019 como mecanismo de que que los ayuntamientos presenten sus cuentas anuales a los efectos del diagnóstico económico-financiero.

El Gobierno, con la conformidad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y previo informe del Consejo Municipal de Canarias, además autoriza a que en el presente año 2020 se anticipe el 70% del importe previsto del FCFM. Hasta ahora solo recibían los ayuntamientos un anticipo del 35% (ya efectuado en el actual ejercicio) y el resto se transfería cuando presentaban las auditorias de a liquidación del año anterior. Esto significa, que se anticiparan a los ayuntamientos 103 millones adicionales (otro 35%). Tal cantidad, que hubiesen recibido a final de año, se transfiere este 31 de julio, para la cual la Dirección General del Tesoro ya ha preparado los trámites necesarios.

La norma establece un régimen excepcional del FCFM para el presente ejercicio, de modo que pueda ser destinado a políticas de gasto vinculadas a los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.

Sin perjuicio de ello, los ayuntamientos con una peor situación de salud financiera podrán, si lo estimaran oportuno, mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo. Además, el decreto ley contempla que los ayuntamientos podrán destinar los excesos de financiación no utilizados derivados del FCFM correspondientes al ejercicio 2019 a esas mismas finalidades.

Además, como medidas de apoyo a la tesorería de los ayuntamientos que por la declaración del estado de alarma han adoptado medidas coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de sus tributos periódicos, se establece la no aplicación de las reducciones por incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición.

Participación ciudadana

Por otro lado, para el Gobierno de Canarias resulta evidente que una crisis de esta envergadura solo podrá ser superada con el concurso de toda la sociedad. En tal sentido, el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias apela a la necesaria participación de toda la sociedad civil y, al aludir a la transformación digital de las administraciones, requiere la incorporación de la perspectiva del gobierno abierto en la prestación de los servicios públicos, por lo que es preciso poner en valor el mandato, recogido en el artículo 9.2 de la Constitución Española, de facilitar la participación de la ciudadanía.

La Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, quedó obsoleta muy pronto dada la evolución de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos participativos que se pudieran iniciar. En concreto, la regulación actual del Registro de Participación Ciudadana exige una solicitud previa y posterior resolución de inscripción, lo que supone una carga administrativa estéril para el interesado y un escollo insalvable a la hora de iniciar procesos participativos por parte de la Administración del Gobierno de Canarias, como el que de modo inmediato debe ponerse en marcha.

Este trámite ha desincentivado la participación y lo demuestra el hecho de que en el citado registro actualmente están dadas de alta tan solo 23 entidades ciudadanas y 44 personas desde que en 2010 se publicara la Ley, por lo que resulta obligado acometer una reforma puntual de esa ley para remover este obstáculo y que, con carácter inmediato, puedan iniciarse los procesos participativos necesarios para el buen fin de aquellos, en ejercicio de la competencia atribuida por el art. 108 a) del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Así, este decreto ley modifica la norma actual y configura al Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible, puesto que para acceder a tales procesos no será preciso la inscripción, y autorización administrativa con carácter previo sino la mera participación en el correspondiente proceso. De esta manera, se actualiza el Registro actual como un instrumento abierto y se suprimen las referencias a la inscripción previa en el mismo como requisito de participación.

Por último, el decreto ley también acuerda la derogación total del Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, así como del Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la medida que su contenido aún vigente presenta una alta complejidad y carga burocrática  que los convierte en un factor disuasorio para la participación.

El Decreto ley profundiza de esta manera en remover los obstáculos a la participación ciudadana, tanto a título individual como colectivo, sin renunciar a su normalización institucional dentro del Gobierno de Canarias de forma que se asegure su realización con unos estándares de calidad adecuados.

El Gobierno amplía de seis a 12 meses el tiempo de posicionamiento del helicóptero con base en La Gomera

La actuación tiene un coste de 700.000 euros y sirve para que el helicóptero multifuncional para la atención de emergencias en esa Isla esté disponible todo el año debido a la alteración en la estacionalidad de los incendios forestales, que ya no se producen solo en verano

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, autorizó hoy el gasto correspondiente a la modificación del contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales y sus dotaciones, por importe de 700.384,08 euros (IGIC exento).

Esta modificación, la segunda del contrato inicial, tiene como objeto ampliar el tiempo de posicionamiento del helicóptero multifuncional con base en La Gomera de los seis meses inicialmente previstos a 12 meses para mejorar la cobertura en situaciones de emergencia y catástrofes de diferente índole en el ámbito territorial de Canarias, debido a que se ha producido una alteración en la estacionalidad de los incendios forestales, que ya no se producen solo en verano, sino que se dan a lo largo de todo el año.

El contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales y sus dotaciones se formalizó, por la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el 11 de noviembre de 2015. Dicho contrato abarca un periodo comprendido desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2021.

El contrato inicial constaba de dos lotes: uno, correspondiente al servicio en las bases del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de las islas de Tenerife y Gran Canaria y, el otro, al servicio en las bases GES de las islas de El Hierro, La Palma y Fuerteventura.

Primera modificación

En abril de 2016 se realizó la primera modificación del contrato con el objetivo de contar con un nuevo helicóptero multifuncional para dar cobertura a situaciones de emergencia y catástrofes en Canarias situando su base en La Gomera, y se estableció como periodo de cobertura el comprendido entre los meses de mayo a octubre, meses de máxima afluencia de visitantes a la isla.

En abril de 2020, el Servicio de Protección Civil y Atención a las Emergencias del Gobierno informa sobre la necesidad de ampliar el tiempo de posicionamiento de dicha aeronave de seis meses a un año para mejorar la cobertura en situaciones de emergencia y catástrofes. Con tal fin, el Ejecutivo canario aprueba ahora una segunda modificación del contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales.

El Gobierno de Canarias aprueba el Segundo Plan de Recuperación del Opilión

Se trata de una especie endémica en peligro de extinción, cuya única población conocida se localiza en el tubo volcánico de la Cueva del Llano en Fuerteventura

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha aprobado este jueves, 30 de julio, el Decreto para el Segundo Plan de Recuperación del Opilión, (Maiorerus randoi), especie endémica incluida en la categoría de “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Este Plan de Recuperación tiene como finalidad principal garantizar la supervivencia del Opilión, especie cavernícola muy susceptible a los cambios de las condiciones ambientales, prestando una especial atención a enmendar las condiciones que están limitando el aporte de nutrientes a la cavidad. Desde el comienzo de los años 90 hasta la actualidad, se han observado tan solo 28 ejemplares de dicha especie y siempre en los sectores más internos del tubo volcánico.

Entre las actuaciones encaminadas a mejorar el estado de conservación de la Cueva del Llano, se plantea la modificación del cerramiento del Centro de Interpretación de la misma, de tal forma que se permita la entrada del agua procedente de la escorrentía, principal aporte nutricio para la fauna que habita en la cavidad. También se realizará la canalización de las aguas superficiales desde el cauce del barranco, de tal manera que permita la llegada de agua a la cavidad de la misma forma que antes de la construcción de diversas edificaciones y carreteras en la zona.

Este Plan recién aprobado, se presenta como la continuación del anterior, aprobado en su día por el Decreto 38/2012, cuya vigencia de cinco años se agotó al no alcanzar un grado óptimo de cumplimiento de los objetivos planteados. Por lo tanto, ante las amenazas actuales para esta especie tales como, la alteración de las condiciones ambientales de la cueva, la introducción de residuos y de otras especies de fauna, la ejecución de la Urbanización del Plan Parcial PS-1 “Castilla- La Costa, entre otros, se hacía necesario adoptar nuevas medidas y actuaciones de recuperación.

El ámbito de actuación de este Segundo Plan abarca la totalidad del área de distribución conocida del Opilión (Maiorerus randoi) que se circunscribe al tubo volcánico Cueva del Llano, la proyección del mismo en superfície y la zona de protección que abarca 50 metros a la redonda a partir de dicho tubo volcánico.

La vigencia de este Plan será indefinida hasta que se alcancen los objetivos planteados. No obstante, cada cinco años deberá realizarse un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de las medias y actuaciones y de la consecución de objetivos. El coste aproximado de este plan es 203.300 euros

Sanidad destinará 3.876.000 euros a la prórroga y modificación del contrato de limpieza del Hospital Doctor Negrín

El Gobierno autorizó hoy a prorrogar por otros seis meses el lote 2 del contrato centralizado de limpieza del SCS y a incrementar su importe por la mayor frecuencia de las labores de limpieza y desinfección

El Gobierno de Canarias autorizó este jueves, 30 de julio, a la Consejería de Sanidad a destinar 3.876.000,31 euros a la prórroga y modificación del lote 2 del contrato centralizado del servicio de limpieza del Servicio Canario de la Salud suscrito con la empresa CLECE, SA, referido a las dependencias sanitarias y administrativas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Se trata de la tercera prórroga y modificación de este lote que tendrá un período de vigencia de seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2021. En marzo de este año se autorizó la segunda prórroga, por un período similar de seis meses, del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020.

El acuerdo adoptado autoriza, además, a modificar el importe del contrato de este lote en 532.710,28 euros (sin IGIC) para 2020 y 2021, debido al aumento de la frecuencia de las labores de limpieza y desinfección de las instalaciones hospitalarias por las medidas de prevención del COVID-19 y el incremento paulatino de la afluencia de pacientes y usuarios.

El Gobierno creará 6.000 nuevas viviendas tras ocho años sin ninguna promoción pública en las Islas

Rueda de prensa - Consejo de Gobierno

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, anuncia una inversión de 664 millones en un plazo de 6 años

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentó esta tarde al resto del Ejecutivo regional, durante el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, el Plan de Vivienda 2020-25 que su área ha trabajado durante el primer año de esta legislatura y que prevé aprobar de forma definitiva durante la primera o segunda semana del mes de octubre. Franquis detallará mañana la iniciativa en la comisión de Vivienda que tendrá lugar en el Parlamento de Canarias, con lo que se abrirá así el debate político definitivo sobre un plan de construcción de vivienda pública en las Islas que contempla la creación de 5.971 unidades y que requiere de una inversión de 664 millones de euros.

Franquis adelantó los detalles principales del plan durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves en compañía del viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, quien sustituyó al portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, por encontrarse en una reunión en la Península. Según subrayó Franquis, este plan que se presenta tras ocho años sin ninguna promoción pública en el Archipiélago, será uno de los ejes claves del Plan de Reactivación Económica de Canarias firmado el pasado 30 mayo y parte del acuerdo multilateral alcanzado el 12 de marzo de este año con los distintos subsectores y agentes económicos y sociales del Archipiélago. Su relevancia dentro de la recuperación por las consecuencias de la Covid-19 se debe a que no solo paliará el vacío público en este ámbito durante casi un decenio, con especial atención a las emergencias habitacionales de muchos residentes en Canarias, “sino que lleva aparejado la creación de unos 28.300 empleos”.

El consejero también concretó que, de esas 5.971 viviendas, la Comunidad autónoma construirá un total de 3.634 en los próximos seis años, si bien hizo hincapié, tras las preguntas de los periodistas, en que la mayoría de actuaciones se intentará concentrar en los próximos tres años y que se contempla comenzar ya en el último trimestre de este 2020, “pues está previsto en el presupuesto”.

“Esto va a ser muy importante para combatir esta emergencia habitacional y colaborar en un sector tan importante para la reactivación económica, como es la construcción”·, subrayó Franquis. Además, explicó que el proyecto se financia en gran parte con recursos propios de la Comunidad, que no supondrá nuevo endeudamiento para las Islas y que se alimentará también del Plan Estatal que acaba en 2021, aunque se mostró convencido de que se ampliará para los próximos años. Para el consejero, se trata de uno de los elementos “esenciales” de la recuperación.

Controles sobre el uso de mascarillas

El viceconsejero de la Presidencia ha vuelto a insistir en que el uso de las mascarillas en Canarias ya es obligatorio, siempre que no se cumpla con el metro y medio de distancia de seguridad. Ante las preguntas formuladas por los periodistas sobre la ampliación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, Antonio Olivera aseguró que “por ahora no se dan las circunstancias epidemiológicas” para tomar una decisión más restrictiva. Además recalcó que se está haciendo un control constante de las zonas y los ámbitos más problemáticos, como las fiestas privadas, con “acciones especiales” de la Policía Autonómica en coordinación con otras fuerzas de Seguridad. Unos controles que, según los datos que aportó tras la información del subinspector de la Policía Canaria, han demostrado que, “en el 95% de los casos, se han detectado comportamientos adecuados y, en el 5% restante, se intervino para modular o corregir”.

“No podemos relajarnos en estos meses”, continuó Olivera, a la vez que remarcó que “estos controles han coincido en estos últimos días con la campaña regional sobre los riesgos que esta situación sigue teniendo para las familias y hacemos un llamamiento a la conciencia y a la colaboración ciudadana, que, no obstante, ha sido ejemplar hasta ahora en Canarias. Pero se ha de mantener el nivel de alerta”, reiteró. “Se seguirá haciendo seguimiento, pero, por ahora, no se perciben razones de peso para adoptar esta decisión. Nos estamos centrando en que se cumplan los casos en los que son obligatorias las mascarillas y de ahí que nos centremos en fiestas privadas o zonas de ocio”.

Hacienda libra 85 millones de euros para compras de material sanitario por el SCS desde el inicio de la pandemia

Reunión del Consejo de Gobierno

El consejero del área informó hoy al Gobierno de una nueva autorización de crédito procedente de los remanentes de tesorería por 40 millones de euros

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, informó hoy al Consejo de Gobierno de una nueva autorización de suplemento de crédito por importe de 40 millones de euros con destino al Servicio Canario de la Salud, al objeto de dar cobertura a gastos relacionados con el Covid-19.  Con este expediente, los créditos transferidos hacia la sanidad canaria sin estar consignados presupuestariamente en esa consejería ascienden a 85 millones de euros.

La autorización permitirá la compra de suministros y material desechable y contribuirán, desde el departamento de Hacienda, al refuerzo del conjunto de medidas puestas en marcha para atajar la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

La Consejería de Hacienda ha adoptado en los últimos meses diferentes acuerdos tendentes a garantizar la suficiencia financiera para la prestación del servicio sanitario y, en particular, para la adquisición de material, además de establecer el tipo 0 del Igic para la compra de artículos sanitarios contra el Covid.

En paralelo, también se han tomado decisiones en materia económica y fiscal que permitieron, entre otras cosas, inyectar liquidez a la economía canaria mediante el alivio de las obligaciones fiscales de pymes y autónomos, y la ampliación en su momento de los plazos para el pago de numerosos tributos.

Del mismo modo, se han simplificado los trámites administrativos para reducir la burocracia y facilitar la toma de decisiones a nivel autonómico. Estas acciones se han traducido, por ejemplo, en la reducción a 14,2 días del plazo medio de pago a proveedores, lo que coloca a Canarias a la cabeza de todo el Estado en diligencia a la hora de pagar.

Otras acciones han consistido en la autorización de operaciones crediticias para hacer frente a la caída de ingresos tributarios y mantener los servicios públicos esenciales y el impulso de una línea de avales por importe de 180 millones de euros para micropymes y autónomos.

El Gobierno da un nuevo impulso a la transformación digital de las empresas canarias

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo que dirige Elena Máñez crea una nueva línea de ayudas de más de 2,4 millones de euros en el marco del Plan para la Reactivación Social y Económica impulsado por el Ejecutivo regional

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves una transferencia de crédito para dar cobertura a la nueva convocatoria de subvenciones, en el año 2020, destinada a la transformación digital de las empresas canaria, por importe de 2.423.921 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La creación de una nueva línea de ayudas de más de 2,4 millones de euros de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), está enmarcada en el Plan de Reactivación Social y Económica impulsado por el Ejecutivo regional para hacer frente a la crisis de la COVID-19.

Los beneficiarios de esta nueva línea de ayudas de la ACIISI son aquellos proyectos empresariales dirigidos a la transformación digital de las pymes canarias, fomentando la innovación a través de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de contribuir a mejorar su competitividad y productividad. Los proyectos deben responder a la necesidad de la entidad beneficiaria de adaptar el desarrollo de su actividad a la nueva coyuntura socio económica, consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y serán de 2 tipos:

Tipo A:  Tecnologías innovadoras para la transformación digital de la empresa, que busca la mejora de la competitividad y productividad de la empresa, a través de actuaciones para la incorporación de innovación tecnológica a sus procesos productivos.

Tipo B: Presencia web, marketing digital y comercio electrónico, que busca consolidar la estrategia ‘online’ de la empresa, de forma que desarrolle su presencia digital y la potencie como canal adicional de comunicación, publicidad y ventas.

Con esta iniciativa se facilita a las empresas canarias la transformación de su modelo de negocio para adecuarlo a la nueva realidad. Un reto que deben afrontar cuanto antes para dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía que están modificando sus patrones de comportamiento en el trabajo, las relaciones personales y el consumo.

En esta transformación tienen un papel fundamental las TIC, pues su incorporación a la cadena de valor constituye una herramienta clave para optimizar y mejorar la gestión no solo de los procesos productivos internos, sino también la relación con clientes y proveedores, permitiendo, además, la implantación de nuevas relaciones laborales más flexibles y autónomas, basadas en la virtualización y el teletrabajo.

Las excepcionales circunstancias originadas por la COVID-19 y la necesidad de apoyar lo antes posible a las empresas que se encuentran en situaciones financieras difíciles, cuentan con el refuerzo de los instrumentos de la ACIISI para el apoyo a la transformación digital, primando aquellos proyectos de carácter transversal que cubran todo el espectro de la actividad de la empresa. A esto hay que sumar el hecho de que esta iniciativa responde a lo que propugnan las distintas normas europeas, nacionales y regionales generadas a raíz de la mencionada crisis sanitaria: facilitar liquidez y ampliar plazos de ejecución a las empresas. En este sentido, es de aplicación el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés.

El Gobierno de Canarias declara situación de desastre natural en el sector agrario por el temporal de febrero

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, 23 de julio, la declaración de desastre natural en el sector agrario como consecuencia de los vientos e incendios del pasado febrero en Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Tenerife

 Los vientos que se produjeron el 4 de febrero, y entre el 21 y el 25 de febrero de 2020, coincidiendo con un fuerte episodio de calima, originaron importantes daños en el potencial de producción agrícola de varios municipios de las islas de Gran Canaria, La Gomera, La Palma y Tenerife, y favorecieron los incendios en los términos municipales de Santa Úrsula (Tenerife) y de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), afectando tanto a los cultivos como a las infraestructuras agrícolas y ganaderas.

Los daños ocasionados exigen que se prevea por parte del Gobierno de Canarias el establecimiento de ayudas para reparar y paliar en la medida de lo posible las pérdidas y daños producidos. El Programa de Desarrollo Rural de la Región de Canarias para el periodo 2014-2020 contempla distintas líneas de subvención destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas. Estas subvenciones tienen como objetivo financiar las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes declaradas por el Gobierno de Canarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 del Reglamento (UE), número 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Tras considerar los informes presentados por los cabildos insulares de La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, en relación con los daños ocasionados por el temporal de viento en distintos municipios de las respectivas islas, así como los incendios en La Aldea de San Nicolás y Santa Úrsula, el informe del Servicio de Producción y Registros Agrícolas de la Dirección General de Agricultura determina que los que los daños en el potencial de producción agrícola superan el umbral del 30%.

El Consejo de Gobierno considera que se cumplen las condiciones establecidas  en el artículo 2. k) del Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 para declarar la situación de desastre natural.

Municipios afectados:

La Gomera (Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey).

La Palma (Garafía, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Tijarafe).

Gran Canaria (Teror, Arucas, Moya, Firgas, Valleseco, Artenara, Telde, Valsequillo, Ingenio, Gáldar, Santa María de Guía, Agaete, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás,  Mogán).

Tenerife (Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos, La Guancha, San Juan de La Rambla, San Cristóbal de La Laguna (zona costera La Punta-Valle Guerra), Tegueste, Granadilla, San Miguel, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora , Santiago del Teide).