Logo del Gobierno de Canarias

Autorizada una emisión de deuda apta para la RIC para ejecutar un proyecto privado de inversión del Grupo Martinón

Los fondos captados se destinarán a la reforma de la planta hotelera e instalaciones industriales de la sociedad

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, autorizó este jueves una emisión de deuda a efectos de materialización de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) realizada conjuntamente por las entidades Viola Teidea y Cardumen Capital. El expediente cuenta con informe vinculante favorable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

En concreto, se trata de materializar la RIC vía emisión de instrumentos financieros a emitir por la entidad financiera que promueven los peticionarios, ya sean instrumentos de patrimonio o valores representativos de deuda, en función del perfil del inversor, para ejecutar un proyecto privado por importe de 5,4 millones de euros de reforma de la planta hotelera e instalaciones industriales de las sociedades del Grupo Martinón S.L.

Los fondos captados serán entregados a las sociedades mercantiles operativas encargadas de llevar a cabo los proyectos de inversión mediante la suscripción de acciones o participaciones de capital emitidas por tales sociedades, o instrumentos de deuda como préstamos, préstamos participativos, préstamos subordinados, créditos, bonos, obligaciones, etc.

Dichas sociedades mercantiles, integradas dentro del Grupo Martinón Grumasa S.L. (GRUMASA), son Panorama XXI S.L, Fataga S.A. e Intercasa S.A.

Las inversiones a realizar por estas sociedades mercantiles operativas se acometerán antes de la emisión de los instrumentos financieros con fuentes transitorias de financiación (recursos propios o endeudamiento con terceros), para luego ser sustituidas por la financiación procurada por los suscriptores de los instrumentos financieros declarados idóneos para la materialización de la RIC; es decir, la devolución del endeudamiento original o de los recursos propios aportados con los fondos captados mediante la emisión.

Esta inversión previa se justificaría por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, dado que los establecimientos hoteleros han tenido que cerrar, siendo este el mejor momento para acometer las reformas al no tener que compaginarlas con huéspedes.

 

 

El Gobierno envía al Consultivo la adaptación del Decreto de Guías de Turismo a la normativa europea

La modificación de la norma de la Consejería de Turismo posibilitará el ejercicio de la profesión en las Islas a quienes posean el certificado de competencia o el título de formación de cualquier otro estado miembro de la UE

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves remitir al Consejo Consultivo, con carácter de urgencia para su dictamen, la modificación del Decreto de Guías de Turismo, elaborado por la Consejería regional de Turismo, para adaptarlo a la normativa europea.

La modificación de este Decreto posibilitará el acceso y ejercicio de la profesión de guías de turismo en Canarias a quienes posean el certificado de competencia o el título de formación exigido por otro estado miembro de la Unión Europea (UE). De igual forma, en el supuesto de que la profesión de guía de turismo no esté regulada en el estado miembro de establecimiento, deberá acreditarse, además, el ejercicio de la profesión a tiempo completo durante un año o, a tiempo parcial durante un periodo equivalente, en el transcurso de los diez años anteriores.

Los certificados de competencia o los títulos de formación deberán cumplir la condición de haber sido expedidos por una autoridad competente en un estado miembro, designada de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado; y acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.

De esta forma, se adecúa el requisito de experiencia laboral exigible, cuando el peticionario proceda de un estado en que no esté regulada la profesión de guía de turismo, a la duración establecida en la directiva europea, es decir reducir su duración de dos años a uno.

Con esta iniciativa del Gobierno, se trata de hacer coherente la norma vigente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias con el marco normativo estatal y comunitario, y para lo que debe tenerse en cuenta la necesidad de responder ante la CE en el plazo dado del 4 de septiembre próximo, por lo que el Consejo Consultivo deberá responder con carácter de urgencia en un plazo de 15 días.

El Gobierno autoriza 1,7 millones para la prórroga del servicio de control horario del personal público

El Ejecutivo canario dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la prórroga del contrato, que tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la prórroga del contrato del servicio integral para el control de horarios del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su gestión unificada para todos los colectivos, incluyendo los desarrollos necesarios para la grabación, gestión y explotación de la actividad del personal a través del Sistema Integral de Control Horario (Sicho), por importe de 1.702.866,48 euros, IGIC incluido.

La prórroga tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y es la tercera del contrato inicial, suscrito en octubre de 2015 por la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualad por un importe de 5,4 millones de euros y un período de cuatro años.

En septiembre de 2019, por orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se concedió una primera prórroga de seis meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, por importe de 682.056 euros. La segunda prórroga se produjo mediante orden del 29 de marzo de 2020 y por un plazo de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2020, por 454.704 euros.

El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato, con la que se agota el periodo máximo de dos años establecido en la legislación vigente.

Administraciones Públicas da cuenta de dos contratos por 60.000 euros para atender la crisis de la Covid-19

Son dos contrataciones de refuerzo destinadas al Servicio de Soporte (Oficina Técnica) del Sistema de Tramitación de Procedimientos de la Comunidad Autónoma, así como al mantenimiento de diversos sistemas de información corporativos de la Administración autonómica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de dos resoluciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para la tramitación de sendos expedientes de contratación, por el procedimiento de emergencia, con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la COVID-19. Se trata de dos contratos de refuerzo; uno para el servicio de Soporte (Oficina Técnica) del sistema de tramitación de procedimientos de la Comunidad Autónoma de Canarias y, el otro, para el servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración canaria.

El refuerzo de la Oficina Técnica para el sistema de tramitación de procedimientos se debe a que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha obligado a la ciudadanía en general a utilizar la tramitación electrónica en su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que ha provocado un aumento en la gestión que se tiene que hacer en el sistema tramitador de procedimientos corporativo (PLATEA y MayTe) con el consiguiente aumento de necesidades de soporte funcional y técnico. El importe de la contratación asciende a la cantidad 53.987,06 euros, cofinanciado por el FEDER, Programa Operativo 2014-2020.

El otro contrato, relacionado con el refuerzo del servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, asciende a la cantidad de 6.126,49 euros, también cofinanciado por el FEDER.

Esta contratación se justifica porque la crisis sanitaria ha generado un aumento de uso de las plataformas de Intermediación y de Libros de Resoluciones, Certificados y Órdenes, provocado en gran medida por el aumento de la demanda en los procedimientos ya existentes y por los nuevos procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y renta de emergencia, así como un aumento del uso en la aplicación de SIMED para la tramitación de bajas del personal (sanitario incluido).

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha solicitado la inclusión de los dos expedientes, cuyo importe asciende a 60.113,55 euros, dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Educación refuerza las medidas de protección de su personal con la compra de mamparas, cascos y EPIs

La inversión, de más de 20.000 euros, responde a las previsiones de atención al público que se derivarán de la entrada en la nueva normalidad

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha reforzado las medidas de seguridad de su personal con la adquisición de nuevo equipamiento de protección frente al riesgo de contagio del COVID-19.

La inversión responde al potencial escenario de nueva normalidad que se abre en Canarias y que permitirá a la administración una vuelta gradual a la atención presencial de la ciudadanía en condiciones de salud y seguridad.

El departamento autonómico ha adquirido 36 mamparas de policarbonato, seis postes así como equipos de protección individual como cascos de protección, guantes, artículos de protección respiratoria y gel hidroalcohólico por valor de 20.651,55 euros.

El gasto, realizado a través de tres adjudicaciones y tramitado por la vía de emergencia, ha sido aprobado hoy en Consejo de Gobierno.

 

Educación finaliza su reestructuración con el nombramiento de Fidel Trujillo y José Saturnino Martínez

Los nuevos titulares de las Direcciones Generales de Personal y Agencia Canaria de Calidad Educativa se suman a Manuel Ramírez y Rosario Gañán en el equipo de Manuela Armas

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes finaliza hoy su proceso de reestructuración interna, derivado del nombramiento de Manuela Armas como nueva consejera de ese departamento, el pasado 22 de junio.

Con la toma de posesión de Fidel Trujillo y José Saturnino Martínez como directores generales de Personal y Agencia canaria de Calidad Educativa respectivamente, se completa el diseño del nuevo organigrama de la Consejería, cuyos cambios se iniciaron con la designación de Manuel Ramírez Sánchez al frente de Universidades y Rosario Gañán, como responsable de Formación Profesional y Educación de Adultos.

José Saturnino Martínez García es profesor de Sociología (Equidad y Educación) en la Universidad de La Laguna y autor de La equidad y la educación (2017) y de Estructura social y desigualdad en España (2013). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Complutense de Madrid), Máster en Economía de la Educación y del Trabajo (Universidad Carlos III) y Doctor en Sociología (Universidad Autónoma de Madrid), especializado en desigualdad y educación.

Ha sido becario en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en la Universidad Complutense y en la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Wisconsin (Madison, EEUU), Chile, Buenos Aires, Nacional de Córdoba (Argentina) y en varias universidades españolas. Ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Entre 2007 y 2011 fue Vocal Asesor en el gabinete del Presidente Rodríguez Zapatero. Además, ha realizado informes o asesorado al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Educación, a la Junta de Andalucía, al Consejo de la Juventud de España, a las organizaciones Save the Children y Cáritas o al Gobierno y al Parlamento de Canarias.

Sus investigaciones, realizadas en el marco de proyectos de investigación competitivos, han sido publicadas en revistas académicas como International Studies in Sociology of Education, Revista de Educación, Revista Internacional de Sociología, Revista Española de Investigaciones Sociológicas o Papers. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como ElDiario.es, El País, Cadena Ser, Infolibre, Escuela o Le Monde Diplomatique, entre otros.

Por su parte, Fidel Trujillo Santana es maestro y Licenciado en Ciencias de la Educación. Es Inspector de Educación desde el curso escolar 1992-1993, habiendo desempeñado previamente funciones como Maestro y Orientador Escolar. Ha ocupado cargos de director, vicedirector y secretario en diversos centros educativos y ha ejercido como coordinador regional del Servicio de Orientación en la Dirección General de Promoción Educativa.

Además, en el Departamento de Educación ha sido, en diferentes momentos, coordinador docente y responsable del Servicio de Planificación y Relaciones Sindicales de la Dirección General de Personal, así como responsable de Planificación en la Viceconsejería de Educación. En la actualidad es el inspector de la zona de Gáldar y Agaete.

 

El Gobierno confía en que el Consejo de la UE propicie el uso del superávit por parte de las comunidades

Julio Pérez reitera la convicción del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres de que se trata de una medida aún más necesaria que antes por la crisis del COVID y espera que haya un acuerdo europeo pese a las posturas más reacias

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, afirmó esta noche, tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo autonómico confía en que el Consejo que la Unión Europea celebra este fin de semana para abordar la crisis del COVID-19 y su respuesta económica y social propicie, entre otras medidas, el uso de los superávit de las distintas administraciones.

Aunque se trata un asunto que no se abordó en la reunión del Ejecutivo que dirige Ángel Víctor Torres, Pérez se refirió de nuevo a estos fondos que mantienen congelados las distintas instituciones públicas del Archipiélago y de otras comunidades españolas a preguntas de la prensa. Según remarcó, el Gobierno isleño ha dejado claro en diversas ocasiones su apoyo a esta medida, que se considera aún más necesaria ahora por la situación socioeconómica que está dejando la pandemia.

A preguntas de los medios de comunicación, el portavoz manifestó que “no se ha hablado del superávit en el Consejo de Gobierno, pero es conocida nuestra posición sobre que las administraciones lo puedan utilizar y estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda lo decida así”. “He repetido otras veces que hay una escala de decisiones: la UE, el Reino de España, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Canarias… Es difícil pensar que haya decisiones definitivas sobre esto si no se toman en esa escala. Este fin de semana hay Consejo de la Unión y, a partir de ahí, podemos empezar a tener más certidumbres, aunque todos vemos las diferencias de  los miembros de la UE sobre cómo debe producirse la ayuda financiera. España y Canarias esperan, no obstante, que esto pueda ir resolviéndose”, señaló Julio Pérez.

También relativo a la UE, el portavoz del Gobierno hizo referencia a la reunión telemática del presidente regional del pasado miércoles y a la posibilidad de que Canarias, junto al resto de regiones ultraperiféricas, logre un “fondo específico” de ayudas europeas para las RUP, “distinto de las que reciban los países” y que pueda ser asignado por los respectivos gobiernos centrales al turismo. “Son perspectivas optimistas”, subrayó.

El Gobierno de Canarias intensificará los controles para que se use mascarilla según las normas ya aprobadas

La norma actual obliga al uso de mascarilla en establecimientos y locales cerrados y en todas aquellas circunstancias al aire libre en las que no se pueda mantener 1,5 metros de distancia interpersonal

El Consejo de Gobierno ha decidido en su sesión de este jueves, 16 de julio, que se intensificará el seguimiento de las normas actuales, es decir, se incrementarán los controles y vigilancia para que se cumplan las normas actualmente ya aprobadas.

El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, señaló que, hoy por hoy, siguiendo el criterio de los epidemiólogos y expertos de Salud Pública “no se extenderá la obligatoriedad del uso de mascarillas más allá de lo que ya lo son” y recuerda que con la actual normativa las mascarillas son obligatorias para gran parte de las actividades tanto públicas como privadas ya que deben usarse en locales y establecimientos cerrados y en aquellos sitios al aire libre donde no se pueda mantener la distancia intrapersonal de 1,5 metros.

Julio Pérez hizo un llamamiento a la población recordando que “las mascarillas son obligatorias en una gran parte de las actividades humanas”. Según insistió, “para decir que hay que llevar mascarilla en un botellón en la calle no hace falta ninguna otra norma, porque está prohibido”. Sí reconoció el portavoz que “lo que probablemente haya que hacer es que la evaluación de cada día nos llevará a un control más estricto de las normas actuales”.

El consejero portavoz recalcó un mensaje “que el Gobierno cree que es muy importante: los mayores peligros que se derivan de la falta de utilización de mascarilla se producen en ámbitos privados, en encuentros familiares y fiestas privadas. Reuniones y ámbitos privados en general donde la no utilización de mascarillas puede producir un contagio y desencadenar en un aumento del número de contagios”, como ya se ha producido en otras comunidades autónomas.

“Hoy por hoy no es preciso extender la obligatoriedad de las mascarillas, porque la norma actual indica que son obligatorias en la gran parte de las actividades”. Y añadió: “lo sancionaremos si no se cumplen” al tiempo que apeló al sentido de la responsabilidad en el caso de fiestas y reunions familiares o privadas.

 

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la función pública

Reunión del Consejo de Gobierno

Al 43% de los empleados de la Comunidad Autónoma le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la administración pública de las islas, según comunicó esta tarde en Consejo de Gobierno Julio Pérez, titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien presentó un informe de su departamento que evalúa esta posibilidad.

“El teletrabajo puede contribuir a una mayor satisfacción laboral del empleado público, al facilitarle la conciliación de la vida personal y profesional y, por tanto, a su mayor implicación en el cumplimiento de los objetivos”, expone el informe presentado por el consejero a los miembros del Ejecutivo. Por esta razón, se pretende aprobar en una próxima sesión del Consejo de Gobierno un sistema simplificado de planificación y dirección por objetivos.

El acuerdo constituye uno de los compromisos de este Gobierno, como es impulsar la eficacia y eficiencia de la Administración y se verá afectado de manera transversal por la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible aprobada en 2015 por la Asamblea general de Naciones Unidas.

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación laboral, que se está consolidando como una herramienta flexible y moderna de organización del trabajo, se asegura en este documento.

Antes de la COVID-19, en canarias desarrollaban su labor en la fórmula de teletrabajo el 2,9% de forma ocasional y el 3,8% más de la mitad de los días laborables, datos de la Encuesta de Población Activa, frente al 30% de la población de algunos países nórdicos. También, antes de la COVID-19 utilizaban el teletrabajo como herramienta ocasional de apoyo, unas 1.200 personas que trabajan en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una vez comenzó la situación generada por la COVID-19 se han alcanzado los siguientes avances:

–         Se han emitido más de 13.000 certificados para conexión remota de empleados públicos, de las que 8.000 son conexiones concurrentes, que se han estabilizado en los 6.200.

–         Se ha implantado una APP para permitir el fichaje remoto.

–         Se generalizaron las videoconferencias y se multiplicó por 5 la capacidad para la realización de multivideoconferencias.

–         Se amplió el sistema de Escritorios Virtuales en más de 600 unidades.

–         Se desplegaron más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo.

–         Se amplió un 25% la plataforma de correo electrónico, incrementándose en 10.000 licencias adicionales.

Una encuesta entre 3.105 empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias reveló que los medios puestos por la administración ha sido los suficientes para desarrollar su labor (78%). La mayor parte de los empleados han puesto sus propios equipos al servicio de su trabajo (69% pc, 79% fibra óptica, 33% tabletas y 24% micrófonos y auriculares). El 91% considera que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo y el 85% asegura que no se distrae más con esta forma de trabajo, aunque el 57% reconoce que sí ha cambiado de hábitos.

El 43% responde que le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 75% al menos lo considera como elemento de flexibilización. Al menos el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta (algunos días) y el 21% como fórmula habitual.

El Gobierno autoriza a Sanidad a destinar 401 millones a un suministro de medicamentos

El Servicio Canario de la Salud contratará una partida de uso humano tipo II (exclusivos) para atender las necesidades de las Gerencias durante dos años

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 16 de julio, la realización de un gasto de 401.010.440,26 euros por el Servicio Canario de la Salud, destinado a la contratación de un suministro de medicamentos de uso humano tipo II (exclusivos) para satisfacer las necesidades asistenciales de la red de hospitales, Centros de Atención Especializada (CAE) y centros de Atención Primaria.

La contratación se realizará mediante acuerdo marco, procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, al tratarse de medicamentos caracterizados por ser los únicos válidos para satisfacer el objeto del contrato y de los que sólo existe una empresa que puede suministrarlos para una determinada área geográfica, conforme establece el artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La contratación, cuyo procedimiento se inició el pasado 25 de junio por resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, tendrá un plazo de vigencia de dos años y podrá prorrogarse por otro período de dos años, por mutuo acuerdo de las partes.

La distribución del gasto en estos medicamentos entre las Gerencias del SCS durante los dos años de vigencia del contrato será la siguiente:

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 74.511.272,11 euros.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria,  92.476.896,56 euros.

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria,  97.403.046,56  euros.

Hospital Universitario de Canarias, 82.711.593,06 euros.

Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote, 24.012.188,07 euros.

Hospital General de La Palma, 16.495.103,76 euros.

Hospital General de Fuerteventura, 12.158.609,68 euros.

Hospital General de La Gomera,  823.268,42 euros.

Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes,  235.474,04 euros.

Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, 119.238,00 euros.

Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, 63.750,00 euros.