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Ayuda de 163.000 euros al centro San Juan de Dios para transporte escolar del alumnado de Educación Especial

Educación informa al Consejo de Gobierno de esa subvención, que se otorga a todos los centros privados concertados por ese mismo concepto

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha concedido una subvención directa por valor de 163.920 euros al centro concertado San Juan de Dios para sufragar los gastos derivados del transporte escolar de alumnado con deficiencias motóricas o psíquicas escolarizado en unidades de Educación Especial.

Este departamento autonómico informó hoy en Consejo de Gobierno de esa ayuda (al superar esta el importe de 150.000 euros) correspondiente al periodo comprendido entre el sexto día lectivo de abril y el último día lectivo de junio de 2019.

Cabe destacar que el Ejecutivo regional subvenciona el transporte de todos los centros privados concertados con unidades de Educación Especial de Canarias, entre los que se encuentran, además del San Juan de Dios, Civitas, Tipci, Acamán, Aspronte, Crevo y los tres de Echeyde.

Economía notifica al Consejo el contrato por 63.000 euros para reforzar la limpieza del Servicio Canario de Empleo

La Consejería dirigida por Elena Máñez rinde cuentas de la licitación de emergencia para garantizar la seguridad en la atención a la ciudadanía frente a la COVID-19

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, informó este jueves al Consejo de Gobierno del contrato para la prestación de la limpieza reforzada en las oficinas y centros dependientes del Servicio Canario de Empleo (SCE) por importe de 63.130 euros con el objetivo de garantizar las máximas medidas de protección ante la pandemia de COVID-19.

Al amparo del Real Decreto-ley 7/2020, de medidas urgentes ante el impacto económico del coronavirus, el SCE resolvió declarar a finales de mayo la emergencia en la contratación de la limpieza reforzada en todas sus dependencias, cifradas en 30 oficinas de empleo en siete islas, junto a dos centros de formación y otros tantos servicios centrales en los territorios capitalinos, para continuar con la prestación de los diferentes servicios públicos y proteger tanto al personal como a la ciudadanía, después de agotar las acciones de mejora incluidas en los pliegos vigentes por la higienización excepcional desarrollada a partir de la declaración del estado de alarma.

Junto a la dación de cuenta al Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo propuso remitir la contratación al Parlamento de Canarias en cumplimiento del plazo de un mes establecido en los presupuestos autonómicos para el traslado de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de urgencia.

El Gobierno nombra a María Soledad Sanabria como secretaria general del SCS

Con su designación, a propuesta del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, Sanabria accede de nuevo a la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, cargo que desempeñó hasta el mes de abril

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy, 2 de julio, el nombramiento de María Soledad Sanabria Chirino como secretaria general del Servicio Canario de la Salud (SCS), a propuesta del consejero de Sanidad, Blas Trujillo Oramas.

Con la autorización de ese nombramiento por el Consejo de Gobierno y su publicación mañana, viernes, en el Boletín Oficial de Canarias, María Soledad Sanabria Chirino accede nuevamente a la Secretaría General del organismo autónomo, cargo que desempeñó desde el 9 de agosto de 2019 hasta el 3 de abril, fecha a partir de la que Cándida Hernández Pérez ha venido compaginando las funciones de secretaria general de Presidencia del Gobierno y del SCS.

Sanabria es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna y en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), aparte de máster en Administración Pública por la ULPGC y experta universitaria en Alta Dirección Pública por la misma universidad.

Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Superior de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y ha trabajado, entre otros puestos, como técnico en la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria y Energía; como jefa de sección de Asuntos Económicos en la Dirección General de Transporte de la Consejería de Turismo y Transporte; como jefa de sección de Fiscalización y Coordinación de la Intervención General en la Consejería de Economía y Hacienda; como interventora delegada de la Consejería de Economía y Hacienda; como interventora delegada en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, y como jefa de servicio de Contratación de Infraestructuras de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS, puesto este último al que se había incorporado tras su primer nombramiento como secretaria general.

Canarias valora positivamente la prolongación de los ERTE hasta septiembre acordada por el Gobierno de España

Canarias valora positivamente la prolongación de los ERTE hasta septiembre acordada por el Gobierno de España

Julio Pérez: “Los primeros cinco días de nueva normalidad han transcurrido sin incidencias especiales”

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha mostrado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la satisfacción del Ejecutivo por el acuerdo al que ha llegado el Gobierno de España con patronales y sindicatos para prolongar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo hasta setiembre “puesto que ésta era una demanda que había planteado el propio Gobierno de Canarias”, apuntó. Además de la valoración positiva, el portavoz planteó que “quizá hará falta que algunos ERTE se tengan que prolongar más allá de esta prórroga, pero eso no nos impide recibir con satisfacción esta noticia, porque son dos cosas perfectamente compatibles”.

Julio Pérez, durante su comparecencia, también ha hecho un balance positivo de los primeros cinco días de nueva normalidad en los que “no se han detectado incidencias especiales en la aplicación de las reglas que rigen la nueva situación”, apuntó refiriéndose a las normas que aprobó el Gobierno de Canarias el viernes pasado. El Gobierno ha podido constatar que las indicaciones se están aplicando por particulares, entidades organizadoras de eventos e instituciones y “se mantiene una situación de control, aunque haya más libertad de movimiento y más actividad económica”.

La evolución de la pandemia en las Islas, explicó el portavoz, sigue siendo favorable salvo la excepcionalidad de una treintena de personas que han dado positivo en las pruebas,- todas son casos importados- y que han llegado en las últimas jornadas en embarcaciones irregulares. Al respecto Pérez remarcó la importancia de que el Gobierno de Canarias “decidiéramos hacer pruebas a todas las personas que llegasen de forma irregular, y no solo a los que manifiestan síntomas”, al mismo tiempo que mostró su preocupación sobre todo porque algunos de los afectados son menores y padecen las consecuencias del aislamiento. Sobre este asunto Julio Pérez declaró que “la principal preocupación de la administración canaria es la inmigración en sí, los riesgos que corren las personas y la atención que se les presta al llegar”.

El portavoz ha explicado que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada ayer el nuevo consejero del área, Blas Trujillo, expresó la disponibilidad absoluta para actuar ante cualquier eventualidad. Pérez insistió en que en Canarias “estamos preparados para todo. En estos momentos lo importante es que no tenemos ni brotes ni rebrotes”. Sobre los controles que está efectuando Sanidad Exterior, el portavoz del Ejecutivo explicó que es necesario que se extiendan, que hagan partícipe a la Comunidad Autónoma, “y mientras haya COVID-19, se camine hacia los test en origen”, reclamación esta a la que se han adherido otras comunidades autónomas.

El Gobierno de Canarias concede subvenciones por importe de 2,5 millones de euros a las escuelas infantiles

El Gobierno de Canarias concede subvenciones por importe de 1,76 millones de euros a las escuelas infantiles

La Consejería de Educación informó hoy en Consejo de Gobierno de esta medida, dirigida a fomentar la escolarización temprana y a sufragar parte de los gastos que asumen las familias de alumnado de 0 a 3 años, de centros municipales y privados

De esta cuantía, 773.250 euros se destinan al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tras estimarse el recurso presentado por la corporación local

El Gobierno de Canarias ha concedido subvenciones directas por importe de 2,5 millones de euros para fomentar la escolarización temprana y sufragar parte de los gastos que asumen las familias de alumnado de 0 a 3 años, dirigidas a escuelas infantiles de titularidad municipal y privada del Archipiélago.

Según informó hoy la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en Consejo de Gobierno, de esta cuantía, un total de 773.250 euros se destinan a las escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tras estimarse el recurso de reposición presentado por la corporación local.

Esta ayuda está dirigida a sufragar las cuotas mensuales de las familias con alumnos y alumnas matriculados en el primer ciclo de Educación infantil, y supone 150 euros por niño y niña en concepto de actividades escolares, incluido el comedor, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, y enero de 2020.

El Gobierno nombra a la secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad y al nuevo director del SCS

Isabel León Villalobos y Alberto Mario Pazos han sido nombrados secretaría general técnica de la Consejería de Sanidad y director del SCS, respectivamente, a propuesta del consejero Blas Trujillo

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de este jueves, 25 de junio, el nombramiento de Isabel León Villalobos y de Alberto Mario Pazos Astrar como secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud, respectivamente, a propuesta del consejero del área, Blas Trujillo Oramas.

Con la autorización de ambos nombramientos por el Consejo de Gobierno y su publicación mañana en el Boletín Oficial de Canarias, los nuevos titulares de la Secretaría General Técnica y de la Dirección del organismo autónomo relevan a María Adela Altamirano Mederos, actual SGT de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y a Antonio Olivera Herrera, actual viceconsejero de la Presidencia, que desde el 26 de marzo pasado desempeñaban ambos cargos.

Alberto Pazos Astrar es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de La Laguna. Inició su trayectoria profesional como profesor agregado a la Cátedra de Contabilidad Aplicada de la Escuela de Estudios Empresariales de Las Palmas, en la ULL, y como profesor-tutor de las asignaturas de Economía de la Empresa y Contabilidad Financiera y de Sociedades en la UNED, entre los años 1983 a 1991.

En el ámbito de sanitario, ha desempeñado diversos puestos de gestión en el antiguo INSALUD y en el Servicio Canario de la Salud, como la jefatura del Servicio de Control de Gestión del antiguo Hospital Nuestra Señora del Pino o la Subdirección Provincial de Gestión Económica de la Dirección Provincial del citado instituto.

Ha sido subdirector de Gestión de Personal en el Área de Asistencia Especializada Gran Canaria-Sur, subdirector de Gestión de Sistemas de Información y Control en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, así como jefe de Servicio de Control de Gestión de este mismo complejo hospitalario, puesto este último desempeñado entre julio de 2007 y noviembre de 2017.

Asimismo, entre agosto de 1991 y abril de 1993 fue director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias; entre julio 2003-2007, director general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud y, desde mayo de 2017, ejercía de secretario general del Consejo Económico y Social de Canarias.

Por su parte, Isabel León Villalobos es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y funcionaria de carrera (Grupo A1) del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Entre noviembre de 2005 y julio de 2015 ha sido jefa de Sección de Sanciones en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales; jefa de Servicio de Asuntos Generales y Gestión Económica en la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales; jefa de Servicio de Apoyo y coordinación al dialogo social y gestión económica de la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, y jefa de Servicio de Información Empresarial, en la Dirección General de Promoción Económica, de la Consejería de Economía y Hacienda.

Desde octubre de 2017 y hasta la actualidad, ocupaba el puesto de Interventora Delegada del Servicio Canario de la Salud en la Intervención General de la Consejería de Hacienda.

Economía informa al Consejo de Gobierno del contrato de mamparas por casi 40.000 euros para el SCE

La Consejería dirigida por Elena Máñez rinde cuentas de la licitación de emergencia para garantizar la seguridad en la atención a la ciudadanía frente a la COVID-19

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, informó este jueves al Consejo de Gobierno de la contratación del suministro de mamparas de protección de metacrilato para la atención a la ciudadanía en las diferentes sedes del Servicio Canario de Empleo (SCE) por importe de 39.055 euros con el objetivo de garantizar las máximas medidas de seguridad ante la pandemia de la COVID-19.

Al amparo del Real Decreto-ley 7/2020 de medidas urgentes ante el impacto económico del coronavirus, el SCE resolvió declarar a finales de abril la emergencia del contrato para la adquisición de los paneles plásticos con la finalidad de continuar con la prestación de los diferentes servicios públicos y proteger tanto a la ciudadanía como al personal de sus sedes centrales y oficinas de empleo.

Junto a la dación de cuenta al Consejo de Gobierno, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo propuso remitir la contratación al Parlamento de Canarias en cumplimiento del plazo de un mes establecido en los presupuestos autonómicos para el traslado de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de urgencia.

 

Administraciones Públicas da cuenta del gasto de 1,8 millones en contratos realizados durante el estado de alarma

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha dictado 20 resoluciones para la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección de edificios judiciales, así como para posibilitar el teletrabajo

La obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario, para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo, y dar soporte a las sedes electrónicas, son las finalidades de los contratos aprobados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno del gasto de 1,8 millones de euros correspondientes a 24 contratos aprobados por el procedimiento de emergencia durante el estado de alarma. Dichos contratos están relacionados con la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección frente a la COVID-19 en edificios y sedes judiciales de Canarias, así como para la obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo y atender las incidencias provocadas por el virus.

Un total de 20 de los contratos fueron aprobados por resoluciones dictadas, como consecuencia de la emergencia sanitaria, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por un importe completo de 1.772.142,79 euros, y los cuatro restantes por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por importe de 48.790,91 euros.

Pérez ha solicitado la inclusión de todos los expedientes dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Protección en sedes y edificios judiciales

Los contratos realizados mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia son los siguientes:

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios y protección en zonas operativas de los Edificios Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia de Género y Registro Civil (21.335,80 euros).

– Servicio de traslado, entrega y acondicionamiento de equipamiento informático, mobiliario, material sanitario, mecanismos y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (83.759,60 euros).

-Suministro, configuración y clonación de equipos y ordenadores portátiles, para la prestación de servicios mediante el sistema de «Teletrabajo a Jueces, Magistrados, Letrados y Funcionarios de los Órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias’ (531.088,44 euros).

-Suministro e instalación de mobiliario de protección anticontagios y de archivo y custodia de documentación judicial para proceder a las labores de desinfección en la Sedes Judiciales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (127.912,08 euros).

-Trabajos de limpieza e higienización de los conductos del Sistema de Climatización y Ventilación en Edificios y Sedes Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (124.954,27 euros).

-Servicio de limpieza extra por refuerzo y desinfección emergencia COVID-19 y dispensación de diverso material de protección antincontagio en Edificios Judiciales de la provincia de Las Palmas (174.644,43 euros).

– Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de protección respiratoria, KN95, de eficacia de filtración máxima contra contagios auto-filtrante, calificado como Equipos de Protección Individual (50.985 euros).

-Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de alta protección anticontagio desechables FPP2 (4 capas), calificadas como Equipos de Protección Individual (39.500 euros).

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios protección ampliación nuevos servicios operativos en diversos Órganos Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (5.649,60 euros).

-Servicio de Asistencia Técnica Especializada para la elaboración del Plan de Respuesta y Contingencias derivado de la situación de emergencia por la COVID-19 (48.150 euros).

-Trabajos de revisión, comprobación y verificación de las instalaciones de protección contra incendios (PCI) de Edificios Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (33.688,24 euros).

-Suministro e Instalación Sistema Megafonía de Evacuación de Emergencia en el Edificio Judicial de Arona, en Tenerife (37.332,04 euros) y del Edificio Judicial de Arrecife, en Lanzarote (83.933,67 euros).

-Servicio extra de traslado, reparto, entrega y acondicionamiento de material de protección, equipamiento informático, material desinfección, mecanismo y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas (23.525,23 euros).

– Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior en las instalaciones de climatización y ventilación en Edificios Judiciales de la isla de Tenerife (75.525,92 euros).

-Sustitución módulo control sistema climatización en el Edificio Judicial de La Laguna (13.750,04 euros).

-Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior del sistema de climatización y dependencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife (31.437,48 euros) y en el Edificio Judicial de Granadilla de Abona (180.911,75 euros).

-Realización de Auditoria de emergencia Servicio de Limpieza para la evaluación, control e implantación de las medidas de higiene y desinfección derivadas de la COVID-19 en Edificios y Sedes Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (29.960 euros).

-Trabajos reposición equipos de refrigeración en los aparatos de transporte mecánico y elevación (panorámicos) en el Edificio Judicial ‘Ciudad de La Justicia’ de Las Palmas de Gran Canaria (54.099,20 euros).

Telefonía remota y sedes electrónicas

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías ha dictado durante el estado de alarma cuatro resoluciones por las que se aprueban los siguientes contratos:

-Refuerzo del servicio de soporte de Nivel 1 al uso de las Sedes Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (4.280 euros).

-Adquisición de licencias para telefonía remota para la Red Corporativa de Telefonía del Gobierno de Canarias para que el personal público puede desarrollar sus funciones en la modalidad de teletrabajo (24.553,27 euros).

-Contratación de evolutivos de la Aplicación SICAC para habilitar la presentación telemática de los procedimientos comunes ante la necesidad de que todos los procedimientos del Gobierno de Canarias se puedan tramitar electrónicamente a través de la Sede Electrónica ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente (11.235 euros).

-Servicio de Asistencia técnica para la mejora de capacidades en la comunicación y presentación eficaz de actuaciones en la modalidad de teletrabajo (8.722,64 euros).

El Gobierno autoriza el voto a favor de la ampliación del objeto social en la Junta del Gran Telescopio de Canarias

La modificación estatutaria facilita la investigación del Grantecan, sociedad participada al 50% por la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, para concluir el expediente tramitado en su momento desde la Presidencia, el sentido del voto favorable de la persona representante de la Administración autonómica en la Junta General de Gran Telescopio de Canarias (Grantecan SA) para la modificación estatutaria con la finalidad, entre otras cuestiones, de ampliar el objeto social de la sociedad mercantil participada.

En concreto, el acuerdo propuesto por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, como departamento competente sobre el sentido del voto en las sociedades públicas y participadas, faculta el cambio en los estatutos sociales tras su aprobación por unanimidad a finales de abril de 2019 en el Consejo de Administración de Grantecan, empresa con 50% de su capital a cargo de la Comunidad Autónoma.

La ampliación del objeto social se justifica en la necesidad de adecuar a la fase actual de operación, mantenimiento y explotación del telescopio junto a la de incluir actividades de mejora y extensión de la infraestructura como objetivo primario de Grantecan, así como la posibilidad de participar en convocatoria competitivas del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D), que contempla programas para el progreso de instalaciones científicas como el instrumental óptico en el Roque de los Muchachos (La Palma).

El acuerdo adoptado cuenta con informe favorable de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), órgano adscrito a la Consejería de Economía y dirigido por Carlos Andrés Navarro, también representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en la Junta General de Grantecan.

El Gobierno aprueba las medidas de prevención ante la COVID-19 tras la finalización del estado de alarma

El Gobierno aprueba las medidas de prevención ante la COVID-19 tras la finalización del estado de alarma

El acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy será publicado mañana, sábado 20 de junio, en el BOC; es de aplicación a partir del 21 de junio (00.00 horas) y recoge la regulación establecida para garantizar la salud pública en todo tipo de actividades y establecimientos

El Gobierno de Canarias aprobó, a propuesta de la Consejería de Sanidad, el acuerdo por el que se establecen las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 una vez se supere la Fase 3 de la desescalada y se finalice el estado de alarma este domingo, día 21 de junio.

Aunque finalice el estado de alarma, y ante la presencia de contagios por COVID-19, es necesario adoptar una serie de medidas para la protección de la salud pública que podrán ser modificadas en función de la evolución del brote y que mantendrán su vigencia hasta que Gobierno del Estado decrete oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

El objetivo de estas medidas, que serán publicadas en el Boletín Oficial de Canarias mañana, sábado, es que las actividades sociales y económicas que se desarrollen mientras dure esta situación se hagan con las garantías oportunas para la protección de la salud pública. Por ello, resulta fundamental el compromiso individual y colectivo respecto a su cumplimiento teniendo en cuenta que en caso de incumplimiento resultará de aplicación el régimen sancionador del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.

Estas medidas serán de aplicación en todo el territorio de Canarias, pero los cabildos y ayuntamientos podrán adoptar medidas adicionales y complementarias en sus respectivos ámbitos territoriales.

El documento recoge que las autoridades responsables y los organizadores de eventos o actividades multitudinarias deberán adoptar las medidas oportunas para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus y seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad al respecto.

Los incumplimientos de las medidas recogidas en este acuerdo serán sancionados por las autoridades competentes de acuerdo con la legislación aplicable.

Regulación de todo tipo de actividades

El acuerdo aprobado hoy incide sobre las recomendaciones para garantizar la distancia de seguridad, las medidas de limpieza y desinfección y el aforo para todo tipo de actividades y establecimientos.

Así, se incluyen las normativas relativas a los comercios, bares, restaurantes, establecimientos turísticos, centros docentes, instalaciones deportivas, puertos, aeropuertos y locales de juego y apuestas.

También se recogen las medidas para actividades culturales, cines, teatros, auditorios, bibliotecas, archivos, museos, oficinas administrativas públicas o privadas de atención al público y centros de llamadas.

Se regula, también, la práctica de actividad deportiva federada de competición de ámbitos insular y autonómica, la celebración de eventos deportivos, la práctica de actividad física al aire libre, el uso de las playas y piscinas naturales, así como los velatorios, entierros, ceremonias nupciales y actos religiosos.

Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones de acceso, aforo y permanencia en las playas y zonas de baño marítimo para garantizar la distancia interpersonal y evitar aglomeraciones. Para calcular el aforo máximo de cada playa se tendrá en cuenta, además de la situación de toallas, tumbonas y otros objetos, la altura de las mareas y la sectorización de actividades y se tendrá que descontar el espacio reservado para el tránsito y el acceso.

Podrán abrir aquellas discotecas y locales de ocio nocturno al aire libre para consumo sentado en mesa, con un aforo en las terrazas del 75% y guardando la distancia interpersonal. Las pistas de baile estarán prohibidas y se evitarán las aglomeraciones en los locales.

En cuanto a los campamentos infantiles y juveniles, la normativa recoge que se podrán realizar siempre y cuando se cumplan las recomendaciones de prevención e higiene y que se disponga de un plan de actuación ante posibles casos de COVID-19.

Las actividades de este tipo al aire libre deberán limitar el número de participantes al 50% de su capacidad, con un máximo de 200 participantes, incluyendo los monitores. Cuando las actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el número de participantes a un tercio de su capacidad, con un máximo de 80 participantes, incluyendo los monitores. Durante el desarrollo de estas actividades se deberá organizar a los participantes en grupos de hasta 20 personas, incluido el monitor.

El documento también regula las condiciones para la celebración de catas de productos, cuyos participantes deberán guardar la distancia de seguridad y seguir las recomendaciones de higiene.

Las salas donde se celebren deberán estar señalizadas indicando el circuito a seguir tanto por los participantes como por el personal auxiliar que sirve el producto y el personal técnico que dirige los paneles de catas.

Las catas populares se llevarán a cabo preferentemente al aire libre y, en el caso de hacerse en espacios cerrados, el aforo de la sala deberá limitarse al 75%.