Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno implantará subvenciones para fomentar la contratación laboral y la mejora del empleo afectado por ERTE

Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno acordó hoy modificar el Decreto ley de medidas extraordinarias para afrontar el COVID-19 a fin de incluir actuaciones que preserven el empleo generado en los años de recuperación económica y minimizar el impacto de la crisis sanitaria, que ya es social y económica

El Consejo de Gobierno, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y la de Economía, Conocimiento y Empleo, aprobó hoy la modificación del Capítulo I del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (que ya había sido modificado mediante el Decreto Ley 7/2020, de 23 de abril) a fin de incluir subvenciones en el ámbito del empleo con el fin de preservar el empleo generado en Canarias en los años de recuperación económica y minimizar el impacto de la crisis sanitaria, que ya es social y económica.

El Decreto ley 4/2020 se adoptó ante la situación de extrema gravedad generada por la evolución del coronavirus COVID-19, por lo que resultó necesaria la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente de diversa índole, dando prioridad a aquellas que perseguían minimizar el impacto en la destrucción del empleo, de una manera muy especial sobre los autónomos y autónomas que han tenido que cesar su actividad o bajar su producción de bienes y servicios.

Con esta modificación de hoy también se pretende que, de forma excepcional, en el caso de subvenciones de carácter no periódico, el procedimiento de concesión de las mismas se pueda incluir en el acto de convocatoria que se realice por el órgano competente para resolver.

En concreto, las medidas a incluir ahora son, por una parte, la puesta en marcha de un programa de subvenciones en el ámbito del empleo, cuyo objetivo será incentivar a las personas físicas o jurídicas, que mejoren las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por fuerza mayor, declarado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Asimismo, y con el mismo objetivo general, la puesta en marcha de un programa de subvenciones en el ámbito del empleo, cuya finalidad será incentivar la contratación de personas desempleadas, por parte de personas físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar.

De forma particular, y como consecuencia de la crisis ocasionada, se ha observado la existencia de un conjunto de personas trabajadoras en el sector del servicio de hogar familiar que, tradicionalmente, han venido desarrollando sus funciones sin mediar contratación laboral. En el plano estrictamente asistencial, este conjunto de personas no ha podido acceder a la batería de medidas de apoyo que se han venido desarrollando en respuesta a la crisis generada.

La interrupción de su labor, motivada por las medidas de confinamiento y limitación de la movilidad, les ha supuesto perjuicios evidentes en materia económica, sin que hayan podido acceder a ninguna de las medidas de asistencia aprobadas, en el ámbito del empleo.

Es por ello que se ha considerado oportuno establecer una medida que pretende incentivar la suscripción de contratos laborales en favor de este tipo de colectivos. Se pone en marcha, por consiguiente, una medida consistente en el establecimiento de subvenciones en favor de aquellas personas que formalicen nuevos contratos laborales con personas empleadas en el ámbito del servicio de hogar familiar. De esta forma se incentiva la puesta en valor de dichas actividades, y la generación de unas óptimas condiciones laborales para estos colectivos.

Por otra parte, esta medida fomentará de forma indudable, la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral de las personas empleadoras, facilitando su inserción laboral, o el mantenimiento de la misma.

El objetivo de dichas medidas es, como ya se ha explicado, preservar el empleo generado en Canarias en estos años de recuperación económica, minimizando el impacto de una crisis sanitaria, que ya es social y económica, siendo el propósito mejorar las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por una Expediente de Regulación de Empleo Temporal, por fuerza mayor, así como favorecer aquellas personas que suscriban nuevos contratos laborales con personas desempleadas, en el ámbito del servicio de hogar familiar.

Siendo este es el escenario, resulta evidente el compromiso que debe asumir la Comunidad Autónoma de Canarias en las políticas activas de empleo, a través de las medidas propuestas en la modificación del Capítulo I del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, que se justifican, si cabe aún más, por la crisis sanitaria derivada del COVID-19, que acreditan, asimismo, las razones de urgencia a fin de minimizar el impacto de esta crisis en la destrucción del empleo y, en definitiva, la adopción del mecanismo de la figura del decreto ley.

Transición Ecológica informa sobre los cuatro convenios de planificación territorial suscritos con ayuntamientos

La Consejería firmó esos acuerdos con los municipios de Barlovento y San Andrés y Sauces, en La Palma, y de Garachico y La Guancha, en Tenerife

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha dado cuenta al Consejo de los acuerdos alcanzados con cuatro ayuntamientos canarios en materia de planificación territorial durante el primer trimestre de 2020. 

Esas decisiones fueron motivadas por la necesidad de rubricar convenios de cooperación en esa materia con los municipios de Barlovento y San Andrés y Sauces, en La Palma, y de Garachico y La Guancha, en Tenerife. El Gobierno regional además dará cuenta al Parlamento de Canarias de la suscripción de dichos convenios de cooperación, tras la propuesta hecha por la reseñada Consejería.

Los acuerdos suscritos entre el departamento autonómico y los ayuntamientos de Barlovento y San Andrés y Sauces tienen como objeto la realización de las funciones propias de los órganos ambientales municipales en la Evaluación Ambiental Estratégica, tanto para la ordenación pormenorizada de los planes generales de ordenación de ambos municipios como para el resto de instrumentos de ordenación urbanística municipal.

El convenio de San Andrés y Sauces, que cuenta con una vigencia de dos años, no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un sistema de financiación, pues se considera que los derivados del cumplimiento de lo acordado no implican incremento alguno en los programas ordinarios de gasto en inversión de cada administración. A este respecto, cada administración interviniente asume con sus propios medios económicos las acciones a emprender en cumplimiento de los convenios.

El acuerdo de La Guancha ha sido suscrito por ambas administraciones para el desarrollo de la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de los planes de ordenación urbanística municipales, mientras que en el caso de Garachico lo rubricado ha sido la adenda al convenio entre la Consejería y el Ayuntamiento para la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica al órgano ambiental autonómico.

26,7 millones para licitar la ampliación de la carretera entre Paredes, Alajeró y el aeropuerto de La Gomera

La Consejería Obras Públicas, Transportes y Vivienda inicia ahora el proceso de licitación del proyecto para mejorar el trazado, el drenaje y la seguridad de un tramo de vía que tiene 16 kilómetros

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, la autorización para invertir 26,7 millones de euros en la licitación del proyecto de obra para el acondicionamiento y ampliación de la carretera GM-3, en la isla de La Gomera y en el tramo que une el aeropuerto con Alajeró y el cruce de Paredes. Con esta autorización de gasto, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda inicia el proceso de licitación con la finalidad de poder adjudicar la obra en el cuarto trimestre del año.

Obras Públicas, Transporte y Vivienda ha dado el impulso definitivo a esta licitación, con un valor total de 26.753.683 euros y que se financiará con cargo al Convenio de Carreteras entre Canarias y el Estado, una vez superada la evaluación ambiental a finales del año pasado y la aprobación técnica del proyecto mediante orden de 28 de mayo de 2020 firmada por el propio Sebastián Franquis. Tras ser autorizado hoy el gasto y las anualidades propuestas, el consejero mediante orden iniciará el expediente de contratación en los próximos días.

El ámbito de la actuación se encuentra dentro de los límites municipales de Alajeró y próximo a los núcleos de Antoncojo, Targa, Alajeró e Imada, y se va a actuar en un trazado de 16 kilómetros de la actual GM-3, que comprende las antiguas carreteras CV-11 y CV-13, desde la intersección del aeropuerto hasta el cruce de Paredes en la intersección con la CV-17, en las inmediaciones del Parque Nacional de Garajonay.

El proyecto para el que se ha autorizado el gasto contempla el acondicionamiento de la vía existente en el término municipal de Alajeró mediante la mejora de su trazado, el aumento de la sección transversal, la rehabilitación del firme, la remodelación de las intersecciones y la construcción de muros y obras de drenaje transversal. Las actuales carreteras CV-11 y CV-13 presentan un eje bastante antiguo, cuya mayor deficiencia radica en las curvas de reducida velocidad específica, lo que supone un riesgo para la seguridad viaria. Las obras de drenaje también tienen muchos años, y se encuentran deterioradas y en muchos casos obstruidas por sedimentos o residuos sólidos.

Con el objetivo de agilizar e incrementar la seguridad de la circulación en esta vía, se ha proyectado la corrección geométrica de los elementos de trazado y la optimización del pavimento. Entre el aeropuerto y el núcleo de Alajeró se realizarán varias rectificaciones de trazado dirigidas a mejorar la seguridad vial, incrementando con ello la visibilidad y la velocidad en condiciones de comodidad y seguridad. La intensidad media de tráfico para el momento en que se ponga en servicio la obra ha sido estimada en 473 vehículos.

Las actuaciones sobre esta carretera se centran en la rectificación de curvas, ampliación del arcén del lado mar en un metro para mejorar los parámetros de seguridad, la ejecución de las glorietas de la curva de Las Nieves, Antoncojo, Alajeró y Paredes, adecuación de paradas de guaguas, rehabilitación de drenaje, firmes, renovación de sistemas de contención y reposición de servicios afectados.

 

Se aprueba el grado de Psicología y el máster en Formación del Profesorado en la Universidad Europea de Canarias

El Consejo también ha dado el visto bueno a la incorporación del máster en Psicología General Sanitaria dentro de la oferta de esa institución educativa privada

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 11 de junio, el decreto por el que se acuerda la implantación del grado de Psicología y de los másteres en Psicología General Sanitaria y en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas de Idiomas y Deportivas en la Universidad Europea de Canarias. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la incorporación de esos títulos oficiales en la oferta de esta institución educativa privada.

La Ley Orgánica de Universidades establece que para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deben poseer la autorización pertinente de la comunidad autónoma y obtener la verificación del Consejo de Universidades estatal de que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.

La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) ha informado de que esos títulos oficiales cumplen con los requisitos y criterios de evaluación para la autorización de esas enseñanzas universitarias en el Archipiélago. La propuesta además fue informada por el Consejo de Universidades de Canarias.

El alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a esta nueva enseñanza, que se implanta previa admisión de dicha universidad.

Economía incentiva las mejoras laborales tras los ERTE y los contratos a personas desempleadas para el hogar

El Consejo de Gobierno acuerda subvenciones por valor de 600.000 euros para la conversión contractual después de los expedientes de regulación temporal de empleo y para el afloramiento de la economía sumergida en servicios domésticos

El Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, acordó este jueves, 11 de junio, la modificación del Decreto-ley 4/2020, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscales y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19, con el objetivo de incluir subvenciones por un importe inicial de 600.000 euros para incentivar tanto la mejora de las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) como la contratación de personas desempleadas para la prestación de servicios domésticos.

 

Mediante el nuevo decreto, la Consejería dirigida por Elena Máñez suma dos programas a las medidas autonómicas para el sostenimiento del empleo y apoyo social tras la línea de ayudas por valor inicial de 11 millones de euros destinada a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas residentes en Canarias con la finalidad de cubrir el 30% de la base mínima de cotización de la Seguridad Social con el  fin de completar el 100% de la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida por el Gobierno de España durante el estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19.

En concreto, la propuesta conjunta de los departamentos de Economía, Conocimiento y Empleo; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad dispone de un crédito de 500.000 euros en el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE) para las subvenciones a favor de las personas físicas o jurídicas que mejoren las condiciones contractuales de la plantilla después de los ERTE por fuerza mayor, aunque con posibilidad de incremento de la dotación inicial en función de las solicitudes.

También se contempla la opción de aumento presupuestario según la demanda ciudadana en las ayudas por valor inicial de 100.000 euros a las personas físicas que contraten a personas desempleadas para la prestación de servicios de hogar familiar, un colectivo que tradicionalmente ha desarrollado sus funciones sin mediar vinculación laboral y durante la actual crisis no ha podido acceder a las medidas asistenciales para afrontar los evidentes perjuicios económicos tras la interrupción de su labor por las estrictas medidas de confinamiento y limitación de la movilidad, según argumenta la exposición de motivos del nuevo decreto.

Precisamente, el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de la COVID-19, alerta del “aumento de la condición de vulnerabilidad que adquirirán muchas familias canarias que, o bien ya se encontraban en esta delicada situación con anterioridad a esta crisis, o prestaban sus servicios en el ámbito de la economía sumergida y han tenido que dejar de hacerlo por las restricciones impuestas en el estado de alarma”.

Por ello, “no podemos dejar de mencionar la importancia que adquirirá en las acciones que impulse este Pacto en materia de empleo la lucha contra la economía sumergida, que en circunstancias tan singulares tiene un caldo de cultivo privilegiado y, por tanto, conviene hacer seguimiento a este tipo de comportamientos y adoptar las medidas precisas para reducir su avance”, destaca el documento de consenso, suscrito en el Parlamento de Canarias durante la jornada conmemorativa de la comunidad autónoma.

De 2.500 a 4.500 euros para aportar más estabilidad a los empleos

También se compromete el Pacto para la Reactivación Social y Económica a “impulsar un paquete de políticas activas de empleo diseñadas específicamente para hacer frente a las necesidades de este periodo de crisis”, como son las subvenciones a las mejoras laborales tras los ERTE por fuerza mayor con incentivos de 2.500 a 4.500 euros por la conversión de una jornada parcial a otra completa o de contrato temporal a otro indefinido.

Por su parte, las ayudas del SCE para el empleo de personas paradas en servicios de hogar familiar, desde cuidados de niños y ancianos hasta limpieza o cocina, cubren la base de cotización a la Seguridad Social más 100 euros, con una permanencia mínima de seis meses en los contratos temporales y de dos años en los documentos indefinidos.

Por último, las nuevas subvenciones presentan un régimen de concesión directa al apreciarse razones de interés público, económico y social que dificultan la concurrencia competitiva a causa de la singularidad derivada del impacto de la COVID-19, así como un procedimiento específico de otorgamiento por su carácter no periódico y excepcional que permite unificar en un acto administrativo la publicación de las bases y la convocatoria de las ayudas con el objetivo de agilizar los expedientes.

Declarada de interés público la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Canarias

Entre sus fines sociales está impulsar y coordinar actuaciones en los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional, la ayuda humanitaria o de emergencia, el comercio justo, la educación para una ciudadanía global, los derechos humanos o la justicia social

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Decreto por el que se declara de interés público de Canarias la Asociación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Canarias (CONGDA), inscrita desde 1998 en el Registro de Asociaciones de Canarias, por entender que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el beneficio que para la sociedad canaria reporta su actividad.

Los fines sociales de la Asociación incluyen la coordinación e impulso del trabajo conjunto de las organizaciones y entidades miembros, la prestación de asistencia y apoyo mutuos y la representación de sus intereses y valores compartidos ante la sociedad, las Administraciones Públicas otras instituciones y entidades externas a la CONGDCA.

Dinamizar y reforzar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Canarias es otro de los fines de la Asociación, junto con el fomento del conocimiento sobre el Derecho al Desarrollo como derecho humano inalienable, colaborando para aumentar y mejorar la cooperación internacional al desarrollo, así como la realización de proyectos comunes, en respuesta a los intereses y objetivos de los pueblos menos favorecidos, esforzándose por no crear dependencias y formar la conciencia ciudadana en estos temas.

Otros de sus fines sociales son los de apoyar, impulsar, fomentar y coordinar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Canarias en los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional, la ayuda humanitaria o de emergencia, el comercio justo, la educación para una ciudadanía global, los derechos humanos, la justicia social, la participación ciudadana, así como la coherencia con las líneas estrategias (marcos de actuación) europeas e internacionales, en el ámbito del Desarrollo.

La Ley de Asociaciones de Canarias establece que podrán ser declaradas de interés público de Canarias las asociaciones de ámbito territorial autonómico inscritas en el Registro de Asociaciones que soliciten ser declaradas de interés público y que reúnan las circunstancias previstas en esa norma, las cuales cumple la Asociación Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de Canarias, que solicitó ser declarada de interés público el 20 de noviembre de 2019.

 

Se aprueba ampliar hasta junio la exención del pago del alquiler a 17.000 familias inquilinas de viviendas públicas

Reunión del Consejo de Gobierno

Se trata de una medida cuyo objetivo es apoyar la recuperación económica de las familias más vulnerables

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy ampliar hasta el mes de junio las medidas de exoneración del pago del alquiler de las viviendas sociales de titularidad pública, una decisión que beneficiará a 17.253 familias del Archipiélago a los que no se les cobra la mensualidad desde el pasado 1 de abril.

Se trata de una medida cuyo objetivo es apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población afectados en sus ingresos por la crisis sanitaria causada por el coronavirus de la enfermedad COVID-19, como son los adjudicatarios de viviendas protegidas (VPO).

Esta medida se aprobó hoy en el Consejo de Gobierno al considerar que aún no se dan las condiciones para una plena recuperación económica, al mantenerse el estado de alarma, la limitación de movimientos y las restricciones a determinadas actividades a causa del obligatorio distanciamiento social.

Esa medida para eximir del pago del alquiler mensual a más de 17.000 familias que viven en régimen de alquiler en una VPO del Gobierno forma parte del decreto-ley de

Medidas Extraordinarias de carácter social aprobado por el Gobierno canario el pasado mes de abril para hacer frente a las consecuencias económicas a las que se  enfrenta gran parte de la ciudadanía de las Islas, al perder o ver reducido sus ingresos como consecuencia de la paralización económica que han sufrido muchos sectores a causa de la crisis sanitaria.

Se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y a las viviendas titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi, que son un total de 4.528 viviendas.

El Icavi ha dejado de cobrar las mensualidades a estas más de 17.000 familias desde el pasado 1 de abril, ya que los inquilinos de estas viviendas protegidas del parque público regional se benefician automáticamente de la exoneración, sin tener que hacer ninguna gestión. También se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.

El Icavi estima en cerca de 600.000 euros el impacto económico que supone la aplicación de esta medida de ampliación.

 

El Consejo prorroga el plazo para la construcción de un centro sociosanitario en La Gomera

El pasado mes de mayo se acordó con los siete cabildos insulares la ampliación de los periodos para la ejecución de las obras contempladas en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado prorrogar el plazo de ejecución y justificación de la subvención concedida al Cabildo Insular de La Gomera con destino a la financiación del proyecto Construcción de un centro sociosanitario en San Sebastián de La Gomera, por importe de 1.900.000 euros. El plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020.

Con fecha de 21 de diciembre de 2018, se emitió la orden por parte de la entonces Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que concedió, de forma directa, una subvención nominada a favor del Cabildo Insular de La Gomera por importe de 1.900.000 euros, con destino a la financiación del proyecto de construcción de un centro sociosanitario en San Sebastián de La Gomera, en el marco del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. Este recinto tendrá capacidad para la atención de 185 usuarios, 150 en recurso residencial y 35 en centros de día.

La subvención estableció el abono anticipado y fijó como plazos para la ejecución y justificación el 31 de diciembre de 2019. En octubre de ese mismo año, el Cabildo de La Gomera solicitó la prórroga del plazo de ejecución y de la justificación de la subvención hasta el 31 de diciembre de 2020.

El Gobierno de Canarias acuerda la prórroga del plazo de ejecución y justificación de esa subvención en sintonía con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y los siete cabildos insulares el pasado mes de mayo de 2020, con el fin de ampliar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, tanto respecto a los plazos de ejecución previamente establecidos como al nivel presupuestario conveniado entre esas dos administraciones públicas.

El Gobierno aprueba el decreto que regula la participación ciudadana en caso de emergencia

El Ejecutivo considera de especial importancia impulsar y ordenar la actividad del voluntariado, fomentar su capacitación, garantizar su seguridad y concretar las actividades y acciones que puede desarrollar

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, tras su paso por el Consejo Consultivo de Canarias, el decreto que tiene por objeto la regulación de la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias mediante las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil que se inscriban en el registro que se crea a tal fin.

Con esta norma, propuesta conjunta de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, se pretende regular el sistema de acreditación y organización del voluntariado que pueda actuar en los casos de emergencia como parte del sistema de protección civil de Canarias.

La particularidad de las Agrupaciones locales de Voluntariado de Protección Civil, en tanto que agrupaciones fundamentalmente municipales, sin personalidad jurídica, que con diferentes denominaciones encuadran a las personas voluntarias en torno al ámbito de competencia local en materia de Protección Civil, requieren de una norma específica que precise su régimen, organización y funcionamiento para poder integrarse y participar coordinadamente del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias.

El Ejecutivo entiende que la colaboración y participación ciudadana, coordinada, fomentada e instrumentada a través de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y las Entidades de Voluntariado Acreditadas, se configura como un soporte básico en el ámbito de la autoprotección y de la solidaridad social.

Dichas entidades y agrupaciones han generado un importante incremento de la capacidad preventiva y operativa de las Administraciones Públicas Canarias ante situaciones de emergencia, siendo reconocidas en la estructura operativa de los Planes de Protección Civil territoriales y especiales aplicables en las Islas.

Por tales razones, se considera de especial importancia impulsar y ordenar la actividad de este voluntariado, fomentar su capacitación, garantizar su seguridad, concretar las actividades y acciones que pueden desarrollar y lograr una adecuada integración en el marco de la gestión de emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, el decreto por el que se aprueba el reglamento de Agrupaciones Locales de voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil en Canarias tiene como objetivo el impulso de la participación ciudadana en el sistema Canario de Seguridad y Emergencias y promueve la presencia igualitaria de hombres y mujeres.

Además, regula la creación, organización, formación y funcionamiento de las Agrupaciones de Protección Civil; crea un registro de Agrupaciones y Entidades Colaboradoras y establece los requisitos para ser personal voluntario de protección civil. Fija además las obligaciones de las entidades en la dotación, formación, uniformidad e identidad y registro del voluntariado.

Así, se reglamenta el régimen general aplicable a la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, instrumentada a través de las Agrupaciones Locales que hayan sido inscritas en el registro que se crea, y estima conveniente coordinar con la normativa específica del voluntariado el Registro de las Entidades de Voluntariado Acreditadas que obtengan su reconocimiento como

Entidades Colaboradoras en materia de Protección Civil

Asimismo, regula el reconocimiento y registro de las entidades sin ánimo de lucro que, no siendo entidades de voluntariado, colaboran en la prestación de los Servicios de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

De este modo, se concretan bajo una misma denominación la determinación de lo que serán las Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, homologando para todas ellas los requisitos exigibles, tanto para las entidades de voluntariado, como resto de entidades sin ánimo de lucro que no sean de voluntariado y operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se dispone así de una información valiosa, tanto desde el ámbito preventivo, de implicación ciudadana, como para acometer con conocimiento preciso las eventuales activaciones de los planes de Protección Civil.

El decreto asume aquellas cuestiones vinculadas tanto a la observancia de la igualdad entre hombres y mujeres, precisando que las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil han de ser vigilantes en el respeto de estos principios, como al acceso a la formación que han de recibir, y a la participación de la juventud.

Legislación

La participación ciudadana en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias tiene un reconocimiento expreso en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

En el mismo sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que el voluntariado de Protección Civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, instrumentándose tal colaboración a través de las entidades de voluntariado, de acuerdo con el régimen jurídico, valores y principios que inspiran la acción voluntaria que se establecen en la normativa propia del voluntariado. Asimismo, prevé que los poderes públicos promoverán la participación y la formación del voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.

A este respecto, la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, con el objeto de reconocer, ordenar y promover la acción voluntaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, como expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de la ciudadanía en organizaciones sin ánimo de lucro y facilitar las relaciones entre las Administraciones Públicas, regula las entidades que desarrollen actividades de voluntariado, así como la actividad de las personas voluntarias integradas en éstas.

Dichas leyes deben enmarcarse en el contexto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en lo referido a las competencias autonómicas en materia de servicios sociales, voluntariado y Protección Civil, respectivamente. Asimismo, han de contemplarse las competencias de las entidades locales, en particular las de Protección Civil, previstas tanto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, y también en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, respecto de las competencias insulares de asistencia social y servicios sociales, así como de prevención y extinción de incendios forestales.

 

El Gobierno prorroga el contrato del servicio de gestión procesal y asistencia jurídica gratuita

El importe asciende a 2,9 millones de euros y tendrá una vigencia de un año, desde el 1 de julio de 2020 hasta 30 de junio de 2021

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la segunda prórroga del servicio de gestión integral y evolutiva de las aplicaciones de gestión procesal implantadas en los Órganos Judiciales, Fiscales e Institutos de Medicina Legal radicados en Canarias. Además autorizó también su adaptación a las nuevas estructuras organizativas, así como a los aplicativos de asistencia jurídica gratuita,  por un importe total 2.999.210 euros, IGIC incluido. El plazo de la prórroga abarcará del 1 de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

Mediante orden de 12 de mayo de 2016, se formalizó contrato para dichos servicios por cuatro años, con fecha de ejecución del 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2020. En abril de este año, se acordó la continuación de la tramitación del expediente para la autorización de las prórrogas del contrato de los servicios mientras esté vigente el estado de alarma.

Al respecto, y en virtud de una orden del 26 de mayo de 2020, se autorizó la primera prórroga del citado contrato durante un mes, del 1 al 30 de junio de 2020, por importe de 249.934,17 euros, IGIC incluido.

Al tener como fecha de terminación del contrato el próximo 30 de junio de 2020, y estando contemplada la posibilidad de seguir prorrogándolo, el Ejecutivo considera necesario la tramitación de una segunda prórroga por el plazo de un año, la cual abarcaría desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

El presupuesto de la segunda prórroga asciende a 2.999.210 y se distribuirán en las anualidades 2020 y 2021, a razón de 1.499.605 en cada año.

El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto en cumplimiento de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma de Canarias para 2020.