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El Gobierno de Canarias aprueba la implantación del grado de Fisioterapia por  la Universidad Fernando Pessoa

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy a la incorporación de este título universitario oficial a la oferta de esta institución educativa

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 4 de junio, el decreto por el que se acuerda la implantación del grado de Fisioterapia por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C), que se localiza en Santa María de Guía, Gran Canaria.

La Ley Orgánica de Universidades determina que para impartir enseñanzas oficiales es necesario poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma y posteriormente obtener la verificación del Consejo de Universidades estatal de que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.

La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) ha informado de que ese título oficial cumple con los requisitos y criterios de evaluación para la autorización de las enseñanzas universitarias en el Archipiélago, cuya propuesta fue informada también por el Consejo de Universidades de Canarias.

El alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a esta nueva enseñanza, previa admisión de dicha universidad.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto que determina las masas de agua afectadas por contaminación de nitratos

La normativa también designa las zonas vulnerables por ese tipo de contaminación de origen agrario, con el objeto de adoptar las medidas adecuadas al respecto

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, tras el pertinente dictamen emitido por el Consejo Consultivo, el decreto que determina las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y designa las zonas vulnerables por dicha contaminación.

Esa decisión viene motivada por la necesidad de modificar tanto la relación de masas de agua afectadas como la designación de zonas vulnerables existentes para ajustarlas a la realidad actual.

El decreto también establece la obligación, en el plazo de seis meses, de elaborar un programa de actuación específico, con el objetivo de prevenir y reducir la contaminación causada por nitratos de origen agrario.

En esta línea, deberá desarrollarse un programa de muestreo y seguimiento que verifique las actuaciones previstas y la calidad de las aguas a los efectos de conocer la posible contaminación por afección de ese tipo de nitratos.

Ejecutivo regional considera que con dicho decreto se cumple el principio de proporcionalidad, porque la norma contiene la regulación imprescindible para atender tal necesidad y la de dar cumplimiento a lo exigido por normativas  europea y estatal.

También considera que con este decreto queda garantizado el principio de seguridad jurídica porque se establece un marco normativo estable que se adopta teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico nacional de carácter básico y la normativa de la Unión Europea.

Esta normativa se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia, tal y como establece la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La citada norma además encuentra su justificación, en cuanto a la necesidad y la eficacia, en el cumplimiento del mandato contenido en el Real Decreto 261/1996, sobre medidas para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, pues tiene como fin designar tanto las masas de aguas como las zonas vulnerables que estén o puedan verse afectadas por contaminación de nitratos para adoptar las medidas adecuadas al respecto.

Educación destina 104.746 euros a la reparación del muro exterior del IES Franchy Roca

La Consejería dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno de esa obra, que se inició el 13 de abril y se encuentran actualmente en ejecución

El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del estado de las obras de reparación del muro exterior del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Franchy Roca, situado en Las Palmas de Gran Canaria y que se iniciaron el pasado 13 de abril, con un presupuesto de 104.746 euros.

Esas actuaciones fueron tramitadas por vía de emergencia con la finalidad de que los trabajos de restitución y rehabilitación comenzaran lo antes posible debido al estado de deterioro del muro de cerramiento, colindante con las instalaciones deportivas del propio centro educativo y que suponía un problema para las personas que transitaban junto a dicha infraestructura ante la posible caída de este.

Se prevé que la obra finalice a mediados de julio.

El Consejo de Gobierno amplía en un millón de euros el programa de empleo juvenil para este año

Consejo de Gobierno

La transferencia de crédito para el Servicio Canario de Empleo permitirá aumentar las actuaciones de formación en alternancia con el trabajo destinadas a personas jóvenes no ocupadas de 16 a 25 años de edad

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, una transferencia de crédito por importe de un millón de euros para incrementar la financiación durante este año del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (FSE).

El trámite acordado permite al Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería dirigida por Elena Máñez, aumentar las actuaciones de formación en alternancia con el trabajo destinadas a las personas jóvenes no ocupadas de 16 a 25 años, con un presupuesto total de 18 millones de euros a lo largo de 2020 tras la actual transferencia.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, los programas de empleo juvenil tienen como objetivo “mejorar la empleabilidad y las capacidades de un colectivo tradicionalmente vulnerable, pero ahora especialmente afectado por la emergencia sanitaria de la COVID-19, de cara a impulsar su reincorporación al mercado laboral con mayores garantías”.

De hecho, subraya que las personas jóvenes “han sufrido con fuerza las consecuencias de esta crisis”, tal como demuestran los últimos datos del paro, correspondientes a abril, en los que las personas menores de 25 años aparecen como las más afectadas por la caída de la contratación, con bajadas del -76,18% respecto a marzo y del -84,72% respecto al mismo mes de 2019.

El Gobierno autoriza un gasto de dos millones para la vigilancia y seguridad de centros sanitarios de Lanzarote

El Servicio Canario de la Salud procederá a la contratación del servicio para 2020-22

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, día 28 de mayo, al Servicio Canario de la Salud a realizar un gasto plurianual por importe de 2.016.465,63 euros para atender la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

El gasto se realizará entre las anualidades de 2020 a 2022, a razón de 168.038,80 euros durante este ejercicio; 1.008.232,81 en 2021, y 840.194,02 en 2022.

La Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote dispone de un conjunto de centros e instalaciones para la atención primaria, con 15 establecimientos asistenciales, de atención especializada y de salud mental que requieren de servicios de vigilancia y seguridad.

El 28 de noviembre de 2019 se autorizó por acuerdo del Gobierno el gasto relativo a la contratación de ese servicio por 2.007.042,90 euros, que luego fue necesario aumentar en  9.422.73 euros debido al incremento del tipo impositivo del IGIC, que pasó del 6,5% al 7% en su tipo general, y a la necesidad de definir una nueva distribución de las anualidades de abono.

Administraciones Públicas informa al Gobierno del gasto para controlar la temperatura en los aeropuertos canarios

La Dirección General de Seguridad y Emergencias autoriza el pago de 50.000 euros para contratar el servicio del control de temperatura con motivo de la COVID-19, así como 39.903 euros para la adquisición de diverso material informático para posibilitar el teletrabajo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de diversos gastos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias derivados de la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y consistentes en la compra de diverso material informático para facilitar el teletrabajo, así como la contratación del servicio de control de temperatura de personas en los aeropuertos canarios.

Pérez detalló que los gastos autorizados ascienden a 89.903,11 euros, de los que 50.000 corresponden a la contratación del servicio del control de temperatura, que se consideró adecuado para cubrir la necesidad de controlar la temperatura de las personas en puntos tan sensibles como los aeropuertos canarios y que realizó Cruz Roja Española en marzo.

El resto del gasto (39.903,11 euros) se ha destinado al suministro de 29 ordenadores portátiles, nueve monitores y diez convertibles Surface con la finalidad de posibilitar la modalidad del teletrabajo del personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

La autorización del abono de los gastos está recogida en la resolución del 22 de mayo de 2020 de la Dirección General de Seguridad y Emergencia para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma en todo el país.

Tras informar al Ejecutivo de Canarias, Pérez solicitó la inclusión del expediente relativo a los gastos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

 

Sanidad realiza unas obras de emergencia en La Palma por importe de 293.000 euros

La Consejería da cuenta de la contratación de emergencia del proyecto de un muro de contención en el edificio de la Dirección del Área de Salud

El Consejo de Gobierno fue informado hoy de la contratación de emergencia de la obra de construcción de un muro de contención en el edificio de la Dirección del Área de Salud de La Palma, situado en la calle Hermenegildo Rodríguez Méndez, en Santa Cruz de La Palma. A principios de octubre de 2019, hubo un desplome y ello obligó a adoptar medidas de seguridad inmediatas.

Debido al mal estado y a las deficiencias detectadas en la cimentación del muro, la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud declaró la emergencia de las obras el día 23 de ese mismo mes, con la posterior ejecución de las actuaciones necesarias para la construcción del muro de hormigón definitivo.

Los trabajos fueron realizados por la empresa Contratas Pérez Díaz, SL, por importe de 271.566,01 euros, a los que se añaden otros 21.827,55 en gastos de dirección de la obra y en coordinación de seguridad y salud. Ello eleva la inversión total en esa actuación hasta los 293.393,56 euros, IGIC incluido.

La declaración de emergencia es un régimen excepcional que dispensa a las administraciones públicas el trámite de un expediente de contratación y lo limita a lo estrictamente indispensable para prevenir o remediar los daños derivados de una situación determinada, de la que además se debe dar cuenta al Consejo de Gobierno. El resto de actuaciones que no tengan carácter de emergencia se contratarán conforme a la Ley de Contratación del Sector Público.

El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Teresa Berástegui como viceconsejera de Turismo

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves el nombramiento de Teresa Berástegui como viceconsejera de Turismo, a propuesta de la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla. Berástegui sustituye a Sergio Moreno, que ha decidido dejar su cargo por motivos personales.

La tinerfeña Teresa Berástegui es bachelor (licenciada ADE) en Administración de Empresa por la European School of Management y grado en Derecho por la Universidad Oberta de Catalunya. Asimismo, cuenta con un máster en Abogacía y Práctica Jurídica por la Universitat Internacional Valenciana y otro en Banca y Finanzas por el Instituto de Estudios Bursátiles y la Universidad Complutense de Madrid.

Berástegui ha desempeñado distintos puestos en el sector empresarial como responsable de administración y en el ámbito público ha sido concejala del Ayuntamiento de La Laguna, asesora del Parlamento de Canarias y secretaria de Acción Institucional en Canarias de Ciudadanos (Cs), partido del que ha causado baja.

 

 

 

Carlos  Navarro, nuevo director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves el nombramiento de Carlos Andrés Navarro Martínez como nuevo director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), cargo que permanecía vacante desde la salida del anterior responsable, José Moya Otero.

Máster en Gestión de la Innovación, asumió durante siete años la responsabilidad de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de la Unidad de Promoción de la Innovación de la Fundación Universitaria de Las Palmas.

Desde 2002 realiza consultoría estratégica y tecnológica a todo tipo de empresas e instituciones, desde la financiación y fiscalidad para la I+D+i, el desarrollo de proyectos altamente innovadores, la incorporación de tecnologías y patentes, o la puesta en marcha de startups, entre otras materias.

A comienzos de 2004, la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias lo selecciona como tecnólogo para la puesta en marcha de cinco proyectos de cooperación con empresas de alto valor añadido tecnológico internacionales, coordinando además la puesta en marcha de los talleres de dinamizadores de la innovación financiados por esta misma consejería.

En 2005, asume el diseño e implantación de un sistema de gestión de la I+D+i para el Grupo Dunas Hotels & Resorts. Se le concede otro proyecto como tecnólogo para la creación de un área de I+D+i en dicho grupo hotelero y se convierte en director de I+D+i de la compañía.

Un año más tarde, es contratado como director de la consultora tecnológica Avantec, empresa desde la que diseña y pone en marcha el proyecto Pymetic de innovación y formación entre la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, la Fundación Universitaria de Las Palmas y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, realizado a más de 2.000 pymes.

En 2007, la Fundación Universitaria de Las Palmas le ofrece volver como responsable de la oficina técnica de proyectos para la realización de más de 600 diagnósticos tecnológicos a empresas y para la elaboración de más de 150 inventarios tecnológicos en empresas turísticas de Canarias.

Posteriormente, le otorga la dirección del Centro de Formación Continua de la ULPGC, así como hacerse cargo de implantar el primer sistema de vigilancia tecnológica certificado bajo las normas ISO 166.006:2006 EX para el Observatorio de Tecnología en el Sector Turístico.

Dos años después, le vuelven a proponer la dirección de la Unidad de Promoción de Innovación y hacerse cargo de las oficinas de transferencia de resultados de la Investigación de la ULPGC y de la FULP.

Durante esa etapa de siete años participó y dirigió todo tipo de proyectos internacionales: Upiinnova, Innovación abierta y cooperación universitario/empresarial de la provincia de Las Palmas, la región de Souss Massa Draa y Cabo Verde; ConecturATL; Innotur; Red Camina, etcétera.

Asimismo, fue el responsable del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) y del Punto de Información sobre Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (Red PIDI). También dirigió el Observatorio de Innovación para el Sector Turístico OITUR, coordinó la Oficina de Proyectos Europeos de la ULPGC y participó en proyectos de divulgación científica internacionales como la Researchers Night o las Semanas de la Ciencia y la Innovación Canarias.

Aprobada la renovación del AIEM hasta 2027 con el consenso de los productores agrarios e industriales canarios

Reunión del Consejo de Gobierno en Gran Canaria

La Consejería de Hacienda elabora una propuesta que mantiene inalterados los tipos impositivos e incluye 156 productos, 42 de ellos nuevos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la propuesta de renovación del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM), un tributo estatal de aplicación exclusiva en el Archipiélago que pretende proteger la producción local frente a la foránea.

El procedimiento se justifica ante la necesidad de obtener la autorización del Consejo Europeo para prolongar la vigencia del AIEM antes del 31 de diciembre de este año, previa comunicación al Gobierno de España y la consiguiente negociación con la Comisión Europea. El nuevo plazo abarcará el septenio 2021-2027.

La propuesta cuenta con el respaldo de las principales organizaciones de productores agrarios, ganaderos e industriales de Canarias, con quienes el Gobierno de Canarias ha venido negociando en los últimos meses junto a otras entidades sectoriales.

Fruto de ese proceso participativo y de las reuniones interdepartamentales del propio Ejecutivo canario, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha elaborado una propuesta que incluye 156 productos, 22 más que en la actualidad. De ese listado, 42 productos son nuevos, mientras que decaen 20 de la nómina vigente.

De manera desagregada, el nuevo AIEM gravará la importación 67 productos de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 4, de minas y canteras; 13, de materiales de construcción; 34, de química; 12, de industrias metálicas; 1 de tabaco; 3, de textil, cuero y calzado; 6, de transformados de papel, y 3 de artes gráficas.

La propuesta mantiene inalterados los tres tramos impositivos actuales (5, 10 y 15 por ciento), que en última instancia son los instrumentos que permiten la protección del sector primario y la industria locales frente a las importaciones de terceros.

Más necesario aún en tiempos de la COVID

En este sentido, el Ejecutivo considera “indiscutible” la necesidad de un tributo de estas características, concebido para compensar las desventajas estructurales del Archipiélago con el continente y que ha autorizado la propia Unión Europea.

Más aún, dadas las actuales circunstancias y la inminencia de una crisis extremadamente profunda, en la que Canarias precisará de todos los instrumentos a su alcance para dinamizar su economía e ir reduciendo su dependencia del exterior.

La crisis asociada a la pandemia ha puesto claramente de manifiesto la importancia fundamental de mantener y potenciar el sector primario y el sector industrial en Canarias, como garantía de un cierto grado de soberanía alimentaria y capacidad de autoabastecimiento.

La producción local de tipo industrial, agroganadera y de alimentación necesita protección a través del AIEM para poder competir en mejores condiciones con los productos competidores importados a muy bajo coste, una imposición que no influye en el precio de la cesta de la compra en las Islas.

Precisamente, el estudio de impacto económico elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo e incluido en la propuesta aprobada hoy concluye que el IPC canario ha sido siempre inferior a la media estatal desde que se notificó por primera vez a la UE el AIEM, en el año 2002.

Y si bien el objeto del arbitrio es encarecer el precio del producto importado que compite con el local, los factores que determinan el incremento de los precios son varios, y siempre el más importante es la competencia en el mercado.

En este sentido, los precios están mucho más condicionados por factores como la escasez en la oferta de un producto; el incremento temporal de la demanda (como sucede en determinadas épocas del año, como Navidad); el monopolio de un producto de determinado distribuidor, o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies que determinan no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir.