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Sanidad destinará 2,3 millones al servicio de limpieza de los centros sanitarios de Fuerteventura

La prórroga del contrato estará vigente hasta el 31 de mayo de 2020 y abarca a la totalidad de los centros sanitarios y administrativos del Área de Salud

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto con cargo al Servicio Canario de la Salud por importe de 2.330.607,49 euros con destino a la prórroga del servicio de limpieza de los centros sanitarios y dependencias administrativas de la Gerencia de Servicios Sanitarios y de la Dirección de Área de Salud de Fuerteventura.

El servicio, adjudicado a la empresa Lux Canarias S.A., se corresponde al lote 5 del expediente centralizado del servicio de limpieza para toda la red de centros del Servicio Canario de la Salud, por el que se adjudicaron un total de 13 lotes.

La prórroga estará vigente entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de mayo de 2020, con la siguiente distribución del gasto: 1.466.313,29 euros para el servicio de limpieza del Hospital General de Fuerteventura y 864.294,20 euros, para el de los centros de Atención Primaria y las dependencias de la Dirección de Área.

El Gobierno modifica la Ley para asumir la convocatoria autonómica de plazas de policías locales

Fernando Clavijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Aprueba la inclusión de una disposición adicional a la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la modificación por decreto ley de la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales de Canarias para introducir una disposición adicional que permitirá a los ayuntamientos delegar en el Ejecutivo la convocatoria de plazas de policía local para cubrir sus vacantes.

La delegación comprenderá, al menos, la competencia para la aprobación de las bases de selección, para la concreción de las plazas a convocar y para la determinación de los criterios de participación económica que ha de asumir proporcionalmente cada ayuntamiento delegante. El Gobierno de Canarias llevará a cabo una convocatoria anual unificada.

Según datos de las organizaciones sindicales, existen en estos momentos en torno a 700 plazas de policía local vacantes en todo el Archipiélago, generadas, entre otros factores, por las restricciones estatales que limitaron durante años la tasa de reposición. A ellas se suman las 300 vacantes que se estima que generará la aplicación del Real Decreto 1449/2018 que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.

Por ello, se considera necesario establecer un modelo de acceso flexible y ágil que facilite a los ayuntamientos de Canarias la cobertura de las múltiples vacantes que disponen, unidas a las que se van produciendo por el natural envejecimiento de este sector del empleo público.

Queda, por tanto, justificada la necesidad extraordinaria y urgente de esta modificación, en tanto que es preciso contar con la inmediata habilitación legal para que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con más medios materiales y recursos humanos, pueda prestar inmediato apoyo a los municipios que se ven desbordados para atender la cobertura de las vacantes en sus policías locales, con el consiguiente perjuicio para cubrir este servicio público esencial.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias redactó la modificación de la la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales de Canarias y la remitió, en abril de 2018, al Parlamento regional para su tramitación como proposición de ley. Este texto elaborado por el Gobierno ya contemplaba la convocatoria autonómica para agilizar la cobertura de plazas vacantes y otras novedades como la posibilidad de que municipios limítrofes se asocien para crear un cuerpo policial conjunto o que policías locales de un municipio puedan prestar servicio en otros.

En vista de que el proceso de tramitación parlamentaria no concluirá antes del final de la legislatura, y ante la urgente necesidad de tomar medidas para cubrir las plazas vacantes, todos los grupos parlamentarios aprobaron el pasado 5 de febrero, de manera unánime, una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno de Canarias y a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a pactar un convenio marco para que sea la Administración autonómica la que convoque los procesos selectivos para cubrir las vacantes de policías locales en los municipios que se acojan al acuerdo. El decreto ley aprobado hoy crea el marco jurídico necesario para llevar a cabo el citado convenio.

El Gobierno aprueba ejecutar una nueva línea eléctrica submarina entre Lanzarote y Fuerteventura

Reunión del Gobierno

La puesta en marcha de este proyecto permitiría mejorar la calidad del servicio eléctrico y garantizar la evacuación de la nueva energía renovable que se genere en ambas islas

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado un decreto por el que se ordena ejecutar las obras para la ejecución de una nueva interconexión eléctrica, a través de un cable submarino de 132 kV, simple circuito, entre la subestación de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, y la subestación de La Oliva, en Fuerteventura.

El decreto aprobado ordena, asimismo, proceder en el plazo máximo de seis meses a la revisión o modificación del planeamiento territorial afectado.

El proyecto, promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U., permite aumentar la capacidad de transporte de la red eléctrica, lo que resulta fundamental para garantizar la evacuación de la nueva energía renovable que se genere en ambas islas y seguir avanzando en la implantación de un modelo energético más sostenible.

Además, la implantación de este proyecto contribuye a mejorar la fiabilidad del sistema eléctrico, garantizando que, aun en el caso de que se produzca una avería en el actual cable submarino, ambas islas se mantendrán interconectadas.

Canarias exige una reunión urgente con el Ministerio ante la imposición de destinar el dinero de carreteras a pagar

Consejo de Gobierno

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, calificó el hecho como “de extrema gravedad” y recordó que Canarias es la autonomía con menor deuda por habitante y no necesita amortizar

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, informó hoy de que el Gobierno de Canarias ha enviado una comunicación por escrito al Ministerio de Hacienda para “exigir una reunión urgente ante la imposición del Gobierno de España de destinar los 500,4 millones de euros de las sentencias del Convenio de Carreteras a amortizar deuda”.

“Es un asunto extremadamente grave, por lo que también nos hemos puesto en contacto telefónico con el Gabinete de la ministra para trasladarle que mi disponibilidad para mantener esa reunión es absoluta, a cualquier fecha, a cualquier hora y en cualquier lugar”, afirmó.

Rosa Dávila añadió que el Gobierno de Canarias agotará hasta el último recurso para conseguir que ese dinero salga del superávit de la Comunidad Autónoma cuando el Ministerio de Hacienda publique los datos definitivos el próximo 15 de abril. “Estamos viviendo una maniobra más del Gobierno de Pedro Sánchez para quitarnos a todos los canarios el dinero de nuestras carreteras”.

La consejera desmintió que Canarias tenga un superávit 2,05 % del PIB regional y 947 millones de euros, tal y como publicó el viernes el Ministerio de Hacienda en su página web. En este momento, “el superávit de la Comunidad Autónoma se fija en el 0,65% que equivale a 300,6 millones de euros, casi 650 millones menos de lo que se ha publicado. Así se lo hemos comunicado ya a la Intervención General del Estado y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal”.

Dávila denunció que “ya es grave que el Gobierno de España continúe saltándose una sentencia judicial firme que les obliga a transferirnos el dinero de los convenios, pero contabilizar unos fondos que no han pagado como si realmente lo hubieran hecho, es una artimaña que solo busca que ese dinero vaya directamente a pagar deuda a los bancos y a compensar a las comunidades autónoma incumplidoras”.

Canarias, la autonomía con menor deuda per cápita

Además, la consejera recordó que “Canarias no necesita amortizar deuda porque es la comunidad autónoma española con menor deuda por habitante y la tercera en relación con el PIB, solo por detrás de Madrid y País Vasco”

Añadió que “el Gobierno de Canarias hará todo lo posible para terminar lo que ha empezado. La lucha para que el dinero de las carreteras llegue de una vez por todas y el empeño para que el superávit se pueda utilizar para los servicios públicos esenciales y no para los bancos no puede quedar a medias”.

Por último, Rosa Dávila explicó que “contabilizar el dinero de carreteras en el superávit, vulnera una de las normas del Sistema Europeo de Cuentas que tiene que ver con las decisiones judiciales, como es el caso de las sentencias del convenio de Carreteras”. Esta norma dice que el registro de los gastos o ingresos se realiza cuando el demandante, es decir, Canarias, tiene el acceso a esa cantidad y pueden hacer uso de ese derecho.

El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de más de 38 millones de euros para programas de pobreza

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

De ellos, 19,6 millones de euros irán a financiar los servicios sociales comunitarios; casi siete millones de euros para prevención del riesgo y ayudas económicas en Infancia y Familia; y 12 millones para prestaciones básicas en los 88 municipios

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy lunes, 1 de abril, la realización del gasto que conlleva las aportaciones dinerarias que se conceden a las corporaciones municipales para financiar las distintas líneas de pobreza financiadas a los ayuntamientos en las áreas de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, programas de ayuda para evitar el riesgo en las familias y la infancia y el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias. Serán más de 38 millones de euros destinados a proporcionar la financiación básica de programas destinados a la población más vulnerable.

Plan Concertado y PCI: Las áreas de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos recibirán un importe global que asciende a 19.641.028 euros, dos millones más que en 2018, de los cuales 6.909.857 euros se destinará a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, PCI.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios, proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación, para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.

Es objeto del citado protocolo distribuir los créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, con el objetivo de dar continuidad a los Programas que viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.

El Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales constituye el pilar básico del sistema de protección social, constituyendo la red de servicios sociales de gestión local.

Estos recursos están dirigidos a toda la población y entre sus objetivos están el de informar y orientar sobre derechos y recursos; realizar prevención e inserción social y familiar; prestar ayuda a domicilio a personas y familias que padecen situaciones que lo requieren; dar prestaciones de alojamiento y convivencia a las personas sin hogar. También incluye prestaciones específicas a colectivos, se financian los centros de servicios sociales, centros de acogida, centros de día o centros ocupacionales de titularidad de las corporaciones locales.

Por lo que respecta a las prestaciones básicas de servicios sociales, se autoriza el gasto de la transferencia del Estado por un importe de 12.000.000 euros para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria. Hay que recordar que la Comunidad Autónoma debería haber recibido el año pasado 30 millones de euros para la lucha contra la exclusión social, pero a fecha de hoy solo han sido ingresados estos 12 millones.

Estos doce millones serán distribuidos entre los ayuntamientos de Canarias a través de un protocolo con la FECAM con la finalidad de implementar y reforzar actividades enmarcadas en las prestaciones básicas de servicios sociales, centradas en el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias, que serán distribuidos de acuerdo al protocolo general de actuación suscrito entre la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios.

Los equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y servicios de día contarán con un importe total de 5.854.870 euros, que se repartirá entre los municipios se ha realizado de acuerdo al protocolo adicional, incluido en el acuerdo suscrito en 2015, entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de créditos entre los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Según la actual Ley de protección integral del menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

En la atención integral a los menores, tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo, así como las graves carencias que menoscaben su desarrollo. Las administraciones públicas deberán velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.

Las administraciones públicas canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido en la Ley, se determinen en los planes y programas de servicios sociales y, específicamente, en aquellos que tengan por objeto la atención integral a los menores.

Como recurso preventivo prioritario se establecerán programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.

También se ha aprobado la petición de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de disponer 800.000 euros para financiar proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia, con la finalidad de poder gestionar subvenciones a distintas entidades del Tercer Sector de Acción Social con cargo a la línea de financiación del Estado de Proyectos Sociales de Apoyo a la Familia e Infancia, acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en virtud de la cual correspondió a la Canarias la cantidad de 3.061.462 euros.

Este crédito irá destinado a financiar proyectos de intervención social y prestaciones económicas que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monomarentales.

El Gobierno aprueba la ejecución de siete nuevos parques eólicos

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Con estos nuevos parques, un total de 26 instalaciones podrán optar a la convocatoria de ayudas para la instalación de energía eólica en Canarias, cuyo plazo de presentación finaliza mañana martes

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado hoy los decretos por los que se acuerda ejecutar siete nuevos parques eólicos que suman una potencia total de 95,2 megavatios (MW).

En concreto, los decretos aprobados se refieren a cuatro parques eólicos localizados en Gran Canaria, dos en Tenerife y uno en Fuerteventura. Además en todos los casos, se ordena modificar el planeamiento afectado en el plazo de seis meses.

Estos parques podrán optar a la convocatoria de ayudas abierta hasta mañana martes, 2 de abril, para la instalación de nueva potencia eólica en las islas y para la que se cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros, financiado con fondos FEDER.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, aseguró que con la aprobación de estos 7 nuevos parques, Canarias consigue superar con creces el objetivo de alcanzar los 180 megavatios nuevos de potencia eólica a través de esta convocatoria de ayudas.

“En concreto, y a fecha de hoy, hay 26 proyectos eólicos localizados en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental y están en disposición de acogerse a esta convocatoria” detalló el consejero.

La implantación de todos estos parques podría suponer 220 MW más de potencia eólica instalada, lo que implicaría un aumento de en tono al 5% más de energía renovable con respecto a los 600 MW que ya están instalados en Canarias.

En este contexto, el consejero destacó el esfuerzo y el trabajo realizado por el personal de las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Política Territorial y Sostenibilidad, así como “la confianza que han demostrado los promotores en que el Gobierno de Canarias podía sacar adelante la tramitación necesaria para que pudieran concurrir a esta convocatoria de ayudas”.

“A partir de ahora, es necesario que tanto los promotores como el operador del sistema y las administraciones locales trabajen de la mano para que estos estos proyectos puedan materializarse y convertirse en una realidad que ayude a Canarias a seguir avanzando en la implantación de un modelo energético mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, añadió.

Asimismo, recordó que el Gobierno de España se ha comprometido a publicar este mismo año una nueva convocatoria de ayudas para la instalación en Canarias de energía eólica y fotovoltaica en el Archipiélago.

Condiciones de la convocatoria

Los proyectos que resulten beneficiados de esta convocatoria deben estar completamente finalizados el 30 de junio de 2022 y el importe máximo que se puede conceder por proyecto es de 448.000 euros por MW, estableciendo un límite de 15.000.000 euros por empresa y proyecto.

El texto establece un tope máximo de potencia eólica instada por isla de 70MW en Gran Canaria, 55 en MW en Tenerife; 35MW en Lanzarote; 45 MW en Fuerteventura; 7 MW en La Palma y 5 MW en La Gomera.

Las solicitudes recibidas se evaluarán conforme a una puntuación entre 0 y 15 en la que se tendrá en cuenta el importe de la ayuda unitaria, el emplazamiento y la instalación y la viabilidad administrativa del proyecto.

Nuevos decretos de ejecución

Entre los 7 parques eólicos cuya ejecución aprobó hoy el Consejo de Gobierno se incluyen 4 parques de Gran Canaria, como son los parques de Santa Lucía del Mar (9 MW) y de Montaña de Arinaga (18,9 MW), impulsados por Energías Alternativas de las Islas, S. L, en el municipio de Agüimes; el parque de Salinetas, con 4 MW de potencia, promovido en Telde por Loro Parque, S.A.; y el parque eólico Agüímes, de 9,6 MW, de Naturgy Renovables, S. L. U.

Con respecto a Tenerife, se aprobó la puesta en marcha de los parques Central de Granadilla, de 16,1 MW, impulsado por Green Power España, y el Parque Magua 1, de 8,4 MW, promovido por Disa Renovables en Arico.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ordenó la ejecución del proyecto Parque Eólico del Rosario y la Infraestructura de Evacuación, promovido por Naturgy Energy y cuya instalación conlleva una potencia eólica de 29,2 MW.

Sanidad recibirá un millón de euros adicionales para los puntos de urgencias y reducir listas de espera

Rueda de prensa tras el consejo de Gobierno

Los recursos se destinarán a la actividad asistencial de los puntos de urgencias y a reforzar las áreas quirúrgicas y de consultas del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy dotar de un 1.000.000 euros adicionales a la Consejería de Sanidad para financiar el gasto derivado de la actividad asistencial de los puntos de urgencias y reforzar las áreas quirúrgicas y de consultas para reducir las listas de espera.

Los recursos están previstos en la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y requieren de una modificación presupuestaria para su disposición efectiva por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Durante 2019, el SCS contratará en el marco del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN) un total de 118 profesionales sanitarios, para continuar con la mejora de los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios.

Estos 118 nuevos profesionales serán 29 médicos, 30 Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE), 19 Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico (TER), cuatro Técnicos Especialistas de Laboratorio (TEL), 11 auxiliares administrativos y 25 celadores.

De ahí que el incremento de la actividad asistencial resultante del aumento de los recursos, de este año y de ejercicios anteriores, requiera de una mayor dotación presupuestaria.

Listas de espera

Asimismo, la reducción de las listas de espera constituye el principal objetivo asistencial de la Consejería, para el que se han realizado importantes esfuerzos en los últimos ejercicios presupuestarios y que requiere de financiación adicional para continuar con la tendencia al descenso de los tiempos de demora.

Entre diciembre de 2016 y 2018, la lista de espera quirúrgica ha experimentado una reducción del 28 por ciento, registrándose un cambio de tendencia desde el segundo semestre de 2017, que se ha ido consolidando, de modo que se ha logrado reducir significativamente la demora media para una intervención quirúrgica, un indicador importante.

La reducción de la demora media en este período fue del 21 por ciento, pasando de los 181 días en diciembre de 2016 a los 139 de diciembre de 2018, es decir 42 días menos en dos años.

Respecto a la mediana, dato estadístico que refleja que la mitad de los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica esperan ese número de días o menos, se sitúa en 77 días, frente a los 131 de diciembre de 2016, lo que significa que la mitad de los pacientes tardan menos de 77 días en ser operados.

La reducción de las listas de espera se debe al buen funcionamiento de los programas puestos en marcha -CMA24, Plan Demora, Planes Funciona y Plan Verano- y a la colaboración, el esfuerzo y la profesionalidad de todo el personal sanitario y no sanitario del SCS, cuya labor ha sido determinante en este nuevo descenso de las listas de esperas.

De este modo, y para continuar con la tendencia al descenso de la listas de espera en el SCS, se requiere de financiación suficiente para afrontar el aumento de la actividad asistencial.