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Sanidad destinará 4,3 millones al tratamiento de pacientes con gases de uso médico-asistencial

Se contratará el suministro y la gestión del servicio en los centros dependientes del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria por un período de 48 meses

El Servicio Canario de la Salud destinará 4.319.430,24 euros hasta 2023 al tratamiento de pacientes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Hospital del Sur de Tenerife, el Hospital de Ofra y el Centro de Atención Especializada J.A. Rumeu con gases de uso médico-asistencial; gasto fue autorizado hoy en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Sanidad.

Los gases de uso médico-asistencial son medicamentos vitales en tratamientos e intervenciones hospitalarias, como el oxígeno, nitrógeno, protóxido de nitrógeno o la mezcla de gases para usos exclusivamente medicinales.

La partida económica destinada a estos tratamientos incluye la contratación del suministro de gases de uso médico-asistencial y la gestión del servicio que implica, entre otras funciones, el mantenimiento de las instalaciones encargadas del suministro y la distribución de los gases hasta la toma del paciente, el análisis de la calidad del medicamento suministrado, la gestión, control y distribución de botellas, el control del stock en los centros, la trazabilidad de la distribución de botellas, la reposición de pequeño material y el llenado de recipientes criogénicos.

Estas actividades son indispensable para el correcto funcionamiento de las instalaciones y para garantizar la disponibilidad y control de la trazabilidad de los gases medicinales en los centros hospitalarios.

La duración del contrato de suministro y gestión del servicio de gases de uso médico-asistencial en los centros dependientes del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, será de 48 meses, comprendidos entre las anualidades de 2019 y 2023, y que podrá prorrogarse por otros 12 meses.

El Gobierno de Canarias se opondrá a la rebaja de los sexenios para el profesorado que plantea el Estado

El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el contenido de las objeciones planteadas por el Gobierno del Estado a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, que se debatirán en comisión bilateral

El Gobierno del Estado ha manifestado al de Canarias su oposición a diferentes artículos contenidos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año, por entender que contravienen la normativa estatal. En el caso de Educación, la posición que defiende el Estado supondría una reducción de en torno a un 80 por ciento en el importe de los sexenios que cobra el profesorado en 2019.

Las objeciones del Estado se refieren concretamente a los epígrafes 1, 3 a) y b), y 5 del artículo 41 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. En ellos, se regula la aplicación de los complementos retributivos al profesorado canario, fruto del desarrollo del acuerdo alcanzado con la representación sindical para implantar el modelo de sexenios en las islas y homologar así sus salarios con los del resto de comunidades autónomas.

El Estado entiende que el importe de dichos complementos supera el límite legal establecido para la creación de nuevos complementos retributivos o aumentar el importe de los ya existentes, que estableció a través del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por lo que el Gobierno estatal reclama ahora que se reduzca sustancialmente el importe de los sexenios a cobrar por el profesorado y se eliminen nuevos complementos.

La Comunidad Autónoma, por su parte, considera que las objeciones del Estado por el establecimiento de los importes de los sexenios y la regulación de varios complementos relativos a las coordinaciones que realiza el profesorado en áreas transversales, como son la prevención de riesgos laborales, la convivencia y las tecnologías de la información y la comunicación no son de aplicación en este caso, al tratarse de complementos ya aprobados en su totalidad en el año 2017.

El acuerdo para la implantación del modelo retributivo que ahora pone en cuestión el Estado se basó en una planificación plurianual, por la que el importe de los sexenios y el resto de complementos se iría incrementando progresivamente hasta el año 2022, cuando el modelo quedaría definitivamente implantado. De hecho, el propio acuerdo, suscrito el 1 de septiembre de 2017, recogía una tabla con los importes exactos a recibir por los sexenios en cada uno de los cinco años de implantación. Así se publicó en el Boletín Oficial de Canarias y así comenzó a implantarse ya en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que se aplicó con normalidad durante todo el año pasado.

En desarrollo del acuerdo, el presupuesto para este año 2019 incluyó, en el momento de su aprobación por el Parlamento autonómico el 19 de diciembre de 2018, la actualización de los complementos retributivos. Sin embargo, dos días después, el Estado publicaba el citado Real Decreto-Ley, cuando la Cámara autonómica ya había aprobado las cuentas para 2019, que se publicarían en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, el Gobierno de Canarias entiende que la aprobación del Real Decreto-Ley que limita el crecimiento del gasto fue posterior a la aprobación del presupuesto canario. Pero, es más, la Comunidad Autónoma considera que dichos complementos no son nuevos, ni suponen un incremento desmesurado sobre los salarios establecidos, tal y como parece plantear el Estado, sino que ya estaban plasmados en el acuerdo con los sindicatos del 1 de septiembre de 2017. Precisamente, el no aplicar el total del importe de los sexenios desde el año 2018 obedeció a la voluntad de las partes de no causar un perjuicio a las arcas de la Comunidad Autónoma y seguir una senda de gasto perfectamente asumible durante el quinquenio de implantación de los sexenios y así se planificó hace casi dos años.

Por otra parte, la oposición del Estado al incremento en los sexenios se basa en que el Real Decreto-Ley 24/2018, obliga a todas las entidades del Sector Público a que, en su planificación de los gastos de personal al servicio del sector público, no se superen ciertos límites en el incremento de gastos por los conceptos «efectivos de personal», es decir, nuevas contrataciones, y «antigüedad». De ahí que el Gobierno de Canarias considere que su contenido tampoco es aplicable a este caso concreto, porque los sexenios no son complementos por antigüedad, sino por la formación continuada que realiza el profesorado.

Aunque está establecido que cada docente puede solicitar su cobro cada seis años, el requisito para obtenerlos es la acreditación de haber realizado actividades formativas homologadas en ese periodo y, por lo tanto, haber mejorado sus conocimientos para la docencia durante los seis años. Sin esa acreditación por formación, no se cobran los sexenios, por lo que hablamos claramente de un complemento retributivo por formación y no por antigüedad y no serían de aplicación las restricciones estatales por ese concepto. El complemento que reciben por antigüedad es el de los trienios que, en ese caso, se aplica de forma automática y no tienen que solicitarlo.

Con estos argumentos, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, consideró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Gobierno de Canarias tiene dos “razones de peso” para oponerse a las objeciones del Estado a la aplicación de los sexenios y sus complementos. La primera, que se trata de un acuerdo establecido en su totalidad desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que no considera de aplicación restricciones impuestas por normas posteriores. La segunda, que se confunde la naturaleza de los sexenios, que no son una compensación por antigüedad en el servicio público, sino por el esfuerzo en la formación continua que realiza el profesorado.

Monzón añadió además una tercera, basada en el trato desigual con el resto de territorios del Estado. La consejera señaló que “la razón de ser de los sexenios no es otra que la de homologar los salarios del profesorado de las islas con los del resto de Comunidades autónomas”. Además, añadió que “después de años de intentos, por fin la Comunidad Autónoma dispone de suficiente capacidad presupuestaria para que en las Islas se cobre igual que en el resto de Comunidades Autónomas, por lo que impedirlo supondría un nuevo obstáculo para que Canarias pueda ofrecer empleos de calidad, con oportunidades de desarrollo de una carrera profesional en las mismas condiciones que el resto”.

Como conclusión, consideró que “la aplicación inflexible de normas homogéneas de restricción del gasto vuelve a frenar la capacidad de crecimiento de las comunidades autónomas que han sido más eficientes en su política presupuestaria y que disponen de recursos propios suficientes como para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, en el caso de Canarias, lograr ser más competitivos y mejorar en las comparaciones con las medias estatales”.

La Consejería de Educación y Universidades ha convocado ya a todas las fuerzas sindicales que firmaron el acuerdo de 2017 para mantener una reunión el próximo miércoles, en la que analizar al detalle las objeciones del Estado y que el profesorado cuente con toda la información disponible.

Sanidad destinó otros 40.194 euros a subvencionar la actividad de cinco asociaciones de pacientes de Canarias

Los fondos irán destinados a apoyar proyectos para enfermos de esclerosis múltiple, afecciones neuromusculares, parkinson, cáncer infantil y cáncer de mama y ginecológico

La Consejería de Sanidad concedió durante el cuarto trimestre de 2018 un total de 40.194,86 euros en subvenciones directas destinadas a cinco asociaciones de enfermos de Canarias, para financiar actividades de ayuda a personas afectadas y al mantenimiento de sus sedes sociales.

Las entidades beneficiadas son la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas, con 18.194,86 euros, destinados al proyecto “Fisioterapia, logopedia y transporte adaptado”; la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (ASENACAN), con 5.000 euros, para el proyecto de “Rehabilitación especializada a domicilio y ambulatoria a personas afectadas por una enfermedad neuromuscular”; y la Asociación Parkinson de Gran Canaria, con 6.000 euros, para el “Proyecto para el apoyo del bienestar y el mejor desenvolvimiento de los enfermos de parkinson, sus familiares y cuidadores”.

Asimismo, destinó una subvención de 6.000 euros a la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, para el “Proyecto de ayuda al mantenimiento de su sede”, y 5.000 euros, a la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, para el proyecto “Ampliando recursos: Beneficiando pacientes”.

De estas cinco asociaciones subvencionadas en el cuarto trimestre de 2018, ASENECAN renunció a la ayuda de la Consejería de Sanidad una vez concedida al obtener otra subvención para el mismo proyecto de otro departamento del Gobierno de Canarias.

Durante el ejercicio de 2018, la Consejería de Sanidad destinó otros 172.006,28 euros en concepto de subvenciones a otras tres asociaciones: la Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife (Alabente), que recibió 42.006,78 euros para el proyecto “Equipo de profesionales para el Centro de Día Alabente”; la Asociación Gull Lasègue para el Estudio y Tratamiento de la Anorexia y Bulimia en Canarias, que recibió 100.000 euros para el proyecto “Servicio de intervención sociosanitaria del Centro de Día para afectados/as por trastornos de la conducta alimentaria”, y la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, dotada con 30.000 euros, para el proyecto “Atención a la diabetes y prevención de sus complicaciones en Canarias”.

El Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Observatorio del Paisaje

Se trata del último reglamento de desarrollo de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, mediante decreto y a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Observatorio del Paisaje, un órgano colegiado con funciones de observación, estudio, formulación de propuestas y criterios de actuación, consulta y asesoramiento en materia de paisaje.

El Observatorio fue creado por el Decreto 137/2016 por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en su artículo 25, establece la obligación de regular reglamentariamente la estructura y el régimen jurídico y de funcionamiento de este órgano autonómico. El aprobado hoy en Consejo de Gobierno es el último de los siete reglamentos previstos para el desarrollo de la Ley del Suelo.

Entre las funciones del Observatorio del Paisaje se encuentran las de establecer los mecanismos de observación de la evolución y transformación del paisaje e impulsar campañas de sensibilización social respecto a su evolución, sus funciones y su transformación fomentando la participación ciudadana.

Asimismo, será el encargado de fijar criterios para establecer los objetivos de calidad paisajística y proponer las medidas de protección, gestión y actuación sobre el territorio, así como actuaciones coordinadas con las instituciones locales y autonómicas para la mejora, restauración o creación de paisajes.

El Observatorio emitirá informes para el asesoramiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y resolverá, mediante dictámenes, las consultas que los cabildos y ayuntamientos puedan dirigirle. Los informes y los dictámenes tendrán carácter facultativo y no vinculante.

En cuanto a su composición, el Reglamento establece que ejercerá la presidencia quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de política territorial. Asumen la vicepresidencia primera, segunda y tercera los titulares de las viceconsejerías con competencias en materia de política territorial, de medio ambiente y de cultura, respectivamente.

Serán vocales los titulares de las consejerías responsables de las áreas de sector primario, turismo, educación, obras públicas, industria, economía, vivienda y administraciones públicas. También integra el Órgano un representante de la Fecam y otro de la Fecai.

El decreto aprobado hoy contempla la posibilidad de que los cabildos, en el ámbito de sus respectivas competencias, creen Laboratorios del Paisaje con funciones equivalentes a las del Observatorio pero referidas al ámbito insular.

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de desarrollo de la ley de Ordenación del Transporte

El nuevo proyecto de decreto añade el artículo 108 ter, en el que se establece la identificación de los vehículos destinados a arrendamiento con conductor (VTC) mediante el uso de distintivos exteriores

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 1 de abril, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias aprobado mediante decreto 72/2012, en lo relativo a la identificación externa de los vehículos autorizados para el arrendamiento con conductor (VTC). El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Con el nuevo proyecto de decreto se pretende adoptar medidas adecuadas para la debida protección de los derechos de los usuarios, así como evitar el intrusismo y la competencia desleal que pueda afectar tanto a las empresas de arrendamiento de vehículo con conductor, como al sector de viajeros en general, mediante la identificación exterior de los vehículos amparados por la correspondiente autorización de transportes.

En concreto, el Reglamento de desarrollo de la ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias se modifica añadiendo el artículo 108 ter, en el que se establece la identificación de los vehículos destinados a arrendamiento con conductor mediante el uso de distintivos exteriores regulados con la imagen del Gobierno de Canarias, el número de matrícula del vehículo y las iniciales del nombre de la isla donde estén autorizados dichos vehículos, en un fondo de color asignado por cada Isla.

De esta forma, el distintivo de la isla de El Hierro incluirá las siglas HI sobre fondo turquesa, la isla de Fuerteventura las siglas FV sobre fondo color celeste, la isla de Gran Canaria las siglas GC sobre fondo color amarillo, la isla de La Gomera las siglas GM sobre fondo color rojo, la isla de Lanzarote con las siglas LZ sobre fondo color marrón tierra, la isla de La Palma con las siglas LP sobre fondo color verde y la isla de Tenerife con las siglas TF sobre fondo color azul marino.

Los distintivos, como documentos de control, consistirán en dos autoadhesivos de vinilo transparente. Asimismo, la numeración y año recogidos en los distintivos identificativos externos hacen referencia a los meses y el año en el que la persona titular de las autorizaciones deberá proceder al visado de las mismas, por lo que el órgano encargado de facilitar los distintivos identificativos externos realizará una marca en el número correspondiente al mes concreto en el que el visado debe realizarse. Además, los distintivos identificativos externos deberán colocarse en la parte superior derecha de la luna delantera y en la parte inferior izquierda de la luna trasera del vehículo, respectivamente, de forma que resulten visibles desde el exterior, sin interferir en ningún caso en la visibilidad de la persona conductora.

Los cabildos insulares, competentes para el otorgamiento de las autorizaciones, pondrán a disposición de las empresas titulares de los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor, tantos distintivos identificativos externos como autorizaciones haya expedido a tales empresas titulares, siendo únicamente válidos los distintivos oficiales entregados por dichas corporaciones. Asimismo, el incumplimiento del deber de llevar los distintivos identificativos externos en los lugares indicados el tenerlos deteriorados será sancionado conforme a lo que disponga la legislación vigente de ordenación del transporte por carretera de Canarias.

Con todo, los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, a la entrada en vigor de este decreto, dispondrán de un plazo de tres meses para identificar los vehículos, por lo que deberán solicitar al cabildo insular correspondiente tantos distintivos como vehículos con autorización dispongan.

El presidente acuerda, previa deliberación del Gobierno, convocar las elecciones autonómicas

El decreto de convocatoria de las elecciones será publicado mañana martes 2 de abril en el Boletín Oficial de Canarias y entrará en vigor de inmediato

El presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, sometió para su deliberación en la sesión de hoy del Consejo de Gobierno el Proyecto de Decreto por el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. El decreto será publicado, y entrará en vigor, mañana martes 2 de abril.

Como se recordará, la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, en su artículo 16, atribuye al presidente de la Comunidad Autónoma la convocatoria de elecciones al Parlamento de Canarias.

En consecuencia, el decreto señala que las elecciones al Parlamento de Canarias se celebrarán el domingo 26 de mayo de 2019 y que el número de diputados y diputadas a elegir será el de 70 a distribuir entre 61 escaños correspondientes a las siete circunscripciones insulares y los restantes nueve escaños, a la circunscripción autonómica.

Los escaños de las circunscripciones insulares corresponden a tres por El Hierro, ocho por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote, ocho por La Palma y 15 por Tenerife.

Asimismo, el decreto contempla que la campaña electoral durará 15 días, comenzando a las cero horas del viernes día 10 de mayo de 2019 y finalizando a las cero horas del sábado día 25 de mayo del mismo año.

El Gobierno aprueba la modificación del Decreto de Restauración Turística para simplificar la normativa

De esta forma, se cumple el deber de la Administración pública de revisar periódicamente su normativa para suprimir aquellos aspectos que aparecen regulados en otras normas relacionadas y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la modificación del Decreto 90/2010 de 22 de julio por el que se regula la Actividad Turística de Restauración y los establecimientos donde se desarrolla, cumpliendo así con el deber de las administraciones públicas de revisar periódicamente su normativa en aras de una mayor simplificación y adaptación a las nuevas tendencias del mercado.

En este sentido, y dado que la actividad de restauración también viene ordenada por otra normativa sectorial, no turística, que establece límites, requisitos y condiciones al desarrollo de la misma se ha procedido a suprimir todos aquellos artículos duplicados.

En concreto, el Decreto por el que se regula la Actividad Turística de Restauración en lo relacionado a condiciones de higiene y salubridad contiene aspectos que se regulan en el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos por lo que, en aras de una mayor simplificación normativa, se considera conveniente su supresión en la norma sectorial turística.

Se suprime el artículo 6, relativo a la capacidad de los establecimientos, por encontrarse regulado en el Reglamente de Actividades Clasificadas, ya que con este artículo lo que se pretendía era recordar la forma de calcular el aforo, ya regulado en el Código Técnico de la Edificación.

Se suprime también el artículo 7, relativo a condiciones y requisitos mínimos generales y lo relacionado al número de aseos exigibles y la extracción de humos, por estar regulada en normativa específica, quedando por tanto el artículo 8, limitado a la exigencia de contar con personal que hable español y a los requisitos de equipamiento de los establecimientos.

Asimismo, se modifica el artículo 2, referido al concepto de Actividad Turística de Restauración, incorporándose qué debe entenderse, a los efectos del presente Decreto, por establecimiento abierto al público. La finalidad es incluir en esta regulación todas aquellas iniciativas novedosas o tendencias actuales que, en definitiva, se pueden entender incluidas dentro del concepto de restauración porque ofrecen servicios de comidas y bebidas a través de medios o canales de difusión, como pueden ser portales o páginas web.

Se suprime además el artículo 12, relativo a la facturación, por encontrarse ya contempladas en su normativa específica, el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

El artículo 11, relativo a los precios, también se cambia y ahora recoge que todos los precios que figuren en las cartas y listas de precios deberán incluir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), por lo que en las cartas y listas de precios deberá constar de forma clara y visible la expresión “IGIC incluido”. No obstante, si las prestaciones de servicios de restaurante o de bar cafetería se encontrasen exentas de dicho tributo, en las cartas y listas de precios deberá constar de forma clara y visible la expresión “exención franquicia fiscal”.

Decreto de Turismo Activo

A la modificación de este Decreto se suma un cambio en el Decreto del Turismo Activo, en relación con la cuantía mínima del seguro de asistencia o accidente para cubrir los servicios de búsqueda, rescate, traslado y asistencia derivados de un accidente en la prestación de las actividades de turismo activo.

Se trata de un cambio en el apartado 1.5.2 del modelo de declaración responsable, mediante el cual se elimina la cuantía mínima de cobertura del seguro de asistencia o accidente, que se había fijado en 600.000 euros, y no queda fijada ninguna cuantía económica concreta.

Aprobado el gasto del control y vigilancia de las obras del cierre del Anillo Insular de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 1 de abril de 2019, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la autorización del gasto plurianual por valor de 6.202.218,73 euros

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 1 de abril de 2019, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la autorización de un gasto plurianual de 6.202.218,73 euros para financiar la contratación de los servicios de control y vigilancia de las obras de “Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide”, conocido como cierre del Anillo Insular de Tenerife.

El gasto plurianual para licitar la contratación de la ejecución del proyecto de construcción fue autorizado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre por valor de 365.756.887,37 euros y la obra se encuentra en proceso de licitación. Asimismo, el tramo El Tanque-Santiago del Teide, de 11,3 kilómetros de longitud, unirá los corredores norte y sur de la Isla, conectando mediante sendos enlaces las poblaciones de El Tanque y Santiago del Teide. La nueva vía dará continuidad a los tramos Adeje-Santiago del Teide, en el sur, e Icod de Los Vinos-El Tanque, en el norte. Con ello, se conseguirá conectar las carreteras TF-1 y TF-5 por el oeste. La velocidad de proyecto será de 80 kilómetros hora.

La obra arrancará en El Tanque, a una altitud de 600 metros, justo en la zona donde finaliza el subtramo anterior entre Buen Paso y El Tanque. El trazado salva esta población por el sur hasta interceptar la carretera general TF-82, a la altura del Barrio Nuevo, que cruzará con un túnel artificial; desde donde ascenderá girando hacia el sur para pasar entre el Lomo Morín y la zona de Nogueros, en la que se situará la boquilla norte del túnel de Erjos, aproximadamente a un kilómetro al oeste del pueblo de Ruigómez, en la cota de 775 metros.

La nueva vía estará compuesta por una calzada simple de 3,50 metros a cielo abierto y doble dentro del túnel, con arcenes de 2,50 metros. A lo largo del recorrido habrá dos enlaces, uno en El Tanque y otro en Santiago del Teide, así como un viaducto, cinco túneles artificiales, cuatro pasos inferiores, dos superiores y una pasarela peatonal. En total habrá 28 obras de drenaje, 11 muros y un túnel en mina.

El Túnel de Erjos, de más de cinco kilómetros de longitud, constituirá el elemento más singular del Anillo Insular de Tenerife. Esta obra subterránea, que discurrirá bajo el macizo de Teno, será uno de los túneles de carretera más largos de España.

El Gobierno aprueba nuevos cambios en las universidades canarias

Dentro del proceso de mejora de las instituciones académicas y su adaptación a la demanda socioeconómica actual, se ha dado el visto bueno a la creación de nuevas titulaciones, entre otras novedades

El Gobierno de Canarias ha abordado hoy diferentes cuestiones relativas a las enseñanzas universitarias en el Archipiélago, introduciendo varios cambios dentro del proceso de mejora de las instituciones académicas y su adaptación a la demanda socioeconómica actual.

Así, el Consejo de Gobierno, reunido hoy en Las Palmas de Gran Canaria, dio el visto bueno a varios proyectos de decretos por los que se acuerda la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos nuevos como son el título oficial de Máster Universitario en Electrónica y Telecomunicación Aplicadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC); el título oficial de Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de La Laguna (ULL); y el título universitario de Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del Atlántico Medio.

Cabe recordar que el propio Consejo Universitario de Canarias, órgano formado por rectores, vicerrectores de las universidades del Archipiélago, los presidentes de los consejos sociales, el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y el director de la Agencia Canaria de Investigación y Sociedad de la Información, ya emitió informe de conformidad sobre la implantación de estas nuevas titulaciones el pasado mes de marzo.

Por otra parte el Ejecutivo autonómico aprobó el cambio de denominación del Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna por la de Instituto Universitario de Investigación Social y Turismo, con el fin de ajustarlo a la realidad metodológica e investigadora del propio centro educativo, por la necesidad de contar con un instituto especializado en investigaciones turísticas, así como para evitar la confusión existente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna.

Por último, se aprobó la supresión administrativa de diferentes titulaciones, ya extintas, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya habían dejado de ser impartidas, si bien no se había tramitado oficialmente su supresión. Ambos asuntos cuentan también con el visto bueno del Consejo Universitario de Canarias.

El Gobierno acuerda crear el Registro de Comercios y Comerciantes

Esta nueva herramienta permitirá obtener información actualizada del censo comercial en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado hoy el decreto por el que se crea el Registro de Comerciantes y Comercios de Canarias al que deben inscribirse tanto las personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad comercial en las islas como los establecimientos y centros comerciales abiertos en el Archipiélago.

Además, el mismo decreto aprueba el reglamento por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento del nuevo Registro, que entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín oficial de Canarias (BOC).

De esta manera, el Gobierno de Canarias cumple con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril en el que se refunde las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la Licencia Comercial

De carácter público, esta nueva herramienta permite que tanto la ciudadanía como la administración competente puedan conocer de manera ágil y eficaz la realidad comercial de las islas y adoptar las políticas necesarias para dar respuesta a las necesidades del sector y garantizar la defensa de los derechos de los consumidores

Además, facilita el control y tutela de los intereses públicos en el ámbito de la actividad comercial y contribuye a promover la transparencia y la defensa del principio de leal competencia en el ejercicio de la actividad comercial.

Este Registro puede ser consultado por cualquier persona y la inscripción será gratuita, pudiendo realizarla tanto las personas físicas como la Dirección General de Comercio, partiendo de los datos de los que dispone y que han sido previamente comprobados. Asimismo, también tendrá en cuenta los datos que obtenga de la colaboración que tanto los cabildos insulares como los ayuntamientos de Canarias presten en la actualización de la información relativa a las inscripciones, modificaciones y cancelaciones, que se produzcan en los establecimientos comerciales de sus respectivos ámbitos territoriales.