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El Gobierno aprueba destinar un millón de euros para mitigar inundaciones en Arrecife y Costa Teguise

Política Territorial otorga una subvención al Consejo Insular de Lanzarote que permitirá acometer obras en el barrio de Argana Alta y la redacción de un proyecto en el barranco de El Hurón, en Costa Teguise

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una ampliación presupuestaria de un millón de euros para dar cobertura a la mejora en la red de recogida de agua de lluvias en Argana Alta, Arrecife, y la redacción de un proyecto para aumentar la capacidad en la cabecera del barranco de El Hurón y evitar inundaciones en el núcleo urbano de Costa Teguise, ambos en la isla de Lanzarote. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que se trata de intervenciones que ejecutará el Consejo Insular de Aguas y que tienen como objetivo mitigar las consecuencias cuando hay lluvias intensas en ambas zonas.

Esta modificación presupuestaria dará cobertura a una subvención al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que será en encargado de tramitar y ejecutar ambos proyectos. Responde al objetivo de evitar daños que habitualmente se producen en ambas zonas cuando hay lluvias intensas, como las ocurridas el pasado 12 de abril que generaron más de 200 incidencias.

El proyecto que se ejecutará en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, incluye la intervención en once puntos afectados habitualmente por dichas inundaciones. Se colocarán imbornales conectados a la red en la calle Tanganillo, y en los cruces con las calles de Jorge Luis Borges y de Alejo Carpentier. En la calle Trillo se colocarán estos mismos elementos en varios de sus puntos (calle Buero Vallejo, Las Vírgenes y camino de Los Invernaderos), y se retirarán otros que bloquean en la actualidad la salida de aguas de lluvia.

También se intervendrá en la avenida de Los Geráneos, en las calles Iguazú, Tenderete, Hermanos Álvarez Quintero, Ranchos de Pascua, Saltona y Taro. En esta última se mejorará además la capacidad del paso inferior peatonal de la LZ-3. Todos los trabajos deberán estar terminados en ocho meses, desde el momento en el que se inicien las obras.

La segunda de las medidas que ha acordado el Gobierno de Canarias con el Cabildo Insular es la redacción de un proyecto para implantar un sistema de laminación de aguas en la cabecera del Barranco del Hurón. Este sistema aumentará la defensa frente a inundaciones de Costa Teguise, reduciendo el caudal de agua de lluvia que acaba en el barranco y generando espacios para el almacenamiento de aguas pluviales para su aprovechamiento, por ejemplo, en el riego agrícola o de jardines públicos.

Ambas zonas han sido calificadas en el vigente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Lanzarote como áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI).

El Gobierno modifica la RPT de la policía canaria para reconocer la disponibilidad de la Brigada Móvil

La ampliación se adecúa las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado la modificación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria, contemplado en el anexo del Decreto 187/2024 de 4 de noviembre, para adecuarlo a la disponibilidad y dedicación de los funcionarios que ocupan plazas en la Brigada Móvil (BRIMO). La ampliación del catálogo se adecúa las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025.

En este sentido, la disposición adicional décima de la citada Ley determina que el complemento singular fijo que el catálogo del cuerpo asigne a cada uno de los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) deberá ser superior, en dieciocho puntos, al que se asigne a los empleos equivalentes adscritos a la Unidad de Recursos Operativos (URO), y que para ello el Gobierno de Canarias debe adaptar el catálogo.

Además, se indica también que el Gobierno de Canarias procederá a ampliar el Catálogo de Puestos del CGPC actual para asignar a los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) los niveles de complemento de destino, estableciendo que surtirá efectos económicos el 1 de enero de 2025.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización territorial de siete explotaciones ganaderas

El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga autorización a la actividad de siete instalaciones en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, dentro del plan de regularizaciones

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy viernes, cinco de septiembre, la legalización territorial de siete explotaciones ganaderas en los municipios de Teguise y Haría (Lanzarote); Telde y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); y Granadilla de Abona, Fasnia y Arafo (Tenerife), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización con carácter definitivo tanto a la actividad como a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las siete explotaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno se enmarca en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno autoriza una ampliación de crédito de 1,1 millones de euros para Tejeda, en Gran Canaria

La subvención de la Consejería de Turismo y Empleo al ayuntamiento de esta localidad se destinará a la peatonalización y dotación de servicios en la calle Tomás Arroyo Cardoso

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este viernes una ampliación de crédito por importe de 1.166.312,73 euros que la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, destinará al Ayuntamiento de Tejeda, en Gran Canaria, para impulsar la peatonalización y dotación de servicios en la calle Tomás Arroyo Cardoso.

El presupuesto abarca la ejecución de la obra, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la peatonalización y adaptación de servicios en la zona comercial abierta de la calle Tomás Arroyo Cardoso, Cruz Blanca, así como el acceso al albergue, obras que se estiman prioritarias para la mejora de la infraestructura turística del municipio, declarado uno de los Pueblos más Bonitos de España. Estos proyectos cuentan con la documentación técnica y autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución.

La actuación se enmarca en las líneas, ejes y objetivos de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares y en el convenio marco que le da soporte, suscrito entre la Consejería de Turismo y Empleo con los Cabildos Insulares, cumpliéndose, asimismo, con los objetivos del programa presupuestario denominado ‘Infraestructuras Turísticas y Gestión Integral de Núcleos Turísticos’.

 

 

 

 

 

 

El Gobierno aprueba el nombramiento de Oscar Díez como director gerente del Hospital La Candelaria

Díez Gil, licenciado Medicina y Cirugía y especialista en Microbiología y Parasitología, era hasta este momento director médico de este centro hospitalario

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada este viernes, día 5 de septiembre, aprobó el nombramiento de Oscar Díez Gil como nuevo director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ante el cese a petición propia del hasta ahora gerente del centro hospitalario, Roberto Gómez Pescoso, a quien el Gobierno agradece los servicios prestados.

Díez Gil, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es especialista en Microbiología y Parasitología y cuenta, además, con un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica y con los títulos de Experto Universitario en Programa de Optimización de Antibióticos (PROA) y en Alta Dirección Pública.

Asimismo, ha tenido estancias formativas en centros hospitalarios como el Mount Sinaí Hospital de Toronto, el Hospital Carlos III de Madrid y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Hasta ahora, Díez ocupaba el puesto de director médico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro en el que también fue subdirector médico, jefe de servicio de Microbiología y Laboratorio Clínico y jefe de sección de Microbiología.

Además, Oscar Díez cuenta con experiencia docente, dado que es profesor de la especialidad Enfermería Comunitaria y Salud Pública II en la Universidad de La Laguna y el curso superior de Dirección y Gestión Sanitaria en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN).

También forma parte de grupos de investigación, innovación y desarrollo como el equipo de investigación del Proyecto ECDC/HERA, del grupo de Estudio del control de la calidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), y del Spanish Working Group on MDRTB de la Universidad de Zaragoza, además de contar con diversas publicaciones y documentos científicos y técnicos.

El Gobierno de Canarias fija el límite de gasto en 12.143 millones de euros para el próximo ejercicio 2026

Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.

Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto

El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).

La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.

En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.

Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.

Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.

En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.

Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

El Gobierno aprueba las directrices para la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029

Se declara la urgencia en la tramitación del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, las directrices que marcarán la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2026-2029. Con este acuerdo, el Ejecutivo autonómico cuenta con un marco para dotar a las islas de un nuevo instrumento estratégico que permita afrontar con eficacia y realismo los retos actuales en materia de vivienda.

Asimismo, se ha declarado la tramitación de urgencia del procedimiento, dada la situación de emergencia habitacional que atraviesa Canarias, reconocida como de interés general excepcional por el Decreto Ley 1/2024. Esta decisión permite agilizar el desarrollo y aprobación del nuevo plan, reduciendo los plazos administrativos, pero garantizando en todo momento la participación ciudadana y la consulta a los órganos representativos locales e insulares.

El futuro Plan de Vivienda 2026-2029 tendrá una clara vocación social, poniendo el foco en los colectivos con mayores dificultades de acceso, especialmente jóvenes, mayores, familias vulnerables y trabajadores que, a pesar de tener ingresos, no pueden afrontar los precios del mercado libre. También promoverá soluciones específicas para los municipios rurales, fomentando el equilibrio territorial, la dinamización del medio rural y la lucha contra la despoblación.

Además de reforzar el parque público de vivienda y asegurar su uso justo y eficiente, se apostará decididamente por fórmulas innovadoras como la vivienda asequible incentivada, por el alquiler como opción accesible y estable, y por la colaboración público-privada para poner en el mercado nuevas promociones a precios razonables. La rehabilitación del parque edificado, la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos, la mejora de los procedimientos de adjudicación y la lucha contra la ocupación ilegal o el fraude también ocuparán un lugar central en la planificación.

El nuevo plan será concebido como una herramienta abierta y participativa, promoviendo el diálogo con las instituciones y con la ciudadanía, a través de un proceso transparente y accesible que se articulará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Además, integrará de forma transversal la perspectiva de género y la diversidad, mediante la incorporación de evaluaciones específicas desde la fase inicial.

En paralelo, se llevará a cabo un trabajo de coordinación interdepartamental, consulta técnica, evaluación presupuestaria y análisis normativo para asegurar que el plan sea viable, coherente y ajustado a las capacidades de ejecución del Gobierno de Canarias, todo ello con la máxima cooperación y coordinación del sector, las administraciones locales e insulares y los grupos parlamentarios. Una vez superadas todas las fases, el texto definitivo será elevado al Parlamento de Canarias para su pronunciamiento y, posteriormente, aprobado por el Consejo de Gobierno.

El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que “la vivienda es hoy uno de los principales desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Canarias necesita respuestas urgentes, realistas y valientes, pero también planificadas. Con estas directrices damos un paso firme para construir una política de vivienda moderna, sensible a la realidad insular y comprometida con la hoja de cohesión social y territorial del Archipiélago”.

Asimismo, el consejero responsable del área ha explicado que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias parte de un trabajo riguroso centrado en los contenidos previos y de análisis que exige la normativa para garantizar su validez y eficacia. “Durante los últimos meses, los esfuerzos se han concentrado en esa fase inicial de diagnóstico, que incluye la evaluación del grado de ejecución del plan anterior, el análisis actualizado de las necesidades de vivienda y suelo por islas, la situación del parque de viviendas deshabitadas y un estudio detallado sobre los déficits en equipamientos y servicios complementarios. Esto es esencial para priorizar las actuaciones futuras, con especial atención a los colectivos con menos recursos, y asegurar que el nuevo plan sea realista, coherente con la realidad actual y capaz de corregir errores del pasado”, ha detallado Rodríguez.

Proyectos de vivienda en El Hierro

Además, el consejero ha dado cuenta en esta sesión del Consejo de Gobierno de las previsiones de vivienda para la isla de El Hierro, con proyectos en los municipios de El Pinar y La Frontera.

En El Pinar, se trabaja en la recuperación de un edificio de dos plantas y cuatro viviendas ubicado en la calle El Chamarro, que cuenta con un grado de ejecución del 35,8 %, y que tiene un presupuesto de licitación aproximado de 522.000 euros, pendiente únicamente de la acreditación de la vigencia de la licencia de obra para formalizar la compra-venta. Por otra parte, en La Frontera, Visocan proyecta un edificio de 24 viviendas en una de las dos parcelas adquiridas, con una inversión estimada de 4,4 millones de euros. Además, asumirá la urbanización de ambas parcelas con un presupuesto de 600.000 euros. La licitación de las obras está prevista para el último trimestre del año.

El Gobierno aprueba el proyecto de decreto para agilizar y simplificar la valoración del grado de discapacidad

El decreto aporta un catálogo de patologías que otorgarán, con la mera solicitud y su acreditación, un determinado grado de discapacidad sin necesidad de valoración de forma presencial

Se amplía la prioridad desde los 6 a los 18 años, para permitir que estos menores con discapacidades superen ciertos obstáculos sociales graves, aunque su condición médica no sea grave

El Gobierno de Canarias ha aprobado este martes el proyecto de Decreto ley por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias. Su entrada en vigor se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y convalidación posterior en el Parlamento canario.

La principal virtud de este nuevo decreto es que contempla un anexo en el que se listan una serie de patologías susceptibles de determinar un grado de discapacidad automático del 33%, 65% o 75%. Con la solicitud de discapacidad y la acreditación de alguna de las patologías incluidas en el anexo se emitiría una valoración por informe, sin necesidad de que la persona tenga que ser valorada de forma presencial.

Además, se han contemplado perfiles prioritarios de colectivos más vulnerables, como la ampliación de la prioridad, que hasta ahora disfrutaban los menores de entre 0 y 6 años para la atención temprana, a los menores de 18 años. Con esta ampliación se pretende aportar un valor a la concesión del grado de discapacidad, ya que no solo se tendrá en cuenta aspectos estrictamente médicos sino también condicionantes sociales graves que permitirán a estos menores una mejor integración mediante, por ejemplo, el acceso prioritario a becas o ciertos derechos que suavizan su incorporación en entornos como institutos o universidades.

Tarjeta de aparcamiento, de oficio

Otra novedad relevante es que se crea un procedimiento especial, vinculado al anexo, que genera de oficio la tarjeta de estacionamiento tras la resolución, y evita así a la ciudadanía trámites engorrosos.

Por otra parte, se impulsa la estrecha coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para la asignación de las Pensiones No Contributivas.

Otros de los aspectos relevantes es que, por primera vez, va a existir una coordinación de la Dirección General de Discapacidad con el Servicio Canario de Salud, para poder usar sus profesionales para emisión de informe y reducir la lista de espera. Habrá, asimismo, coordinación con la Consejería de Educación, cuando se trata de menores, y con los colegios profesionales de Canarias, lo que permitirá el apoyo de profesionales específicos para completar los informes que sean necesarios.

Este proyecto de decreto, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se ha sometido a lo establecido en la normativa estatal (RD 888/2022). En el mismo sentido, cada una de las patologías recogidas en el anexo del decreto canario han sido cotejadas con el BAREDI, la herramienta estatal que incorpora criterios médicos, psicosociales y ambientales, para baremar el grado de discapacidad que puede tener cada persona solicitante.

El nuevo proyecto se estructura en cuatro títulos, en los se recogen el objeto y ámbito de aplicación, las competencias y equipos de valoración, el procedimiento y la revisión; cuatro disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición derogatoria; cuatro disposiciones finales y un Anexo.

Como recoge en el Título I, esta norma se configura como un instrumento necesario para favorecer que el procedimiento administrativo para el reconocimiento del grado de discapacidad “sea más eficiente, acortando los plazos en los que la Administración reconoce esa situación de discapacidad y que este no suponga una carga para la ciudadanía, facilitando a los equipos multiprofesionales una aplicación más eficiente en el proceso de valoración y una mayor optimización de los recursos públicos, con procesos específicos de valoración”.

La aprobación de un decreto específico en Canarias se justifica de manera especial en la necesidad de atender las singularidades de un territorio insular fragmentado y, por tanto, garantizar un tratamiento igualitario en la atención procedimental en cada una de las islas, evitando la primacía en la facilidad de acceso a los servicios en las grandes islas, frente a las islas no capitalinas.

El Gobierno financia con 7 millones de euros los programas municipales de atención a la infancia y las familias

Con esta partida, los ayuntamientos canarios mantienen sus servicios de información, promoción, prevención, detección e integración socio-familiar de la población menor y las familias

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo este martes 29 de julio, ha autorizado que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias financie con siete millones de euros los programas de protección a la infancia y las familias que desarrollan los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A través de esta financiación, los ayuntamientos impulsan los servicios de atención, información y asesoramiento en materia de infancia y familias; la detección o declaración de situaciones de riesgo; la guarda provisional de menores; la constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención o la creación y gestión de unidades de atención inmediata y permanente a niñas y niños.

También financian la gestión de las prestaciones económicas, la recogida de datos y realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades municipales; escuelas de información y formación a familias; y medidas, en colaboración con los consejos escolares, que garanticen la escolarización obligatoria, entre otros.

El reparto económico entre los ayuntamientos se realizará según el acuerdo adoptado el pasado 5 de septiembre de 2024, entre la Federación Canaria de Municipios y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. En ese momento se estableció un Protocolo General de orientación y actuación para el reparto objetivo de los créditos en esta materia.

Los criterios de reparto atienden a la población total de cada municipio, la población infantil, el número de menores que atienden y el porcentaje de población en desempleo.

El Gobierno autoriza el Plan Estratégico de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social de los próximos años

Hasta 2027, FUCAS incrementará su plantilla con la contratación de 153 personas para atender el incremento paulatino de personas curateladas por el Gobierno, así como los nuevos encargos para realización de los PIA en Dependencia y la valoración de la discapacidad

El Consejo de Gobierno ha autorizado la Planificación Estratégica de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, MP (FUCAS), 2025-2027, adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Este instrumento de planificación permitirá a la Fundación optimizar su funcionamiento, mantener los servicios que presta actualmente y fortalecer su estructura con la finalidad de poder atender al incremento de necesidades en materia de personal que se prevé tener en estos servicios.

FUCAS es una fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que ofrece servicios a personas en situación de vulnerabilidad, a través de apoyos profesionalizados y un acompañamiento activo en los ámbitos social, educativo y sociosanitario. La entidad tiene encomendada, a través de un encargo a medio propio, el servicio de gestión de medidas de apoyo a personas curateladas, gestiona centros y servicios y a partir de ahora tiene el encargo para valoración de la discapacidad, con la intención de impulsar la eliminación de las listas de espera para la determinación del grado de discapacidad.

Las previsiones de plantilla de FUCAS contemplan la contratación de 153 personas en total hasta 2027. Para lo que se refiere al encargo de Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curatelas, que prevé 305 nuevas altas en 2025, otras 369 en el ejercicio 2026 y 436 en 2027, se incrementará el personal en 99 personas más (35 en este año, 28 en 2026 y 36 en 2027).

En cuanto a Servicios Generales, la planificación contempla el incremento de personal en cuatro personas en este año y en el Centro de Día los Ruiseñores en este año se ha incorporado una persona más.

Para realizar las tareas del encargo de valoración discapacidad se contratará a 27 personas, y para la ampliación del encargo de asistencia en materia de dependencia, como es la elaboración de informes PIA, se contratará a otras 22 personas. Estas contrataciones se enmarcan dentro de la estrategia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de intensificar el ritmo de eliminación de listas de espera tanto de discapacidad como de dependencia. En esta última, además, impulsará los Planes Individuales de Atención (PIA) de aquellas personas que fueron valoradas previa a la entrada en vigor del sistema monofásico de valoración y que, teniendo su grado, no disponían aún de su PIA.

Incremento en la atención de personas con incapacidad

A fecha diciembre de 2024, la Fundación FUCAS atendía a un total de 842 personas que, por sus diversos perfiles, han pasado a estar bajo la curatela de la Administración pública. La cifra de personas con medidas de apoyo judicial atendidas por FUCAS en el año 2020 era de 340 personas, 502 menos que en 2024, lo que supone que el porcentaje de personas atendidas por el servicio de curatela del Gobierno Canario se ha incrementado en más del 147,6%.

Las personas atendidas por FUCAS son personas a cuya modificación de su capacidad ha llegado mediante un proceso judicial, en el que se ha evaluado la situación de la persona y se ha determinado la necesidad de medidas de apoyo por parte de la Administración pública.

A través de este Plan Estratégico se define el futuro a medio plazo de esta entidad, estableciendo las directrices de trabajo y la línea de crecimiento para poder mejorar la cobertura de atención de colectivos vulnerables.