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El Gobierno acuerda la distribución definitiva del FCFM del año 2023 por un importe de 24,8 millones

El Consejo autoriza la liquidación del fondo entre los municipios canarios

El Consejo de Gobierno ha aprobado la distribución definitiva del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2023 por importe de 24,8 millones de euros (24.824.090,19), atendiendo a la liquidación la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, y conforme a lo dispuesto la Ley 3/1999 del Fondo Canario de Financiación Municipal y autoriza el gasto entre los municipios.

El Gobierno de Canarias aprobó el 27 de abril de 2023 la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2023 por importe 343.448.920 euros, siendo necesaria su actualización, atendiendo al importe definitivo del Fondo del año 2022 y a la aplicación de la tasa correspondiente.

En este sentido, de conformidad con las previsiones de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para la consignación de la dotación del Fondo Canario de Financiación Municipal para el año 2025, fija para la liquidación del Fondo 2023 la cantidad de 24.824.030,19 euros, quedando el importe definitivo del Fondo Canario de Financiación Municipal 2023 de 368.272.950,19 euros.

El importe definitivo del Fondo de cada año será el que resulte de computar la evolución de los derechos reconocidos netos de los mencionados ingresos de la liquidación del ejercicio presupuestario correspondiente, respecto de los del ejercicio inmediato anterior. La liquidación resultante de la diferencia entre el Fondo definitivo y el Fondo provisional, se incluirá en el presupuesto del año siguiente al que se realice la misma.

El Gobierno impulsa un convenio de colaboración con el cabildo de Lanzarote para el Bono de Alquiler Joven

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote suman esfuerzos para ampliar las ayudas al alquiler juvenil

El convenio permitirá atender a más jóvenes lanzaroteños que buscan acceder a una vivienda digna

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha suscrito un convenio específico de cooperaciónón con el Cabildo de Lanzarote para canalizar fondos insulares destinados a reforzar el Bono de Alquiler Joven en la isla.

El acuerdo permitirá incorporar una aportación insular de 1,4 millones de euros transferidos por el Cabildo insular a la convocatoria autonómica del Bono, que este año ya cuenta con una dotación general de 10,6 millones de euros procedentes de fondos estatales. De esta forma, se amplía la cobertura de las ayudas y se garantiza que un mayor número de jóvenes lanzaroteños pueda beneficiarse de este apoyo al alquiler.

La aportación del Cabildo se integrará en la gestión ordinaria que realiza el Instituto Canario de la Vivienda, lo que permitirá optimizar la tramitación, evitar duplicidades administrativas y asegurar una gestión coordinada y transparente de los fondos públicos.

Este instrumento de cooperación se enmarca en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y refuerza el compromiso del Ejecutivo autonómico y del Cabildo insular de Lanzarote de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas jóvenes de la isla.

El Bono de Alquiler Joven consiste en una ayuda directa de 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, siempre que la cuantía no supere el importe real del alquiler o de la cesión de uso. Para poder acceder a esta prestación, las personas solicitantes deben tener entre 18 y 35 años en el momento de la solicitud, estar empadronadas en la vivienda objeto del contrato, acreditar ingresos limitados que en la mayoría de los casos no pueden superar tres veces el IPREM, no ser propietarias ni usufructuarias de otra vivienda en España salvo causas justificadas, y figurar como titulares de un contrato de alquiler o de cesión de uso en vigor.

El Gobierno autoriza el gasto plurianual para el proyecto modificado de la LP-2 entre San Simón y Tajuya

El Consejo de Gobierno garantiza la financiación de este proyecto clave para culminar una de las infraestructuras viarias más importantes de La Palma

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el gasto plurianual de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para hacer frente al Proyecto Modificado nº 2 de la Obra de acondicionamiento de la Carretera LP-2 en el tramo entre San Simón y Tajuya, en la isla de La Palma, que asciende a 4.365.731,91 euros.

Con esta aprobación, el Ejecutivo regional garantiza la continuidad de una obra estratégica para la isla, que permitirá reforzar la seguridad vial, mejorar la conectividad entre municipios del sur palmero y facilitar el transporte de personas, mercancías y servicios en un eje fundamental para la cohesión territorial.

El nuevo modificado, que se aprobó tras resolver una discrepancia técnica planteada por la Dirección General de Infraestructura Viaria respecto a la fiscalización previa del borrador de la Orden departamental que aprueba definitivamente este proyecto, permite reactivar actuaciones de gran envergadura, como el viaducto de Belmaco y el sostenimiento del talud en El Rodadero, mejorando la viabilidad técnica del proyecto y adaptándolo a las condiciones reales del terreno.

Compromiso con La Palma
La actuación en el tramo San Simón–Tajuya es parte de una apuesta firme del Gobierno de Canarias por el desarrollo de infraestructuras resilientes y modernas en La Palma. La carretera LP-2 es un eje estructural de comunicación que articula el sur de la isla y su acondicionamiento contribuye al crecimiento económico, la movilidad sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

La obra, adjudicada inicialmente en 2011 con un presupuesto de 64,6 millones de euros, se adapta ahora a las necesidades reales del territorio con un presupuesto actualizado de 72,1 millones, fruto de los ajustes técnicos realizados. El plazo estimado para la finalización de esta fase es de 15 meses desde la autorización de las obras.

La modificación aprobada contempla mejoras significativas que responden tanto a criterios técnicos como a las condiciones topográficas detectadas durante la ejecución. El viaducto de Belmaco se rediseña con una tipología en voladizo, con un único apoyo en el cauce, garantizando menor impacto ambiental y mayor eficiencia estructural. En el paraje de El Rodadero, se implementará una nueva solución de sostenimiento ante las inestabilidades geotécnicas identificadas, con una inversión específica de 960.000 euros.

Asimismo, se prevén refuerzos en la calzada entre los puntos kilométricos 25+600 y 25+640, cambios en la tipología de muros y la estabilización de diversos taludes para incrementar los estándares de seguridad. Estas medidas también permitirán actualizar los sistemas de contención de vehículos conforme a la normativa vigente.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico demuestra el compromiso con La Palma, desbloqueando actuaciones clave y asegurando el avance de una infraestructura imprescindible para el futuro de la isla.

El Gobierno remite al Consultivo el proyecto de decreto que regula las oficinas de asistencia en registros

Actualiza la normativa para garantizar la atención presencial en los trámites electrónicos

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy remitir al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regula el sistema de recepción y salida de documentos y las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración Pública de la comunidad autónoma, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Esta actualización normativa ordena las oficinas conforme a su nuevo papel, orientado a una relación más ágil y sencilla relación entre la ciudadanía y la administración, así como a la mejora continua de los procesos administrativos.

La conversión de las oficinas de registro en oficinas de asistencia en materia de registros se afronta como una garantía para aquellas personas que no disponen de los medios o de los conocimientos para relacionarse electrónicamente con la administración y desean ser atendidas por profesionales de la administración pública que les apoyen y asistan de forma presencial.

Al adecuarse a la Ley 39/2015, que no distingue entre registro general o auxiliar, todas las oficinas de registro pasan a constituirse como oficinas de asistencia en materia de registros, lo que obliga a una nueva organización del Sistema de recepción y salida de documentos, conforme al Real Decreto 203/2021 por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Dicha norma recoge la obligatoriedad para las administraciones públicas de contar con un Registro Electrónico General en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o se reciba, así como que tenga salida dirigida a otros órganos o particulares.

Contempla también el derecho de la ciudadanía a ser asistida en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas, cuando así lo solicite. Dicha asistencia se hará efectiva a través de las oficinas de asistencia en materia de registros (anterior red de oficinas de registro), permitiendo a las personas interesadas, no obligadas a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas, presentar solicitudes

La norma se adapta a la obligatoriedad para las administraciones públicas de un registro donde conste el personal funcionario habilitado para realizar copias auténticas y para la identificación o firma en nombre de las personas interesadas que así lo soliciten.

Las personas interesadas podrán comparecer personalmente en las oficinas de asistencia en materia de registros para otorgar un apoderamiento apud acta, presencial, a favor de una persona representante, debiendo registrarse en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

El Consejo aprueba el decreto que regula las comisiones territoriales de educación y formación de personas adultas

Se trata de un nuevo marco para coordinar recursos, mejorar la atención educativa y reforzar la formación permanente como pilar de desarrollo social

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de las comisiones territoriales de educación y formación permanente de personas adultas, un instrumento clave para reforzar la coordinación, el trabajo en red y la respuesta a las necesidades formativas de la población adulta en todas las islas.

La nueva norma, impulsada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, permitirá estrechar los lazos de comunicación y colaboración entre las distintas administraciones públicas y entidades privadas vinculadas a la educación de personas adultas en Canarias, con el objetivo de avanzar hacia una atención educativa más actualizada, eficaz y ajustada a la realidad de una sociedad diversa y cambiante.

El decreto establece la creación de quince comisiones territoriales, una en cada zona de actuación definida en el archipiélago. Estas comisiones estarán integradas por representantes de los centros educativos con oferta dirigida a personas adultas, de los ayuntamientos, cabildos, oficina de empleo y de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación.

Entre sus funciones se encuentran la detección de necesidades de formación en cada territorio, la propuesta e impulso de nuevas iniciativas, la coordinación y difusión de programas de enseñanza-aprendizaje y la optimización de los recursos humanos y materiales. El decreto pone especial énfasis en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y en asegurar que la oferta responda a la demanda de quienes necesitan actualizar sus competencias o adquirir nuevas habilidades para el desarrollo personal y profesional.

La Educación de Personas Adultas se considera uno de los pilares estratégicos para el progreso de Canarias. A través de esta formación se impulsa no solo la mejora de la empleabilidad, sino también el desarrollo personal, la participación ciudadana y la cohesión social. En este sentido, las comisiones territoriales se convierten en espacios de encuentro en los que se pondrán en común visiones, experiencias y recursos para dar una respuesta más eficaz a los retos educativos.

Con esta aprobación, el Gobierno de Canarias avanza en su compromiso con la formación permanente, el aprendizaje a lo largo de la vida y la consolidación de un sistema educativo que responda a las demandas de la ciudadanía y a los desafíos de un mundo en constante transformación.

El Gobierno avanza la tramitación de dos instalaciones de emergencia en Tenerife para evitar apagones

Dichos proyectos forman parte de las 10 instalaciones de emergencia energética que se instalarán en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en puntos críticos del sistema insular para cubrir el déficit actual y garantizar la respuesta ante posibles apagones en el marco de la situación de emergencia energética

Este es un paso más en su trámite administrativo, que posteriormente llevará a su autorización definitiva por parte de la DG de Energía e instalación, para operar puntualmente, en casos extremos y como solución transitoria ante la obsolescencia de los equipos actuales

Las autorizaciones corresponden a las instalaciones del polígono industrial de La Campana (9 MW) y el polígono industrial de Granadilla (14,8 MW) a cargo de las empresas Sampol y Disa, cuyo coste será asumido por el Gobierno central en un acuerdo previo ya anunciado

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado la modificación del planeamiento afectado para avanzar en la tramitación de dos proyectos de generación de emergencia en la isla de Tenerife, en el marco de las medidas extraordinarias para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago, y evitar ceros energéticos en las islas, consecuencia de la declaración de emergencia energética el 2 de octubre de 2023.

Estos proyectos, que avanzan así su trámite administrativo, proseguirán después con las respectivas autorizaciones en las próximas semanas por parte de la dirección general de Energía y culminarán con su instalación, a cargo de las empresas Disa y Sampol. Ambos serán instalados en suelo industrial y diseñados para operar solo en caso de necesidad, ante el peligro de sufrir nuevos apagones.

Dichas plantas de 14,8 y 9 MW respectivamente, ubicadas en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla cuentan con un diseño modular y móvil, adaptado a la naturaleza de este tipo de soluciones.

Con esta acción, el Ejecutivo avanza en la implantación de infraestructuras de emergencia destinadas a aportar capacidad de respaldo en momentos críticos del sistema y a evitar apagones en los principales núcleos de población, en caso de producirse.

Estos proyectos forman parte de las 10 instalaciones de emergencia energética que se instalarán en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en puntos críticos del sistema para cubrir el déficit actual y garantizar la respuesta ante posibles apagones en la situación de emergencia energética actual.

La decisión se suma al conjunto de medidas adoptadas desde el inicio de la emergencia energética, que incluyen proyectos similares en otras islas, la mejora de interconexiones eléctricas, el impulso al almacenamiento y la planificación de nuevas infraestructuras renovables. Todo ello con el objetivo de dotar a Canarias de un sistema eléctrico más seguro, estable y resiliente.

Los proyectos en detalle

La planta de emergencia La Campana, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, estará compuesta por cinco grupos de generación de 1,8 MW cada uno, hasta alcanzar una potencia total de 9 MW. Los equipos se alojan en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico e incluyen centros de transformación conectados a una subestación que eleva la tensión hasta los 20 kV.

El proyecto, de carácter provisional y diseñado para un montaje y desmontaje ágil, supone una inversión de 5,5 millones de euros, que será asumida por la empresa Sampol. La evacuación de la electricidad se realizará mediante una línea subterránea de unos 200 metros de longitud hasta la subestación de distribución de Endesa denominada El Chorrillo.

Por su parte, la planta de emergencia de Los Abrigos, situada en el municipio de Granadilla, contempla la instalación de ocho grupos de generación de 1,8 MW cada uno, alcanzando un total de 14,8 MW de potencia eléctrica. Al igual que en el caso anterior, los equipos se alojan en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico y disponen de centros de transformación que elevan la tensión hasta los 66 kV.

La inversión prevista asciende a 25,1 millones de euros, a cargo de la empresa DISA. La evacuación de la electricidad se efectuará a través de una línea subterránea de unos 300 metros hasta la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Granadilla.

En ambos casos, los grupos de generación cumplen con la estricta normativa de emisiones aplicable a este tipo de instalaciones, incorporando un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

Ambas instalaciones, en emplazamientos de suelo industrial, se suman a las actuaciones ya en curso en distintas islas y refuerzan el dispositivo global de emergencia energética diseñado por el Gobierno de Canarias junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Dos medidas para avanzar en la emergencia energética en Canarias

Estos dos proyectos forman parte de las 10 instalaciones de emergencia energética que el Gobierno de Canarias ha anunciado para todo el archipiélago, distribuidos estratégicamente entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para cubrir puntos críticos del sistema insular y garantizar la respuesta ante eventualidades. Lo que dará una cobertura total del 90% del déficit total que existe, que ha sido notificado por el operador del sistema (Red Ecléctica) por un total de 268 MW de potencia.

Estas plantas de respaldo se complementan con otras actuaciones en marcha, como el refuerzo de interconexiones eléctricas, como la actualmente en proceso entre Tenerife y La Gomera, el impulso de proyectos de almacenamiento energético como los avances en Salto de chira o la planificación de nuevas infraestructuras renovables, en línea con los objetivos de descarbonización y transición energética marcados para Canarias.

 

 

El Gobierno de Canarias refuerza el personal del área de Discapacidad para agilizar la resolución de expedientes

La Consejería de Bienestar Social incrementa la plantilla con seis auxiliares administrativos para reducir las listas de espera y actualizar valoraciones

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha aprobado este viernes en el consejo un refuerzo de personal en la Dirección General de Discapacidad, con el objetivo de agilizar la valoración y la resolución de expedientes para el reconocimiento del grado de discapacidad.

La medida supone la creación seis plazas de auxiliares administrativos, lo que eleva a 50 el número de auxiliares de administración incorporados dentro del acuerdo de excepcionalidad que regula la contratación extraordinaria en este ámbito. En total, el personal contratado para esta área, asciende ahora a 143 efectivos, entre profesionales médicos, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos y técnicos de apoyo.

Este refuerzo responde a la dificultad para cubrir plazas médicas y a la constatación de que se requieren más efectivos de apoyo administrativo para acelerar la tramitación de solicitudes. Con ello, el Ejecutivo pretende poner al día las resoluciones pendientes y reducir las listas de espera, que durante años han acumulado retrasos en perjuicio de las personas con discapacidad y sus familias.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, subrayó que “este incremento de personal nos permite avanzar en el compromiso de garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se reconozcan con agilidad, sin que los trámites administrativos se conviertan en un obstáculo”.

Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, destacó que “con más auxiliares administrativos reforzamos el trabajo de gestión diaria, lo que facilitará no solo la resolución de expedientes, sino también la elaboración de informes técnicos que requieren coordinación con cabildos, ayuntamientos y entidades del sector”.

Además de este refuerzo, el Consejo de Gobierno aprobó también una modificación del anexo del Decreto ley 4/2025, para incorporar nuevos códigos de diagnóstico en el sistema de clasificación de enfermedades, corregir denominaciones y mejorar la comprensión de las tablas de valoración, lo que permitirá mayor claridad y precisión en las resoluciones.

Este refuerzo de personal se une a las ventajas que incorpora el nuevo Decreto Ley de Discapacidad, aprobado recientemente por el Gobierno de Canarias. La norma introduce un listado de patologías con reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad (33 %, 65 % o 75 %), lo que permitirá resolver de forma más rápida muchos expedientes sin necesidad de pasar por una valoración presencial, reduciendo significativamente los tiempos de espera.

Otra de las mejoras es la priorización en la tramitación de los expedientes de menores de hasta 18 años, frente a la limitación anterior de 0 a 6 años, así como la incorporación de condicionantes sociales graves como criterio preferente. De esta manera, se garantiza que los casos de mayor vulnerabilidad sean atendidos primero, proporcionando a las familias una respuesta ágil que facilita el acceso a becas, servicios especializados y apoyos sociales.

El nuevo decreto también simplifica trámites cotidianos como la emisión automática de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en el mismo momento de la resolución, evitando duplicidad de procedimientos y desplazamientos innecesarios. Además, refuerza la coordinación con Sanidad, Educación y Servicios Sociales, asegurando un abordaje integral y más eficaz en beneficio de las personas con discapacidad.

El Gobierno declara de excepcional interés público la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal

Esta medida persigue acelerar la ejecución de actuaciones destinadas a solventar los problemas de seguridad que afectan actualmente a la infraestructura portuaria ante situaciones de temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, el decreto por el que se declara de excepcional interés público la ejecución de la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal, ubicado en el término municipal de Tuineje, en Fuerteventura.

Esta medida persigue acelerar la ejecución de distintas actuaciones que pretenden solventar los problemas de seguridad que afectan actualmente a la infraestructura portuaria, especialmente ante temporales y fenómenos meteorológicos adversos que han causado daños graves en el pasado.

El puerto de Gran Tarajal, que inició su actividad en el siglo XIX, constituye un enclave estratégico para la conectividad marítima y el desarrollo económico del municipio de Tuineje, dando servicio tanto a la actividad comercial como recreativa. Su principal función es la de apoyo a la actividad pesquera en el sector sudeste de la isla de Fuerteventura, así como la mejora de las comunicaciones con otros núcleos costeros de la isla y con Gran Canaria.

En este sentido, la declaración de excepcional interés público se justifica además con la creciente demanda de transporte marítimo en Canarias, que ha registrado un incremento de más de dos millones de pasajeros en los últimos años.

El proyecto

Las actuaciones principales previstas incluyen la prolongación del dique actual en unos 278 metros para crear una dársena exterior y adecuar tres puestos de atraque para buques comerciales, incluyendo ferries y cruceros. Además, se contempla la remodelación de la dársena interior, ampliando a unos 33 metros la construcción de nuevos muelles para optimizar su uso, mejorar el resguardo frente al oleaje exterior y aumentar la capacidad de atraque para embarcaciones recreativas.

Asimismo, se ampliará y ordenará la zona terrestre para incluir superestructuras y servicios para la náutica recreativa (como club náutico, vestuarios y tiendas), además de segregar el tráfico vehicular para mejorar la circulación.

En definitiva, la obra contempla la mejora del abrigo de las dársenas, la creación de nuevos atraques para buques de transbordo y cruceros de porte medio-alto, la adecuación de espacios para embarcaciones recreativas y la concentración de los servicios destinados a la pesca.

Estas actuaciones permitirán no solo incrementar la seguridad de usuarios y embarcaciones, sino también dinamizar la actividad económica y turística del municipio y de la isla.

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras que dirige Francisco González, ha trabajado en el desarrollo del proyecto mediante un proceso de diálogo y la recogida de inquietudes de administraciones locales, asociaciones y colectivos de la zona. Esta metodología ha permitido alcanzar un proyecto más consensuado, asegurando el respeto al entorno y reforzando el compromiso con la comunidad local.

 

 

El Gobierno aprueba definitivamente el proyecto de la obra de la carretera LP-2 entre San Simón y Tajuya

Esta resolución permitirá reforzar la seguridad vial y modernizar la infraestructura de La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, ha aprobado este viernes el proyecto modificado nº2 de la obra de acondicionamiento de la carretera LP-2 en el tramo San Simón-Tajuya, una actuación clave para culminar una de las infraestructuras viarias más importantes de La Palma.

En este sentido, este modificado permitirá dar continuidad a las obras y reactivar actuaciones esenciales, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud de El Rodadero.

La aprobación se produce tras resolver la discrepancia planteada entre la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, respecto a la fiscalización previa del borrador de la Orden departamental que aprueba definitivamente este proyecto, garantizando así la correcta tramitación administrativa y la seguridad jurídica de la actuación.

Esta resolución tiene como objetivo garantizar la continuidad de las obras y desbloquear actuaciones de ejecución claves que permanecían suspendidas, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud El Rodadero, asegurando de esta manera la viabilidad técnica de la infraestructura y la seguridad en la circulación.

La carretera LP-2 constituye uno de los principales ejes de comunicación de la isla, articulando la conexión sur y mejorando la movilidad entre distintos municipios. Su acondicionamiento es fundamental para reforzar la seguridad vial, favorecer el desarrollo socioeconómico y facilitar los desplazamientos de personas, mercancías y servicios.

La obra fue adjudicada inicialmente en 2011 a la UTE Tajuya -grupo conformado por Sacyr, Traysesa, Construcciones Los Volcanes y Construcciones Herquipalma-, con un presupuesto de 64.599.534,38 euros y un plazo de 48 meses. Sin embargo, tras las modificaciones requeridas para adaptar la infraestructura, el presupuesto asciende a 72.114.688,42 euros.

El proyecto

La modificación nº2 incorpora el rediseño del viaducto de Belmaco, que se ejecutará mediante tipología de avance en voladizo y con un único apoyo en el cauce. Por su parte, en el paraje de El Rodadero se plantea una nueva solución de sostenimiento, tras detectarse inestabilidades y la baja capacidad portante del terreno, con una inversión de 960.000 euros.

El proyecto también prevé el refuerzo de la calzada entre los puntos kilométricos 25+600 y 25+640, mediante un cambio de tipología del muro original. A estas intervenciones se suman trabajos adicionales de estabilización de taludes en distintos subtramos, con el fin de incrementar la seguridad y adaptar las barreras y sistemas de contención de vehículos a la normativa vigente.

La aprobación definitiva permitirá retomar las obras con un plazo de ejecución estimado de 15 meses desde su autorización. Estas actuaciones supondrán un avance decisivo en la modernización de la red viaria de La Palma y contribuirán al impulso económico de la isla.

El Gobierno pone en marcha la oficina de consulta jurídica para cabildos y ayuntamientos en materia de planeamiento

El servicio consiste en un programa de apoyo temporal, mientras se culmina la tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la puesta en marcha de una oficina consulta jurídica para apoyo a los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago en el ámbito del planeamiento y la ordenación del territorio. Este programa, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. cuenta con un presupuesto total de 414.721,98 euros hasta 2027 y permitirá dar respuesta a una demanda reiterada de las administraciones locales, que requieren seguridad y agilidad en un ámbito tan sensible como la ordenación del suelo.

La oficina, implementada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, contará con tres profesionales -dos técnicos y un administrativo- que trabajarán de manera exclusiva en la atención de las consultas jurídicas. Con este nuevo servicio se busca unificar criterios jurídicos en la interpretación de la Ley del Suelo; agilizar la tramitación de las consultas remitidas por las instituciones locales; y garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa territorial y urbanística, así como la homogenización de criterios jurídicos.

Hasta ahora las consultas de carácter técnico-jurídico eran asumidas por el personal de la Dirección General lo que dispersaba esfuerzos, aumentaba la carga de trabajo y ralentizaba la gestión. Con esta medida, la información quedará canalizada de manera exclusiva a través de un personal específico con el fin de dar mayor eficacia a esta labor demanda por las administraciones locales. Al mismo tiempo, Política Territorial continúa tramitando la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá continuar desarrollando este servicio en el futuro, asumido por el propio personal de la Dirección General.

El responsable de la citada Consejería, Manuel Miranda, ha explicado que esta iniciativa “es una medida más en la línea de apoyar a las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, en el impulso a la actualización del planeamiento en Canarias”. “La ordenación del territorio”, ha añadido Miranda, “es clave para mantener un desarrollo ordenado y cohesionado de las islas y por esta razón este Gobierno tiene en marcha numerosas líneas de trabajo, entre otras, la actualización de la Ley del Suelo, la recuperación de las subvenciones para el planeamiento, la oficina técnica de apoyo a ayuntamientos o la oficina virtual a municipios reto demográfico”.