Logo del Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno da luz verde a los sondeos para la investigación de recursos geotérmicos en Tenerife

La aprobación de este proyecto denominado ‘TF-Sur’ supone una oportunidad real para avanzar en Canarias hacia un modelo energético más limpio, renovable y autónomo

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos resolvió el año pasado los concursos de geotermia de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, atascados desde 2021

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes 28 de abril iniciar los sondeos de investigación de recursos geotérmicos en la isla de Tenerife para lo que ha acordado la exclusión del proyecto ‘Sondeos TF-Sur’ del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental simplificada en cumplimiento con la normativa europea, ya que el Reglamento 2022/2577 establece un marco temporal para acelerar el despliegue de las energías renovables en Europa.

A nivel del Estado, el artículo 22 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, sustituye el procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley 21/2013, por un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de instalación de generación a partir de fuentes de energía renovable.

El proyecto ‘TF-Sur’ está alineado con los objetivos de descarbonización de la Ley del Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y autoriza a las empresas adjudicatarias a sondeos de investigación dentro de las cuadrículas mineras asignadas en el concurso:

“TAHATAN” (PI 2071), promovido por la entidad mercantil ENERGÍA GEOTÉRMICA DE CANARIAS, S.L.U.
“TIKAHIT” (PI 2072), promovido por la entidad mercantil ENERGÍA GEOTÉRMICA DE CANARIAS, S.L.U.
“BARRANCO HONDO” FRACCIÓN 1ª” (PI 2074-Fr1), promovido por el INSTITUTO TECNOLÓGICO Y ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.
“BARRANCO HONDO” FRACCIÓN 2ª” (PI 2074-Fr2), promovido por el INSTITUTO TECNOLÓGICO Y ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

El objetivo del proyecto es alcanzar y evaluar, mediante la realización de sondeos de carácter exploratorio del subsuelo, los posibles recursos geotérmicos existentes en el área Sur de la isla de Tenerife.

Ninguno de los sondeos previstos en la zona se encuentra ubicado dentro de los espacios naturales pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias ni a la Red Natura 2000, lo que refuerza la justificación de exclusión del trámite de evaluación ambiental simplificada. Iniciar un trámite como este podría provocar una demora que sería más perjudicial ambientalmente que la propia actividad investigadora prevista.

Además, el proyecto ha sido evaluado y validado por personal técnico especializado del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife y desde el Gobierno se aplicarán todos los protocolos de seguimiento ambiental durante su ejecución para asegurar su compatibilidad con el entorno, ya que este proyecto supone una oportunidad real para avanzar hacia un modelo energético más limpio, renovable y autóctono.

Una vez finalizada la operación y desmantelado el equipo de perforación, se garantizará la reposición del terreno a su estado original, asegurando así que no se producirá ningún impacto ambiental permanente en las zonas afectadas. Por otra parte, se procederá al relleno y nivelado de las excavaciones con el material acumulado en la zona de acopio próxima.

El Gobierno de Canarias, plenamente alineado con las directrices de la Unión Europea en materia de transición energética y aceleración del despliegue de energías renovables, ha venido impulsando de forma decidida, desde hace años, el desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos renovables autóctonos del Archipiélago. Todo ello, en el marco del compromiso adquirido con la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Parlamento de Canarias el 20 de enero de 2022, que establece un enfoque transversal y urgente para hacer frente a los efectos del cambio climático en el territorio insular.

Las tecnologías renovables actualmente implantadas en Canarias son principalmente de origen eólica y solar, caracterizadas por no ser gestionables, por lo que es necesario buscar además otras soluciones renovables que sí lo sean, como es la energía geotérmica. Se trata además de una energía renovable que no depende de las condiciones meteorológicas ni climáticas y con un potencial de producción continua las 24 horas del día y, por tanto, gestionable.

Además, la promoción de la geotermia fomentará la creación de empleo de alta calidad, contribuyendo al desarrollo de perfiles altamente cualificados tanto a nivel regional como nacional y europeo. Para estos proyectos se prevé la contratación de profesionales con titulación superior y perfiles técnicos, lo que no solo fortalecerá el sector energético, sino que también impulsará la economía local a través de la generación de empleo

Por todo ello, resulta necesario llevar a cabo sondeos de investigación que permitan reconocer la existencia de recursos explotables en condiciones adecuadas para la generación eléctrica, como paso previo a su posterior aprovechamiento eléctrico.

Consciente de ello, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, a través de la Dirección General de Industria, y ante la necesidad de implementar la energía geotérmica en Canarias para aumentar la independencia energética del Archipiélago, resolvió a finales de 2024 los correspondientes concursos públicos convocados para las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, estancados desde 2021.

El Gobierno de Canarias impulsa la reforma de las leyes que regulan el turismo en las islas

Se trata de la Ley 7/1995 de ordenación del turismo de Canarias y la 2/2013 de renovación y modernización turística, que van indefectiblemente unidas
La futura norma abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica

El Consejo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Empleo, ha tomado este lunes en consideración la iniciativa para modificar las leyes que regulan la actividad turística en las islas, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, que van indefectiblemente unidas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que “el objetivo es establecer un marco normativo completo y actualizado, que aborde los retos del destino desde una perspectiva sostenible y tenga en cuenta la fragilidad del territorio insular y el bienestar de los residentes». La regulación tendrá que ser compatible con la realidad actual, además de incorporar o cambiar aspectos ya aprobados en la normativa estatal y autonómica, eliminando o corrigiendo las rigideces innecesarias y aquellas determinadas por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, la titular de Turismo apunta que “como consecuencia de la reforma de la Ley 7/1995 se producirán cambios sustanciales en la Ley 2/2013 porque ambos textos regulan aspectos comunes, de ahí que hayamos decidido actualizarlas para acercarlas a los ciudadanos y profesionales, además de simplificar las normas que regulan la actividad turística en las islas”.

De esta manera, la nueva ley abordará los retos de un destino maduro como Canarias desde la perspectiva de la sostenibilidad social, ambiental y económica. “El texto incorporará medidas para evitar o paliar los efectos de la problemática por la falta de vivienda para residencia habitual en las zonas turísticas atendiendo a las necesidades habitacionales de la población”, destaca De León.

Precisamente, esta situación motivó la aprobación el pasado mes de marzo del Decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico por el que se modifica la ley 2/2013 que anticipa algunas de las medidas más urgentes en el ámbito del uso del suelo y la reconversión de ciertos establecimientos de uso turístico con el fin de mitigar la situación habitacional y ofrecer seguridad jurídica a las personas afectadas por residir en zonas turísticas.

Además, a través de la futura norma deberá afrontarse el estatuto de municipios de gran afluencia turística y diferenciarlo de aquellos que, formando parte del destino Islas Canarias, no soportan los mismos niveles de prestación de servicios públicos ni de presión sobre el territorio. En este caso, deberán tener un protagonismo distinto en las políticas de infraestructuras y servicios prestados.

También prevé incorporar aspectos relativos a la renovación y modernización de zonas turísticas degradadas, atendiendo a estándares más exigentes del planeamiento y la edificación, en consonancia con las modificaciones del marco normativo europeo, estatal y autonómico.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa “cumplimos con la agenda que nos marcamos al inicio de la legislatura, la de renovar el bloque normativo de la actividad turística, que fijaba cuatro hitos legislativos, entre los que se encuentra la redacción de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regula el alquiler vacacional, la modificación del decreto para desarrollar actividades de Turismo Activo, el primer reglamento para ordenar la modalidad de campings y acampadas y la reforma de la Ley 7/1995 y de la 2/2013”, concluye la consejera.

El Gobierno aprueba el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas

Los ayuntamientos podrán conceder licencias de construcción con plenas garantías jurídicas en menos de seis meses

Este decreto contempla la figura de la vivienda asequible incentivada, enfocada en beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas, y que convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en desarrollarla

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto-Ley para la Agilización de la Tramitación de Licencias Urbanísticas y el Impulso de la Construcción de Viviendas, una norma de carácter urgente destinada a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias, y con la que se pretende dar un impulso decidido a la promoción de vivienda en las islas.

La nueva normativa ha sido elaborada conjuntamente por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y trabajada por ambos departamentos junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.

Este decreto introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.

Estos podrán ser encargados por el ayuntamiento o aportado por el promotor en la solicitud de licencia, en cuyo caso asumirá el costo del mismo, que no podrá exceder el valor de la tasa urbanística del proyecto. Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

El objetivo es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad. Esta norma supone un paso decisivo para agilizar la gestión pública, reactivar la economía y responder con eficacia al reto de la emergencia habitacional que atraviesan las islas.

Además, el Gobierno prevé incentivar la aplicación de este nuevo decreto-ley con medidas específicas de apoyo para los municipios de reto demográfico, que se pondrán en marcha en las próximas semanas con la entrada en funcionamiento de la Oficina Virtual del Reto Demográfico.

Compromiso con la emergencia habitacional

El Decreto-Ley también complementa las medidas adoptadas en febrero de 2024, con la aprobación del Decreto-Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, incorporando ahora nuevas herramientas para el desarrollo de viviendas asequibles incentivadas, la reutilización de suelos terciarios para uso residencial y la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelos aún no urbanizados por completo, entre otros. Asimismo, se regula, por primera vez, el procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado, lo que permitirá aplicar las medidas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda (Ley 12/2023).

En el caso de la figura de la vivienda asequible incentivada, cuyo desarrollo convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en aplicarla, los promotores que participen en este programa recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones, con el objetivo último de beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas.

La norma, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a la necesidad urgente de garantizar que los procedimientos urbanísticos se resuelvan en plazos razonables, evitando demoras que afectan tanto a los derechos de la ciudadanía como a la actividad económica. Al reducir la burocracia y fomentar la construcción de viviendas asequibles, se están dando pasos hacia un futuro donde más ciudadanos puedan acceder a un hogar digno.

Canarias da respuesta a las universidades públicas con un nuevo acuerdo de compatibilidad para el profesorado

La medida permitirá reforzar la docencia en todo el sistema universitario canario y agilizar la cobertura de necesidades docentes puntuales, como en las Escuelas de Enfermería de Lanzarote y La Palma

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo que establece nuevas directrices para facilitar la contratación de profesorado sustituto a tiempo parcial en las universidades públicas canarias, con el objetivo de garantizar la cobertura docente en situaciones sobrevenidas y fortalecer el funcionamiento del sistema universitario en su conjunto, dando respuesta así a la petición de las instituciones académicas.

El acuerdo establece que esta figura contractual se asimila, a efectos de compatibilidad, al profesorado universitario asociado, lo que permitirá que personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma pueda compatibilizar determinadas funciones con tareas docentes a tiempo parcial. Esta posibilidad se aplicará caso por caso, respetando siempre el régimen vigente de incompatibilidades y sin modificar su marco legal.

La medida beneficiará al conjunto de las universidades públicas del archipiélago y permitirá atender con mayor agilidad las necesidades de profesorado, especialmente cuando se producen bajas o situaciones que requieren una respuesta inmediata. Tendrá, además, una incidencia especialmente positiva en centros donde las alternativas son más limitadas, como las Escuelas de Enfermería de Lanzarote y La Palma.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha explicado que “se trata de una medida útil y necesaria para dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades docentes, sin comprometer la calidad de la formación que ofrecemos en Canarias”.

“Este acuerdo pone a disposición de nuestras universidades una herramienta flexible para garantizar que las sustituciones se hagan con rapidez y rigor, algo fundamental para que el curso académico se desarrolle con normalidad en todas las islas, añadió.

Esta iniciativa ha contado con el respaldo técnico de los órganos responsables en materia de función pública, sanidad y calidad universitaria, y será trasladado a las áreas competentes para su aplicación.

Aprobado el nuevo decreto que agilizará la tramitación de la dependencia en Canarias

La nueva regulación establece un único procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes 21 de abril el decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Canarias y acuerda solicitar al Consejo Consultivo de Canarias.

El decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.

Delgado ha recordado que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”.

La aprobación de este decreto culminaría una serie de esfuerzos que está realizando el Gobierno para atender dignamente a las personas y las familias de dependientes.

Todo listo para activar la tarjeta acreditativa de discapacidad que beneficiará a 137.000 personas

El Gobierno aprueba el decreto que regula el uso de este documento, que facilitará el acceso a los derechos de las personas con discapacidad de manera más sencilla y ágil

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo este lunes 21 de abril, ha acordado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la aprobación del decreto por el que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su obtención. La previsión de la Consejería es que este nuevo documento acreditativo beneficie inicialmente a unas 137.000 personas.

Según se expone en el texto que contempla la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad en Canarias, podrán obtenerla las personas residentes en el Archipiélago que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33%, con el fin de dotarles de un instrumento útil no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, sino también facilitar el acceso a los derechos de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad.

La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que tiene como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular. La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una app específica para llevar en el móvil con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución de su grado.

Podrán ser titulares de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en igualdad de condiciones de género, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Bienestar Social destinará 38 millones de euros a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria

El Gobierno de Canarias ha aprobado la autorización del gasto destinado a los ayuntamientos para la financiación de los programas de atención a los servicios sociales

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado la realización del gasto, con cargo a la anualidad 2025, que conlleva las aportaciones dinerarias a favor de los ayuntamientos canarios para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, en las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación a suscribir entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), por importe 38.094.742 euros

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a iniciativa de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación, a efectos de que los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria con cargo a la anualidad 2025, todo ello en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas Sociales.

A través de estos fondos, se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

El Gobierno de Canarias remite al Parlamento el proyecto de Ley para delimitar el asentamiento rural de Cofete

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas propone su tramitación en lectura única para agilizar el procedimiento
Manuel Miranda asegura que se dará seguridad jurídica a los vecinos hasta que el Cabildo apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de delimitación gráfica del asentamiento rural preexistente de Cofete, y acordó su remisión al Parlamento de Canarias con la propuesta de tramitación en lectura única. El expediente ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, como solución transitoria para aportar seguridad jurídica a este tradicional núcleo de población, hasta que el Cabildo Insular de Fuerteventura apruebe el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha explicado que el debate de esta ley en lectura única “simplificaría considerablemente su tramitación con el objetivo de que esté vigente antes del verano”. Miranda ha señalado de que el documento da respuesta a un compromiso con los vecinos de este caserío que, con más de doscientos años de historia, quedó fuera de ordenación tras la anulación del anterior Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013.

Como se recordará, la Ley 6/2009 de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial reconoció como preexistente este asentamiento rural, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puerto de la Cruz, en el mismo enclave, que sí fue delimitada y regularizada en su momento.

El Proyecto de Ley de delimitación gráfica de Cofete tiene como base la cartografía y ortofotos de 1994, año en el que el entorno se declaró Espacio Natural Protegido y se garantizó la compatibilidad de las edificaciones preexistentes. Esta normativa, que ha sido elaborada con el consenso del Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Pájara y los propietarios, formará parte del futuro Plan Rector de Usos y Gestión que será aprobado por la corporación insular y recogerá de manera definitiva la delimitación del espacio y garantizará el equilibrio entre los intereses vecinales y la protección del medio natural.

La tramitación de la Ley en lectura única se aplica a aquellos textos cuya especial naturaleza o simplicidad de formulación así lo permita, acorta los plazos de su tramitación, tal y como establece el artículo 153 del Reglamento del Parlamento. Esto se consigue mediante la apertura de un plazo común de enmiendas a la totalidad y al articulado, y la omisión de los debates en ponencia y en comisión. Así, la iniciativa y, en su caso, las enmiendas presentadas se debaten y se votan directamente en el Pleno de la Cámara.

 

 

 

El Gobierno activa un plan de formación para autónomos, emprendedores y pymes sobre los incentivos del REF

El Ejecutivo aprueba un convenio del comisionado con los colegios profesionales y asociaciones de asesores fiscales para dar a conocer las medidas del fuero de las que el tejido productivo local puede beneficiarse

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha dado luz verde a un nuevo plan de formación para que autónomos, emprendedores y pymes locales conozcan mejor los incentivos que ofrece el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas para impulsar su actividad. La iniciativa, promovida por el comisionado del REF, José Ramón Barrera, se desarrollará en colaboración con los Colegios Oficiales de Economistas y Gestores Administrativos de ambas provincias y el Colegio de Titulados Mercantiles de Santa Cruz de Tenerife. También participarán las demarcaciones locales de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y la Asociación Canaria de Asesores Fiscales.

El proyecto contempla la organización de cursos básicos, talleres, charlas y seminarios prácticos impartidos por los asesores de las organizaciones participantes, con el objetivo de explicar de forma clara y accesible las herramientas fiscales y económicas que están a disposición del tejido productivo canario a través del REF.

Las sesiones, de un máximo de cuatro horas, abordarán desde una introducción histórica sobre el origen del fuero canario hasta ejemplos prácticos sobre cómo aplicar las deducciones y bonificaciones actuales en distintos impuestos, así como nociones generales de los tributos específicos de las islas, como el IGIC o el AIEM, y de las compensaciones económicas para el transporte, la electricidad y el agua, entre otras medidas para paliar los sobrecostes derivados de la insularidad y de la condición de Canarias como territorio ultraperiférico.

Acercar el REF al conjunto de la ciudadanía. Ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Canarias para respaldar esta acción y otras que se están desarrollado en paralelo en distintos ámbitos, con el fin de que las especificidades del régimen canario formen parte de los conocimientos básicos de la población isleña y su mayor aplicación contribuya a impulsar el desarrollo económico y social de la región. Con esa finalidad, el comisionado y el consejero de Educación presentaron hace apenas dos semanas el material didáctico Edu REF, con el que el fuero comenzará a estudiarse en los centros públicos canarios desde las edades más tempranas hasta Bachillerato.

El convenio con las entidades profesionales aprobado hoy por el Consejo de Gobierno permitirá ofrecer formación gratuita a quienes pueden beneficiarse directamente de los incentivos que hacen que Canarias tenga la mejor fiscalidad de Europa: 142.000 personas autónomas y cerca de 60.000 pymes y micropymes del archipiélago.

Si bien muchas grandes empresas de las islas ya aplican los incentivos del REF, las estadísticas demuestran que, en el caso de los autónomos, emprendedores y micropymes su utilización no está tan extendida, lo que resta competitividad a la economía local.

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), por ejemplo, permitiría a una peluquera o el dueño de un bar que quiera reformar su local se ahorre hasta un 30% del coste de la obra a través de sus impuestos. En tanto, el REF permite que un autónomo pueda deducir la compra de un vehículo de reparto en su declaración de la Renta o una cooperativa de quesadillas, almogrote o papayas se beneficie de una deducción del 50% en sus impuestos, al igual que cualquier otra empresa industrial, agrícola o ganadera que elabore bienes corporales (no digitales) en las islas.

Traducir el complejo marco legal del régimen actual, vigente desde 1972, en una guía útil para gestionar mejor un negocio y saber qué pedir a un asesor cuando se necesite hacer una inversión es el reto al que darán respuesta las actividades que el Ejecutivo impulsará a través del comisionado del REF para generalizar conocimientos clave y permitir que las decisiones empresariales se tomen con todas las alternativas sobre la mesa.

Además de los colegios profesionales que colaboran impartiendo la formación, el programa buscará apoyarse en organizaciones sectoriales, fundaciones, sindicatos, entidades públicas y asociaciones comerciales y empresariales para extender el alcance de la iniciativa por todo el territorio: barrio a barrio, pueblo a pueblo, isla a isla.

El calendario inicial incluye la celebración de 42 actividades formativas dictadas por los colegios profesionales durante este año en todo el archipiélago. Según se detalla en el convenio de colaboración con los asesores fiscales, no se trata de una campaña puntual, sino de un proyecto que tendrá continuidad durante lo que queda de legislatura para hacer que el REF sea entendido y valorado por toda la sociedad.

El Gobierno autoriza un gasto plurianual de 10,9 millones para la implementación de la plataforma educativa Doramas

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión plurianual por un importe total de 10.963.617,59 euros, que se destinará al desarrollo y puesta en marcha de la plataforma digital de gestión educativa Doramas. Esta iniciativa, que se enmarca dentro del proceso de transformación digital de los sistemas de información de la administración educativa, está cofinanciada además por la Unión Europea, en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027.

Doramas es una herramienta tecnológica diseñada para modernizar y centralizar la gestión académica y administrativa de la educación no universitaria en Canarias. Su objetivo principal es sustituir el conjunto de aplicaciones actuales por un sistema único, eficiente y adaptable a las necesidades del sistema educativo actual.

Basada en el sistema Séneca, ha sido cedido gratuitamente por la Junta de Andalucía, y permitirá reducir la carga administrativa de los centros educativos, mejorar la comunicación entre estos, las familias y la administración, y optimizar los recursos disponibles, así como mejorar la eficiencia interna, ofreciendo un servicio más ágil y seguro a toda la comunidad educativa.

La implantación de esta solución digital se desarrollará progresivamente, a partir del próximo curso escolar 2025/2026, siguiendo una planificación que asegura una transición ordenada desde los sistemas actuales hacia el nuevo modelo. Esta inversión responde a la necesidad de adaptar la gestión educativa a los nuevos retos tecnológicos, asegurando así una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos educativos.

La dotación de fondos, con un carácter plurianual que se extenderá a lo largo de cinco años, se distribuye del siguiente modo: 437.233 euros en 2025; 1.540.153,26 euros en 2026; 4.928.709,04 euros en 2027; 2.086.694,51 euros en 2028; y, por último, 1.970.827,78 euros en 2029.

La autorización de este gasto supone para, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, un paso más a la hora de reafirmar su compromiso con la mejora de la educación en las islas, en su apuesta por la implantación de herramientas innovadoras que faciliten la labor docente, optimicen la administración y refuercen la transparencia y la comunicación en el sistema educativo.