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El Gobierno declara de interés regional seis obras de regadío para afrontar la crisis hídrica en el sector primario

Esta medida persigue agilizar la ejecución de varias actuaciones de carácter estratégico para afrontar el desabastecimiento de agua de riego provocado por la disminución de las precipitaciones medias anuales

El Consejo de Gobierno celebrado hoy lunes, 14 de abril, ha aprobado la declaración de interés regional para la Comunidad Autónoma de Canarias de seis obras de mejora y modernización de redes e infraestructuras de riego con el objetivo de afrontar la escasez de recursos hídricos en el sector primario.

Esta medida persigue acelerar la ejecución de distintas actuaciones de carácter estratégico para paliar el desabastecimiento de agua de riego ante la disminución progresiva de las precipitaciones medias anuales que, combinada con periodos sucesivos de olas de calor fuera de época estival, ha provocado la declaración de emergencia hídrica en algunas islas y evidencia un déficit de recursos disponibles, que no permiten cubrir la demanda agrícola.

La financiación para estos seis proyectos de modernización y mejora de redes de riego está prevista en las distintas partidas destinadas a infraestructuras de regadío de interés regional en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, si bien, para poder imputar el gasto estas aplicaciones presupuestarias, es necesaria la declaración concedida hoy por el Consejo de Gobierno.

Dos de las actuaciones reconocidas de interés regional se localizan en La Palma, en concreto la red de riego de Hermosilla- Tajuya, que supondrán una inversión de 7,4 millones euros, y la separata 10 del proyecto de modernización y mejora de la zona sudeste de la isla, que comprende la red de San Miguel en los municipios de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente, con un coste estimado de 1,9 millones euros.

Por otra parte, en El Hierro, se ha asignado este reconocimiento tanto las actuaciones en la Red de riego de apoyo San Andrés-Isora, en Valverde, que contempla una inversión de 5,7 millones de euros; como a las obras accesorias del proyecto de modernización y mejora de la red de riego de El Golfo, en La Frontera, valoradas en 5,4 millones de euros.

Asimismo, en Fuerteventura se han declarado de interés regional el proyecto de obras accesorias del proyecto de modernización y mejora del regadío de la zona centro sur, en Tuineje y Pájara, por importe de 9,2 millones de euros.

Finalmente, en Gran Canaria, se reconoce como obra de interés la ampliación de la red pública de agua para riego en la costa noroeste, una actuación actualizada que supone 1,95 millones de euros.

Algunas de estas acciones, como es el caso de las obras accesorias en la red de riego de El Golfo (El Hierro), la red de regadío de la zona centro sur de Fuerteventura o la separata de la red de la zona sudeste de La Palma se enmarcan en proyectos globales declarados de interés general del Estado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sin embargo, la complejidad y el alto coste de las actuaciones motivaron que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria actualizara mediante encargo a la empresa TRAGSA los proyectos a asumir con fondos propios del Gobierno de Canarias, de forma que complementen las obras con cargo a los recursos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR) que ejecuta la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) en colaboración con diferentes entes insulares.

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del decreto de vacunación caprina frente a la paratuberculosis

La reforma de la normativa permitirá el movimiento de animales entre las explotaciones con autorización para vacunar frente a esta enfermedad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 14 de abril, la modificación del decreto 51/2018 por el que se regula la autorización para vacunar frente a la paratuberculosis en explotaciones de caprino en Canarias. Tras más de seis años desde la entrada en vigor de la normativa y en el actual contexto epizootiológico de la enfermedad, esta reforma flexibiliza los requisitos, tal y como ya preveía el articulado original de la normativa, para las instalaciones ganaderas autorizadas para la vacunación.

En línea con una demanda del sector, a partir de la aprobación de esta modificación del decreto se permitirá el movimiento de animales entre explotaciones con autorización para vacunar frente a esta enfermedad, de manera que se adapta la restricción que solo contemplaba la salida del ganado de estas instalaciones cuando fuera destinado a matadero.

Por otra parte, se elimina la obligación de asegurar que al menos el 10% de los animales en producción de la explotación no hayan sido sometidos a vacunación frente a la paratuberculosis. Esta medida se adoptó con el objetivo de establecer un grupo centinela a modo de colectivo de control frente a los ejemplares vacunados, de modo que pudieran detectarse posibles interacciones adversas o imprevistas con el patógeno.

Sin embargo, una vez constatado que no existen casos de interferencia diagnóstica, como falsos positivos derivados de la vacunación en lugar del desarrollo de la enfermedad, se permite que todos los ejemplares de la explotación ganadera puedan ser vacunados para mitigar el riesgo de mantenimiento de un grupo centinela no vacunado que, eventualmente, podría perpetuar la circulación del germen.

Finalmente, se mantiene la comunicación obligatoria a la Dirección General de Ganadería de la relación de los animales vacunados de la recría de la explotación en el plazo de 15 días naturales desde la inoculación de vacuna.

El control de la paratuberculosis es esencial para evitar pérdidas por la reducción de la productividad o las bajas que puede ocasionar en la cabaña caprina. Este subsector ganadero, con características únicas propias de las razas autóctonas canarias, es, asimismo, el más importante por volumen de actividad en las islas debido a la alta productividad y a la calidad de su leche en relación al rendimiento quesero.

Subvenciones al sector pesquero y acuícola

Asimismo, durante la sesión de hoy el Consejo de Gobierno acordó la autorización del gastode 4.420.000 euros para dar cobertura a la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2025, dirigidas a las inversiones productivas y a la creación de empresas en el sector de la acuicultura, en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y correspondientes a la Prioridad 2.

El fin de estas ayudas comunitarias es promover diferentes actividades sostenibles, especialmente reforzando la competitividad de la producción acuícola y garantizando al mismo tiempo su sostenibilidad a largo plazo.

Son actuaciones subvencionables las inversiones productivas en la acuicultura, la modernización de los centros acuícolas, la automatización y digitalización de procesos, la diversificación y mejora de la calidad del producto, el impulso de la economía circular, la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad, y la diversificación los ingresos mediante el desarrollo de actividades complementarias como el acuiturismo o la gastronomía, entre otros.

El FEMPA es un fondo de la Unión Europea para el periodo 2021-27 que promueve la explotación sostenible de la pesca y el desarrollo de una economía azul sostenible en las zonas costeras, insulares e interiores.

El Gobierno destina 11,3 millones de euros al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas del SCS

Se autoriza a la Consejería de Sanidad el gasto para la contratación de los servicios de asistencia técnica para el desarrollo y mejora de aplicaciones del Servicio Canario de Salud

Esta inversión se destinará a la actualización tecnológica de los sistemas de información sanitarios de Historia Clínica Compartida, de Seguridad Alimentaria, de Prestaciones Complementarias, al de Atención de Drogodependencias y a miSCS, entre otros

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su reunión de este lunes, 14 de abril, un gasto de 11.389.853,04 euros a la Consejería de Sanidad para la contratación de los servicios de asistencia técnica para el desarrollo, mantenimiento, evolución, integración y actualización tecnológica de aplicaciones del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El expediente se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada por un presupuesto de ejecución de 11.389.853,04 millones de euros, distribuidos en cuatro anualidades dos por importe de 1.898.308,84 euros en 2025 y 2028, y otras dos de 3.796.617, 68 euros para los 2026 y 2027, respectivamente.

La contratación de los servicios de asistencia técnica para el desarrollo, integración y actualización de aplicaciones se enmarca en la estrategia del SCS para la mejora de la eficiencia, la calidad y la seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito sanitario.

Entre los beneficios, permiten una transmisión más eficaz de la información, mejorando la seguridad del paciente mediante el acceso directo al historial médico, la consulta online de los tratamientos o el registro de los pacientes. También reducen el tiempo requerido para procesar datos y manejar documentación.

Mejora de la gestión de sistema de información

Esta inversión se destinará a la actualización tecnológica de los sistemas de información sanitarios de Historia Clínica Compartida (HCC), Sistema de Información de Seguridad Alimentaria (SISA), Sistema de Información de Prestaciones Complementarias (SIPRE), Sistema de Información para la Atención de Drogodependencias (CEDRO), entre otros sistemas de información.

También afectará al mantenimiento y evolución de los sistemas de información de la aplicación miSCS destinada a los usuarios del SCS, y al Área de Sistemas Electromédicos y de Información; el desarrollo de nuevos sistemas de información para el SCS y el impulso de la administración electrónica de procedimientos.

App miSCS

La aplicación miSCS destinada a los usuarios y pacientes del Servicio Canario de la Salud actualizada recientemente, engloba todos los servicios digitales de salud. Incluye tanto la historia clínica personal y unificada como la posibilidad de solicitar cita para los profesionales de los centros de salud, con la opción de modificarla y anularla. De este modo, el usuario dispondrá en su app de sus datos clínicos, pruebas diagnósticas, analíticas, plan de tratamiento, alergias, constantes, hábitos de salud, cartilla de vacunación, antecedentes, diagnósticos activos, así como sus informes clínicos (altas, consultas externas, urgencias, etc.). La modificación de miSCS mejora su usabilidad y permite que su contenido esté actualizado continuamente.

Los servicios digitales integrados en miSCS están disponibles a través de aplicaciones móviles que se pueden obtener en las plataformas de descarga de los sistemas iOS y Android.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo la puesta en marcha del quinto nivel de carrera profesional en el SCS

De este modo, Canarias será la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, en contar con cinco grados de carrera profesional para sus trabajadores, como un incentivo más para retener el talento

En los Presupuestos Generales de Canarias para 2025 ya se había consignado crédito presupuestario para hacer frente al abono de los reconocimientos del quinto grado de carrera profesional, cuantía que alcanza un importe total de 12.475.893 de euros

El Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada este lunes, 14 de abril, acordó, a propuesta de la Consejería de Sanidad, solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias para la implantación de un quinto nivel de carrera profesional para el personal del Servicio Canario de la Salud (SCS). De este modo, Canarias será la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, en contar con cinco grados de carrera profesional para sus trabajadores.

Con esta medida se busca reconocer tanto la alta especialización como las exigencias concretas para el desempeño de todas las categorías profesionales de las instituciones sanitarias, así como para su empleo como medida incentivadora y de reconocimiento del desempeño profesional y, además, de fidelización de los profesionales de los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS.

El dictamen que el Ejecutivo regional solicitará al Consejo Consultivo de Canarias se centra en el Proyecto de Decreto para implantar este nuevo grado en la carrera profesional en el SCS y que modifica puntualmente los tres decretos (Decretos 278/2003, de 13 de noviembre, 129/2006, de 26 de septiembre y 421/2007, de 26 de diciembre), que aprueban y desarrollan el modelo de carrera profesional del personal del SCS.

En este sentido, cabe recordar que en los Presupuestos Generales de Canarias para 2025 ya se había consignado crédito presupuestario para hacer frente al abono de los reconocimientos del quinto grado de carrera profesional, cuantía que alcanza un importe total de 12.475.893 de euros.

La creación de este nuevo nivel de carrera profesional para trabajadores del SCS se enmarca en las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de los servicios sanitarios, fidelizar al personal especializado y adaptarse a la evolución del sector a nivel profesional, toda vez que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud indica a las comunidades autónomas la idoneidad de instaurar incentivos, tanto económicos como no económicos, para la atracción y retención del talento.

Acuerdo en Mesa Sectorial

La implantación del quinto nivel de carrera profesional para trabajadores del SCS fue un acuerdo tomado en 2024 por mayoría de los integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, tras una negociación desarrollada en varias reuniones previas de este órgano colectivo.

En el encuentro de mayo de 2024 se aprobaron los criterios para instaurar el quinto grado de carrera profesional, una propuesta que contempla retribuciones específicas en cada uno de los cinco grados o niveles y que será aplicable tanto a los profesionales sanitarios como no sanitarios.

Además, los colegios profesionales del ámbito sanitario canario también han podido participar en el proceso de información pública de esta iniciativa reglamentaria entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre de 2024.

Canarias, pionera en implantar la carrera profesional

El SCS fue de los servicios de salud pioneros en la implantación de la carrera profesional, mediante el Decreto 278/2003, de 13 de noviembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del personal facultativo, seguido del Decreto 129/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del personal diplomado sanitario, y del Decreto 421/2007, de 26 de diciembre, por el que se aprueba y desarrolla el modelo de carrera profesional del personal sanitario de formación profesional y del personal de gestión y servicios.

Así, se establecía hasta ahora un modelo de carrera profesional estructurado en cuatro niveles o grados de carácter retribuido, regulando un procedimiento ordinario de encuadramiento que, con periodicidad anual, permite al personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS, previo cumplimiento de determinados requisitos, acceder voluntariamente al sistema de carrera profesional o promocionar al nivel/grado inmediatamente superior al reconocido, supeditado a la evaluación individual favorable de méritos en relación a determinados factores parametrizados en la norma.

Canarias autoriza la implantación del Máster en Informática Industrial y Robótica en la Universidad de La Laguna

La titulación se impartirá de manera conjunta con las universidades de A Coruña y Extremadura y viene a ampliar a la oferta pública de másteres del sistema universitario canario

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la implantaciónn del Máster Universitario en Informática Industrial y Robótica en la Universidad de La Laguna. Esta titulación oficial, que será impartida de forma conjunta con la Universidad de A Coruña y la Universidad de Extremadura, refuerza la colaboración entre instituciones públicas y amplía las opciones de formación especializada en el sistema universitario de las Islas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que “esta nueva titulación permite seguir fortaleciendo la oferta pública de másteres en Canarias, al tiempo que facilita la cooperación con otras universidades y el acceso del estudiantado a itinerarios académicos más diversos”.

Este título cuenta con el informe sobre la necesidad y viabilidad académica y social de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluaciónn Educativa (ACCUEE). Su autorización se ajusta a los procedimientos y criterios establecidos en la normativa estatal y autonómica, y cuenta también con el informe favorable del Consejo Universitario de Canarias.

La implantación de este programa responde al compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora de la formación académica, mediante una oferta adaptada a las dinámicas actuales y a los intereses del estudiantado que desea continuar su trayectoria en el ámbito universitario del archipiélago.

El Gobierno aprueba el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios para el período 2026-2028

El objetivo de estabilidad presupuestaria para las CCAA se fija en el 0,1% del PIB, muy lejos del-2,8% que el Gobierno de España fija para sí mismo

El plan diseñado por la CAC preserva el equilibrio estructural en consonancia con el principio de estabilidad presupuestaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2026-2028.

De esta forma, el Gobierno de Canarias de cumplimiento a la obligación de elaborar en el primer cuatrimestre del año los escenarios presupuestarios plurianuales, para los tres ejercicios siguientes, 2026-2028, en el que se enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales. Este plan garantiza una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y de deuda pública fijados por el Ministerio de Hacienda para el conjunto de las administraciones públicas españolas.

Los Estados miembros deben elaborar un plan fiscal estructural a medio plazo que contenga las medidas para que sus gastos sean coherentes con la trayectoria de referencia de la Comisión Europea. El objetivo principal del nuevo marco es la sostenibilidad de la deuda pública y el crecimiento sostenible e inclusivo mediante el saneamiento gradual de la Hacienda pública y la realización de reformas e inversiones.

En el caso de España, el Consejo de Ministros del pasado 10 de septiembre de 2024 aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2025. Sin embargo, con posterioridad, el Consejo de Ministros, en su reunión del 24 de septiembre, tomó el acuerdo de retirar ese informe de la tramitación parlamentaria. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de octubre el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Reino de España 2025-2028, que fue validado por la Comisión Europea en noviembre de 2024. El período de ajuste fiscal se extendió de cuatro a siete años debido al compromiso de España con reformas e inversiones significativas.

El plan establece una senda de crecimiento medio del gasto primario neto para el periodo 2025-2028 del 3,4%, y del 3% para el período extendido hasta 2031. Además, proyecta una reducción de la deuda pública, que pasa del 102,5% del PIB en 2024 al 98,4% en 2027, con el objetivo de situarse en torno al 90% en 2031. Sin embargo, su aplicación a nivel interno, y en particular a las comunidades autónomas, aún se encuentra pendiente de concreción, lo que ya generó incertidumbre en el proceso de elaboración de los presupuestos autonómicos para el ejercicio 2025.

Además, actualmente, no están aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2025-2027. En este contexto, el Gobierno central ha optado por aplicar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública previstos en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla para 2025 un déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas del 2,7% del PIB y el descenso de la ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB.

Asimismo, se incluye una proyección de la capacidad o necesidad de financiación de los distintos niveles de la Administración Pública, que contempla para 2025 un objetivo de estabilidad presupuestaria para el subsector Comunidades Autónomas del 0,1% del PIB, muy lejos del fijado para la Administración central que se sitúa en el -2,8% del PIB (ver siguiente cuadro)

 

 

 

En cuanto a la regla de gasto, el plan se ha efectuado teniendo en cuenta la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2025-2027, que establece un 3,2% para 2025, un 3,3% para 2026 y un 3,4% para 2027. Además, se considera para 2028 la misma que para 2027.

Como base de la elaboración del plan presupuestario a medio plazo 2026-2028 de Canarias y, fundamentalmente, para la elaboración de las previsiones de ingresos por tributos propios y cedidos, se han tomado como base los datos macroeconómicos elaborados por la viceconsejería de Economía e Internacionalización de la consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, cuyo escenario central establece las siguientes variaciones del PIB nominal:

 

Conclusiones

En síntesis, la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha elaborado el presente plan presupuestario a medio plazo en consonancia con los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2025 y, en línea con la recomendación efectuada por la AIReF en su Informe 27/24 sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2024 de la CAC.

De esta manera, se preserva el equilibrio en términos estructurales, de forma consistente con el principio de estabilidad presupuestaria, sin recurrir a la parte del saldo presupuestario que se estime cíclica ni tampoco a ingresos de carácter no recurrente para financiar mayores gastos o reducciones de ingresos.

El Gobierno de Canarias aprueba la implantación del Grado en Psicología en la ULPGC

La nueva titulación refuerza la capacidad del sistema universitario público para dar respuesta a la creciente demanda de estudios en salud mental

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha aprobado la implantación del Grado en Psicología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La medida cuenta con los informes favorables de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) y del Consejo Universitario de Canarias, en cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa vigente.

Hasta ahora, el Grado en Psicología se ofrecía en el sistema público universitario canario únicamente en la Universidad de La Laguna (ULL). Con esta nueva implantación, se atiende a la solicitud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a la vez que se refuerza la capacidad del archipiélago para atender a un estudiantado cada vez más interesado en cursar esta titulación en las islas, en un contexto de creciente demanda social y académica vinculada a la formación en salud mental.

Desde la Consejería de Universidades se destaca que esta decisión refuerza el papel de las universidades públicas como motor de desarrollo académico y social. En palabras de la consejera Migdalia Machín, “apostar por titulaciones con alta demanda y utilidad social es apostar por un sistema universitario más equilibrado, atento a los retos del presente y comprometido con el bienestar de la ciudadanía”.

En la misma sesión, el Gobierno de Canarias ha aprobado también la implantación de los grados en Ingeniería Matemática, Logopedia, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria y Traducción e Interpretación en la Universidad del Atlántico Medio.

Todos los títulos cuentan con los informes favorables emitidos por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) y el Consejo Universitario de Canarias, y su autorización se ajusta plenamente a los procedimientos y criterios establecidos en la normativa estatal y autonómica.

El Gobierno aprueba el nombramiento de los miembros del Consejo Canario de Defensa de la Competencia

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, propone como presidente y vocales a profesionales del ámbito económico, jurídico y mercantil

Este órgano tiene por objeto velar y proteger la competencia efectiva en los mercados en beneficio de las personas consumidoras de Canarias

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado el nombramiento del Consejo Canario de Defensa de la Competencia en virtud del Decreto 85/2023, de 25 de mayo, cuyo fin es el de promover y preservar el correcto funcionamiento del mercado, garantizando su funcionamiento transparente y competitivo en interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y beneficio de las personas consumidoras y usuarias del Archipiélago.

El órgano estará compuesto por una presidencia, dos vocalías y una secretaría general cuyas atribuciones serán las de la promoción y preservación del correcto funcionamiento del mercado canario. A las reuniones del Consejo, además, podrán asistir con voz, pero sin voto, las personas que invite la presidencia, si bien no podrán asistir ni los miembros del Gobierno ni altos cargos de la Administración Pública.

Así, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha decidido nombrar a profesionales del ámbito económico, jurídico o mercantil, de reconocido prestigio y con al menos 10 años de ejercicio.

El Consejo Canario de Defensa de la Competencia queda constituido de la siguiente forma: presidente del órgano, José Manuel Rodríguez, presidente de la Agrupación Territorial 14ª de S/C de Tenerife del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, profesor en la Universidad Europea de Canarias y socio auditor en MACG Asesores Auditores, SL; Vocal 1, Francisco Javier Ramos Real, catedrático de la Universidad de La Laguna (Facultad de Economía, Empresa y Turismo) y director de varias Cátedras de Energías Renovables, Innovación y Eficiencia Energética, electromovilidad y Turismo; Vocal 2, María del Mar Arévalo Araya, abogada, especialista en derecho civil y penal y administradora de Fincas.

Además, por cada persona titular, se ha designado un suplente. Suplente del presidente, Rafael Peña Cabrera, abogado y asesor fiscal y profesor en materia tributaria y asesoría fiscal; suplente del vocal 1, Beatriz Tovar de la Fe, profesora titular de Economía y catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG); y suplente Vocal 2, María Dolores Rodríguez Mejías, abogada especialista en derecho civil y penal, profesora del Departamento de Economía y Dirección de Empresa, especialidad Dirección de Empresas Internacionales de la ULPGC y directora de de Aeconomía XXI, Consultoría para PYMEs e instituciones.

El Gobierno aprueba la legalización de una explotación ganadera de 4.852 m² en Tenerife

Supone la autorización de la actividad y las edificaciones e instalaciones de la finca, dentro de un proceso de reactivación de regularizaciones en el que está trabajando la Dirección General de Ganadería

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 7 de abril, la legalización de una explotación ganadera de 4.585,80 m² ubicada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Esta medida, que se enmarca en un proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería, supone la autorización definitiva tanto de la actividad como de las correspondientes edificaciones e instalaciones, entre ellas un corral para ganado bovino de 1.747,30 m² y un patio cubierto de 1.293,20 m², bajo el requisito del cumplimiento de las actuaciones pertinentes en materia sanitaria, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses.

Tal y como recoge la certificación expedida por el Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal de dicho departamento del Gobierno de Canarias la granja se encuentra en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) desde el 26 de junio de 2002 y actualmente en funcionamiento y con actividad ganadera, tal y como quedó certificado durante la labor inspectora practicada.

Asimismo, el estudio comparativo de fotografías realizado por GESPLAN acredita la ejecución de la explotación con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de Ordenación del Territorio en Canarias, de manera que es de aplicación el procedimiento en la ley de medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Esta normativa recoge que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio en Canarias.

Esta autorización corresponde a una serie de regularizaciones en las que está trabajando la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 y que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. Estos implican a cabildos, ayuntamientos y otras administraciones públicas como la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Canarias pide formalmente la declaración de contingencia migratoria extraordinaria

El Gobierno reclama al Estado que convoque cuanto antes la Conferencia Sectorial de Infancia para establecer los criterios del reparto

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha informado de que Canarias ha enviado ya al Ministerio de Juventud e Infancia el listado nominal de 5.485 menores migrantes no acompañados que tutela, excluyendo del mismo a los menores que están a punto de cumplir la mayoría de edad o están en procesos dirigidos a la reagrupación familiar. “De ahí que exista una diferencia entre el total de menores tutelados actualmente por Canarias, 5.720, y el listado remitido al Estado”, aclaró.

Al mismo tiempo, Cabello ha señalado de que, debido a esta situación de sobrecarga, el Gobierno solicitó formalmente el pasado 28 de marzo la declaración de contingencia migratoria extraordinaria. “Aunque aún no sabemos con exactitud cuál será nuestra capacidad ordinaria, sí sabemos que Canarias está muy por encima de sus capacidades de acogida reales”, puntualizó.

Para sustentar esta petición, también se ha informado al Ministerio de que solo durante 2024 Canarias atendió a un total de 8.820 menores migrantes no acompañados, de los que unos 3.000 han salido del sistema de acogida por diferentes motivos: cumplimiento de edad, reagrupamientos, repartos puntuales derivados de los acuerdos de la Conferencia Sectorial y otras razones.

“Si tenemos en cuenta los menores nacionales que están actualmente en el sistema de acogida, y descontamos los que han sido exceptuados del listado porque están a punto de cumplir la mayoría de edad o están en procesos dirigidos a la reagrupación familiar, la cifra de menores acogidos en Canarias, con independencia de su nacionalidad, es de 6.662, de los que 5.485 son migrantes. Creo que estos datos dan una idea de la situación excepcional que ha vivido, y está viviendo Canarias”, remarcó.

“Hemos cumplido en tiempo y forma lo establecido en el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 18 de marzo. No sabemos si todas las comunidades autónomas lo han hecho ya. Es ahora el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de la ley y también hacer el trabajo para, en base a estos datos enviados por las CCAA, calcular la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma y establecer los criterios para que una comunidad autónoma pueda declarar la situación de contingencia migratoria”, informó Cabello, quien recordó que, según el real decreto ley en vigor, en la próxima conferencia sectorial se deben aprobar los criterios de aplicación del plan de respuesta solidaria ante la situación de contingencia migratoria en un máximo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto ley, es decir, antes del 18 de junio.

“A partir de ahora y una vez cumplida nuestra parte, estamos a la espera de que el Ministerio informe de que ha recabado todos los datos por parte de las comunidades autónomas y de que convoque la conferencia sectorial lo antes posible”, concluyó el portavoz del Gobierno de Canarias.