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Canarias celebrará en la isla de La Palma la nueva edición de Starmus

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura contribuye con esta actuación de tres millones de euros a fortalecer un sector prioritario como es la astronomía y dinamizar la economía de la Isla Bonita

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes 10 de junio, la concesión de una subvención directa de tres millones de euros a la Fundación Canaria Starlight para la difusión de la astronomía, con el fin de financiar el proyecto “Starmus Festival-La Palma. La Isla de las Estrellas”.

Con esta actuación la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, contribuye a fortalecer un sector prioritario como es la astronomía y a reforzar y dinamizar la economía de La Palma, que ha sido fuertemente castigada como consecuencia del desastre natural originado por el volcán de Tajogaite.

Starmus Festival es un evento donde la ciencia, la astronomía, el arte y la música se unen para crear un marco de entretenimiento y divulgación único en el mundo. No existe otro evento que convoque a tantos referentes mundiales de la ciencia dentro de una atmósfera de divulgación y dinamismo. Todo ello en un formato de festival con música, exposiciones, concursos y programas de ocio, propios de eventos multitudinarios.

Bajo el nombre “Starmus La Palma, La isla de las Estrellas” se pretende, por una parte, acercar la ciencia y la música a la población palmera, a las personas residentes en el archipiélago y demás visitantes, de una manera didáctica y dinámica. Y, por otro lado, dar a conocer al mundo las bondades de La Palma, su diversidad natural, el Gran Telescopio de Canarias, su cultura o sus playas, entre otros muchos atractivos.

El tema central de esta nueva edición será la “Protección de los cielos” como único camino para preservar la astronomía, tal y como la conocemos hoy en día. Para ello, el programa de Starmus contará con actividades gratuitas enfocadas a todas las edades, niveles culturales o inquietudes.

A ello se añade que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo colabora directamente con la Comunidad Autónoma de Canarias en la puesta en marcha de actuaciones de promoción del sector turístico y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en La Palma, mediante la concesión de una subvención a la comunidad autónoma para que desarrolle actuaciones de dinamización y apoyo al tejido empresarial palmero, especialmente al sector turístico.

Estas medidas forman parte de un plan especial más ambicioso llamado «Plan La Palma RENACE» que contempla medidas adicionales desarrolladas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y sus organismos adscritos, así como por la sociedad estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

El Gobierno asumirá las obras para el tratamiento de aguas residuales de San Blas, en Candelaria

La ejecución del proyecto forma parte de la solución a una demanda ya presentada contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria del agua

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes una modificación presupuestaria que le permitirá afrontar con recursos propios la redacción y ejecución del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de San Blas, en el municipio tinerfeño de Candelaria, así como su conexión al colector comarcal. Esta obra contribuirá a responder a una demanda que presentó la Comisión Europea contra España por incumplimientos en las redes de saneamiento, el tratamiento y el transporte de aguas residuales, y que afecta a 13 puntos de Tenerife.

El expediente que hoy se ha aprobado permite traspasar 1.712.500 euros entre los capítulos seis y siete del presupuesto de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, debido a que no se pudo completar la subvención al Consejo Insular de Aguas de Tenerife durante 2023, por problemas con el proyecto inicial, razón por la que el Gobierno de Canarias, para evitar mayores retrasos, ha decidido intervenir utilizando fondos propios de la citada Consejería.

La cantidad irá destinada a la redacción del proyecto y las primeras fases de su ejecución, puesto que el coste total de esta intervención está sin determinar y se conocerá en el mes de septiembre, cuando se espera contar con el proyecto ya actualizado. Una vez redactado el proyecto, y después de superar las preceptivas fases de contratación, se espera que a lo largo de 2025 puedan dar comienzo los trabajos en este sentido.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que este Gobierno “no va a mirar hacia otro lado respecto a expedientes que podrían acabar derivando en un sobrecoste para todos los canarios, y hemos decidido, por tanto, asumir el liderazgo de su resolución”. Ha agradecido además el trabajo tanto de los responsables del Ayuntamiento de Candelaria y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, “con los que venimos trabajando de manera coordinada desde el primer momento en el que asumimos esta Consejería y cuya colaboración será fundamental para culminar este proyecto”.

El Gobierno invertirá 3 millones en terminar las obras de saneamiento en El Cotillo, Fuerteventura

Este lunes se ha aprobado en Consejo de Gobierno el expediente de plurianualidad del proyecto que será culminado en 2026

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un expediente para concretar el carácter plurianual del proyecto que permitirá completar el saneamiento de la zona de El Cotillo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). Este proyecto, cuya ejecución se extenderá hasta 2026, supondrá una inversión total de 3.061.356 euros y permitirá completar los trabajos ya iniciados, que hubo que detener por problemas administrativos, después de haberse reiniciado en 2020.

Los trabajos incluidos en este proyecto tienen que ver con la mejora de las redes de saneamiento y recogida de aguas pluviales en este pueblo del municipio de La Oliva. En la actualidad, la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias ha encargado la redacción del proyecto y su posterior ejecución a la empresa TRAGSA, mientras que la asistencia técnica durante los trabajos corresponderá a la empresa pública Gestur.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado que con la aprobación del expediente de plurianualidad de este proyecto “damos garantías de que por fin esta obra se culminará en tiempo y forma, y resolverá los problemas que desde hace décadas tiene El Cotillo con su saneamiento e inundaciones en épocas de lluvias intensas”. El impulso a este proyecto “es un compromiso que hemos adquirido tanto con el Ayuntamiento de La Oliva como con el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y podemos decir, ya que la financiación para concluirlo está garantizada”.

El expediente aprobado hoy supone el visto bueno al gasto plurianual que, por ejercicios, se divide en 56.975 euros para 2024, 1.933.517 euros en 2025, y 926.958 euros en 2026, a los que hay que sumar 154.845 € para la asistencia técnica mientras duren los trabajos.

Antes de proceder al encargo del nuevo proyecto, desde el Gobierno de Canarias se culminó el procedimiento de resolución de contrato de la anterior empresa adjudicataria, para adjudicar a TRAGSA y Gestur la culminación de los trabajos.

Éstos consistirán en la finalización de las obras previstas de la red de drenaje y complementarias en el proyecto inicial, en la conexión del colector hasta la nueva estación de bombeo, también incluida en el proyecto, un dispositivo para evitar inundaciones en momentos de lluvia intensa y la ampliación de la depuradora existente, entre otros.

El Gobierno aprueba la inversión de más de 12 M€ para el suministro de un ciclotrón y laboratorio anexo para el HUC

Este presupuesto incluye el suministro e instalación de una unidad de producción de radiofármacos emisores de positrones y una radiofarmacia en el Hospital Universitario de Canarias

La incorporación de este equipamiento a la cartera de servicios del SCS permitirá incrementar y potenciar la capacidad diagnóstica de enfermedades oncológicas, cardiológicas y neurológicas en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias en su sesión celebrada este lunes, 3 de junio, ha autorizado a la Consejería de Sanidad el gasto de 12.022.675 euros para la contratación del suministro con instalación de una unidad de producción de radiofármacos emisores de positrones y una radiofarmacia de medicina nuclear para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

A este presupuesto, cuyo procedimiento que se llevará a cabo mediante tramitación anticipada, hay que sumarle el 1,5 por ciento de su declaración como interés cultural, por lo que la inversión total de este equipamiento alcanzará los 12.092.800 euros.

La partida total abarca el suministro e instalación de este equipamiento con el que se persigue mejorar la prestación sanitaria del área de Medicina Nuclear de los hospitales públicos del SCS. El expediente está incluido en el plan anual de contratación 2024 y la licitación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto.

Este contrato se dividirá en dos lotes: uno para el suministro con instalación de la Unidad de Producción de Radiofármacos Emisores de Positrones (UPRF), que incluye un ciclotrón, un laboratorio de producción de radiofármacos líquidos, un laboratorio de producción de radiofármacos sólidos y gaseosos, un laboratorio de control de calidad, sistemas de monitorización de la radiación y otro equipamiento, y un segundo lote para el suministro con instalación de todo el equipamiento y mobiliario necesario de Radiofarmacia.

Con este nuevo equipamiento, el Servicio Canario de la Salud será independiente a la hora de disponer de los isótopos necesarios para el funcionamiento de las pruebas diagnósticas realizadas mediante PET.

Nueva tecnología diagnóstica

Los ciclotrones son aceleradores de partículas que se utilizan para la producción de radioisótopos para marcar distintas moléculas y producir radiofármacos para detectar varios tipos de neoplasias y otras enfermedades. Estos radioisótopos son indispensables para el diagnóstico mediante la utilización de tomografías por emisión de positrones (PET) y contar con estos equipos permitirá dejar de depender del exterior para disponer de estos elementos, que actualmente se traen de la Península para su uso en Canarias.

El Gobierno invierte más de 16 millones en el contrato de limpieza del Insular-Materno Infantil

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto para la contratación, que se realizará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Sanidad a destinar 16.031.337 de euros a la contratación del servicio de limpieza y otras labores auxiliares (IGIC incluido) en los centros dependientes de la Gerencia Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en Gran Canaria.

La contratación se realizará por el procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria, por un periodo de dos años, prorrogable anualmente hasta un máximo de cinco años, incluidas las prórrogas.

La finalidad del contrato es garantizar la prestación del servicio integral de limpieza y otros servicios auxiliares en las instalaciones. El proceso asistencial en los centros sanitarios requiere de unos niveles de calidad, especialización, supervisión, coordinación y gestión del proceso de limpieza acorde con la importancia del propio proceso de salud.

Los servicios a contratar comprenden la limpieza integral, desinfección e higienización de la totalidad de los centros sanitarios y dependencias administrativas pertenecientes a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

El gasto propuesto excede de tres millones de euros, por lo que tiene que ser autorizado por el Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2024.

El Gobierno de Canarias destina 7,4 millones a la prórroga del contrato de limpieza del Hospital Doctor Negrín

La prórroga abarca a los centros dependientes de la Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Sanidad a destinar 7.414.483,62 de euros a la prórroga de la contratación del servicio de limpieza y otras labores auxiliares en los centros dependientes de la Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La contratación se realizará por el procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por un periodo de 36 meses.

La finalidad del nuevo contrato es garantizar la prestación del servicio integral de limpieza y otros servicios auxiliares en las instalaciones del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Hospital Juan Carlos I, Hospital San Roque de Guía, Unidades de Salud Mental de Casa del Mar y Canalejas, y Centros de Atención Especializada de Gáldar y Arucas.

El Gobierno subvenciona el saneamiento y abastecimiento de agua en La Frontera y Valverde

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas tramita actualmente otras subvenciones a El Pinar y el Cabildo de El Hierro, y está licitando la ampliación de las dos desaladoras de la isla

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el expediente de modificación presupuestaria que permitirá en las próximas semanas transferir una subvención de medio millón de euros al ayuntamiento de Valverde, en El Hierro, destinada a mejorar la red de abastecimiento de agua en este municipio herreño. Además, en esta misma sesión, se ha aprobado otro expediente de similares características para aportar una subvención de unos 194.000 euros al ayuntamiento de La Frontera para ampliar la red de saneamiento en un núcleo de esta localidad herreña.

A estas subvenciones se sumará próximamente otra de 300.000 euros destinada directamente al Cabildo Insular, para colaborar con el “Proyecto de plan de actuaciones para la reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento de la isla de El Hierro”. Además, se están tramitando otra subvención al Ayuntamiento de El Pinar, por importe de 50.000 euros para mejora de la red de saneamiento, y acaba de iniciarse la licitación la ampliación y mejora de dos desaladoras de la isla, la de La Restinga y la de Los Cangrejos, por un importe conjunto de 2.269.599 euros.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha indicado que estas medidas forman parte de una serie de acciones que pretenden mejorar el abastecimiento y saneamiento en El Hierro, y suponen “una muestra más del compromiso firme de este Gobierno de Canarias es colaborar con los consejos insulares y municipios para hacer frente a la crisis hídrica que vivimos en todo el archipiélago”.

El expediente sobre el municipio de Valverde aprobado este lunes permite a su Ayuntamiento con esa inversión de 500.000 euros poner en marcha un proyecto para mejorar el transporte y calidad del abastecimiento de agua potable en varios núcleos del municipio. Así, el proyecto “Control, mejora, reposición y restitución de la red municipal de abastecimiento de agua potable en el núcleo de Valverde y Zona Norte (Mocanal, Erese y Guarazoca)” está dividido en tres fases, y será en la primera de ellas, “Abastecimiento de Valverde, núcleo de Valverde”, a la que se destine la subvención de medio millón de euros al Ayuntamiento herreño.

Por otra parte, el expediente de modificación presupuestaria destinado a La Frontera, de 194.825,30 euros, permitirá acometer el proyecto “Actuaciones en la red de saneamiento. Tramo Merese”, que tiene como objetivo dotar de saneamiento a las calles Merese y Artero, que forman parte de la aglomeración principal de La Frontera y actualmente carecen de ella. La instalación de esta nueva red de saneamiento permitirá aumentar la capacidad de recogida de las aguas negras generadas y que las mismas se conecten a la red de saneamiento existente, desarrollada en los últimos años, y que las conducen hasta la depuradora de La Frontera, para su posterior tratamiento.

El consejero de Política Territorial ha explicado que esta es solo “una muestra del compromiso del Gobierno con las administraciones de las islas, municipios y cabildos, que ya fue expuesta en la Mesa del Agua de Canarias, celebrada en el pasado mes de marzo en Las Palmas de Gran Canaria”. “Sin embargo”, ha continuado Miranda, “de nada servirá el esfuerzo que estamos haciendo todas las administraciones del archipiélago si no logramos concretar el compromiso plurianual del Estado de aportación de financiación, en forma de convenio, en el que la comunidad autónoma está dispuesta a contribuir, siempre de forma proporcional a las capacidades de cada administración”.

Política Territorial promueve el debate de la Ley del Suelo en la Universidad de verano de Maspalomas

El Consejo de Gobierno aprueba una subvención de 20.070 euros al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para financiar la actividad

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un expediente de modificación presupuestaria para financiar una subvención al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por importe de 20.070 euros, con el objetivo de incorporar el debate sobre la actualización de la Ley del Suelo de Canarias al programa de actividades previsto en la Universidad de Verano de Maspalomas, que se celebra el próximo mes de julio en la localidad grancanaria.

El curso tendrá como denominación ‘La Ley del Suelo ante los nuevos desafíos urbanísticos’, y se celebrará los días 8 y 9 de julio, bajo la dirección de José Suay Rincón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ex magistrado del Tribunal Supremo. El objetivo del curso es proponer una reflexión sobre la actualización de esta norma y su adaptación a las exigencias actuales.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha destacado el objetivo de “actualizar esta normativa, después de casi siete años de aplicación, a los nuevos retos que se han presentado en los últimos años y con la experiencia de su uso por parte de las administraciones, que nos permite afrontar con más información dicha actualización”. Miranda ha informado de que este proceso, iniciado a principios de año, “está contando con todos los actores principales de su aplicación, técnicos municipales, insulares y del Gobierno de Canarias, y profesionales y miembros de la sociedad civil, para después del verano acometer el debate político con todas las fuerzas con representación en el Parlamento de Canarias”.

Durante el curso, en el que participan especialistas en la materia procedentes de diferentes universidades de España, así como técnicos de administraciones de las Islas, se tratarán asuntos tales como el reto demográfico, la situación socio económica del medio rural, la sobrepoblación de otras áreas insulares, la incorporación de la Agenda 2030 y otras normas sobre sostenibilidad u otras propuestas sobre simplificación normativa, precisamente uno de los objetivos de la actualización de la Ley del Suelo.

El Gobierno autoriza el recurso ante el Tribunal Constitucional para defender sus competencias plenas en Costas

Canarias reclama un fallo que reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la ordenación de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto

El consejero de Obras Públicas lamenta que el Estado continúe rechazando todas las vías ofrecidas por el Ejecutivo canario para resolver este conflicto

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de este lunes, 27 de mayo, autorizar a sus servicios jurídicos la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender las plenas competencias de Canarias en materia de Costas. En concreto, el conflicto positivo de competencias que se planteará en los próximos días reclama al alto tribunal que falle en contra del Estado y reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.

En su recurso, el Ejecutivo canario solicita al TC que “dicte sentencia en la que declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En concreto, se pide “la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003”.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto, “la competencia exclusiva de ordenación del litoral”, lo que incluye “el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado”. De hecho, el recurso que la comunidad autónoma elevará al TC sostiene que, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para “establecer el régimen jurídico del demanio”.

Al respecto, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, se ha mostrado este lunes convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a la comunidad autónoma porque “el reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”.

En este sentido, el consejero ha explicado que el posterior Real Decreto 713/2022 se enfoca en el traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias en esta materia de gestión del litoral. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”, ha indicado.

Rodríguez también ha recordado que existen varias sentencias del TC que refrendan la interpretación jurídica que defiende la comunidad autónoma sobre sus competencias plenas sobre el litoral. Además de un fallo sobre el ámbito competencial de Cataluña, el consejero considera “muy importante” la sentencia del Constitucional sobre la ley de Costas de Galicia, una normativa similar a la que Canarias tiene previsto aprobar en los próximos meses.

En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Estado contra la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia sostiene que “las funciones ejecutivas relativas a la gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre no forman parte de las competencias estatales al tener su encaje en la competencia de ordenación del litoral”.

Cronología del conflicto

El acuerdo de presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional se produce después de que el Consejo de Ministros rechazara el pasado 30 de abril el requerimiento elevado por la comunidad autónoma en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica del 27 de febrero de este año. Tras este rechazo, Canarias tenía un mes para elevar un conflicto positivo competencial al TC, plazo que se cumple con el acuerdo adoptado este lunes.

Una semana antes del ‘no’ del Consejo de Ministros, el 24 de abril, se celebró en la capital grancanaria la Comisión Bilateral Canarias-Estado para intentar resolver este desencuentro por las competencias de Costas. Sin embargo, la reunión se saldó sin acercamiento, por lo que el propio consejero de Obras Públicas ya adelantó entonces la presentación del recurso ante el TC.

Este conflicto competencial parte del artículo 157 b del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.

Sobre esa base, el Gobierno de Canarias abrió con el Estado la negociación del traspaso de la competencia sobre la gestión de su litoral. Así, el 30 de agosto de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto “de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral”, un acuerdo “con fecha de efectividad del traspaso de funciones y servicios el 1 de enero de 2023”.

Sin embargo, pese a que Canarias asumió la competencia exclusiva de sus costas a principios de 2023, el Estado se niega a traspasar varios expedientes alegando que le sigue correspondiendo la gestión de las “concesiones compensatorias”. Por el contrario, la comunidad autónoma entiende y defiende en su recurso ante el TC “que no procede dicha dualidad concesional cuando hablamos de la gestión de la competencia en el demanio público marítimo-terrestre”.

Respaldo del Consultivo

La comunidad autónoma sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus servicios jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen sobre este asunto elaborado por el Consejo Consultivo.

El pasado 5 de abril y a petición del Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo emitió un informe en el que considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el Real Decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas”.

El Consejo Consultivo estima que tanto el Estatuto como el Real Decreto disponen que “toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias”. En consecuencia, su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que “restaure el orden constitucional quebrantado”.

 

 

 

Bienestar Social alerta sobre la falta de fondos para atender a los centros de acogida de menores migrantes

Delgado informa al Consejo de Gobierno de la “situación extremadamente crítica” en que se encuentra la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias derivada del gasto de los centros de acogida

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, informó hoy al Consejo de Gobierno de la “situación extremadamente crítica” en la que se encuentra la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias como consecuencia del agotamiento de los fondos dedicados a los centros de acogida de menores migrantes no acompañados.

“Nos hallamos en una situación extremadamente crítica y preocupante. Estamos haciendo todo lo posible y más para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias arriesgando sus vidas y que no cuentan con apoyos familiares. Pero nos encontramos en una situación límite”, indicó la titular del área en el transcurso de la reunión del Ejecutivo autonómico.

“En estos momentos, la previsión de gasto para atender durante todo el año a los 5.524 menores que tutelamos asciende a 156 millones de euros. De esa cantidad, la previsión es que el Gobierno central aporte 72 millones, que aún no han llegado. Y aún así existiría un déficit de financiación de 84 millones de euros”, insistió Delgado, quien puntualizó que en estas previsiones de gasto no están incluidas las aportaciones que hacen otras consejerías, como Sanidad y Educación.

La consejera de Bienestar Social afirmó que la previsión de llegada de embarcaciones incrementará la cifra de niños, niñas y adolescentes que necesitarán protección. “A ello -añadió- hay que sumar que las entidades con las que trabajamos están teniendo problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos alojativos adecuados disponibles”.

En su intervención, Delgado explicó que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la atención a estos menores, “no solo porque las competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para una situación de este tipo, sino porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado”.

El presupuesto de la Dirección general de Protección a la Infancia y las Familias para 2024 es de 153 millones de euros y la previsión de gasto para atender a menores extranjeros es de 156 millones de euros.

“Por eso, la protección de estos menores debe ser un asunto de Estado”, aseveró la consejera, que recordó que en el archipiélago hay 80 centros abiertos, más del doble que cuando empezó la legislatura.

“Es urgente que alcancemos el acuerdo con el Estado para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Confiamos en que así sea, pero con independencia de ese acuerdo y de su materialización, que no será inmediata, necesitamos recursos económicos ya para poder atender en condiciones a estos menores”, dijo Delgado. La consejera matizó que solo 16 de los 339 menores migrantes cuyo traslado fue acordado en la Conferencia Sectorial celebrada en octubre del año pasado han sido derivados a la Península.

“Estos niños y niñas son nuestra responsabilidad. No podemos dejarlos solos. No puede Canarias, no puede España y no puede Europa. Pero necesitamos ayuda y la necesitamos ya, ahora”, concluyó la consejera de Bienestar Social.