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Las mesas del Reto Demográfico concretan las propuestas sobre las que trabajarán en los próximos meses

Una estrategia para la gestión colaborativa del territorio, mecanismos para facilitar más vivienda en el mercado residencial, y la mejora de la formación y la calidad del empleo en el sector turístico, entre las líneas de trabajo

Los equipos conformados por Gobierno, cabildos y ayuntamientos también profundizarán en el control y orden de los espacios naturales y en iniciativas para la fijación de población en municipios de menos de 10.000 habitantes

Cabello valora la predisposición de todas las instituciones para acordar las principales líneas de actuación y subraya que “por primera vez hay condiciones para diseñar juntos la Canarias en la que queremos vivir los próximos 30 años”

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, informó este lunes sobre las primeras conclusiones y propuestas de trabajo marcadas durante la constitución de las cinco mesas de trabajo pactadas en la primera Conferencia de Presidentes con el objetivo de afrontar los desafíos del ‘Reto Demográfico’ en Canarias.

En este sentido, Cabello explicó que este primer encuentro celebrado el pasado vienes sirvió para que cada uno de los cinco equipos cuente ya con “dos grandes ejes de trabajo” de los cuales se deben derivar propuestas y medidas concretas que se irán perfilando en las reuniones que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses. Ha recordado que “a estas reuniones técnicas podrán ser invitados expertos y especialistas en las diversas materias”, con lo que el debate se abrirá a toda la sociedad civil del archipiélago.

El portavoz subrayó que “es la primera vez que Canarias aborda un desafío de estas características desde el Ejecutivo, invitando al diálogo y a la participación a los tres niveles de la administración. El reto que tenemos por delante es ambicioso y mayúsculo, se tomarán decisiones de calado porque vamos a proyectar juntos desde una perspectiva social, económica y medioambiental la Canarias en la que queremos vivir en los próximos 30 años”, y agradeció “la predisposición y el consenso en torno a la necesidad de este trabajo y a las oportunidades que abre para nuestra tierra” a todos los miembros de las mesas.

Cabe recordar que los cinco equipos, que se han diseñado partiendo de los grandes desafíos que afrontan las islas, están compuestos por un representante del Gobierno de Canarias, de los siete cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Se dividen en las siguientes temáticas: ‘Transparencia en la protección y el desarrollo del territorio’; ‘Acceso a la vivienda’; ‘Fiscalidad y empleo en el sector turístico’; ‘Protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua’; y ‘Reto demográfico’.

Retos, mesa por mesa

La primera de las mesas, la de ‘Transparencia en la protección y desarrollo del territorio’ en la que participa el consejero de Político Territorial, Manuel Miranda, ha establecido como prioridades la creación de herramientas para la transparencia y el acceso a la información territorial y la creación de una estrategia para la gestión colaborativa del territorio a través del impulso de nuevos sistemas de gobernanza.

La mesa que abordará el ‘Acceso a la vivienda’, con el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha decidido entre sus prioridades la gestión del suelo; el abordaje de medidas fiscales vinculadas a la vivienda; la gestión del parque público de viviendas; y los mecanismos para poner vivienda privada en el mercado residencial serán los ejes sobre los que avanzarán en los próximos meses.

El equipo de trabajo de ‘Fiscalidad y empleo en el sector turístico’ ha propuesto dos grandes líneas de acción. Por un lado, el grupo en que participa la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, apuesta por abordar la fiscalidad en la gestión del territorio como recurso turístico, y lo hará desde la ruralidad y la gestión de los espacios. Y como segunda prioridad, este equipo debatirá propuestas sobre la formación y la calidad en el empleo adaptadas a este sector económico.

La cuarta mesa de trabajo, ’Protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua’, ha decidido que la gestión de los residuos en Canarias debe ser uno de los asuntos que aborde este foro; la eficacia de las redes de agua; la transición energética, a través del desarrollo de la Ley; y el control y orden de los Espacios Naturales de Canarias. Esta mesa cuenta, en nombre del Gobierno, con el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata.

Por último, la mesa del ‘Reto Demográfico’ en la que se encuentra el portavoz del Ejecutivo trabajará desde dos frentes: el impulso a iniciativas de carácter fiscal, social, económicas y medioambientales para la fijación poblacional en las medianas y municipios de reto demográfico en Canarias; y por el otro, en medidas de contención y equilibrio poblacional en las áreas más tensionadas con el objetivo de mitigar los efectos de la superpoblación.

Cada uno de los equipos establecerá su propio calendario de encuentros con la vista puesta en octubre, mes en el que se elevarán las primeras conclusiones para que el Gobierno pueda tenerlas en cuenta en la elaboración de sus presupuestos de 2025 y para que se analicen en el seno de la segunda Conferencia de Presidentes que tendrá lugar antes de finalizar el año.

El Gobierno destina 3,3 millones a la atención de menores que cumplen medidas judiciales no privativas de libertad

La Consejería de Bienestar Social firma un acuerdo con Opción 3 para llevar a cabo la intervención socioeducativa de estos menores

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy, en Consejo de Gobierno, autorizar un gasto de 3.293.961,87 euros destinado al convenio de cooperación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Asociación Opción 3 para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores.

El acuerdo contempla la colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, y la entidad Opción 3 en la ejecución de las medidas judiciales penales no privativas de libertad previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000. Estas medidas consisten en libertad vigilada, permanencia fin de semana en domicilio, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, asistencia a centro de día y tratamiento ambulatorio de carácter psicológico, psiquiátrico y de deshabituación de tóxicos.

A través del convenio se lleva a cabo la intervención socioeducativa con los menores que cumplen una medida judicial de este tipo. De esta manera, se apuesta por una fórmula ajustada a las necesidades individuales, con el fin de intervenir para superar los factores asociados a la comisión de la infracción sentenciada y así disminuir el riesgo de reincidencia delictiva. El programa incluye el trabajo individual con el menor y la menor que cumple la medida en régimen abierto, así como con su ámbito familiar y trabajo grupal.

Este acuerdo permitirá financiar un total de 345 plazas, de las que 264 estarán ubicadas en Tenerife y 81 en Gran Canaria. En caso de que fuera necesario, el convenio establece que la entidad podrá aumentar hasta en 26 las plazas disponibles en Tenerife y 10 en Gran Canaria sin coste para la Administración. Dentro de las plazas ofertadas están incluidas las intervenciones que se realicen en el resto de islas.

En total, en Canarias hay en torno a 800 menores que cumplen alguna medida judicial, sea con o sin privación de libertad. La Administración canaria trabaja con cuatro entidades para atender a estos jóvenes.

El modelo de colaboración implementado en el ámbito del sistema de justicia penal en Canarias ha permitido la intervención de entidades de derecho privado carentes de ánimo de lucro que persiguen la consecución de fines sociales compartidos con la Administración y han posibilitado un alto grado de especialización de las organizaciones y de su personal.

El Gobierno planea una demanda contra la resolución del deslinde de un tramo entre la playa de Melenara y Salinetas

El Estado no ha atendido a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo para mejorar la situación de las viviendas de esta zona del litoral de Telde

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, autorizar a sus servicios jurídicos a iniciar acciones judiciales contra el Estado sobre el deslinde del dominio público marítimo terrestre de 1.514 metros entre las playas de Melenara y Salinetas, en el municipio grancanario de Telde.

El Ejecutivo ha decidido continuar la vía judicial ante la falta de atención al requerimiento formulado mediante la resolución número 36, de 11 de marzo de 2024, por el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras conocer la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 11 de enero.

Desde el inicio del expediente, en el año 2009, el Gobierno canario ha mostrado su desacuerdo con el deslinde del dominio público marítimo terrestre planteado por el Ministerio entre Melenara y Salinetas, y ya en 2022 informó negativamente sobre este proponiendo modificaciones que mejoraban la situación de las viviendas afectadas y corrigiendo errores cartográficos, como la ubicación de un edificio que ya fue demolido.

La Dirección General de Costas canaria entiende que debe existir una justificación razonable y suficiente para iniciar un deslinde, ya que este no modifica al anterior en gran medida. Además, la apertura del nuevo expediente no ha servido para resolver y dar amparo a la situación de algunos afectados en esta zona del litoral.

El Gobierno garantiza la financiación de la mejora del barranco de Vallehermoso, en La Gomera

El Consejo de Gobierno aprueba el gasto plurianual, por importe de 7,6 millones de euros, para acometer este proyecto hasta 2026

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión de esta mañana, ha acordado la aprobación del gasto plurianual hasta 2026 del proyecto de mejora del barranco de Vallehermoso, también llamado del Ingenio, en la isla de La Gomera. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros, resolverá diferentes dificultades causadas por el estado actual del cauce y las zonas aledañas, tal y como ha explicado el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda.

El proyecto fue redactado por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, inicialmente en 2006, y modificado en dos ocasiones, en los años 2017 y 2023. Este acuerdo de Gobierno permitirá “afrontarlo con garantías de financiación durante los próximos tres años”, ha indicado Miranda.

El acuerdo supone aprobar dicho gasto plurianual, en los siguientes términos: 387.741,36 euros para el presente ejercicio 2024; 4,5 millones para 2025; y 2.789.537,56 euros, año en el que se prevé que termine esta obra, que incluye cinco actuaciones independientes, todas ellas con el objetivo de mejorar el cauce del barranco y la seguridad del entorno y de los usuarios, sobre todo en épocas de intensas lluvias:

La primera de ellas acometerá mejoras en la cota 246 del citado barranco, entre Los Chapines y la Casa del Barranco, y permitirá mejorar el cauce y aumentar su capacidad. La segunda y la tercera de las actuaciones se ejecutarán en el entorno del Ayuntamiento de esta localidad, principalmente en el tramo final de otro barranco que confluye en la zona, el del Macayo, y que atraviesa el núcleo urbano de Vallehermoso. En este caso se va a trabajar tanto en la zona anterior y posterior a la parte del cauce que circula de manera subterránea.

La cuarta actuación corresponde a diversas mejoras en torno a la cota 50 del barranco del Ingenio, por donde va en paralelo a la carretera de la playa, para mejorar la capacidad de absorción en caso de fuertes lluvias que, hasta la fecha, se ha mostrado insuficiente, con frecuentes desbordamientos en época de intensas lluvias.

La última de las actuaciones previstas en el proyecto se ejecutará en torno a la cota 10, en el tramo final del barranco, de unos 100 metros de ancho. Esta parte del cauce está bien protegida por muros en algunos tramos, aunque es necesario acometer su mejora, pues en épocas de lluvias intensas se desborda con facilidad, arrastrando a su paso gran cantidad de material vegetal. Además, se repondrá la pasarela peatonal, afectada por una de las últimas riadas.

El Gobierno de Canarias asume las competencias de evaluación ambiental de La Guancha, en Tenerife

Se trata de una medida de apoyo a aquellos municipios que no disponen de recursos para constituir su propio órgano ambiental

Manuel Miranda recuerda que son ya 30 los ayuntamientos que han solicitado esta delegación de competencias, prevista en la Ley del Suelo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la asunción por parte de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de las competencias en materia de evaluación ambiental del municipio de La Guancha, en Tenerife, tal y como había solicitado su Ayuntamiento, acogiéndose a la posibilidad que así recoge la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias. Manuel Miranda, responsable de la citada área del Ejecutivo autonómico, ha destacado esta posibilidad como “una de las líneas de apoyo a aquellos municipios que no disponen de recursos para tramitar sus expedientes en esta materia”, y ha informado de que son ya 30 los adheridos a esta posibilidad.

El consejero de Política Territorial ha indicado que la constitución de un órgano de tramitación ambiental propio, por parte de los Ayuntamientos, es un trámite que “muchos municipios de Canarias no pueden adoptar, pues requiere de unos recursos humanos y materiales de los que no disponen”. Así, “cumpliendo el objetivo marcado por este Gobierno de ser el principal aliado de los ayuntamientos para impulsar su planeamiento territorial, la Consejería asume la gestión de esos expedientes para contribuir a desbloquear e impulsar la gestión del planeamiento, un aspecto necesario y urgente para avanzar en el desarrollo económico, la creación de empleo, la construcción de viviendas y garantizar unas infraestructuras y servicios públicos de calidad”.

De esta manera, y en virtud del decreto aprobado esta mañana, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental asume la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.

Manuel Miranda ha explicado que además de esta medida, el Gobierno de Canarias tiene otras en marcha, en el mismo sentido, colaborar con los Ayuntamientos para impulsar sus planeamientos. Así, es la propia Consejería la que tramita ocho planes generales (La Orotava, San Miguel de Abona, Mazo, Arico, Arrecife, San Bartolomé de Lanzarote, Firgas y Yaiza), al tiempo que a través de Gesplan se mantiene el servicio de asistencia técnica en esta materia para los municipios que así lo requieran.

Además, recientemente se han recuperado las subvenciones para impulsar los planes generales, así como sus modificaciones y adaptaciones, con un presupuesto de 2,3 millones de euros y que “se han recuperado después de dos años sin ser convocadas”.

Manuel Miranda ha concluido explicando que “las dificultades en materia de planificación urbanística y ordenación del territorio son comunes a muchos municipios de Canarias, sobre todo aquellos menores de 10.000 habitantes, con los que el Gobierno trabaja más en profundidad a través de diferentes líneas de trabajo relacionadas con las materias de reto demográfico”.

Fernando Figuereo Force, nuevo director general de Emergencias del Gobierno de Canarias

Sustituye en el puesto a José Marrón, que cesó por motivos personales hace unas semanas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el nombramiento de Fernando Figuereo Force como nuevo director general de Emergencias del Ejecutivo regional, en sustitución de José Marrón, quien dimitió de su cargo hace unas semanas por motivos personales. Figuereo Force, abogado de profesión, tiene una dilatada trayectoria política y su última responsabilidad la había ejercido como consejero auditor en la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Fernando Figuereo Force (Badalona, Barcelona, 1961) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y letrado en ejercicio desde 1989. Durante la séptima legislatura de Canarias, fue diputado y ejerció como presidente de la Comisión de Turismo y Transportes y de la Comisión sobre el caso de los niños desaparecidos en Canarias durante. En la siguiente legislatura fue también diputado, así como presidente de la Comisión de Diputados y de Peticiones. En ambas legislaturas fue miembro de la Comisión Permanente de la Cámara regional.

En 2015 fue elegido, por el Parlamento de Canarias, como consejero auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, cargo que ha ocupado hasta la actualidad.

Política Territorial destina 20 millones de euros a siete obras prioritarias para combatir la crisis hídrica

El Gobierno de Canarias lamenta el retraso en la subvención estatal de 2023, que llegó el pasado mes de diciembre, y ha solicitado su urgente renovación

La Dirección General de Aguas asumirá la remodelación de la depuradora de Yaiza, en Lanzarote, y financiará proyectos de desalinización, almacenamiento, distribución y depuración en Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una ampliación de crédito de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, para distribuir una subvención de 20 millones de euros procedente del Estado y correspondiente al pasado ejercicio 2023, que destinará a la puesta en marcha de siete obras prioritarias para combatir la actual crisis hídrica que sufren las islas.

El consejero del área, Manuel Miranda, ha lamentado “el retraso en la disponibilidad de estos fondos del Estado, que hasta el último momento estuvieron en el aire y finalmente llegaron en diciembre, cuando el ejercicio presupuestario ya estaba cerrado”. Asimismo anunció que su departamento ya se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO) para exigir que esta subvención “no solo se mantenga en el presente ejercicio, sino que se transfiera cuanto antes para seguir atendiendo el grave déficit financiero que presentan las infraestructuras hidráulicas en las islas”.

Los 20 millones de euros aprobados en el consejo de gobierno de hoy, correspondientes al pasado ejercicio, irán destinados a un total de siete proyectos prioritarios, de los que seis serán gestionados por los consejos insulares de aguas, mediante transferencias de crédito a los cabildos insulares, y el último, por la propia Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias.

En concreto, se trata de la remodelación de la depuradora de Yaiza, en la isla de Lanzarote, un proyecto cuyo coste total superará los nueve millones de euros y que será asumido enteramente por la Dirección General de Aguas, que aporta con esta subvención los primeros cinco millones para poder afrontar las primeras fases de la obra. Este es el proyecto que liderará directamente el Gobierno de Canarias.

El segundo de los proyectos, con un importe de 5,1 millones de euros, supone el suministro de diferentes elementos de equipamiento destinados a la mejora de la red de distribución de agua potable en Fuerteventura. Se trata de un proyecto, que ejecutará el Consejo Insular de Aguas majorero, incluido en un plan insular que tiene como objetivo garantizar el abastecimiento en la isla.

También en Fuerteventura, el Consejo Insular ejecutará el proyecto del laminador de Puerto del Rosario, con un importe de 700.000 euros, que tiene como objetivo regular el caudal de entrada a la depuradora de esta localidad en época de lluvias, eliminando vertidos sin tratar o inundaciones cuando dicho caudal supere la capacidad de entrada de la depuradora.

A la isla de La Palma van destinados tres proyectos de los incluidos en esta subvención de 20 millones de euros. El primero de ellos, por importe de 1,5 millones de euros, es la aportación del Gobierno de Canarias a las obras del desdoble del llamado Sifón de Las Angustias, ubicado junto al barranco del mismo nombre, y que mejorará la capacidad de disponer de agua en los valles de Tijarafe y Aridane, a un lado y otro de este barranco.

El segundo de los proyectos que serán cubiertos por esta subvención en La Palma es el de la ampliación del depósito regulador de El Lance, que llegará a los 10.000 metros cúbicos, y que permitirá almacenar mayor cantidad de agua en la comarca del noroeste de la Isla, especialmente para el abastecimiento urbano. Se destinan 3,7 millones a esta actuación.

La tercera de las obras en La Palma es la de ampliación de la red de saneamiento en el municipio de Breña Alta, en su primera fase, que servirá para completar redes en zonas en las que no existe, conectarlas a los colectores principales y eliminar presiones sobre los acuíferos. Son 1,2 millones los previstos para la ejecución de este proyecto, que realizará el Consejo Insular de Aguas.

Por último, a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se destinarán 2,5 millones a la mejora de la depuradora de Playa de Mogán, logrando aumentar la eficacia de esta instalación mediante la implantación de un sistema de electrodiálisis reversible, lo que permitirá aumentar la cantidad y la calidad de las aguas regeneradas en dicha planta.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que los proyectos que se han acogido a esta subvención de 20 millones de euros han sido pactados con los diferentes consejos insulares, y ha anunciado que “en cuanto tengamos la certeza de que la partida de 2024 está dotada económicamente por parte del Estado iniciaremos las consultas a los cabildos para elegir los proyectos que serán cubiertos por esta subvención”.

 

El Gobierno aprueba su programa normativo para la legislatura con las iniciativas previstas por cada consejería

El documento recoge las propuestas de naturaleza legislativa y reglamentaria que cada departamento del Ejecutivo autonómico tiene previsto desarrollar

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este lunes el programa normativo de la XI Legislatura, un documento que contiene las iniciativas de naturaleza legal y reglamentaria que cada departamento tiene previsto desarrollar. Según el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, se trata de una “ambicioso plan” que busca modernizar y fortalecer la estructura legislativa de la comunidad autónoma con leyes nuevas y con otras que proponen mejorar en textos normativos “con décadas de vida” que es necesario actualizar.

Cabello destacó que el programa normativo no solo especifica departamento por departamento las leyes y mejoras reglamentarias que el Gobierno proyecta para esta legislatura, sino que incluye un calendario sobre las fechas estimadas de tramitación y aprobación. “Nos hemos marcado los deberes y, a partir de ahora, cada consejería cuenta con un cronograma de trabajo”, ha subrayado.

El programa normativo de XI Legislatura recoge un importante paquete de nuevas leyes y modificaciones normativas en prácticamente todas las áreas del Ejecutivo autónomo, además de otras iniciativas de naturaleza reglamentaria que los diferentes departamentos prevén aprobar en los próximos años.

Así, Presidencia del Gobierno plantea la aprobación de una nueva Ley Canaria de Emigración que sustituya a la de entidades canarias en el Exterior con 37 años de vida (4/1986), además de un anteproyecto de Ley de creación de la Agencia Canaria de Transformación Digital.

En el caso de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, que dirige el vicepresidente Manuel Domínguez, el plan aprobado por el Consejo de Gobierno prevé la tramitación de tres iniciativas de naturaleza legal, además de 11 de naturaleza reglamentaria. Las de naturaleza legal son las siguientes: reforma del Decreto Legislativo de 2012, aprobatorio del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la Licencia Comercial; reforma de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; y Ley de Mercado/Economía Abierto de Canarias.

Iniciativas, área por área

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad liderada por Pablo Rodríguez proyecta la tramitación durante esta legislatura de tres proyectos legislativos. Son el anteproyecto de Ley de Gestión del Litoral y las Costas Canarias para ejercer la competencia otorgada por el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de 2018, el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias Instrumento de Ordenación; y el Plan Canario de la Vivienda 2026-2031.

Por su parte, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, con Matilde Asián al frente, ha planificado la aprobación de 14 textos de naturaleza legal, además de 28 reglamentarios. Entre los de naturaleza legislativa destacan los siguientes: modificación de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias; modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril; modificación de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo; decreto ley para prorrogar la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para la recuperación de diversas actividades en la isla de La Palma y para combatir los efectos del COVID-19; modificación de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado Next Generation EU; y el anteproyecto de la Ley Estadística de Canarias.

En cuanto a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el área dirigida por Nieves Lady Barreto se plantea tramitar durante la XI Legislatura cuatro iniciativas de naturaleza legal y 22 reglamentarias. Las legislativas son anteproyecto de Ley del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, anteproyecto de Ley de Policías de Canarias, y anteproyecto de Ley de Función Pública.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha programado la tramitación durante la presente legislatura de cuatro textos legislativos y 24 reglamentarios. Los de naturaleza legal son el proyecto de Ley para adaptar a la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, la Ley canaria del ejercicio de los servicios deportivos, el proyecto de mecenazgo deportivo y la modificación de la Ley de 1987 de Consejos Escolares.

Actualización de la estructura legislativa

Además, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de Manuel Miranda se ha marcado como objetivo de la legislatura la tramitación de cinco leyes o decretos leyes y de 10 textos de naturaleza reglamentaria. Las iniciativas de naturaleza legal son las siguientes: Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias; Ley digitalización de los espacios naturales protegidos de Canarias; Ley del sistema de Protección Civil y Emergencia de Canarias; Ley de lectura única para la modificación del Anexo de Reclasificación de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Espacios Naturales de Canarias; y decreto-ley de Seguridad en playas y zonas de baño marítimo de Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León Proyecto incluye en el programa normativo aprobado por el Consejo de Gobierno tres proyectos de naturaleza legal y cuatro reglamentaria. Los del primer tipo son el de Ley de ordenación del uso turístico de viviendas ya en trámite; la Ley de Ordenación de campings, zonas de acampada, autocaravanas y similares; y la Ley de Turismo.

Por su parte, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura que encabeza Migdalia Machín incluye en sus planes la tramitación durante la XI Legislatura de cinco proyectos de naturaleza legal y 12 reglamentaria. Los de naturaleza legal contemplados son los siguientes: Ley de Patrimonio Documental de Canarias; modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias; la Ley de reconocimiento de la universidad privada Universidad Tecnológica de las Islas Canarias ya aprobada; la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario; la Ley del Sistema Universitario de Canaria; y la Ley Canaria de la Ciencia.

En cuanto a la Consejería de Transición Ecológica y Energía liderada por Mariano Hernández Zapata, el programa de actuaciones contempla la tramitación de cuatro iniciativas de naturaleza legislativa, además de una de naturaleza reglamentaria. Las primeras son la modificación de la Ley de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de canarias; la ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias; la ley de Montes de Canarias; y la ley de Economía Circular.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, con Candelaria Delgado al frente, prevé tramitar cinco normativas legales y 12 de naturaleza reglamentaria. Las de carácter legal son la Ley de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia; la Ley de modificación de la de Participación de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones; la Ley de modificación puntual de la de Servicios Sociales; la Ley de Accesibilidad Universal; y la modificación de la Ley del Voluntariado.

El departamento dirigido por Esther Monzón, la Consejería de Sanidad, incluye en el programa normativo del Gobierno para la legislatura cuatro iniciativas de naturaleza legal y 29 reglamentarias. Las legislativas son las siguientes: anteproyecto de Ley de Creación de la Agencia Canaria de Salud Pública; propuesta de modificación de Ley de Ordenación farmacéutica de Canarias; anteproyecto de Ley de Creación de Mapa Sanitario; y anteproyecto de Ley de Creación de Mapa Farmacéutico.

Por último, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, cuyo titular es Narvay Quintero, trabaja en 3 proyectos de naturaleza legal y en 12 reglamentarios. En el primer grupo están la modificación de la Ley Agraria de 2003; la de la Ley de Pesca de Canarias; y la Ley de Actividades Subacuáticas.

 

 

 

Bienestar Social destina 1,5 M€ a financiar siete programas dirigidos a reducir la pobreza y la exclusión social

El Consejo de Gobierno autoriza una partida que permitirá conceder subvenciones directas para costear estas iniciativas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, la concesión de un conjunto de subvenciones de carácter directo para financiar siete programas de interés social por un importe que asciende a un total de 1.580.000 euros.

En concreto, se aprobó destinar una ayuda directa de 300.000 euros al programa ‘Comedor Social de Santa Cruz de Tenerife’, que gestiona el Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife, así como otra subvención por el mismo importe al programa ‘Hogares de Acogida de Familias y Jóvenes Extutelados’, que está a cargo de la Asociación Nuevo Futuro.

Además, se destinará una ayuda de 200.000 euros a los programas ‘Por una Mesa Repleta de Nutrientes’, que gestiona Banco de Alimentos de Tenerife; ‘Refuerzo a la Cobertura de Necesidades Básicas’, que realiza Cruz Roja; ‘Contribución Alimentaria y de Productos de Higiene’, que impulsa el Banco de Alimentos de Las Palmas, e ‘Intervención psicoterapéutico-educativo-familiar’, de la Fundación Canaria Centro de Orientación Familiar de Canarias.

Por su parte, el programa ‘Lucha contra la Pobreza’, que impulsa la Obra Social de Acogida y Desarrollo, contará con una subvención de 180.000 euros.

“Desde la Consejería de Bienestar Social estamos realizando un esfuerzo ímprobo por llegar a las personas en situación de vulnerabilidad. Nunca es suficiente, pero estamos reforzando algunos programas, como las partidas dirigidas a bancos de alimentos, que las hemos duplicado este año”, precisó la titular del departamento, Candelaria Delgado.

Para la concesión de estas ayudas, se ha valorado que las actuaciones a financiar respondan a la naturaleza de actuaciones dirigidas a la reducción de la pobreza y la exclusión social en Canarias. Además, están encuadradas en los supuestos recogidos en la Orden del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de fecha 30 de junio de 2023 que recoge la subvención nominativa a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del Programa de Lucha contra la Pobreza y Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Todos los proyectos a los que van destinadas estas ayudas directas están desarrollados por entidades que cuentan con una reconocida experiencia en el área social y llevan años trabajando la creación y mantenimiento de recursos específicos y comunitarios en el archipiélago, especialmente en la atención integral de las personas más desfavorecidas de la región.

Sanidad destina más de cinco millones de euros a la adquisición de material desechable de enfermería

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería a destinar un total de 5.166.106,87 de euros a la compra de estos fungibles para los centros del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó, en su sesión de este lunes, 20 de mayo, a la Consejería de Sanidad a destinar 5.166.106,87 de euros a la segunda prórroga del Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) para el suministro de material desechable de enfermería, con destino a los centros del Servicio Canario de la Salud.

La contratación se realizará mediante el procedimiento de compras centralizadas por un período inicial de vigencia de doce meses, prorrogable hasta un máximo de 48.

Este sistema se estableció en junio de 2022 para el suministro de diverso material desechable de enfermería con destino a los centros sanitarios, fecha en la que se declaró la primera admisión de empresas, con un plazo inicial de doce meses susceptibles de ser prorrogado hasta un máximo de 48 meses.