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El Gobierno aprueba la repotenciación de la línea eléctrica entre Granadilla y Arona

Se ordena la modificación del planeamiento incompatible con este proyecto en los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Arona

El Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la ejecución del proyecto denominado Repotenciación de la línea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, doble circuito, S.E. Granadilla-S.E. Arona (adecuación del tramo aéreo), promovido por Red Eléctrica de España en los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Arona.

También se ha aprobado ordenar la modificación del planeamiento incompatible con el mismo en función del procedimiento regulado en el el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, un procedimiento excepcional que tiene por objeto eximir de licencia urbanística a determinados proyectos de instalaciones eléctricas que hayan sido declarados de interés general por la Consejería.

El proyecto de Red Eléctrica de España aumentará la capacidad de transporte de la línea eléctrica de alta tensión de doble circuito existente entre las subestaciones de Granadilla y Arona, pasando de 74 MVA a 98 MVA, para lo que se ha considerado un incremento de la temperatura máxima de operación de 50º C a 85º C.

Los análisis de cumplimiento de las distancias mínimas reglamentarias al terreno y cruzamientos, por la nueva temperatura máxima de operación, concluyen que resulta necesaria la elevación de los conductores mediante el recrecido de los actuales apoyos nº T-26 y T-41 de la línea de transporte.

Considerando que esta línea eléctrica presenta sobrecargas en determinadas situaciones de explotación, el aumento de su capacidad de transporte a través de este proyecto hace que esta actuación sea crítica para el sistema eléctrico canario.

Además, el aumento de la capacidad de transporte permitirá facilitar la integración en esta red de la energía renovable generada en la zona, eliminando la necesidad de conectar la turbina de gas de Arona, lo que conllevará una considerable reducción de los costes para el sistema y una importante mejora en el suministro.

El Gobierno aporta 2,6M€ al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife

En el primer semestre de 2023, abona más de 8,6 millones a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y autoriza libramientos de las dotaciones consignadas en los presupuestos para el Parlamento por casi 35 millones de euros

La Consejería que dirige Julio Pérez no ha autorizado gastos correspondientes a subvenciones corrientes y de capital nominadas, ni aportaciones dinerarias de capital nominadas, por importe superior a dos millones de euros, durante el citado periodo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno que, en el primer semestre de 2023, su departamento aportó 2.680.101 euros al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife y 8.642.669 euros a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), y libró las dotaciones consignadas en los presupuestos de este ejercicio para el Parlamento de Canarias por valor de 34.992.660 euros.

De esta forma, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cumple con el deber de dar cuenta al Gobierno de Canarias de las autorizaciones de gastos de cuantía superior a dos millones de euros cuando se refieren a subvenciones y aportaciones nominadas, tanto de corriente como de capital, tal y como establece el artículo 26.1 de la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023.

Dicha dación de cuentas supone un trámite exigido por la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 y constituye, asimismo, un acto ejecutivo de tramitación ordinaria que no implica el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni condiciona o compromete los que deba fijar el nuevo Gobierno de Canarias.

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife, también conocido como Consorcio de Bomberos de Tenerife, dispone de cinco parques de bomberos profesionales y coordina 9 parques de voluntarios con presencia de 44 bomberos de guardia permanente las 24 horas de los 365 días del año que velan por la seguridad de la ciudadanía.

De GSC, empresa pública adscrita a la consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad del Gobierno de Canarias, depende el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que el año pasado atendió a un total de 562.074 personas que demandaron ayuda en cualquier punto de Canarias, estando un 40% en situación de peligro inminente para la vida, los bienes o los derechos. Esto supone un incremento del 8% respecto al año 2021.

Julio Pérez también ha comunicado al Consejo de Gobierno que no ha autorizado gastos correspondientes a subvenciones corrientes y de capital nominadas, ni aportaciones dinerarias de capital nominadas por importe superior a dos millones de euros, durante el citado periodo.

Subvención de 900.000€ a la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui para los campamentos del Tinduf

El Consejo de Gobierno decide conceder la ayuda directa por su carácter humanitario, por la experiencia de la entidad en ese ámbito y por sus contactos con las organizaciones locales, lo que facilitará el desarrollo del proyecto

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la concesión de forma directa de una subvención de 900.000 euros por razones humanitarias a la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS), con el fin de costear el proyecto de los campamentos de refugiados del Tinduf.

La iniciativa la ha instruido la Dirección General de Relaciones Exteriores del Ejecutivo autonómico tras la solicitud presentada por dicha entidad. La ayuda se cubre con el Plan Estratégico de Subvenciones de la Presidencia del Gobierno para el periodo 2023-2025, que se aprobó por resolución de la Viceconsejería de la Presidencia de 27 de febrero de 2023.

El Gobierno regional opta por esta entidad debido a su experiencia en ese ámbito y sus contactos con las organizaciones locales, lo que facilitará el proyecto. Por estas razones, se consideran acreditados los motivos de carácter humanitario que dificultan su concesión por convocatoria pública y que justifican la concesión directa de la subvención.

Solicitado dictamen al Consultivo sobre la nueva regulación de los Centros de Profesorado de Canarias

Las modificaciones normativas de los últimos años, así como el avance de las tecnologías digitales, hacen necesario modificar de manera sustancial el contenido de la norma que determina la creación, organización y funcionamiento de los CEP mediante un nuevo reglamento

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy, jueves 6 de julio, a instancias de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, tomar en consideración y solicitar dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los Centros del Profesorado (CEP) en las islas, que servirá para actualizar la norma actual a la realidad presente.

Estos centros surgieron en virtud del Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se reguló su creación, organización y funcionamiento. Se concibieron como núcleos de dinamización pedagógica con el objetivo de facilitar medios humanos y materiales al personal docente que busca la renovación y la actualización en métodos, estrategias y dinámicas de trabajo para conformar un nuevo perfil del profesorado.

Con el tiempo, los CEP se han convertido en referentes para la adaptación continua de la escuela a los cambios de la sociedad a la que sirve a través de la innovación, la investigación y la experimentación, al promover el desarrollo de prácticas para el cambio hacia una educación inclusiva, que responda al enfoque competencial de la enseñanza, que integre el aprendizaje de valores y que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la participación y la continuidad del alumnado. Compartir esta misión requiere de los CEP estrategias de coordinación eficaz, de trabajo en red y de formación compartida en el ejercicio de la función asesora, adoptando estilos de desempeño que permitan abordar los retos de esta nueva realidad.

Desde entonces, se han producido distintas modificaciones normativas en materia educativa, como la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), o la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, entre otras, además del avance experimentado en estos años de las tecnologías digitales, que han transformado las formas de comunicación, difusión y acceso a la información, así como la construcción del conocimiento, lo que ha hecho indispensable la adquisición de la competencia digital, entre otros aspectos.

En consecuencia, esta medida se justifica en la complejidad que encierra la labor de los equipos pedagógicos para integrar todos los requerimientos mencionados, y también en la necesidad de adaptar la normativa al nuevo panorama, que afecta a la organización y al funcionamiento de los CEP, al perfil de las personas que componen dichos equipos, a las competencias asociadas a ese perfil, a los nuevos enfoques de la labor de asesoramiento y al procedimiento de acceso a la función asesora.

Por todo ello, es preciso modificar de manera sustancial el contenido del mencionado Decreto  mediante una nueva norma reglamentaria que lo sustituya y que actualice su contenido normativo.

Así, la Comisión de Coordinación Permanente reemplazará al Consejo General con la finalidad de que los centros educativos continúen contando con un espacio de participación en la toma de decisiones que les garantice la transferencia a sus comunidades educativas de información, recursos y orientaciones facilitadas por los equipos pedagógicos, así como también proponer criterios para la elaboración de la Programación Anual de actividades, trasladar al Consejo de Dirección las necesidades formativas del profesorado de sus centros o constituir comisiones de trabajo, entre otras funciones.

El Gobierno de Canarias constata el fin de la situación de alerta sanitaria por la covid-19 en Canarias

En la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves se aprobó el acuerdo por el que se constata la finalización de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y la gestión de la pandemia de la covid-19 en Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias en funciones, en su sesión celebrada este jueves, día 6 de julio, aprueba un acuerdo por el que se constata la finalización de la vigencia de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y la gestión de la pandemia de la covid-19 en Canarias.

Esta finalización acordada en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy se toma tras la declaración de la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 en el ámbito nacional, producida legalmente el 5 de julio de 2023, conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de julio.

Este acuerdo tomado hoy por el Gobierno regional en funciones será publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Autorizado el pago de 47,5 millones a los cabildos para potenciar el transporte público terrestre en las islas

Consejo de Gobierno de Canarias.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con esta autorización, dispone de 58,2 millones para su distribución entre las distintas operadoras del sector

El Consejo del Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda en funciones, Sebastián Franquis, una partida de 47,5 millones de euros, correspondientes a dos líneas de subvenciones habituales, para financiar el transporte público terrestre durante el año 2023 con el objetivo de potenciar y garantizar la operatividad del sistema de transporte de viajeros por carretera en el Archipiélago.

El Gobierno de Canarias, en coordinación con los cabildos, fomenta y promueve el transporte público destinando una partida de 47,5 millones de euros correspondiente a la subvención anual del Estado, recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que se destina a financiar el transporte terrestre de la Comunidad. Se trata de una subvención anual que la Consejería transfiere a los cabildos insulares, ya que son estas instituciones las que tienen delegadas las competencias en el transporte regular terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para que estos los distribuyan entre las operadoras de cada isla. Sin embargo, en el caso de la isla de Tenerife las competencias se dividen entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por eso la partida destinada a esta isla también se divide en dos.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con esta autorización de hoy, dispone ya de 58,2 millones de euros para su distribución entre las distintas operadoras del sector en las islas ya que hace una semana el Consejo autorizó también la distribución de otros 10,7 millones de euros entre los cabildos con cargo a la gestión del Bono Residente Canario.

El importe de los 47,5 millones de la partida estatal autorizados hoy por el Consejo se distribuye en cada isla de la siguiente forma:

 

Corporación local Importe
Cabildo Insular de El Hierro 1.001.500,00 €
Cabildo Insular de Fuerteventura 2.490.500,00 €
Cabildo Insular de Gran Canaria 19.473.000,00 €
Cabildo Insular de La Gomera 1.204.000,oo €
Cabildo Insular de Lanzarote 2.471.250,00 €
Cabildo Insular de La Palma 2.421.750,00 €
Cabildo Insular de Tenerife 16.090.500,00 €
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2.337.500,00 €

 

Con la otra subvención, la correspondiente al Bono Residente Canario, dotada con 10,7 millones de euros financiados por fondos propios de la Comunidad Autónoma, el Ejecutivo garantiza también la operatividad del sistema de transporte público. La bonificación del conocido como Bono Residente Canario, además de incentivar el uso del transporte público por parte de la población, promueve el uso de las tecnologías de la información en las operadoras de guaguas y tranvía.

La aportación del Gobierno de Canarias a los cabildos insulares a través de este Bono Residente se distribuye de la siguiente manera: los cabildos de Gran Canaria y Tenerife recibirán una dotación de 4,28 millones de euros cada uno, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma 536.000 euros y, por último, El Hierro y La Gomera contarán con 250.000 euros para este ejercicio anual.

Con esta partida global de 58,2 millones de euros, la Consejería quiere impulsar la movilidad sostenible en las islas financiando a las compañías de transporte regular colectivo urbano e interurbano de pasajeros, tanto en guaguas como en tranvía que operan en Canarias, que podrán emplear esta subvención tanto para financiar gastos de explotación como para garantizar las bonificaciones del Bono Residente Canario en cada isla.

El Gobierno autoriza una partida de 10,5 millones de euros para las becas universitarias del nuevo curso

La Consejería inicia así la tramitación de la convocatoria de estas ayudas para el próximo periodo lectivo, 2023-24

El Gobierno de Canarias autorizó hoy, jueves 29 de junio, un gasto plurianual de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes destinado al gasto de la convocatoria de becas universitarias para el curso 2023/2024 por importe de 10.500.000 euros, lo que supone el inicio de la tramitación de estas ayudas para el próximo año lectivo. En concreto, al cuantía correspondiente a 2023 asciende a tres millones de euros, mientras que la de 2024 suma 7,5 millones de euros.

Estas becas están destinadas al estudiantado universitario que resida en las islas y que esté matriculado en enseñanzas oficiales de grado o máster, en universidades públicas canarias, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o en universidades públicas del resto del territorio español, siempre que los estudios no puedan cursarse en el archipiélago.

Estas ayudas tienen por objeto sufragar los gastos derivados del pago de las tasas universitarias, el transporte y la residencia de quienes no cumplan con los requisitos para beneficiarse de todas, o algunas, de las modalidades de las becas que convoca el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y que se encuentren realizando estudios universitarios.

El Gobierno destina más de 8,3 millones en 2022 a Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias

El año pasado también aportó 2.552.477 euros al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife

El 1-1-2 Canarias atendió en 2022 a 562.075 personas que demandaron ayuda urgente y gestionó 576.810 incidentes en el archipiélago, lo que supone una media diaria de 1.580 y un promedio mensual de 48.068

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno que, en el ejercicio 2022, su departamento aportó 8.319.819 euros a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y 2.552.477 euros al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife.

De esta forma, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cumple con el deber de informar al Gobierno de Canarias de las autorizaciones de gastos de cuantía superior a dos millones de euros cuando se refieren a subvenciones y aportaciones nominadas, tanto de corriente como de capital, tal y como establece el artículo 27.1 de la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.

A Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, empresa pública dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, está adscrita el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que el año pasado atendió a un total de 562.074 personas que demandaron ayuda en cualquier punto de Canarias, estando un 40% en situación de peligro inminente para la vida, los bienes o los derechos. Esto supone un incremento del 8% respecto al año 2021.

En 2022 se gestionaron 576.810 incidentes en el archipiélago, lo que supone una media diaria de 1.580 y un promedio mensual de 48.068 incidentes. Para dar respuesta a los 576.810 incidentes, el CECOES 1-1-2 activó el año pasado un total de 536.025 recursos de emergencias. Más de la mitad (56,1%) fueron de tipo sanitario; mientras que el 35,5% correspondieron al sector de seguridad ciudadana, lo que incluye medios de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Cuerpo General de la Policía Canaria. En lo que se refiere al sector de extinción de incendios, salvamento y rescate, las salas operativas activaron 25.414 recursos, lo que supuso el 4,7% del total de activaciones, y el resto están relacionados con otro tipo de servicios.

Por su parte, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento Isla de Tenerife, también conocido como Consorcio de Bomberos de Tenerife, dispone de cinco parques de bomberos profesionales y coordina 9 parques de voluntarios con presencia de 44 bomberos de guardia permanente las 24 horas de los 365 días del año que velan por la seguridad de la ciudadanía.

El Gobierno aprueba los trabajos de emergencia para evitar desprendimientos sobre la GM-1 en Valle Gran Rey

El consejero en funciones, Sebastián Franquis, informa también de la tramitación por la vía de urgencia del servicio para la redacción del proyecto de trazado de un nuevo falso túnel en ese tramo de la carretera

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda en funciones, Sebastián Franquis, a la obra de emergencia para la  estabilización y protección contra desprendimientos a ejecutar en las laderas de la GM-1, a la salida de Vale Gran Rey. La Consejería ya había declarado hace una semana la emergencia de la actuación, que ha sido autorizada hoy por el Consejo, en esta zona lindante con la carretera de interés regional por lo que ya se ha procedido a contratar los trabajos y se han empezado a ejecutar las obras.

Las obras ya en marcha han sido contratadas por esta vía de emergencia a la empresa Conservación, Asfalto y Construcción SAU con un presupuesto estimado de 3.220.735 euros. Los trabajos consistirán en dotar a las laderas que están a la carretera de acceso a Valle Gran Rey de un mallado dinámico para evitar la caída de piedras de grandes dimensiones, como ocurre de forma habitual cuando hay lluvias fuertes, como ocurrió en febrero de este mismo año. Se va a actuar en un tramo de 400 metros a la altura del kilómetro 58 de la GM-1 en la zona conocida como Barranco Seco.

Los informes técnicos de la Consejería consideraban que la actual situación de las laderas supone un grave peligro para la seguridad de las personas y los vehículos que circulan por el kilómetro 58 de la GM-1, y que precisa una actuación inmediata antes de que se produzcan nuevos  desprendimientos como los acontecidos en febrero pasado. Por eso, se justifica que las actuaciones necesarias para la protección contra desprendimientos y la estabilización del talud se contraten con arreglo a lo previsto en el artículo 120 de la vigente Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por el procedimiento de tramitación de emergencia.

Además, en el mismo Consejo de Gobierno de hoy, el consejero en funciones Sebastián Franquis ha dado cuenta de la declaración de urgencia que su departamento ha otorgado a la tramitación de del expediente de contratación de los servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la actuación GM-1. Falso túnel de Valle Gran Rey P. K. 58. Isla de La Gomera. Se trata de una intervención contemplada en el actual Convenio de Carreteras y consensuada entre la Consejería y el Cabildo de La Gomera junto con el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, con la que se pretende poner fin de forma definitiva al problema de los desprendimientos.

Tras concederle el carácter de urgente, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, los plazos se abrevian por lo que la Consejería podría licitar esta redacción de proyecto el próximo otoño.

Aprobado un gasto de 22 millones para la adquisición de medicamentos de uso humano en la red de hospitales

El suministro se compone de los principios activos adalimumab (20, 40 y 80 mg), trastuzumab y rituximabse, y se licitará en régimen de contratación centralizada

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 22.700.902 euros con destino a la contratación de un suministro de medicamentos de uso humano compuesto por los principios activos adalimumab (20, 40 y 80 mg), trastuzumab y rituximab, para abastecer las necesidades asistenciales de la red de hospitales del Servicio Canario de la Salud.

El expediente se licitará en régimen de contratación centralizada y la suscripción de los correspondientes acuerdos marco, conforme a la Orden nº 90 de la Consejería de Sanidad de 21 de febrero de 2019, relativa al aprovisionamiento centralizado de determinados bienes de naturaleza sanitaria, como los medicamentos genéricos de uso humano de gran impacto económico.

El presupuesto de la licitación se ha calculado teniendo en cuenta las previsiones de consumo de estos medicamentos por los nueve hospitales del SCS durante un periodo de dos años, si bien los contratos resultantes contemplarán una prorroga por otras dos anualidades.