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El Ejecutivo aprueba el proyecto de decreto por el que se crea el Comité para la Igualdad Social

También acuerda la remisión del proyecto de decreto al Consejo Consultivo para su perceptivo informe

El Comité será el encargado de garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones que gestionan servicios, orientación y asesoramiento para personas trans e intersexuales

El Gobierno de Canarias ha tomado hoy en consideración el proyecto de decreto por el que se crea el Comité Consultivo para la Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento.

Asimismo, acuerda su remisión al Consejo Consultivo de Canarias para recabar su preceptivo dictamen.

Según se establece en el proyecto de decreto, el Comité se constituye como un órgano colegiado de consulta, participación ciudadana y mecanismo de seguimiento para la evaluación de las medidas adoptadas en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, y estará adscrito a la Consejería del Gobierno de Canarias con competencias en materia de diversidad.

Entre sus funciones, estarán las de garantizar la participación de las asociaciones y organizaciones especializadas en la gestión de los servicios de responsabilidad pública de orientación y asesoramiento previstos en la normativa, para adecuarlos a las necesidades reales de las personas trans e intersexuales; realizar el seguimiento y evaluación sobre la efectividad de las medidas adoptadas en la ley, para la protección integral de las personas trans e intersexuales en el ámbito de las competencias autonómicas, y elevar conclusiones o propuestas de mejora y adaptación a los servicios o administraciones competentes sobre la base de los hechos que se constaten y las necesidades reales de las personas trans e intersexuales.

Además, será responsabilidad del Comité la elaboración anual de un informe sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la Ley de Igualdad Social y no Discriminación por razón de identidad de género que será remitido al Parlamento de Canarias, así como servir como un canal de consulta para cuantas medidas estimen oportuno realizar los poderes públicos canarios, en relación con la igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, a la vez que aprobar las normas de funcionamiento interno del Comité en desarrollo de lo establecido en este reglamento.

El Gobierno acuerda un nuevo incremento de la partida para ayudas de libros de texto por valor de 900.000 euros

Consejo de Gobierno de Canarias

Esta acción completa la transferencia de 800.000 euros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que el Ejecutivo autonómico acordó la semana pasada, con lo que la cifra destinada a ese concepto el próximo curso
llega a 9,6 millones de euros

El Gobierno autorizó hoy, jueves 22 de junio, incrementar en 900.000 euros la partida destinada a las ayudas dirigidas a la adquisición y préstamo de libros de texto y material didáctico, con la finalidad de dar cobertura así a las familias beneficiarias de esta medida en convocatorias anteriores cuya situación económica no haya variado.

Esta acción complementa la transferencia de 800.000 euros de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para esta misma finalidad, que el Ejecutivo autonómico acordó en Consejo de Gobierno la semana pasada. Con esta nueva cuantía la cifra destinada a este concepto ascenderá a 9.685.000 euros el próximo curso.

Esta medida está dirigida a compensar las situaciones socioeconómicas desfavorables y contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades. Alrededor de 70.000 alumnos y alumnas del 2º Ciclo de Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Formación Básica y Adaptada se acogen cada curso a estos fondos.

Si bien, cada curso se hace preciso contar con estas ayudas para la adquisición de libros y material didáctico, en el periodo lectivo 2023-2024 resulta imprescindible dado que todas las enseñanzas no universitarias se incorporarán al pleno desarrollo normativo y de ordenación curricular de la nueva ley educativa, la LOMLOE, por lo que el alumnado requerirá de nuevos materiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Autorizada la subvención de 10,7M€ a los cabildos para impulsar el transporte público de viajeros por carretera

La Consejería de Transporte eleva este año la aportación de esa ayuda, con la que se financia el Bono Residente Canario para fomentar el uso de este título de viaje que se emplea de forma masiva para beneficiarse del transporte gratuito en las islas

El Consejo de Gobierno, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en funciones Sebastián Franquis, ha autorizado hoy a la Dirección General de Transportes el reparto entre los siete cabildos canarios de los 10.720.000 millones de euros de la anualidad 2023 correspondientes al Bono Residente Canario, una subvención que el Ejecutivo activa para impulsar el uso del transporte público entre la ciudadanía. Estos fondos se repartirán posteriormente, a través de los cabildos, entre las empresas de líneas regulares de guaguas y tranvía de las siete islas, para compensarlas por el uso que hacen los pasajeros del Bono Canario en sus vehículos.

Esta subvención que se otorga anualmente a los cabildos experimenta este año una ampliación en 720.000 euros para compensar, en parte, el uso masivo que se está haciendo de este título de viaje en todas las islas gracias a la gratuidad del transporte público terrestre que estará en vigor todo este 2023. En concreto, el Consejo ha autorizado hoy el gasto de una partida 8,5 millones de euros que forman parte de la subvención global de 10,7 millones, y que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda repartirá a partes iguales entre los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, las islas con más demanda de viajes y más abonados. Los cabildos de estas dos islas distribuirán luego los 4,28 millones que le corresponden a cada una entre las compañías de transporte público que operan en su territorio.

Los algo más de dos millones de euros restantes de la subvención se repartirán, sin necesidad de autorización previa del gasto, entre los cabildos de las otras cinco islas. De esta forma, el reparto de la subvención en las islas no capitalinas se establece de la siguiente forma: 536.000 euros para cabildos de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote; y 250.000 euros para los cabildos de El Hierro y La Gomera. Este reparto se realiza según los acuerdos alcanzados con los cabildos en función al número de habitantes de cada isla y a los usuarios del transporte público en ellas

El Bono Residente Canario, tras consolidarse en el Archipiélago como una alternativa eficaz y económica, se ha convertido este año también en la herramienta prioritaria para la implantación en el Archipiélago de la gratuidad del transporte terrestre que está en vigor desde el 1 de enero pasado. El número de usuarios de este título de viajes válido para guaguas y tranvías se ha multiplicado de forma destacada gracias a las políticas de fomento del transporte terrestre gratuito impulsadas por los gobiernos de España y de Canarias en el último año debido a la crisis económica generada por la guerra en Ucrania y el precio de los combustibles. Gracias a las subvenciones de ambas administraciones (el Estado aporta 81 millones de euros para financiar la gratuidad del transporte terrestre en las islas), se garantiza el uso sin coste alguno para miles de viajeros que usan las guaguas o el tranvía más de 15 veces al mes.

Con la autorización aprobada hoy, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda agiliza también los trámites de este abono para facilitar a las empresas de transporte terrestre poder disponer de este dinero con celeridad y contribuir a la reactivación del sector para superar la crisis económica generada por la guerra en Ucrania.

Además, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda tramita también ya la concesión de otra subvención a los cabildos por valor de 47,5 millones de euros correspondientes a la aportación ordinaria que cada año realiza la Administración General del Estado para financiar el sistema de transporte público terrestre en las islas, y que ya ha sido transferida a la Comunidad Autónoma.

El Gobierno atribuye a Modernización la implantación del canal interno para informar sobre casos de corrupción

Está dirigido a los trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación…, que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas

Debe diseñarse, establecerse y administrarse de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, atribuir a la a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la gestión para la implantación del canal interno de comunicación que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que entró en vigor el pasado 13 de marzo.

Esta ley, que proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, los conocidos como whistleblower, pretende amparar a los ciudadanos y ciudadanas que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada.

Su finalidad es proteger, frente a las represalias que puedan sufrir, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma. Es decir, que informen sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, entendiendo como tal todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

Dentro de las claves de esta normativa, está la implementación de dos canales de información de situaciones de corrupción, uno interno y otro externo. Estos deben diseñarse, establecerse y administrarse de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante.

El interno es para todos aquellos trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación, etc., que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas. El externo es para cualquier persona en conocimiento de actos de corrupción, que podrá ser propio de la Comunidad Autónoma o ser el que la Autoridad Independiente de Protección del Informante del Estado implemente. Ambos deberán garantizar tanto la información verbal como por escrito.

Están obligados a implementar canales internos el sector público y las empresas que tengan más de 50 empleados, y las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. En el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir el sistema y los recursos entre sí o con otras administraciones.

La ley también obliga a disponer de un canal interno de información a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de trabajadores.

En el caso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 94.1 n) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo, establece que corresponde a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la Inspección de los Servicios.

En idéntico sentido, el artículo 9 del Decreto 163/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Inspectora de la Inspección General de Servicios –la Inspección General de Servicios fue suprimida por el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determinada la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias, asumiendo sus competencias la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios–, establece el objeto de la actuación inspectora y en su apartado primero señala que “La actuación inspectora tiene por objeto la realización de controles internos de legalidad, eficacia y eficiencia”.

En relación con el control de legalidad, el artículo 10 del citado decreto establece, en primer lugar, que el control de legalidad tiene por objeto velar por el pleno sometimiento de la actividad de los servicios administrativos y del personal de la Administración autonómica de Canarias y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella a las disposiciones legales vigentes.

Además, señala que este control comprende, entre otras, las siguientes actuaciones: a) Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en los términos previstos en el apartado 1; b) Determinar las disfunciones existentes y proponer las medidas correctoras oportunas; y c) Realizar las verificaciones que se estimen precisas, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de los órganos competentes.

Por todo ello, parece adecuado entender que sea la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios el centro directivo competente dentro de la estructura del Gobierno de Canarias para la implantación del canal interno de comunicación que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Respecto a las sanciones, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción fija multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una infracción. Por ejemplo, impedir o dificultar una denuncia, no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar represalias puede suponer una multa de 50.000 euros.

El Gobierno de Canarias otorga una subvención de 300.000 euros para los damnificados en Cuba por el huracán Ian

La partida se utilizará para la entrega de material sanitario a 11 municipios de Pinar del Río, la provincia afectada por las intensas lluvias y vientos

El Ejecutivo autonómico también aprueba la concesión de 200.000 euros al Club Deportivo Todo Sport por la organización de la 47 edición del Rally Islas Canarias

El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria aprobó la concesión de una subvención directa de 300.000 euros por razones humanitarias a favor de la Asociación Social Casa de los Pueblos en Canarias, de Cuba, como ayuda de emergencia ante los daños ocasionados por el huracán Ian en la provincia de Pinar del Río, en la isla caribeña, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2022.

La subvención la otorga la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia y trata de mitigar los efectos de las intensas lluvias y vientos de hasta 205 kilómetros por hora en viviendas, agricultura, sistemas eléctricos, telefónicos y otras infraestructuras en un total de 11 municipios cubanos de Pinar del Río, afectando a 106.128 casas (13.213 con derrumbe total) y unos 47.000 damnificados. La partida se empleará, sobre todo, en la compra de material sanitario, que se trasladará desde Gran Canaria.

Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó otra subvención directa, en este caso por razones de interés público, al Club Deportivo Todo Sport para financiar los gastos de la 47 edición del Rally Islas Canarias por un total de 200.000 euros. En este caso, la subvención la tramita la Dirección General del Gabinete del Presidente. La ayuda se justifica por la dinamización económica en los municipios por los que transcurre la carrera y por el retorno publicitario con el impacto económico que genera esta prestigiosa prueba automovilística.

Juventud incrementa en 30.000 euros la financiación de los campos de voluntariado

Estas actividades constituyen espacios de encuentro en el que las personas jóvenes de diferentes procedencias se comprometen y participan en un proyecto de interés social

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud realizar una ampliación de crédito por un importe de 30.000 euros para dar cobertura a los Campos de Voluntariado Juvenil.

Los Campos de Voluntariado Juvenil se desarrollan desde el año 2013 en Canarias, a través de la Dirección General de Juventud y en coordinación con el Instituto de la Juventud de España y los departamentos del área de las comunidades autónomas españolas, impulsando el intercambio de plazas de todas las instituciones participantes.

El total de plazas ofertadas este año, que se celebra después de tres años sin convocarse debido a la situación de pandemia, es de 44 plazas para jóvenes residentes en Canarias de 18 a 30 años.

Los Campos de Voluntariado Juvenil se conciben como un espacio de encuentro en el que las personas jóvenes de diferentes procedencias se comprometen, de forma voluntaria y desinteresada, a desarrollar durante un tiempo determinado un proyecto de interés social.

Entre las líneas de trabajo de esos campos de voluntariado se contemplan los de investigación, documentación y recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural Canario; Arqueología-Etnografía; Conservación del Medio Ambiente; Dinamización del Ocio y Tiempo Libre, específicamente dirigido a población infantoadolescente; Intervención Socio-Educativa; Integración Social; Audiovisual y Artístico, y Cultural/Animación Sociocultural-Expresión Artística.

Economía ampliará las ayudas a pymes afectadas por la pandemia en 20 millones de euros

Consejo de Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado al departamento de Economía, Conocimiento y Empleo la ampliación hasta los 30,5 millones de euros de la cuantía establecida provisionalmente en la convocatoria publicada el pasado mes de abril para compensar a las pymes canarias, por las inversiones realizadas para superar la crisis sufrida en 2021 y 2022 como consecuencia de la Covid-19

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias publicó a comienzos de abril de este año una nueva línea de ayudas a las empresas que habían realizado inversiones para recuperarse de las pérdidas derivadas de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 en los dos ejercicios anteriores, por un importe ampliable de 10,5 millones de euros.

En concreto, esa línea de abonos, de carácter retroactivo, se dirigió a las pequeñas y medianas empresas del archipiélago, como parte de la respuesta conjunta de la Unión Europea (UE) a la pandemia de covid-19, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios (React-EU).

Una vez analizadas las 1.750 solicitudes recibidas, la Dirección General de Promoción Económica estima que con ese incremento de crédito por una cuantía de 20 millones de euros, hasta alcanzar el crédito definitivo de 30,5 millones de euros, podrá atender todas las solicitudes de subvención presentadas por empresas y personas trabajadoras autónomas que cumplen con los requisitos subjetivos y materiales establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria aprobadas mediante la Orden de 5 de abril de 2023.

Así, el Gobierno entiende que, con los nuevos fondos, justificables dentro del Programa Operativo FEDER Canarias, se logra potenciar el efecto de la finalidad principal de esta iniciativa, como es la reactivación empresarial en Canarias mediante el apoyo a la creación de nuevas pymes y la consolidación de las sociedades existentes, a través de la subvención de proyectos que se hayan destinado a realizar mejoras productivas, innovadoras y organizativas durante el periodo de reapertura de la economía isleña.

Las nuevas ayudas a proyectos ejecutados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 oscilan de 1.500 a 60.000 euros, para gastos subvencionables por un importe mínimo de 10.000 euros, como costes constitutivos y primer establecimiento en el caso de creación de pymes, bienes de equipo necesarios para desarrollar la actividad, inversiones inmateriales (software), acondicionamiento de local o colaboraciones externas en los casos de inversiones tanto innovadoras (desarrollo tecnológico) como organizativas (implantación y certificación de normas).

El Gobierno autoriza la inversión de 40 millones de euros en el soterramiento de la rotonda de Belén María

Con la autorización de hoy la Consejería pone ahora en marcha el procedimiento de contratación para licitar las obras este mismo verano con el objetivo de iniciarlas en otoño

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha autorizado a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, a propuesta del consejero en funciones Sebastián Franquis, el gasto de 40 millones de euros para poner en marcha la licitación de las obras del proyecto del soterramiento y mejora del enlace de Belén María en la GC-1, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Con esta autorización la Consejería inicia ahora el procedimiento para licitar las obras este mismo verano con la finalidad de comenzar los trabajos en otoño.

Según explicó el consejero en funciones Sebastián Franquis durante el consejo de hoy, esta obra forma parte de las actuaciones de mejora de la Avenida Marítima de la capital grancanaria que impulsa el Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para acabar con las retenciones que se producen en varios puntos de la GC-1 a su paso por la ciudad, en este caso, en los accesos a El Sebadal y a la zona portuaria de la capital de la isla.

Aunque la obra tiene un presupuesto base de 36.450.967 euros, la autorización de hoy recoge también la reserva del 10% (3,6 millones) para la certificación final de las obras. El plazo previsto de ejecución de las obras, una vez se firme el acta de replanteo, es de 29 meses.

Se ha planificado esta actuación porque actualmente la glorieta de Belén María presenta problemas de congestión, pues además de ser la entrada y salida al Puerto de La Luz y de Las Palmas, sirve también de puerta al Polígono Industrial de El Sebadal, así como al barrio capitalino de La Isleta. Por todo ello, se plantea la conversión de la actual rotonda en un enlace que resuelva los problemas de congestión actual con el soterramiento de algunas de las vías actuales.

Los técnicos de la Consejería han detectado que los principales puntos de conflicto, en cuanto a la circulación se refiere, de la glorieta de Belén María se sitúa en la confluencia de los tráficos con sentido Avenida Marítima-Isleta, El Sebadal-Avenida Marítima y Puerto-Avenida Marítima. Otro de los puntos conflictivos localizados es el que se encuentra en la confluencia de los tráficos con sentido Puerto-Avenida Marítima y Avenida Marítima-El Sebadal.

Por todo ello se ha optado por soterrar las vías que salen y entran a El Sebadal desde la Avenida Marítima, para que los tráficos procedentes y con destino a la zona industrial circulen con mayor fluidez y no coincidan tampoco con los vehículos pesados que salen de la zona portuaria o los procedentes de La Isleta, tráficos estos que se mantienen en superficie y alrededor de la glorieta, como ocurre actualmente.

Además, el proyecto que ahora saldrá a licitación de obras recoge la compatibilidad con el proyecto de la Metroguagua que impulsa el Ayuntamiento, con la ordenación vigente y, en lo posible, con los usos existentes en el ámbito. Aunque durante la ejecución de la obra será necesario el desmontaje del monumento homenaje a Belén María situado en el centro de la glorieta, al finalizar los trabajos se repondrá en la misma ubicación.

El Gobierno autoriza una transferencia de 800.000 euros destinada a las ayudas de libros de texto

El fin de esta acción es ampliar los fondos dirigidos a esta medida, destinada al alumnado de los centros educativos sufragados con fondos públicos

El Consejo de Gobierno autorizó hoy jueves, 15 de junio, una transferencia de crédito de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para incrementar la partida destinada a las ayudas dirigidas a la adquisición y préstamo de libros de texto y materiales didácticos por un importe de 800.000 euros.

La finalidad de esta acción es ampliar los fondos dirigidos a esta medida, dirigida al alumnado de centros educativos sufragados con fondos públicos. Con esta cuantía la cifra destinada a este concepto el próximo curso ascenderá a 8.785.000 euros.

Derechos Sociales destina 6,2 millones de euros a los ayuntamientos para el desarrollo del Plan Corresponsables

Estos fondos tienen como objetivo afianzar una Red Municipal de Cuidados Corresponsables e incrementar la cartera de servicios que permitan la conciliación de familias con personas menores y jóvenes de 0 a 16 años

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, la concesión de las aportaciones dinerarias a los ayuntamientos canarios destinadas a financiar el desarrollo del ‘Plan Corresponsables’ durante el año 2023,  por un importe de 6.221.009,57 euros.

Además, se aprobó el Protocolo general de actuación entre el Ejecutivo canario y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) al objeto de planificar la distribución de un porcentaje del crédito total consignado a Canarias en el ejercicio 2023 por el Ministerio de Igualdad a cargo del Plan Corresponsables, que se destinarán a los distintos ayuntamientos de Canarias que los soliciten.

Este protocolo tiene como fin  afianzar una Red Municipal de Cuidados Corresponsables e incrementar la cartera de servicios disponibles que permitan la conciliación de familias con niñas, niños y  jóvenes con edades comprendidas entre 0 a 16 años, a través de la contratación de personas en algunas de las categorías profesionales previamente establecidas por el Ministerio de Igualdad (Educación Infantil, Animación Sociocultural y Turística, Enseñanza y Animación Socio-Deportiva, Integración Social, Titulación en Monitorado de Ocio y Tiempo Libre, Auxiliar en Educación Infantil o Jardín de Infancia y otros perfiles de cuidado adecuados).

El total de fondos previsto es de 6.221.009,57 euros, que supone un 65,42% de los 9.508.738,51 euros concedidos por el Estado como dotación total para la anualidad de 2023.

Para el reparto de los fondos se ha  teniendo en cuenta tanto la experiencia de las aportaciones dinerarias a favor de los Ayuntamientos de Canarias con cargo a la dotación de los  años 2021 y 2022, y la capacidad que dicho mecanismo alcanzó de proyección distributiva, así como la capacidad de gestión municipal expresada por los propios municipios en relación con las ejecuciones para el presente ejercicio, teniendo en cuenta igualmente la capacidad de ofrecer respuestas a las necesidades de conciliación por parte de otros agentes sociales.

El Plan Corresponsables, impulsado por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias mediante la corresponsabilidad de la administración en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.

Hay que recordar que este Plan, gestionado por la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, dependiente del departamento regional de Derechos Sociales, está financiado con fondos finalistas procedentes del Ministerio de Igualdad.

Sus acciones se desarrollarán principalmente a través de los municipios, estando destinado a dotar económicamente las actuaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con menores y jóvenes de hasta 16 años de edad, desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, mediante la constitución de bolsas de cuidado profesional y la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados.