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Autorizada la tramitación plurianual de dos programas de empleo que permitirán contratar a más de 1.000 jóvenes

La consejera de Empleo, Elena Máñez, durante la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.

Los planes son ‘Primera experiencia profesional en las administraciones públicas e Investigo’, y prevén la incorporación de 1.100 personas al ámbito de las administraciones públicas o de los principales centros científicos y tecnológicos de las islas, con una inversión de más de 16,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy al Servicio Canario de Empleo, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a tramitar de una sola vez las subvenciones correspondientes a los años 2022 y 2023 de los programas Primera experiencia profesional en las administraciones públicas e Investigo.

Entre ambos programas, financiados con cargo del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, se invertirán 16.607.753,98 euros en este bienio, de los que 8,6 millones corresponden al programa destinado a fomentar la contratación de jóvenes en situación de desempleo y sin experiencia laboral previa, de manera que adquieran competencias y habilidades profesionales en el seno de la Administración pública.

El segundo programa, Investigo, tendrá una dotación ligeramente superior a los ocho millones de euros en estos dos años y se centra en la contratación, durante un año, de jóvenes demandantes de empleo para realizar iniciativas de investigación e innovación.

El Consejo de Gobierno aprueba mantener iguales los precios públicos universitarios para el curso 2022-23

Los precios de las universidades públicas canarias están entre los más bajos del Estado, debido a que el Gobierno canario asume la diferencia entre lo que paga el alumnado y su coste real, abonándolo directamente a las universidades

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, miércoles 3 de agosto, el Decreto por el que se fijan y regulan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las Universidades Públicas Canarias para el curso académico 2022-23.

El documento, presentado conjuntamente por las Consejerías de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, mantiene las tarifas, bonificaciones, becas y exenciones del pago de matrículas del curso pasado.

Los precios de las universidades públicas canarias se encuentran entre los más bajos de España. Esto se debe a que el Gobierno canario asume la diferencia entre lo que paga el alumnado universitario de las islas y su coste real, cuantía que se abona directamente a las universidades.

Por acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, se prorrogan para este periodo lectivo las condiciones acordadas para los cursos académicos 2020-21 y 2021-22, en relación con los límites máximos de los precios públicos de los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales.

La reducción de los ingresos de las universidades públicas por la disminución de los precios desde el curso académico 2016/2017 se compensará a través de los presupuestos de estas instituciones.

El Decreto de precios públicos expresa en su preámbulo la voluntad de dar cumplimiento a la Ley Canaria de igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, a la vez que establece una exención en el pago de los precios públicos para las víctimas de violencia de género.

Tampoco tendrán que realizar su abono las personas beneficiarias de la prestación del Ingreso Mínimo Vital; quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%; las víctimas de terrorismo y quienes se matriculen en las universidades públicas canarias, en virtud de acuerdos de movilidad con centros perteneciente a países no integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior, siempre y cuando se trate de estancias inferiores a un curso académico y que haya reciprocidad en la exención de pago.

El estudiantado procedente de familias numerosas disfrutará de distintos grados de bonificación en función de los miembros de la unidad familiar, desde la gratuidad hasta el 50% del precio estipulado.

Están exentos del abono del precio público en concepto de duplicados de títulos universitarios quienes, como consecuencia de las erupciones volcánicas en La Palma, acrediten haber perdido sus títulos académicos originales emitidos por las universidades públicas canarias.

Respecto a los plazos fijados para el pago de las tarifas, en la modalidad de pago único, el abono deberá efectuarse en el momento de formalizar la matrícula y antes de que finalice el plazo ordinario de matrícula.

En la modalidad de pago fraccionado, el abono deberá efectuarse en seis plazos, en fechas designadas entre los meses de noviembre y abril. El estudiantado de los cursos de acceso a la universidad para personas mayores de 25 y de 45 años que opte por la modalidad de plazos, lo hará en dos pagos.

El Ejecutivo aprueba el proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias

Esta norma regula el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, y adecua la organización, régimen jurídico y funcionamiento de ambas instituciones a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018

También tiene como objeto corregir las deficiencias, insuficiencias y carencias de la Ley 1/1983, que rige desde hace cuarenta años

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, propuesta legislativa que tiene como objeto regular el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, la organización, régimen jurídico y funcionamiento del Ejecutivo de Canarias y de sus relaciones con el Parlamento autonómico, y, asimismo, la iniciativa legislativa y las potestades normativas del Gobierno.

Esta iniciativa se lleva a cabo ante la necesidad de adecuar el régimen, organización y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, instituciones que han estado regidas durante cuatro décadas por la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, primera y única ley aprobada por el Parlamento provisional.

El Ejecutivo canario ha entendido necesario adecuar el régimen, organización y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias tanto como consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se modifican la configuración de ambas instituciones, como por la conveniencia de corregir las deficiencias, insuficiencias y carencias que se han puesto de manifiesto durante la vigencia de la Ley 1/1983.

La propuesta normativa, que ahora deberá ser tramitada por el Parlamento de Canarias, aborda el desarrollo estatutario de dos instituciones básicas del autogobierno de la Comunidad Autónoma con una regulación actualizada y más completa de su régimen, organización y funcionamiento.

Esa reglamentación pone de relieve que al presidente o presidenta, además del desempeño de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, le corresponde la Jefatura del órgano colegiado ejecutivo, lo que le confiere especial relevancia institucional, al detentar la máxima representación de la Comunidad Autónoma de Canarias y, conjuntamente, la representación ordinaria del Estado en esta.

El Gobierno aprueba un gasto de seis millones de euros para la contratación de personal para el programa PROA+

El refuerzo de personal se dirige a centros docentes públicos inscritos en dicha iniciativa, cuyo principal objetivo es reforzar la equidad y apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy miércoles, 3 de agosto, a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el gasto plurianual por importe de 6.056.315,58 euros, para la contratación de 53 profesionales de la Educación Social y 35 Técnicos y Técnicas en Enseñanza Infantil, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de junio de 2024, en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo (PROA+).

El refuerzo de personal se dirige a centros docentes públicos inscritos en dicha iniciativa, cuyo principal objetivo es reforzar la equidad educativa y apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Este Programa se fundamenta en cinco líneas estratégicas (asegurar las condiciones mínimas de educabilidad, apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje, desarrollar actitudes positivas en el centro, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los aspectos relacionados con las competencias clave y aplicar nuevas formas de organización y gestión de los centros educativos orientadas a lograr el éxito educativo) de las que derivan los objetivos del PROA+, que incluyen la mejora de los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales, la reducción de la tasa de repetición escolar, la disminución del número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje y la aminoración de la tasa de absentismo escolar.

Este cuenta con las denominadas “Actividades Palanca”, nueve herramientas que contribuyen a lograr los objetivos del programa y que actúan en ámbitos como la atención temprana, el refuerzo educativo, la digitalización, la participación de las familias, etc. Cada una de estas acciones lleva aparejado un compromiso de participación y ejecución, así como una serie de recursos humanos y económicos asociados de los que se beneficia a la comunidad educativa en su conjunto. Los centros solicitan todas aquellas que consideran adecuadas para atender a sus necesidades específicas.

La consulta de Enfermería de hipertensión pulmonar del Hospital Dr. Negrín atiende a unos 200 pacientes

La educación sanitaria al paciente y familia en el manejo de fármacos que incluyen diferentes vías de administración complejas es uno de los objetivos fundamentales de esta consulta que forma parte de la Unidad Multidisciplinar Vascular Pulmonar (UMVP) del servicio de Neumología del centro hospitalario

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, atiende a través de la consulta de Enfermería de hipertensión pulmonar a unos 200 pacientes que requieren atención y seguimiento continuo. La hipertensión pulmonar es una patología rara y desconocida que presenta una alta mortalidad y que requiere, en ocasiones, recurrir al trasplante pulmonar.

La consulta de enfermería especializada con registros y protocolos específicos para el cuidado de estos pacientes es una parte fundamental de la Unidad. Una vez establecido el diagnóstico médico y decidido el tratamiento, se inicia la fase más importante del rol de la enfermera: la educación sanitaria al paciente y familia en el manejo de fármacos que incluyen diferentes vías de administración complejas, como son, inhalada, infusión subcutánea e intravenosa continua.

Al mismo tiempo, es necesario adecuar el plan terapéutico con el objetivo de conseguir la máxima autonomía y autocuidado del paciente, evitando complicaciones, y aportando calidad y seguridad en los procedimientos. Precisamente, una de las prioridades de la consulta es mejorar la calidad de vida de los pacientes. La telemedicina, con consultas telefónicas de enfermería y video-llamadas, y las actividades grupales, constituyen recursos novedosos con los que mejorar la asistencia y fomentar la figura del paciente experto.

Los tratamientos para la hipertensión arterial pulmonar Grupo I e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) Grupo IV de la clasificación son vasodilatadores pulmonares que pueden actuar por diferentes vías: la del óxido nítrico, la endotelina y la de la prostaciclina. Pueden ser tratamientos orales que precisan titulación y monitorización, inhalados que requieren aprendizaje y seguimiento, y subcutáneos o endovenosos continuos y domiciliarios, que requieren dispositivos para su administración, un gran aprendizaje y compromiso por parte del paciente y un seguimiento continuado por parte de los profesionales. Se han de titular, monitorizar y hacer un seguimiento exhaustivo de los efectos secundarios.

Hospital de Día Polivalente

La consulta, situada en Hospital de Día Polivalente, permite el inicio y titulación de tratamientos con prostaciclinas orales, inhaladas, subcutáneas y endovenosas, evitando así ingresos innecesarios de pacientes. La incorporación de la bomba de infusión implantable ha supuesto un gran avance en la calidad de vida de los pacientes que precisan prostaciclinas parenterales. Los protocolos, basados en evidencia científica, se actualizan sistemáticamente en estrecha colaboración con el área de enfermería respiratoria de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica). La experiencia adquirida durante estos años ha servido, además, para desarrollar diferentes líneas de investigación enfermera.

El Gobierno autoriza un gasto de 6,4 millones para obras de la instalación de equipos de alta tecnología sanitaria

Con esta inversión se acometerán obras de acondicionamiento o de creación de nuevos espacios en los centros hospitalarios para la instalación de equipos de alta tecnología médica

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado este miércoles, día 3 de agosto, autorizó al Servicio Canario de la Salud (SCS) el gasto plurianual de 6.398.024 euros para financiar la contratación de las obras de acondicionamiento, reforma, modificación y refuerzo para la instalación de equipos de alta tecnología sanitaria en Canarias. Esta inversión proviene de los fondos REACT-EU (Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa).

Con esta autorización se dispondrá de los fondos necesarios durante los años 2022 y 2023 para dar cobertura al coste de las obras ya sean de acondicionamiento o de creación de nuevos espacios dentro de los centros hospitalarios por no disponer de ellos, para la instalación de los equipos de alta tecnología médica, cuya puesta en funcionamiento se prevé que se produzca en el mes de septiembre del año 2023.

Según el acuerdo, en 2022 se destinará una partida de 1.502.229 euros, mientras que el próximo año 2023 la inversión alcanzará los 4.895.794 euros.

El Gobierno de Canarias actualiza las exigencias de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas

Otorga a los ayuntamientos, tal y como habían pedido, un plazo adicional de un año para adaptarse a las nuevas medidas

Esta prórroga servirá también para resolver otras dificultades surgidas a la hora de implementar los planes de seguridad y salvamento, como puede ser la financiación

En la Dirección General de Seguridad y Emergencias ya constan 126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles el proyecto de decreto que otorga a los ayuntamientos, tal y como habían pedido, un plazo adicional de un año para adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas de las islas.

Estas exigencias están recogidas en los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con el objetivo de mejorar la seguridad en las playas y otras zonas marítimas del archipiélago, el pasado 22 de julio, previa audiencia de los municipios costeros e informe de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, se procedió a modificar, mediante una orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, para flexibilizar determinados criterios e incidir en los planes de seguridad y salvamento de playas y otras zonas de baño marítimas.

Entre los cambios más importantes introducidos, de acuerdo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), están la posibilidad de que los municipios compartan recursos humanos y móviles en las labores de vigilancia y salvamento, se regula el perfil del técnico redactor que elabore los planes de salvamento y se reafirma que las banderas a utilizar para indicar los diferentes niveles de riesgo sean de color rojo, amarillo y verde, rechazando que existan más, pues se crea confusión y no se ayuda a identificar los colores con los grados de peligro.

Ahora, el proyecto de decreto aprobado este miércoles amplía, de cuatro a cinco años, el tiempo previsto en la disposición transitoria segunda para la aplicación de las nuevas medidas. Esta prórroga, que parte de una solicitud formal realizada por los municipios costeros, es lo más operativo para que los ayuntamientos se adapten a las exigencias del Decreto 116/2018, de 30 de julio, y poder arreglar también otros aspectos como puede ser el financiero.

Y ello, porque los acontecimientos registrados desde su entrada en vigor, el 8 de agosto de 2018 –estado de alarma declarado debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVI-19 y la erupción volcánica en La Palma–, han condicionado la disposición de recursos por parte de algunas corporaciones municipales, que se han visto obligadas a destinarlos a otros fines.

Todo esto justifica la necesidad de ampliar en un año el plazo para que los ayuntamientos implanten los planes de seguridad y salvamento, objetivo principal del proyecto de decreto aprobado este miércoles.

Es preciso recordar que, en las islas, del total de 750 playas y zonas de baño marítimas, según la última revisión efectuada por parte de los ayuntamientos, hay 365 que requieren la elaboración de un plan de seguridad y salvamento y que en la Dirección de General de Seguridad y Emergencias tienen constancia de126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados.

Una cifra que ahora se verá incrementada tras la actualización del Decreto 116/2018, de 30 de julio, efectuada a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de conformidad con las corporaciones municipales.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto de creación del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible

Es un órgano colegiado, adscrito a la Presidencia del Gobierno de Canarias, que tiene como finalidad asesorar, colaborar y ser cauce de participación para el cumplimiento de los retos de la Agenda Canaria 2030

Estará integrado por una representación de distintos sectores de la sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y centros de investigación, y de las administraciones públicas de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta del presidente, Ángel Víctor Torres, y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de decreto por el que se crea el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible (CCDS), así como su reglamento de organización y funcionamiento.

Esta iniciativa está justificada por la necesidad de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, en la que se recoge que su articulación se apoyará en un modelo de gobernanza que dé voz a las partes interesadas clave en la implementación del desarrollo sostenible en Canarias y que permita la correcta coordinación entre ellas.

El órgano máximo en esta competencia será el CCDS, que se constituirá como un órgano colegiado, adscrito a la Presidencia del Gobierno de Canarias, cuya finalidad será asesorar, colaborar y ser cauce de la participación de los agentes territoriales para el cumplimiento de los retos, políticas aceleradoras, prioridades de actuación, objetivos y metas establecidas en la Agenda Canaria 2030.

Según recoge el Reglamento de Funcionamiento del CCDS, entre las funciones y competencias de este nuevo órgano se encuentran asesorar a la Viceconsejería de la Presidencia en la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y dinamización de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la ACDS 2030. Además, generará documentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la consecución de las metas canarias incluidas en la ACDS 2030 y la mejora de los planes de acción de los distintos agentes territoriales, todo ello basándose en datos, información y evidencias fehacientes.

También deberá contribuir a la divulgación y comunicación de la ACDS 2030 al conjunto de la ciudadanía canaria y a situarla en el centro de la identidad de Canarias en el mundo, en la política nacional, europea y multilateral, e impulsar el diálogo y coordinación entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales para contribuir a la construcción de alianzas multiactor, el abordaje de los retos, políticas aceleradoras y prioridades de actuación, y la consecución de los objetivos y metas establecidos en la ACDS 2030.

El Consejo aprueba impulsar la creación de dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía

El consejero de Administraciones Públicas solicita al Gobierno su pronunciamiento sobre la oportunidad, objetivos y principios generales que inspiran la puesta en marcha de esta iniciativa en ambas provincias

La propuesta para poner en marcha de estas dos corporaciones de Derecho Público data de 2014 y atañe a más de 10.500 profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración dos anteproyectos de ley de creación del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas, por un lado, y del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Santa Cruz de Tenerife, por otro, a efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de ambas iniciativas, objetivos y principios generales que inspiran su puesta en marcha.

Las dos propuestas legislativas están amparadas en lo establecido en el artículo 190.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y de acuerdo con lo recogido en el artículo 6 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, y en su reglamento, a probado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, con las modificaciones introducidas por el Decreto 16/1992, de 7 de febrero.

Según esta normativa, desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se considera oportuna la creación de los dos colegios profesionales, para que integren a quienes con la titulación suficiente quieren ejercer profesionalmente la actividad de la pedagogía y psicopedagogía en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, y regule su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva del interés público.

Con ambos anteproyectos de ley se da cumplimiento a los principios de buena regulación ya que son respetuosos con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad. A su vez la creación de los dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía está justificada por una razón de interés general, toda vez que como corporaciones de Derecho Público de adscripción voluntaria no solo representará y defenderá los derechos de las personas profesionales colegiadas, sino que tutelará y protegerá los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios ofrecidos por aquellas, ordenando el ejercicio de su actividad y su control deontológico.

El Gobierno autoriza un gasto plurianual de más de 8,5 millones para la gestión de los fondos europeos del MRR

El destino de este dinero es dotar los puestos de tres Unidades Administrativas Provisionales (UAP) incluidas en el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) en el periodo 2022-2026

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este miércoles un gasto plurianual de 8.540.119,12 euros a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para dotar los puestos de las Unidades Administrativas Provisionales (UAP) afectas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) incluidas en el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) del citado departamento en el periodo 2022-2026.

En concreto, según consta en la orden conjunta de las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) número 146, de 25 de julio de 2022, el departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad contará con dos UAP –Subdirección de Contratación y Subdirección Tecnológica– en la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, y otra más –Subdirección de Gestión, Seguimiento y Control de los Fondos– en la Secretaría General Técnica.

Esta última tendrá que garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos financiados con los Fondos Next Generation UE que va a desarrollar el Área que encabeza Julio Pérez.

Estas unidades administrativas de carácter provisional quedan constituidas por el plazo que exija la ejecución de los proyectos financiados con fondos del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU), previéndose inicialmente su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. De ahí la necesidad de tramitar el gasto plurianual.