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En los primeros seis meses de 2026, Canarias resolvió más prestaciones que en toda la legislatura pasada

El viceconsejero y la directora en rueda de prensa

En total, hay 54.584 ayudas resueltas desde agosto de 2023, frente a las 20.073 que se resolvieron en el periodo de julio de 2019 a julio de 2023. La nómina ha pasado de los casi 8 millones de julio de 2023 a los cerca de 18 en el último mes de junio

Canarias ha reconocido en los primeros seis meses de este año 22.850 prestaciones de dependencia, lo que hace un total de 54.584 prestaciones concedidas en la legislatura actual, frente a las 20.073 concedidas durante toda la pasada legislatura, tal y como informó hoy en rueda de prensa el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, en la que hicieron balance de la gestión realizada y de los retos que afronta el sistema.

“Canarias ha dado un salto en materia de dependencia en esta legislatura», afirmó Candil, quien atribuyó esta evolución a la reorganización de los servicios, la modificación del decreto de dependencia y el incremento de los recursos destinados a la atención de las personas en situación de dependencia.Gráficas Dependencia

Uno de los principales indicadores de esta evolución es la reducción de los tiempos de tramitación. La entrada en vigor del nuevo decreto ha permitido pasar de 782 días de espera en julio de 2023 a 314 días en junio de 2026, lo que supone una reducción de 468 días. No obstante, la directora general señaló que “el tiempo real de resolución de los expedientes se sitúa actualmente en 105 días, aunque este dato todavía no aparece reflejado en las estadísticas del Imserso, que calculan la media anual”.

«El avance que se ha logrado es evidente en cuanto a las resoluciones de grado, resoluciones de PIA, las prestaciones y las personas incorporadas al sistema” destacó Concepción Ramírez. Una muestra de ello es que “la nómina mensual destinada a dependencia se ha triplicado durante la legislatura, pasando de 7 millones de euros en julio de 2023 a 18 millones en junio de 2026”, reveló.

Asimismo, Canarias ha puesto en marcha por primera vez, tras 18 años de vigencia de la Ley de Dependencia, la prestación económica de asistente personal, de la que ya se benefician 498 personas.

Sin embargo, según explicó la directora general, la Comunidad Autónoma asume actualmente el 78 % del coste del sistema, mientras que el Estado financia el 22 %, porcentaje que continúa por debajo del 50 % previsto en la Ley de Dependencia.

A ello se suma la actualización de los convenios de dependencia suscritos con los cabildos, que incorporan una financiación de 1.132 millones de euros durante cuatro años y actualizan por primera vez el precio de las plazas a valores de mercado.

“Pero”, ha señalado “el incremento de resoluciones ha traído consigo un nuevo desafío: ampliar la capacidad del sistema para atender a todas las personas con derecho reconocido”, afirmó. Para ello, el Gobierno de Canarias ha impulsado distintas medidas dirigidas a incrementar la oferta de servicios y profesionales.

Entre estas medidas, figura la acreditación de 39 profesionales autónomos —logopedas, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales— para prestar servicios de promoción de la autonomía personal, o 18 autónomos para el servicio de ayuda a domicilio. Paralelamente, se trabaja en la modificación del decreto de acreditación de centros y servicios para simplificar los procedimientos administrativos.

Otra de las mejoras implementadas corresponde a la teleasistencia. Desde la puesta en funcionamiento del nuevo contrato, en octubre de 2025, el número de usuarios ha pasado de 4.200 a 15.000 personas, mientras que el nuevo servicio de ayuda a domicilio, iniciado en mayo, ya ha incorporado a 623 personas en La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

“Como decimos, este crecimiento de derechos de las personas hace necesario ampliar tanto los recursos como los profesionales disponibles. En la actualidad existen 349 empresas y entidades acreditadas, de las cuales 131 se han incorporado desde 2023”, al tiempo que la Viceconsejería y la Dirección General han iniciado procedimientos específicos para evaluar la calidad de los servicios e intensificar las labores de inspección.

El viceconsejero recordó además que Canarias “afronta un importante reto demográfico: la población mayor de 80 años pasará de 101.000 personas en 2024 a más de 137.000 en 2032, circunstancia que obligará a seguir reforzando el sistema de atención a la dependencia”. En este ámbito, se informó de que el Ejecutivo autonómico prepara el tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que prevé la creación de cerca de 5.000 nuevas plazas residenciales y de centros de día durante el periodo 2026-2032.

No obstante, Candil subrayó que el futuro del sistema, como hemos manifestado, no pasa únicamente por construir nuevas plazas. «Insistimos en que tenemos que potenciar ante todo los servicios que favorezcan la autonomía personal y la permanencia de las personas mayores en sus propios domicilios y en su entorno social», afirmó, señalando a la teleasistencia y la atención domiciliaria especializada anteriormente mencionadas como pilares del nuevo modelo.

Durante la comparecencia también se rechazó que Canarias mantenga servicios de dependencia con financiación inferior a otras comunidades autónomas. Ramírez explicó que el Archipiélago ocupa la tercera posición en financiación del servicio de ayuda a domicilio y del servicio de promoción de la autonomía personal, la sexta en centros de día y la séptima en atención residencial.

Respecto a la aplicación de la Ley ELA, Ramírez recordó que Canarias ya ha incorporado el reconocimiento del Grado 3+ en su normativa autonómica. “Actualmente existen 29 solicitudes registradas. Sin embargo, ninguna ha podido resolverse porque la normativa estatal exige que el usuario presente previamente el contrato y la facturación del servicio o del asistente personal, lo que está ralentizando la resolución en positivo de los expedientes”.

 

 

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El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

La implantación ha tenido lugar en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de la Comunidad Autónoma de Canarias

Este sistema incluye nuevas funcionalidades, orientadas a facilitar el trabajo de los usuarios, con importantes avances, respecto al sistema anterior, y numerosas mejoras en materia de seguridad, aplicando la última tecnología disponible

Los profesionales pueden acceder, a través de la sede judicial electrónica, al servicio de descarga de vistas judiciales para obtener copia de las grabaciones de los juicios o vistas en los que hayan participado

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia destaca el esfuerzo para adaptarse al cambio y la colaboración de los funcionarios, especialmente el cuerpo auxiliar judicial

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha finalizado la instalación de todos los equipos de grabación del sistema Arconte-Áurea, en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La implantación de este sistema de grabación integrado y de última tecnología, en toda Canarias, por importe de 7.084.111,55 euros, procedentes de fondos europeos, resuelve los problemas derivados de la coexistencia de dos sistemas diferenciados, como ocurría hasta ahora, y permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, para la grabación, almacenamiento y gestión de toda la información generada en los actos judiciales, mejorando, al mismo tiempo, la calidad y seguridad de las grabaciones, al impedir que se produzcan fallos que puedan dar lugar a anulaciones de pruebas o repetición de juicios o vistas.

Por ejemplo, entre sus funcionalidades, Arconte-Áurea permite que el sistema compruebe automáticamente el funcionamiento del equipo. El propio dispositivo avisa si durante la grabación deja de entrar el sonido, para que no se produzca ningún error, y así evitar posibles anulaciones de pruebas.

Además, con Arconte-Áurea, los profesionales pueden descargar todas las grabaciones que se realizan de un procedimiento en el que hayan intervenido, accediendo al área privada de la sede judicial electrónica de Canarias, https://sede.justiciaencanarias.es/sede/. En un futuro próximo, con la plena implantación del expediente judicial electrónico y con el marco normativo preciso, los particulares no profesionales también podrán acceder y descargarse las grabaciones.

Dichas grabaciones cuentan con un marcado o índice de las intervenciones que tienen lugar durante el acto judicial, lo que facilita y agiliza su posterior búsqueda a los abogados, magistrados y demás personas si necesitaran acceder a esa documentación. El sistema también permite convertir a texto el contenido para permitir la búsqueda indexada por palabras, posicionamiento, subtitulado y otras funciones avanzadas.

La instalación de los equipos se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se llevó a cabo la sustitución del Arconte 1 por el Arconte-Áurea en todas las salas de vistas y polivalentes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En la segunda, en el resto de órganos judiciales del archipiélago.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, este despliegue ha sido complejo técnicamente, no solo por su coincidencia con la pandemia, que incrementó las necesidades de dotación de sistemas de grabación y de videoconferencias, sino por el cumplimiento de la normativa Covid-19. Por todo ello, la sustitución de un sistema por otro ha sido un proceso arduo, en el que se ha intentado ocasionar la menor perturbación al funcionamiento de la Administración de Justicia.

La sustitución ha llevado aparejada la formación de los funcionarios de esta Administración, que han hecho un esfuerzo para adaptarse al cambio, especialmente el cuerpo de auxilio judicial, lo que ha querido remarcar Ceballos, quien ha destacado que gracias a su colaboración se han producido pocas incidencias.

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Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Se ubica en el IML de Las Palmas y se trata de un espacio completamente independiente del resto instalaciones para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal

La consejería de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha invertido 487.807,18 euros en la obra y el equipamiento de la nueva sala

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas una sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) para la realización de necropsias de personas fallecidas por la Covid-19 y por otras causas infecciosas. Esta sala es la primera de estas características en Canarias y estará también a disposición de los hospitales para la realización autopsias clínicas, con el objeto de avanzar en proyectos de investigación.

Con esta nueva instalación, el IMLCF de Las Palmas se convierte en uno de los institutos de medicina legal punteros en España en el que se podrán realizar, con las máximas garantías de seguridad, aquellas autopsias de personas fallecidas como consecuencia de la Covid-19 y de otro tipo de patógenos como el ébola, gripe aviar, síndrome respiratorio agudo y grave, brucelosis, tuberculosis multirresistente y cualquier otro virus que se pueda desarrollar en el futuro, según explicaron hoy en el acto de presentación de este nuevo espacio Julio Pérez, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la directora del IML de Las Palmas María José Meilán.

Este tipo de salas se caracterizan por una serie de instalaciones dirigidas a aislar el ambiente y evitar la salida de cualquier elemento infectado de las mismas, y es tan específico que actualmente la normativa está en proceso de adaptación existiendo sólo su aplicación en laboratorios de alta seguridad de investigación.

El consejero destacó la seguridad en el trabajo, la calidad del resultado y el progreso en el conocimiento como valores que se incorporan en el sistema público judicial como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la sala de bioseguridad. Así, precisó que las y los trabajadores realizarán su labor en condiciones de absoluta seguridad, según los conocimientos que existen actualmente, remarcó el impulso a la calidad del resultado del trabajo profesional y señaló el progreso del conocimiento y el avance de la ciencia médica y judicial.

Pérez indicó que esta actuación se enmarca en las medidas de modernización de la justicia promovidas por el Gobierno de Canarias, desde el que se aspira a que las 15 salas de autopsias disponibles en Canarias –entre dependencias de los IML y de los hospitales públicos- cuenten con la mayor seguridad, lo que dependerá, aclaró, de los espacios disponibles para este tipo de instalaciones y del presupuesto del que se disponga.

Bonnet explicó que la sala de bioseguridad es completamente independiente del resto de instalaciones del Instituto de Medicina Legal para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal, indicó que se ha construido en un espacio antes ocupado por archivos y resaltó que dicha instalación cubre una necesidad para la realización de autopsias por causas infecciosas puestas de manifiesto y demandadas por las y los profesiones hace tiempo.

La directora general especificó que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha invertido un total de 487.807,18 euros, que incluye la obra civil, sistemas de ventilación y climatización, puertas automáticas, equipamiento y mobiliario, así como equipo de videograbación y digitalizador de aparato de rayos X.

Meilán agradeció la sensibilidad del departamento que dirige Julio Pérez para hacer real esta demanda que surgió tiempo atrás con el Ébola y el SARS, y recordó que la necesidad de disponer de una sala de estas características se detectó en las primeras semanas de la pandemia por la Covid-19. La directora del IML de Las Palmas puso en valor que esta sea la primera sala de estas características que existe en Canarias y habló de la importancia de este tipo de instalaciones para avanzar en las investigaciones que permitan conocer las causas exactas de las muertes por la Covid-19, ya que existen muy pocos estudios al respecto.

Nivel de bioseguridad 3

La sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) se diferencia de una instalación de autopsias normal en que se trata de una sala estanca, separada del resto de instalaciones mediante un sistema de esclusas de doble puerta con cierre sellado y con diferentes presiones que aseguran un flujo de aire hacia el interior impidiendo la salida de gases a otras dependencias.

Para evitar la presencia de virus en forma de aerosoles, dijo, se potencian los sistemas de ventilación y se les dota de filtros especiales, además de incrementar la periodicidad de la renovación de aire.  Asimismo, y para evitar la salida de patógenos a través del agua utilizada o cualquier otro fluido, cuenta con dispositivos especiales de tratamiento químico del agua, de modo que solo se evacúa al saneamiento general una vez tratado.

La sala de nivel 3 cuenta con una cabina de seguridad biológica para la manipulación de las muestras potencialmente contagiosas con el objetivo de que cuando salga una muestra de ese recinto lo haga ya preparada perfectamente para que quien la manipule no tenga riesgo de contaminación.

Esta instalación tiene dos circuitos limpios y diferenciados, que nunca se juntan: uno para las personas que trabajarán con el cadáver y, otra, para el propio cuerpo. En la primera de ellas, las personas tienen que pasar por diferentes estancias para colocarse los Equipos de Protección Individual (EPI) y, al terminar, se accede a una ducha y espacios para que las personas que trabajan con el cadáver puedan realizar una completa descontaminación. Mientras, el cadáver se guarda en una cámara frigorífica y se traslada a la sala de autopsia por otro circuito independiente.

Videograbación de autopsias

Bonnet expuso que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Justicia actualmente, en el marco de las medidas para la digitalización de la Administración, está implantado en parte de sus salas de vistas judiciales el nuevo sistema de grabación de vistas, con el que se ha equipado también a esta nueva sala de autopsias de forma que se pueda compartir la documentación bidireccional entre los juzgados e IML.

Agregó que, en línea con el objetivo de digitalización, acentuado por la situación de pandemia y como práctica dirigida a evitar el contacto y la transmisión del virus, también se ha dotado a las instalaciones del IML de un digitalizador del aparato de radiología.

Asimismo, detalló, todas las instalaciones se han ejecutado con tecnología de domótica de forma que desde un ordenador se puede controlar y comandar el funcionamiento de toda la sala como fijar la temperatura de la sala, apertura y cierre de puertas, encendido, apagado y regulación de la iluminación.

Carla Vallejo destaca la infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial pese a los avances feministas

Vallejo destaca la infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial pese a los avances feministas

La viceconsejera de Justicia habla sobre las resistencias al avance feminista en las instituciones durante su intervención en el ciclo de seminarios 8M organizado por el Instituto de las Mujeres

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, señala los avances que el movimiento feminista ha incorporado a la Justicia al integrar en la agenda la aplicación de la perspectiva de género, no solo en el marco de creación de las leyes, sino también en el de su aplicación por los tribunales. No obstante, destaca la absoluta infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial, ya que pese a suponer el 54% de la carrera judicial, las magistradas del Tribunal Supremo no llegan al 15%.

Vallejo se manifestó en estos términos durante su participación esta semana en el ciclo de conferencias 8M ‘Por ser Mujeres’ organizado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. La viceconsejera de Justicia intervino en el seminario ‘Resistencias al avance feminista en las instituciones, los medios y la judicatura’ en el que también participaron Marta Cruells, doctora en Políticas Publicas y jefa de gabinete del Ministerio de Universidades, y Andrea Momoitio, periodista y coordinadora de la revista Pikara

En su exposición, Vallejo destacó los compromisos legales que se han adquirido en materia de sensibilización y formación de las carreras judicial y fiscal, garantizando que toda la judicatura cuente en su acervo cultural con conocimientos suficientes sobre el movimiento feminista, la normativa antidiscriminatoria y la violencia machista.

Sin embargo, señaló que las resistencias al avance feminista no pueden ser ignoradas y puso de manifiesto la absoluta infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial o el auge de un discurso de extrema derecha que amenaza con penetrar en la institución judicial.

Seminarios 8M

El ciclo de seminarios 8M, organizado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, se celebra de forma virtual entre el 24 de febrero y el 24 de marzo con la finalidad generar un espacio para reflexionar y analizar qué es lo que está impidiendo avanzar en la igualdad, a pesar de todas las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años; qué agenda feminista es urgente y necesaria para abordar los desafíos de la época; qué estrategias de resistencia feminista articular; o cómo el feminismo puede convertirse en una palanca de cambio social desde las instituciones.

También se abordará la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia, así como las amenazas, las oportunidades y los retos que hay que afrontar, a nivel global, para transitar hacia un horizonte de vida digna para las mujeres y el conjunto social.