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Canarias perpleja por requerimiento de Delegación del Gobierno para que designe representantes a menores migrantes

Ante la suspensión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, Candelaria Delgado ha acordado con la ministra Elma Sainz una reunión bilateral con el Ministerio el 26 de agosto

El Gobierno de Canarias ha manifestado su profunda perplejidad ante el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en el plazo de quince días, representantes temporales para menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje, bajo el apercibimiento de posibles actuaciones en caso de incumplimiento.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que acudió hoy (jueves 23 de julio) a Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración que finalmente fue suspendida por falta de cuórum, trasladó a la ministra Elma Sainz, con quien se reunió con posterioridad, que es especialmente llamativo que esta exigencia se formule sin que previamente se haya explicado a las comunidades autónomas el alcance de las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2024/1356 ni se hayan establecido los criterios comunes para su aplicación en todo el territorio nacional.

En la misma reunión, ambas administraciones acordaron celebrar una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para tratar todos los puntos del orden del día de esta convocatoria y cualquier otra que pudiera ser de interés para Canarias, con el objetivo de avanzar en la coordinación institucional y dar respuesta a las necesidades específicas de Canarias como territorio frontera.

Candelaria Delgado señaló que Canarias va a responder a ese requerimiento “negándonos porque, entre otras cosas, no se ha establecido todavía por parte de los ministerios del Estado español cómo se va a hacer ese protocolo, quién tiene que estar en ese triaje”.

La consejera de Bienestar Social explicó que “la semana pasada lo planteé en la conferencia sectorial de Infancia y la ministra y su equipo no tenían conocimiento de que desde la delegación del Gobierno en Canarias se hubiera hecho ese requerimiento. Les he aportado una copia del mismo y les he comunicado que estamos elaborando la contestación a ese requerimiento y que también se las haré llegar. Ella se ha comprometido a hablar con el ministro de Interior y la ministra de Infancia para establecer ese protocolo y definir cómo se tiene que actuar en esos triajes y que nos van a dar una respuesta en ese sentido”.

El Gobierno de Canarias tenía previsto preguntar en la Conferencia Sectorial de Inmigración -la primera convocada en aproximadamente dieciséis meses,- que el ministerio clarificase el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que se estableciese un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas para garantizar la coordinación institucional necesaria para su correcta aplicación, tal y como lleva meses reclamando de manera expresa y por escrito a los ministerios correspondientes, y como ya expresó en la pasada Conferencia Sectorial de Infancia.

Esta circunstancia resulta aún más sorprendente cuando la propia Administración General del Estado ha trasladado recientemente, a través de una nota de prensa, que «el principal impacto del Pacto se ha detectado en el ámbito de la Administración General del Estado» y que, «en el momento en que se concreten las implicaciones para las comunidades autónomas, se informará inmediatamente a estas y se tomarán las medidas de cooperación y coordinación necesarias para apoyarlas en la implementación del PEMA».

A juicio del Gobierno de Canarias, el requerimiento recibido plantea importantes interrogantes jurídicos y competenciales que deberían haber sido resueltos con carácter previo y de forma coordinada entre todas las administraciones implicadas.

En primer lugar, resulta necesario determinar qué administración es competente para designar al representante temporal del menor durante la fase de triaje, teniendo en cuenta que este procedimiento corresponde al Estado y que las competencias autonómicas en materia de protección de menores se activan una vez finalizado dicho proceso y determinada la minoría de edad de la persona.

Asimismo, Canarias considera necesario aclarar por qué se dirige este requerimiento a la comunidad autónoma cuando el propio Estado había comunicado que las implicaciones del nuevo Reglamento para las comunidades aún estaban pendientes de concretarse y que serían objeto de información y coordinación antes de su implementación.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico entiende que, si la Administración General del Estado ha constituido distintos grupos de trabajo para desarrollar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluido uno específico sobre el procedimiento de triaje, resulta imprescindible conocer si ya existe un protocolo de actuación común para todo el territorio nacional o si, por el contrario, se están exigiendo actuaciones a las comunidades autónomas antes de que ese marco haya sido definido.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias recuerda que siempre ha mostrado su máxima disposición a colaborar con el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y en la correcta aplicación de la normativa europea. Precisamente por ello, considera que una materia de esta trascendencia debe abordarse desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial, y no mediante requerimientos unilaterales acompañados de advertencias sobre eventuales consecuencias jurídicas.

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Canarias impulsa la autonomía de las personas con dependencia al desplegar la prestación de asistencia personal

Candelaria Delgado destaca que el Gobierno se ha dotado por primera vez de un marco normativo, financiación y formación específica para esta ayuda

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destacó ayer (martes 22) en el Parlamento el impulso dado por el Ejecutivo autonómico a la asistencia personal, una prestación destinada a favorecer la autonomía de las personas en situación de dependencia y que, por primera vez, cuenta en las islas con un desarrollo normativo, una financiación definida y una estrategia de formación específica para los profesionales que la prestarán.

Delgado destacó que el Gobierno de Canarias ha convertido una figura prevista desde hace años en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en una prestación plenamente operativa dentro del sistema público de atención a la dependencia. «Estamos pasando de un modelo centrado únicamente en atender las necesidades de las personas a otro que también pone el foco en su autonomía, su dignidad y su capacidad para decidir cómo quieren vivir», afirmó la consejera.

“Vamos a continuar ampliando la formación de profesionales, consolidando la red de asistencia personal y trabajando con las entidades del tercer sector para seguir desarrollando un modelo de cuidados que no solo atienda necesidades, sino que proteja derechos y sitúe a la persona en el centro de las decisiones sobre su propia vida», señaló Delgado.

Además, la consejera de Bienestar Social recordó que el principal avance ha sido la aprobación del Decreto-ley 2/2026, que regula por primera vez en Canarias la prestación económica de asistencia personal, estableciendo las condiciones de acceso, el régimen de pago y justificación, las compatibilidades con otros servicios y las cuantías máximas, que alcanzan los 900 euros mensuales para las personas con dependencia de grado III, 577,25 euros para el grado II y 436 euros para el grado I. La norma incorpora, además, una respuesta específica para las situaciones de dependencia extrema mediante el denominado grado III+.

Candelaria Delgado explicó en su comparecencia que la asistencia personal permite que las personas con dependencia puedan desarrollar su proyecto de vida con mayor independencia, facilitando su participación en la comunidad, el acceso al empleo o a la formación y su permanencia en el entorno habitual el mayor tiempo posible.

La prestación está dirigida a personas con un grado de dependencia reconocido y debe figurar expresamente en el Programa Individual de Atención (PIA). Además, tiene carácter finalista, por lo que está vinculada a la contratación efectiva del servicio y a la correspondiente justificación del gasto.

Otro de los pilares de esta estrategia es la profesionalización de la asistencia personal. En este sentido, la consejera destacó la colaboración entre la Dirección General de Dependencia y ecca.edu para impartir una formación específica destinada a futuros asistentes personales. La previsión inicial era formar a 200 personas, si bien el elevado interés despertado por esta iniciativa ha permitido duplicar esa cifra hasta alcanzar las 400 personas inscritas, lo que, según Delgado, evidencia tanto la demanda existente como las oportunidades de empleo cualificado que genera este nuevo recurso dentro del ámbito sociosanitario.

La consejera de Bienestar Social subrayó también que la asistencia personal es compatible con otros servicios como los centros de día, la promoción de la autonomía personal, la teleasistencia o el servicio de ayuda a domicilio, lo que permite configurar apoyos adaptados a las necesidades concretas de cada persona. Asimismo, señaló que esta medida dentro de la transformación que está acometiendo el Gobierno de Canarias en el sistema de dependencia, orientada a ofrecer respuestas más flexibles y personalizadas, reforzar la permanencia de las personas en su entorno habitual y evitar institucionalizaciones innecesarias.

 

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Canarias reclama al Estado que elimine las trabas que impiden a las personas con ELA acceder a las ayudas

El procedimiento estatal obliga a las familias a contratar previamente cuidados de alto coste para poder recibir la financiación destinada precisamente a sufragarlos

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, defendió hoy (martes 21) que Canarias está aplicando con la máxima rapidez la Ley ELA y la normativa estatal que la desarrolla, pero reclamó al Gobierno de España una revisión urgente del procedimiento que regula el acceso a las prestaciones, al considerar que genera una barrera económica que muchas familias no pueden asumir.

Durante su intervención parlamentaria, Delgado explicó que el Ejecutivo autonómico ha dado prioridad absoluta a los expedientes relacionados con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), incorporando el nuevo grado III+ al sistema canario mediante el Decreto-ley 2/2026, agilizando la tramitación administrativa y estableciendo un circuito hospitalario específico para acelerar la acreditación clínica de los pacientes. Sin embargo, advirtió de que el principal problema no reside actualmente en la gestión de la Comunidad Autónoma, sino en las condiciones impuestas por la normativa estatal para hacer efectiva la prestación.

La regulación vigente establece que, incluso cuando una persona con ELA cumple todos los requisitos médicos y obtiene el reconocimiento del grado III+, la ayuda económica no puede abonarse hasta que la familia haya contratado previamente un asistente personal o un servicio de ayuda a domicilio. Esta exigencia sitúa a muchas personas en una situación especialmente difícil, ya que deben adelantar el coste de unos cuidados altamente especializados para poder acceder posteriormente a la financiación pública destinada precisamente a sufragarlos.

«La normativa coloca a las familias ante una auténtica paradoja», explicó la consejera de Bienestar Social “porque se les exige disponer primero de unos recursos económicos de los que, en muchos casos, carecen para poder activar una prestación concebida para garantizar esos mismos cuidados». Además, recordó que las comunidades autónomas no pudieron hacer aportaciones a la ley, ya que el Gobierno publicó la ley en el Boletín Oficial del Estado sin contar con ellas.

A esta dificultad se suma que la Administración General del Estado únicamente transfiere a las comunidades autónomas la financiación correspondiente cuando el Programa Individual de Atención ya es efectivo y el servicio se encuentra contratado, lo que retrasa la llegada de los recursos incluso en expedientes ya reconocidos.

Candelaria Delgado insistió en que la Comunidad Autónoma seguirá acompañando a las familias durante todo el proceso, agilizando cada trámite administrativo y facilitando el acceso a las prestaciones dentro del marco legal vigente. No obstante, la consejera defendió que resulta imprescindible que el Estado adapte la normativa para que las ayudas respondan realmente a la finalidad con la que fueron concebidas: garantizar que ninguna persona con ELA quede sin la atención que necesita por no poder asumir previamente un coste económico inasumible.

«Canarias cumplirá la ley con rigor y con rapidez, pero también defenderá ante el Estado los cambios necesarios para que el acceso a estas prestaciones deje de convertirse en un obstáculo añadido para quienes ya afrontan una enfermedad extremadamente dura», concluyó Candelaria Delgado.

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Canarias consolida la red integral de protección frente a violencias machistas y refuerza las políticas de igualdad

Candelaria Delgado y Ana Padrón hacen balance del trabajo del ICInstituto Canario de Igualdad destacando el trabajo de los cinco Centros de Crisis 24 horas, la justificación de los fondos del Pacto de Estado y los objetivos hasta el fin de legislatura

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, han hecho este viernes (17 de julio) balance de la gestión desarrollada por el ICI durante la presente legislatura y los objetivos hasta el final de la misma. Delgado aseguró que «se ha dado un paso decisivo hacia un modelo más sólido, coordinado y útil para las mujeres de Canarias», basado en el fortalecimiento institucional, el incremento de los recursos y la ampliación de la protección frente a las violencias machistas.

Durante la comparecencia, la consejera subrayó que el principal logro de estos tres años ha sido la puesta en marcha de los cinco Centros de Crisis 24 Horas para víctimas de violencia sexual desplegados en todo el Archipiélago, que garantizan atención psicológica, jurídica y social especializada durante todo el día, sin necesidad de denuncia previa.

«Hoy Canarias dispone de una red que cubre todo el territorio y que sitúa a nuestra comunidad entre las administraciones que mejor han respondido al mandato de reforzar la atención a las víctimas de violencia sexual», afirmó Delgado, quien destacó que estos centros, que en su primer año habían atendido a 1.164 mujeres, menores y familiares, constituyen «un patrimonio público que permanecerá mucho más allá de esta legislatura».

La consejera incidió también en el trabajo realizado para mejorar la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, resolviendo las justificaciones pendientes, reforzando los mecanismos de control y agilizando los procedimientos administrativos para garantizar que los recursos lleguen con mayor rapidez a los servicios destinados a las mujeres víctimas. En este sentido, defendió que «gestionar bien los recursos públicos también es proteger a las víctimas».

Delgado recordó además que durante esta legislatura el Gobierno ha fortalecido la gobernanza de las políticas de igualdad mediante el impulso de la Comisión Interdepartamental de Igualdad, la consolidación del Consejo Canario de Igualdad de Género y la elaboración del II Plan Estratégico de Igualdad, incorporando la perspectiva de género como una política transversal del Ejecutivo.

Asimismo, destacó el incremento de la financiación destinada a igualdad, con casi 15 millones de euros de aportación de la Comunidad Autónoma, a los que hay que añadir el millón de euros de las subvenciones del 0,7 del IRPF y los 9.236.454,63 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y el importe correspondiente al programa de Asistencia Social Integral para mujeres víctimas de violencia de género. Además, señaló el refuerzo de la Red Canaria de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, incorporando más personal, el desarrollo de programas preventivos dirigidos a la juventud y la mejora de la estructura y capacidad de planificación del propio Instituto Canario de Igualdad.

 

Consolidar lo conseguido

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Padrón, explicó las líneas de trabajo que marcarán el último año de legislatura, orientadas a consolidar los recursos ya implantados, culminar los proyectos estratégicos iniciados y poner en marcha nuevas herramientas que mejoren la protección de las mujeres y la eficacia de las políticas públicas.

«La prioridad es reforzar lo construido y dejar implantadas bases sólidas que permitan seguir avanzando en Canarias», señaló.

Padrón explicó que la actuación del ICI durante los próximos meses se articulará en torno a tres grandes ejes: mejorar la protección y atención a las víctimas; reforzar la coordinación institucional y modernizar los sistemas de atención; y avanzar en igualdad y prevención de las violencias machistas.

Entre las actuaciones previstas destacó la consolidación de la Red Canaria de Servicios y Centros Especializados de Atención a las Víctimas, con una aportación de 8,2 millones de euros en 2026; el fortalecimiento de los cinco Centros de Crisis 24 Horas; la aprobación de un nuevo decreto que simplificará el acceso a las ayudas económicas para víctimas de violencia sexual; el refuerzo del servicio especializado del 112 con la incorporación de más personal para evitar descubiertos en los meses de verano, y el desarrollo de nuevas herramientas para prevenir la violencia vicaria y mejorar la atención profesional.

La directora del ICI anunció además la implantación progresiva de Tindaya, la aplicación informática que permitirá compartir información entre los distintos recursos especializados de atención a las víctimas, mejorando la coordinación entre administraciones y el seguimiento de cada caso.

En materia preventiva, avanzó que el Instituto impulsará nuevas campañas de sensibilización, proyectos educativos y estudios sobre fenómenos emergentes como las ciberviolencias machistas y el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, además de continuar apoyando iniciativas dirigidas a la juventud, al movimiento asociativo de mujeres y a las universidades.

«Detrás de cada programa, de cada recurso y de cada ayuda hay mujeres reales que necesitan protección, seguridad y la certeza de que las instituciones estarán a su lado cuando más lo necesiten. Esa seguirá siendo nuestra principal referencia», concluyó Ana Padrón.

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Canarias reclama al Estado elevar la financiación para menores migrantes y recuperar la aportación de 100 millones

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado hoy (jueves 16) al Estado un incremento de la financiación destinada a la atención de menores migrantes no acompañados, al considerar insuficientes los fondos actualmente previstos para hacer frente a la situación de emergencia que mantiene el Archipiélago.

Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Delgado defendió que el Gobierno central amplíe la partida contemplada en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y recupere la aportación extraordinaria de 100 millones de euros que ya se destinó el pasado año para financiar la aplicación del real decreto-ley que modificó la Ley de Extranjería.

Delgado argumentó que, aunque la prórroga presupuestaria dificulta la incorporación de nuevas partidas, existen precedentes que demuestran que el Estado puede habilitar financiación adicional, como ya ocurrió con el incremento de los fondos destinados al sistema de dependencia. En ese sentido, la consejera de Bienestar Social recordó que Canarias continúa en una situación de contingencia migratoria, al atender a un número de menores muy superior al establecido en el sistema de distribución. “Estamos acogiendo a más del triple de los 783 menores que nos corresponderían según los criterios de reparto, por lo que es necesario que la financiación estatal se adapte a la realidad asistencial que soporta Canarias”.

Asimismo, Candelaria Delgado trasladó al Ministerio su preocupación por la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya puesta en marcha será objeto de una conferencia sectorial específica la próxima semana. En concreto, solicitó que el Estado explique cómo se articulará la figura del defensor de los derechos del menor, prevista por la normativa europea para asistir a los menores migrantes no acompañados desde su llegada a las costas durante el proceso de identificación.

Delgado recordó que el Ministerio ha planteado en ocasiones que esa función pueda ser desempeñada por profesionales de la abogacía a través del sistema de justicia gratuita, pero advirtió de que las comunidades autónomas desconocen cómo se implantará este mecanismo y, especialmente, quién asumirá su financiación. Por ello, reclamó que las comunidades autónomas participen en el diseño del modelo y conozcan con antelación los criterios de aplicación del Pacto Europeo, al considerar imprescindible contar con seguridad jurídica y financiación suficiente antes de su entrada en funcionamiento.

Modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia

Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se abordó el modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia. Así, Delgado señaló que el Gobierno de Canarias está desarrollando una hoja de ruta para implantarlo con proyectos piloto, formación de profesionales y coordinación entre las distintas administraciones con el objetivo de integrarlo en el sistema de protección de la infancia y alinearlo con la legislación española de protección integral a la infancia (LOPIVI). En concreto, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria fue el primero de España especializado en la atención a menores víctimas de violencia y tras varios años funcionando como proyecto piloto, su eficacia y el elevado volumen de casos llevaron a su consolidación como sección especializada.

A partir de esta experiencia, el Gobierno de Canarias ha diseñado una hoja de ruta para extender el modelo Barnahus a todas las islas, creando espacios donde jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales trabajen de forma coordinada para reducir el impacto que el proceso judicial tiene sobre los menores. Además, se están incorporando recursos técnicos como sistemas de grabación de alta calidad para evitar que los niños tengan que repetir su testimonio y programas de intervención con perros de apoyo, que ayudan a disminuir el estrés y la ansiedad durante las diligencias judiciales.

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Canarias sigue reclamando al Estado la financiación de la dependencia acorde al esfuerzo realizado por la comunidad

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que el Archipiélago ha hecho la tarea en la mejora de la gestión, aunque advierte de que el modelo aún no compensa suficientemente los costes de la insularidad y la ultraperiferia

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado una financiación estable, suficiente y proporcional para el Sistema de Atención a la Dependencia, que permita avanzar hacia el modelo de financiación que establece la Ley de Dependencia.

Durante su participación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado en el Ministerio de Servicios Sociales hoy (29 de junio), la consejera señaló que Canarias acude a esta reunión para conocer cómo se concretará la ampliación de financiación anunciada por el Gobierno de España y cuándo será efectiva para las comunidades autónomas.

“Valoramos cualquier incremento de financiación estatal porque supone una mejora para las personas beneficiarias, pero debemos analizarlo con rigor: la cuestión no es solo si Canarias recibe más fondos, sino si esa aportación cubre realmente la parte que corresponde al Estado y si permite compensar el coste real del sistema”, afirmó. En todo caso, la consejera explicó que es muy peligroso querer hacer creer a la ciudadanía que esta aportación extraordinaria va a suponer un incremento en las aportaciones que reciben las personas dependientes, primero “porque aún no está garantizada que la financiación vaya a llegar, ya que tiene que ser aprobado en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría, y segundo porque es jugar con la esperanza de la ciudadanía que lleva soportando la infrafinanciación estatal durante muchos años”, aseguró.

La consejera recordó que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe realizarse de manera equilibrada entre Estado y comunidades autónomas. “Canarias lleva años haciendo un esfuerzo muy superior al que correspondería si se cumpliera ese principio. La Comunidad Autónoma, junto con los cabildos insulares, ha sostenido buena parte del coste del sistema”, señaló, “este cambio e incremento de financiación que puede darse a través de un real decreto ley, además, no es estructural”, un asunto que señalaron el resto de comunidades autónomas en la reunión que, junto a Canarias, temen que el incremento de la aportación, no garantizada para próximos ejercicios si llega a convalidarse, suponga que en los próximos años tenga que ser soportado por las comunidades autónomas.

En este sentido, explicó que el gasto autonómico certificado en dependencia alcanzó en 2025 los 403,9 millones de euros, mientras que la aportación estatal fue de aproximadamente 101,8 millones, lo que sitúa el esfuerzo estatal todavía lejos del equilibrio previsto en la normativa.

Además, recordó que la realidad del sistema canario debe analizarse teniendo en cuenta sus características territoriales. “Canarias tiene que desplegar servicios en siete islas, con mayores costes de transporte, menor capacidad de generar economías de escala y con la condición añadida de Región Ultraperiférica”, explicó.

Por otra parte, la reunión sirvió para certificar que Canarias recibirá en 2026 un total de 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones de euros del año anterior, lo que supone un incremento de 21,2 millones de euros y un crecimiento cercano al 92%. Esta mejora responde, entre otros factores, al avance registrado por Canarias en los indicadores de gestión del sistema, con más personas atendidas, más prestaciones reconocidas y una reducción progresiva de los tiempos de tramitación.

La consejera destacó que este incremento supone un reconocimiento al esfuerzo realizado por Canarias para reforzar la atención a la dependencia, aunque insistió en que la financiación estatal debe seguir avanzando hasta alcanzar el equilibrio previsto en la Ley de Dependencia. “El objetivo no es solo recibir más recursos, sino garantizar que la financiación acompañe el coste real del sistema y tenga en cuenta las singularidades de Canarias, un territorio fragmentado en islas y con mayores costes de prestación de servicios”, señaló.

Delgado insistió en que la mejora responde directamente al esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias para transformar la gestión de la dependencia. “La nómina de dependencia ha pasado de 7.919.285,33 euros mensuales al inicio de la legislatura a situarse actualmente en 18.278.259,21 mensuales. Ese incremento no es un aumento de gasto sin más: significa más resoluciones, más programas individuales de atención y más personas que reciben las prestaciones que les corresponden”, afirmó.

Los datos reflejan ese cambio: entre 2023 y la previsión de 2026 la nómina anual pasa de 95,52 millones a 189,43 millones de euros, un incremento cercano al 100%, fruto del aumento de derechos reconocidos.

Además, Canarias ha reducido de forma significativa los tiempos de tramitación. El número de personas con derecho a prestación y pendientes de resolución del programa individual de atención se ha reducido en un 91,9%, mientras que el tiempo medio de resolución ha bajado de 782 días en julio de 2023 a 335 días en mayo de 2026.

En relación con el tramo autonómico del 0,7% del IRPF, otro de los puntos tratados hoy en el Consejo Territorial, Canarias recibirá en 2026, 22,43 millones de euros, manteniendo prácticamente su peso relativo dentro del reparto estatal. La consejera señaló que este tipo de fondos se distribuyen mediante criterios sociales y territoriales, por lo que “la clave está en que esos criterios reflejen adecuadamente la realidad de territorios como Canarias”.

“Canarias seguirá colaborando con el Estado para mejorar el sistema, pero sin renunciar a reclamar una financiación justa. Hemos demostrado que cuando se mejora la gestión, más personas acceden a sus derechos. Ahora necesitamos que la financiación acompañe ese esfuerzo y reconozca el coste real de atender la dependencia en las islas”, concluyó.

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Bienestar Social refuerza el Servicio de Inspección para ampliar el control y seguimiento de los centros sociales

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias impulsa nuevas herramientas de apoyo técnico para fortalecer las labores inspectoras y garantizar una atención centrada en los derechos de las personas usuarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canaria ha reforzado el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros con el objetivo de incrementar la capacidad de control, seguimiento y evaluación de los servicios sociales que se prestan en Canarias, tanto en centros públicos como privados. Así lo explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy (miércoles 17) en el Parlamento,

Este refuerzo se produce en un contexto de intensa actividad inspectora en toda la comunidad autónoma, con actuaciones que se desarrollan de forma continuada y visitas periódicas a centros residenciales, centros de día y otros recursos sociales destinados a personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

“Queremos consolidar un modelo de inspección más sistemático, con mayor capacidad de análisis, seguimiento y verificación de las condiciones reales de atención que reciben las personas usuarias”, señaló Delgado, que también aseguró que “apostamos por una inspección orientada no solo a verificar el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, sino también a evaluar la calidad real de la atención que reciben las personas”. Para ello, se impulsará un sistema con indicadores comparables, seguimiento de planes de mejora y una mayor capacidad de evaluación de los resultados.

En este marco, la Consejería de Bienestar Social ha licitado un servicio de apoyo técnico a la inspección que permitirá mejorar la calidad de las actuaciones, reforzar la verificación de estándares organizativos y disponer de información más completa para la toma de decisiones. Este apoyo se centrará en tareas complementarias como la revisión documental, la asistencia en visitas, el análisis de indicadores, el seguimiento de planes de mejora y la organización de la información derivada de las actuaciones inspectoras.

Delgado indicó que este refuerzo no implica en ningún caso la externalización de la potestad inspectora ya que las funciones de supervisión, valoración de incumplimientos, emisión de informes y, en su caso, la propuesta de medidas correctoras o sancionadoras continúan siendo competencia exclusiva de la Administración autonómica.

“El objetivo es fortalecer la capacidad de control público para garantizar que los centros acreditados mantienen de forma continuada las condiciones exigidas para su funcionamiento y ofrecen una atención adecuada a las personas usuarias”, expresó durante su intervención.

La actividad inspectora se desarrolla además en coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito en marzo de 2024, así como con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, reforzando así los mecanismos de protección de los derechos de las personas atendidas en los centros sociales.

Entre los aspectos que forman parte de las actuaciones de control figuran cuestiones relacionadas con la organización de los servicios, los recursos humanos, la accesibilidad, la seguridad, la salubridad, la documentación y el cumplimiento de los protocolos de atención, así como indicadores especialmente sensibles vinculados al respeto de la autonomía y la dignidad de las personas usuarias.

 

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Bienestar Social lanza la app Alisio de atención biopsicosocial de personas cuidadoras no profesionales

Se trata de un servicio de apoyo integral a personas cuidadoras no profesionales basado en el uso de las nuevas tecnologías que pretende llegar a 20.000 personas en 2028

«Con este programa, el Gobierno de Canarias reconoce el valor del trabajo invisible de las personas cuidadoras», afirma la consejera del área, Candelaria Delgado

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias pone en marcha la app Alisio, un servicio de apoyo integral a personas cuidadoras no profesionales basado en el uso de las nuevas tecnologías. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Igualdad, Juan Martínez Doreste, y el CEO de Okencasa, Iñigo Kortabitarte, presentaron hoy (martes 16) esta nueva herramienta que pretende llegar a 20.000 personas cuidadoras en 2028.

Delgado indicó que los objetivos de Alisio “son apoyar a las personas cuidadoras a mejorar su calidad de vida, reforzar su capacidad para cuidar y contribuir a que las personas mayores puedan permanecer más tiempo en su entorno habitual con mayor bienestar y dignidad. En Canarias, como en el resto del país, la mayor parte de la atención a las personas mayores dependientes recae en el ámbito familiar, y dentro de él, de forma mayoritaria, en mujeres cuidadoras. Son personas que cuidan con entrega, responsabilidad y compromiso, pero que, con demasiada frecuencia, lo hacen en soledad, sin apoyo suficiente y a costa de su propio bienestar físico, emocional y social”.

“Esto genera desgaste y termina teniendo un impacto negativo tanto en las personas cuidadoras como en las personas cuidadas y en el propio sistema público», afirmó Delgado, quien enfatizó que con la puesta en marcha de Alisio «se busca responder no cuando el problema ya es grave, sino anticiparse al mismo, prevenir y acompañar, desde una visión moderna y responsable de las políticas públicas de cuidados».

Juan Martínez Doreste aseguró que “Alisio es un servicio pionero e innovador de apoyo psicoeducativo a personas cuidadoras familiares, que sitúa a Canarias a la vanguardia en la atención a este colectivo, lo que implica un cambio de paradigma. Por primera vez, el Gobierno de Canarias impulsa un servicio público que utiliza la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del bienestar, capaz de llegar a las personas cuidadoras allí donde están, adaptándose a sus necesidades, ritmos y circunstancias». Según explicó el viceconsejero de Igualdad, el Ejecutivo canario ha puesto en marcha un programa piloto del servicio en La Palma y Lanzarote, «a través del cual, en este momento, se están atendiendo a 150 familias».

«Con esta actuación, se pone en marcha una aplicación accesible y segura que ofrece acompañamiento profesional, formación personalizada, herramientas para organizar mejor los cuidados, espacios de apoyo entre iguales y mecanismos de seguimiento que permiten detectar situaciones de riesgo antes de que se cronifiquen», explicó el CEO de Okencasa, Iñigo Kortabitarte, quien indicó que el nuevo servicio «posibilita no sólo trabajar la cohesión y la corresponsabilidad sino facilitar la desinstitucionalización de los cuidados».

El objetivo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias es desplegar el servicio al largo de los próximos años, para que en el 2028 ya está totalmente integrado entre las personas dependientes que reciben la ayuda de Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF). La previsión es alcanzar los 10.000 usuarios del servicio a lo largo de 2027 y los 20.000, a partir de 2028.

«Con este servicio, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con una sociedad que cuida, que reconoce el valor del trabajo invisible de las personas cuidadoras y que avanza hacia un modelo más justo, corresponsable y solidario. Alisio no es solo una herramienta; es una declaración de principios: en Canarias, nadie que cuida debe sentirse solo», concluyó la consejera de Bienestar Social.

Un servicio integral para personas cuidadoras no profesionales

El programa Alisio constituye un servicio integral apoyado en varios ámbitos de actuación. Por un lado, un equipo de cuidados, que tiene forma de una aplicación o app cuyo objetivo es aglutinar a las personas de la familia que intervienen en el cuidado, a lo que hay que sumar la evaluación biopsicosocial, al inicio del proceso, para la fijación del contexto de cuidados y la personalización del plan de apoyo para cada persona cuidadora.

El programa establece, además, un itinerario formativo individualizado de 15 píldoras en forma de vídeos sobre cuidado y autocuidado, así como un plan personalizado de entre 3 y 5 entrenamientos de habilidades para el desarrollo de capacidades para el día a día del cuidado. La iniciativa incluye también la celebración de dos sesiones de apoyo psicosocial, con una duración de 45 minutos cada una, por videoconferencia con una especialista de referencia en cuidado familiar, así como el acceso ilimitado de las personas cuidadoras a una comunidad online de apoyo entre personas cuidadoras y a contenidos útiles y prácticos que son actualizados diariamente desde el inicio hasta el final de la intervención.

De esta forma, con el programa Alisio se contribuye a la sostenibilidad del sistema de cuidados, reduciendo situaciones de urgencia, retrasando institucionalizaciones no deseadas y optimizando el uso de los recursos públicos.

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Delgado reitera que los proyectos contra la violencia de género se ejecutan a la espera de la transferencia estatal

El Gobierno autonómico completó la justificación de los fondos de 2025 y avanza en la planificación para agilizar la ejecución de los recursos de 2026

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y del Instituto Canario de Igualdad (ICI), continúa avanzando en la preparación y planificación de los proyectos a financiar con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género correspondientes a 2026, pese a que la transferencia económica por parte del Estado aún no se ha materializado.

La Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó el pasado 15 de abril el reparto de los fondos para este ejercicio, correspondiendo a Canarias una asignación de 9.236.454,63 euros. No obstante, aunque el acuerdo ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, los recursos todavía no han sido transferidos a la Comunidad Autónoma.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, subrayó hoy (martes 9) en el Parlamento de Canarias que «el Gobierno de Canarias ha cumplido con todas las obligaciones administrativas y de justificación exigidas para acceder a los fondos de 2026 y está trabajando para que, en cuanto el Estado realice la transferencia, los recursos puedan llegar con la máxima rapidez a los proyectos y entidades que desarrollan actuaciones de prevención, atención y protección frente a la violencia de género».

«La realidad es que no existe ningún retraso atribuible a la Comunidad Autónoma, como sí lo hubo en la anterior legislatura, que dejó dos ejercicios sin justificar. Estamos ante un procedimiento que depende de una transferencia estatal que todavía no se ha producido. Mientras tanto, hemos preparado todo el trabajo previo necesario para garantizar una gestión ágil, transparente y eficaz de los fondos», añadió la consejera.

Planificación anticipada para acelerar la ejecución

Con el objetivo de evitar demoras una vez se reciban los recursos, el Instituto Canario de Igualdad ya ha informado a los distintos centros directivos de la Administración autonómica, a los cabildos insulares y a las entidades especializadas de la posibilidad de presentar propuestas alineadas con los requisitos establecidos por el Pacto de Estado.

Además, la información necesaria para la elaboración de los proyectos ha sido publicada en la página web del organismo y se ha constituido una comisión técnica encargada de valorar las iniciativas presentadas mediante criterios homogéneos que permitan garantizar su adecuación a las medidas y objetivos fijados por la Administración General del Estado.

Según explicó Delgado, «queremos que cada euro destinado a combatir la violencia de género llegue a actuaciones sólidas, evaluables y alineadas con los objetivos del Pacto de Estado. Por eso estamos realizando un trabajo previo de planificación y valoración que permitirá optimizar los recursos disponibles y reforzar la seguridad jurídica de todo el procedimiento».

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Los servicios sociales de Canarias a debate en una jornada de análisis celebrada en La Palma

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, indicó que con la celebración de este encuentro en la isla se cierra el ciclo del recorrido por todas las islas con el fin de presentar el Diagnóstico del estado de los Servicios Sociales en Canarias

La consejera de Acción Social del Cabildo, Ángeles Fernández, indicó que gracias a la emergencia sociosanitaria decretada en la isla se han agilizado las obras y simplificado los procesos

Personal técnico de las administraciones públicas y profesionales del tercer sector y de los colegios profesionales vinculados al ámbito de los servicios sociales de la isla de La Palma se dieron cita hoy (miércoles, 3) en la Jornada sobre los Servicios Sociales en Canarias. Situación actual y perspectivas de futuro, una iniciativa impulsada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno canario con el fin de presentar el Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, “el objetivo de estas jornadas, que se han venido celebrando en todas las islas y que hoy cerramos en la isla de La Palma, es abordar cuestiones fundamentales para los servicios sociales del Archipiélago que incluyen la modernización de la gestión mediante los análisis de datos, inteligencia artificial y elementos de robótica que se está impulsando desde la Consejería y desde el Observatorio Canario de los Servicios Sociales con el fin de mejorar la atención en materia social a la ciudadanía”.

En el marco de esta jornada, se presentó el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias que, en palabras de Delgado, “constituye el estudio más completo sobre el sistema público de servicios sociales en las islas realizado hasta el momento, un estudio fundamental ya que supone el primer paso para la elaboración del futuro Plan Estratégico de Servicios Sociales, tal y como está recogido en la Ley de Servicios Sociales”. El Diagnóstico establece las prioridades, líneas de actuación y mecanismos de seguimiento que servirán de base para el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales durante los próximos años.

Por su parte, la consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, explicó que al inicio del mandato, el equipo de gobierno llevó a cabo un diagnóstico de cuál era la situación en los centros residenciales de La Palma y que, además, «decretamos la emergencia sociosanitaria en la isla, lo que nos ha permitido que las obras se agilicen y los procesos se simplifiquen”. “Gracias a los fondos Next Generation también hemos podido avanzar en algunas actuaciones, como los trabajos de rehabilitación de la segunda y tercera planta del Centro Residencial de La Dehesa, así como la Residencia de El Paso o el nuevo Hospital de Dolores, entre otras infraestructuras esenciales para dar respuesta a las necesidades de personas mayores y dependientes de nuestra isla», señaló.

Este primer Diagnóstico, desarrollado entre 2024 y 2025 e impulsado desde el Observatorio Canario de los Servicios Sociales (OCASS), combina información estadística y trabajo de campo y ha contado con la participación de más de un millar de personas usuarias, profesionales y expertas. El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad de La Laguna.

Entre las propuestas de trabajo para la mejora del Sistema de Servicios Sociales en Canarias, propone mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social para reducir las barreras de acceso, y la necesidad de modernizar la organización interna y los procesos de gestión.

Tras la presentación del Diagnóstico, se celebraron varias mesas de trabajo en grupos en las que se debatieron, entre otras cuestiones, los retos del Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias y su integración en el Plan Estratégico de Servicios Sociales.

 

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